- La consolidación de la democracia
- El consenso de Washington
- La constitución estatal en tiempo y espacio
LA CONSOLIDACIÒN DE LA DEMOCRACIA
El modelo de Estado Neoliberal prevaleciente en América Latina a partir de la década de los ochenta, provocó que se fuera abandonando el Estado enfocadas más al bienestar social. Salvo Chile, los Estados latinoamericanos en está época se vieron enfrascados en una gran crisis económica lo que puso cuestionamiento de la colectividad la naciente democracia. A la democracia se le culpaba por la creciente inequidad en la repartición y distribución de la riqueza. Pero lo que la mayoría de la sociedad del continente latinoamericano ignoraba era que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, precursores de la política neoliberal, impusieron, bajo un mismo método y modelo a nuestras sociedades fue un programa de ajuste estructural neoliberal.
El programa de ajuste estructural incrementó la desigualdad social de estas naciones, y a la vez, esto produjo un aumento una serie de movimientos insurgentes por parte de aquellos grupos sociales que estaban siendo perjudicados o excluidos por la política neoliberal, así como mayores grados de ingobernabilidad.
La democracia del Estado moderno latinoamericano, aunque desigual en la distribución de los ingresos económicos, con una normativa que no responde fielmente al beneficio de la heterogeneidad colectiva, así como una débil política parlamentaria, la cual por lo general representa, en su mayor parte, élites del gran capital externo e interno. Cuando élites especificas, por medio del uso del poder y la autoridad socio-económico y política concedida o adquirida no interiorizan los valores en pro del bienestar social, entonces, las reglas del juego de la democracia queda en entredicho.
La democracia de América Latina se consolidará cuando exista una cultura política democrática totalmente arraigada en la colectividad, y para ello se requiera que los ciudadanos se manifiesten por medio de la participación electoral.
El voto emitido libre y voluntariamente en la elección de los gobernantes o manifestado por medio del plebiscito fortalece la democracia, aunque no represente del todo el bienestar de los diversos grupos existentes e interactuantes de la sociedad. Por plebiscito entenderemos: Consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre soberanía, ciudadanía, poderes excepcionales.
El mecanismos de elección, aunque responde a un mecanismo de libertad individual de manifestación del voto, lo cual engrandece la democracia, la verdad es que es mismo es influenciable y manipulable por diversas estrategias políticas y económicas, tales como la regadías, las promesas de campaña, la tradición, y por mecanismos de mercado como la promoción y la publicidad en los diferentes medios de comunicación. En América Latina como en Europa Occidental y los Estados Unidos es detectable una debilidad democrática: los ciudadanos no se identifican con los partidos políticos, en otras palabras, existe una desidentificación con el sistema partidista por parte de la mayoría de los ciudadanos. Esta desafección política ocasiona que en las nuevas democracias -así como en las consolidadas- se tengan gobiernos con muy poco apoyo electoral, lo cual los hace inestables y también acrecienta la ingobernabilidad. Esa actitud ocasiona que los gobernantes dirijan la gestión pública con un parlamento bastante fragmentado, en nuestro caso una Asamblea Legislativa bastante dividida. Esa posición ciudadana de poca participación y manifestación, en parte, se vuelve en contra de los mismos ciudadanos, pues, éstos al no interesarse en la participación, pierden representatividad y, ahí que desconozca las reformas políticas y económicas que le afectan directamente.
La desindentificación política por parte de los ciudadanos desestabiliza a los gobiernos, además de que acrecienta la desconfianza sobre la continuidad de las reformas y, por tanto, reduce la posibilidad de acción y toma de decisión de las propias instituciones democráticas, pues estas se ven limitadas en sus poder y representatividad; la acumulación social centrada en el Estado había hecho a los actores sociales, patronal y sindicatos dependientes del poder centralizado del Estado. Los ciudadanos no se identifican con las instituciones políticas porque las perciben débiles pese a que se han fortalecido. El sujeto social percibe dentro de las instituciones políticas caudillismos populistas, cambio en las estrategias trazadas, clientelismo político, oligarquías que los caracterizan, poca o nula identidad con colectividad social, y como consecuencia de lo anterior, el enriquecimiento ilícito y el manejo del sufragio en provecho propio y no en función del bienestar de la colectividad. En otras palabras, los ciudadanos sienten que los partidos políticos, pese a ser favorecidos por ellos con el sufragio, ya no los representan bien y, por el contrario, ellos se encuentran divorciados de la realidad mundial que la estructura del partidista les ofrecía.
En América Latina el disgusto ciudadano por la poca representatividad que encuentran en las instituciones políticas se acrecienta en la época de los ochenta por la hegemonía del modelo neoliberal nacido en Estados Unidos y Gran Bretaña y el cual se difundió y se implantó en nuestros Estados latinoamericanos. El moderno Estado neoliberal en América Latina ataca el gasto público estatal, las pérdidas de sus instituciones públicas y, por el contrario, afirman que la eficiencia y el crecimiento económico solo se alcanzará si la participación privada se acrecienta y se reduce el gasto público. Es así como se introducen planes de ajuste estructural de alto costo social, en un principio con respaldo electoral pero sin representación equitativa de los diferentes grupos de la colectividad heterogénea que conforma las sociedades latinoamericanas. El modelo neoliberal sustituye lo alcanzado y logrado por el modelo de sustitución de importaciones y, aunque consigue frenar la inflación, la verdad es que, acrecienta el desempleo, disminuye el nivel de vida de los sujetos, limita la inversión pública en infraestructura y en educación, disminuye la cualificación de la fuerza de trabajo y hace a nuestros Estados perder competitividad en el campo tecnológico, y lo más importante, limita el poder y la actuación del Estado y del mismo modo sobresalta al sector privado como el gestor de una nueva económica competitiva, aunque las desigualdades e inequidades socio-económicas se acrecienten.
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