El gobierno municipal en Bayamo

El inicio de la Guerra de los Diez Años en Cuba, trajo consigo múltiples cambios para Bayamo. La toma de la ciudad, apenas unos días después del levantamiento, trastocó significativamente la vida administrativa de la jurisdicción. La organización y funcionamiento del gobierno revolucionario liderado por Carlos Manuel de Céspedes sustituyó, durante corto tiempo, al viejo aparato gubernamental metropolitano.

Bayamo se convirtió en sede del Gobierno Revolucionario, el cual adoptó medidas como la organización del gobierno provisional donde estuvieron representados diversos sectores que conformaban la población local. Este gobierno mantuvo la estructura administrativa colonial, compuesta por el Gobernador político y militar, el alcalde municipal, 11 regidores, 1 comisario, el alcalde mayor, el fiscal, 3 escribanos, el colector de rentas, 1 administrador de correos, y el vicario eclesiástico. Además de los capitanes pedáneos de los diferentes partidos judiciales, en ese entonces Barrancas, El Dátil, Guisa, Casibacoa, Cauto Embarcadero y Caureje. Se adoptaron otras medidas como la creación de las milicias cívicas, la declaración del carácter libre y popular de la educación, la libertad de prensa y de palabra, se decretó la abolición gradual y sin indemnización de la esclavitud.

La quema de la ciudad por los propios bayameses, el 12 de enero de 1869, puso fin a 82 días de gobierno revolucionario. A su llegada Blas de Villate, Conde de Valmaseda, solo encontró cenizas y ruinas calcinadas. Cuatro meses más tarde el Teniente Gobernador Político de Bayamo, José Pascual y Bonanza, ante la necesidad de reorganizar la vida administrativa de la jurisdicción, nombró una Junta Municipal, que a través de las comisiones de Ornato y fabricación, Policía, cárcel y cementerio, Reparto interino de terrenos distantes (a fin de que se fabricasen con prontitud) y Beneficencia, debían encontrar soluciones a la insólita situación municipal.[1]

Como era de esperar las comisiones enfrentaron disímiles dificultades en el cumplimiento de su labor. La ciudad había quedado reducida prácticamente a cenizas, las personas que retornaban se veían obligadas a buscar amparo en inmuebles derruidos. La necesidad de proporcionarse un techo donde vivir, hizo que aquellos que regresaban se albergaran en solares, restos de muros y de inmuebles incendiados. Para mejorar sus condiciones de vida usaron materiales constructivos, sobre todo la madera, esparcidos por toda la ciudad.

En las calles, patios y a orillas del río yacían animales muertos cuyas carnes corrompidas afectaban la salubridad. La convivencia con animales de corral desató una epidemia de cólera. La junta municipal, apoyada en los informes rendidos por las comisiones de trabajo, se vio obligada a adoptar medidas urgentes para aliviar la precaria situación del municipio. Se acordó la compra de efectos indispensables para el saneamiento como embases, depósitos de agua y cercas para los cementerios.

La tétrica situación de la vivienda y las arcas vacías del municipio, exigían una pronta solución, por ello se acordó efectuar un padrón general de las "casas habitadas" y se dispuso el pago de un impuesto por los moradores en ausencia del propietario real. Pero la solicitud de entrega de solares donde establecerse se multiplicaba. Ello colocó al municipio ante la disyuntiva de establecer legalmente quien tendría derecho a la propiedad en caso de coincidencia del antiguo y el actual morador. La comisión de Ornato, Salubridad y Fabricación a cargo de arcadio Rocha, propuso y así se acordó, establecer límites jurídicos entre los derechos del nuevo inquilino y el antiguo propietario ausente:

• 1. El derecho que le corresponde al propietario es el de reasumir la finca, siempre que satisfaga los gastos causados en la fabricación o reparación con exclusión del importe de los materiales que serian abonados por el municipio facilitándoles los de las casas abandonadas.

• 2. La única obligación del que haya reparado es la de abonar, al antiguo dueño un porciento del valor que tuviere en esos momentos el solar según tasación de peritos con intervención de los comisionados que entregaran a las partes un documento para acreditar su valor indemnizable.[2]

La propiedad de fincas y terrenos cultivables también estuvo entre las preocupaciones del municipio, por ello estableció el plazo de un año como periodo de tiempo para que aquellos individuos dedicados al cultivo de fincas de propiedad particular, tuvieran la garantía de disfrutar de su labor agrícola antes de ser desalojados, en caso de aparecer el dueño.

La extrema carencia de productos alimenticios dio al traste con la especulación. Las autoridades municipales alarmadas, establecieron un punto fijo de venta de viandas y otros alimentos en la Plaza de Armas. El expendio se extendería desde las primeras horas del día hasta las 9 de la mañana, luego los vendedores podrían mercar sus productos donde estimasen conveniente. Dadas las circunstancias, las medidas trataban de no afectar a unos ni a otros, en ese empeño no especificaba si después del horario establecido se mantenía o no el precio fijo de las mercancías. Tal ambigüedad y el corto espacio de tiempo indicado dieron margen a los expendedores para mantener fuera de la Plaza de Armas y pasadas las 9 de la mañana, los precios altos. El fenómeno especulativo se extendió a traves de los diez años de guerra y abarcó, además de los alimentos, otros artículos de primera necesidad. En el libre juego de la oferta y la demanda, comerciantes y especuladores ponían precios exorbitantes a las mercancías, inaccesibles a buena parte de la población, lo cual obligó a la Junta Municipal a fijar precios topes en más de una ocasión.

Para enfrentar las necesidades del crecido número de indigentes y pobres de solemnidad que deambulaban por las calles de la ciudad, presa del hambre y las enfermedades, sin poder emplear sus fuerzas en oficio útil que aliviara su penosa situación, la administración municipal decidió eximirles del impuesto por enterramiento en caso de muerte y destinar raciones de carne para su alimentación. Las mismas debían ser reguladas y reajustadas sistemáticamente para evitar despilfarro, contemplaciones de amistad, recomendaciones u otras razones.

Situación financiera

La Junta Municipal hacía todo lo posible por restaurar las funciones administrativas cotidianas, pero carecía del financiamiento necesario para el pago de los salarios a empleados de los puestos públicos que paulatinamente se iban restableciendo. Aun así, se priorizó el pago de salarios de $25.00 a los médicos Manuel Yero Rivero y Joaquín Espinosa por atender a pobres y voluntarios. También al Secretario de la Junta, al empleado del cementerio, entre otros. Pero la penosa situación de los fondos públicos imposibilitó muchas veces el cumplimiento de este acuerdo.

Fue preciso adoptar de inmediato medidas de carácter administrativo con miras a revertir tal estado de cosas. El establecimiento de un impuesto sobre industria y comercio se valoró como una buena alternativa, puesto que poco a poco en la ciudad y partidos aledaños se percibía cierta reanimación en este sentido. Con tal propósito se efectúo una clasificación de los establecimientos en dos categorías según los capitales. Fueron relacionados en todo el término 110 establecimientos de comercio e industria. Los pertenecientes a la primera categoría debían abonar una contribución de 4 escudos mensuales, los de la segunda categoría 2 escudos. En total el municipio recibiría por este concepto 406 escudos mensuales.

Pero el asunto no hacía más que empezar, la clasificación era insuficiente para abarcar la variedad de establecimientos y no se correspondía con la proporción de los capitales. Por ello los establecimientos fueron reagrupados nuevamente, esta vez en tres categorías en orden ascendente de acuerdo a la cuantía del capital con que giraban. Los de primera abonarían $1.00 mensual, los de segunda $2.00 y los de tercera $3.00. Pero de hecho esto no era suficiente para tratar de engrosar los escuálidos fondos municipales, máxime cuando gran parte de los contribuyentes evadían el pago de impuestos por razones diversas.

Fue necesario poner en práctica otras alternativas como el alquiler de casas abandonadas por los insurrectos y que más o menos se conservaran en buen estado, también se acordó el cobro de un escudo por cabeza de ganado vacuno o mular extraído del municipio. Esta última medida debía redundar en ganancias para engrosar las arcas municipales, si tomamos en consideración que el estallido de la guerra y el incendio de la ciudad, provocaron el éxodo imprevisto de familias y con ello la pérdida o abandono de los animales.

Siendo Bayamo una zona agropecuaria, es de suponer que su número era crecido y al quedar abandonados debieron dispersarse por los alrededores. Muchos de los vecinos que retornaron debieron apropiarse del ganado que encontraron, fuera o no de su pertenencia. La administración municipal dispuso el establecimiento de un depósito de caballos en el potrero de Juan Yargot, a donde debían ser conducidos los animales que se encontraran sueltos y sin dueño. Fueron adoptadas otras medidas como el cobro de 6 reales fuertes por quintal de tabaco extraído del municipio, 8 reales fuertes por quintal de cera y dos sencillos por el quintal de cuero.[3]

A casi medio año del inicio de la guerra el gobierno colonial, prácticamente ajeno a las circunstancias especiales que vivía el municipio y al estado de miseria que padecían sus habitantes, constantemente exigía el saldo de las deudas pendientes y la confección de los documentos de la contribución territorial. No contentos con esto, el Gobierno Civil del Departamento de Oriente amenazaba con imponer una multa de $400.00 a todos los miembros de la Junta de Bayamo si no cumplían con lo demandado.[4] Sin embargo la imposibilidad real de hacer frente a los compromisos pendientes hizo que Blas de Villate, Conde de Valmaseda y Gobernador Civil del Departamento Oriental concediera permiso para la creación de un impuesto municipal que se reduciría solo a algunos productos de exportación.

Al finalizar el año 1869, se habían dado importantes pasos en la reorganización del municipio, aunque aun era imposible saldar deudas atrasadas. La Junta Municipal, siempre bajo la presión del Gobierno Superior, hizo un análisis de las posibles contribuciones y su monto anual, para la formación del presupuesto de 1869-1870. El día 29 de noviembre fue convocada una reunión con este objetivo, a la misma fueron invitados los mayores contribuyentes. Así la administración municipal estuvo en mejores condiciones de cumplir con el mandato del Gobernador Superior Político, publicado en la Gaceta de La Habana del 2 de febrero de 1870, donde se dieron a conocer las reglas que regirían la vida de la jurisdicción y la organización de la Hacienda Municipal.

El 5 de abril de 1873 se expidió una circular disponiendo que con sujeción a las Reales Ordenes del 27 de enero de 1872 y 24 de enero de igual año, fuera suspendida sin pretexto alguno la cobranza de cualquier tipo de arbitrio por concepto de importación y exportación, concedidos a la municipalidad. Esto puso a la junta en una situación difícil, pues sus ingresos descansaban casi exclusivamente en dichos arbitrios y al quedar suspendidos restarían solo unos 300 pesos, recaudados a cuenta del rastro, 2500 por Industria y comercio, cuya exacción se haría en los dos primeros meses de cada semestre. No existiendo entradas por este concepto el resto del año. Por otro lado el impuesto de fincas urbanas aparece presupuestado en 1 100 pesos, por que muchos eran cuartos arruinados, mientras otros eran habitados por pobres de solemnidad. [5]

Las fincas rurales no corrían mejor suerte, según padrón formado ese mismo año. De las estancias constituidas alrededor de algunos campamentos militares, estas solo arrojaron 165 pesos al año, al 3 % sobre la renta líquida. Pero al efectuar la recaudación quedó reducido casi a la mitad. Debido a las propias operaciones de guerra, algunos campamentos fueron abandonados, sobre todo en el partido de Guisa, uno de los más productivos. La municipalidad alegaba que era imposible pretender algún recargo sobre los impuestos existentes, pero en caso de ser suprimidos, solo quedarían deudas de años anteriores, imposibles de cobrar, pues el antiguo Mayordomo de propios, Jesús Fleites se había unido a los infidentes. Por tanto quedaba claro que la adopción de la mencionada medida obstaculizaría en extremo el pago de sueldos a empleados como director de escuela pública, policía, alumbrado, entre otros.

Apertura del Surgidero de Cauto Embarcadero

Encontrar vías para obtener arbitrios que aumentaran los fondos municipales y permitieran asumir los compromisos estatales, fue un desafío constante durante los años de guerra. Por tal razón en varias ocasiones se efectuaron ajustes en la cuantía de las contribuciones por concepto de Industria y Comercio. De lo recaudado dependía en gran medida la solución a problemas urgentes del municipio, entre ellos la atención a indigentes, la reparación de la Cárcel Municipal y la construcción del Hospital de Caridad.

Una de las más importantes medidas adoptadas en este período por la corporación municipal fue la solicitud de apertura del Surgidero de Cauto Embarcadero, a propuesta de Ángel Céspedes quien ofreció argumentos irrebatibles, que junto a otros documentos de la época muestran la imagen del municipio después de dos años de guerra. La situación era bastante compleja, los pobres y menesterosos alcanzaban la mitad de la población y los $3000.00, aprobados por el Gobierno Superior pero extraídos mensualmente de las arcas municipales eran insuficientes para su atención.

La total carencia de alimentos imprescindibles como el arroz, utilizado en la confección de la sopa de pobres, golpeaba duramente al municipio. Además la falta de harina provocó el cierre de las panaderías. Las campañas militares, las depredaciones de los insurrectos y la falta de mano de obra en los campos, contribuyeron a la desaparición de los sembrados, solo quedaba alguna que otra estancia aislada. Los habitantes de la ciudad y sus alrededores, más la población flotante que salía diariamente del campo enfermos y hambrientos, debían proveerse en los pocos establecimientos aun abiertos, donde rara vez se encontraba lo que se buscaba y cuando aparecía era a precios extremadamente altos, al alcance de unos pocos.

Hasta ese momento las medidas adoptadas no habían logrado evitar la escasez y carestía de productos de primera necesidad. Entre las causas del alza de los precios estaban las dificultades en el traslado de las mercancías desde el puerto de Manzanillo hasta el municipio de Bayamo, baste señalar el estado casi intransitable de los caminos, la escasez de carretas y bueyes para el transporte de los productos y las propias circunstancias de la guerra.[6]

La apertura de Surgidero de Cauto Embarcadero ofrecía múltiples ventajas, la distancia que lo separaba de la ciudad de Bayamo era de 6 leguas, con solo atravesar el río Bayamo, mientras de Bayamo a Manzanillo había 14 leguas de terrenos cenagosos, ríos y arroyos. La diferencia de fletes y la distancia podrían abaratar el costo de las mercancías a la mitad. Hasta tanto fuera dragado el río para el comercio de cabotaje, podría utilizarse un vapor remolcado para facilitar la entrada de las goletas de comercio.

Estas razones fueron más que suficientes para el Gobierno Superior y pocos días después se declaró habilitado el Surgidero de Cauto Embarcadero. Esta decisión restaba preocupaciones financieras al municipio y al propio Gobierno Superior. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pronto los intereses de la administración municipal chocaron con los de los comerciantes de Cauto Embarcadero, quiénes protestaban airadamente por los arbitrios impuestos por la municipalidad que los consideraba favorecidos con la apertura del Surgidero.

La Junta Municipal, sin ceder un palmo, explicó su posición, argumentando que para el aumento de los arbitrios se tuvo en cuenta la opinión de los mayores contribuyentes y el valor de la mercancía en el exterior, sin desconocer la fluctuación de los precios en la oferta y la demanda. Por tanto se tomó el término medio, siendo el valor del serón 1 escudo 500 milésimas y tres escudos la estera de yarey, el de cuero se mantenía a igual precio que en 1869 y la demanda era alta.

Se aclaró que el impuesto cobrado en Manzanillo ascendía a 100 milésimas y era por concepto de exportación y nada tenía que ver con lo cobrado por Bayamo. No obstante se elevó la queja de los comerciantes de Cauto al gobierno superior. La administración municipal solicitó además la suspensión del arbitrio de Manzanillo, cuando las mercancías provenientes de cualquier punto de la isla, con destino a Cauto, permaneciesen en calidad de depósito hasta continuar camino.

La superioridad desestimó el pedido, teniendo en cuenta la necesidad de Bayamo de crear nuevos recursos, incluso "extraordinarios", para recuperarse. Por otra parte es de suponer que consideraron improcedente la reducción del arbitrio de Manzanillo, por que resultaba lesivo a sus propios fondos para financiar la guerra.

Pero, como era de esperar, las contradicciones y divergencias entre los intereses de los comerciantes y los intereses gubernamentales continuaron. Meses después otro grupo de comerciantes de Cauto enviaron una instancia a la Junta Municipal protestando por la contribución de una peseta que se exigía por cada carga recibida por el surgidero, considerándola gravosa al no cobrársele al resto de los comerciantes del territorio. Una vez más su solicitud fue rechazada, las razones eran las siguientes: Con la apertura del surgidero radicar en el territorio de Cauto representaba una gran ventaja para los comerciantes que evitaban el traslado de las mercancías, la preparación de convoyes, el tránsito por caminos en malas condiciones y la tardanza en la llegada de la mercancía a su destino, todo lo cual encarecía su costo. [7]

Cárcel municipal

A partir de de la reorganización político administrativa, la Junta Municipal trabajó arduamente en la recuperación de la cárcel, sensiblemente afectada por las llamas del incendio. La imposibilidad de culminar prontamente su reconstrucción conllevó a medidas como el uso del antiguo hospital militar por ofrecer mejores condiciones constructivas y de higiene. La propuesta no prosperó, Sanidad militar reclamó el inmueble. El proyecto de construcción de dos galeras en el mismo, hubo de ser archivado.

Presumiblemente este obstáculo trajo consigo la aceleración de las labores en la antigua cárcel. El 11 de enero de 1870 el Teniente Gobernador Superior que se encontraba con toda urgencia reparando la cárcel municipal donde estaban los presos civiles y militares, faltando para su completa terminación solo una galera. La nueva instalación contaba con un cuartelillo para guardias y una enfermería que suplía las necesidades de hospital en la ciudad. La situación era verdaderamente apremiante, sobre el municipio continuaron lloviendo demandas sobre adeudos por concepto de manutención de presos en otras localidades y por la reconstrucción de una galera en la cárcel de Manzanillo, adonde fueron trasladados los reclusos de la jurisdicción cuando fue suspendida la alcaldía mayor de Bayamo.

Para junio de 1870, la cárcel estaba prácticamente concluida. Al mes siguiente se procedió al establecimiento de las regularidades y el régimen a seguir en le presidio. También se reestructuró la junta inspectora de la cárcel. Durante el año económico de 1873-1874, las autoridades municipales acordaron instruir un expediente para rematar el servicio de manutención de presos y alumbrado de la cárcel de la ciudad, de acuerdo al articulo 57 del 10 de julio de de 1856 de formación de expediente de remate, arbitrios y servicios municipales, lo cual incluía agua, comida y alumbrado. [8]

Pero resultó extremadamente difícil encontrar licitador. A pesar de que durante el año 1873 se sacó a pública subasta, en varias ocasiones se libraron las anuencias para su publicación en la Gaceta de de La Habana y en el periódico local El Renacimiento de Bayamo. Desde el inicio los miembros de la Junta municipal estaban convencidos que dadas las condiciones del municipio, era dudoso que se presentara algún interesado.

Hospital de Caridad

El Hospital de Caridad fue otra de las más difíciles problemáticas afrontadas por el gobierno municipal. Desde 1869 las gestiones para restaurar tan importante servicio a la población descansaron prácticamente en los trámites en torno a la herencia de Juana Tamayo de Aguilera, madre de Francisco Vicente Aguilera, pues a oídos de la Junta llegó que la misma dejó en su testamento, 4 mil pesos al Hospital de Caridad. Rápidamente se dieron a la tarea de averiguar sobre el particular, al parecer confiados en que siendo Aguilera uno de los principales cabecillas de la insurrección, no sería difícil obtener la suma indicada a través de los bienes que dejó.

Tras varias averiguaciones se supo que Doña Juana, dispuso en su testamento donar en su testamento el 5% de una de sus fincas. La Junta de Caridad reclamó el cumplimiento de lo dispuesto a su hijo único y albacea, y según comentarios, este eludió el pago de los censos por carecer de numerario para abonar derechos fiscales. La Junta acordó oficiar al Teniente gobernador de Manzanillo, para que al instruir el expediente de confiscación de bienes de Francisco Vicente Aguilera al municipio de Bayamo, fuese considerado como acreedor de preferencia en representación de los fondos de beneficencia por la suma de 11 mil 46 escudos con 664 milésimas a que ascendía la manda piadosa de 4 mil pesos con sus censos, que Doña Juana Tamayo legara al hospital de Caridad de San Roque.[9]

Al parecer las diligencias realizadas por la Junta no dieron resultado alguno, por que en mayo de 1870, el municipio optó por solicitar los materiales y la casa de Doña Dolores Oduardo cita en la calle del Ángel, no. 105, logrando obtener el remate del inmueble. Luego se acordó formar presupuesto de albañilería y carpintería para reconstruirla e instalar allí el hospital de Caridad Dos meses más tarde, casi estaba concluido el nuevo hospital. Sin embargo aun quedaban por resolver otros importantes problemas como la indigencia. Los pobres de solemnidad, que cada vez iban en aumento, de día deambulaban por la ciudad y en la noche dormían entre las ruinas del incendio.

La escasez de alimentos, provocaba que personas provenientes del campo, mujeres, niños y ancianos en su mayoría, se dirigieran a la ciudad en busca de de amparo y sustento. Aunque desde 1869, el gobierno intentó procurarles ocupación a estas familias para aliviar su situación.

La visita de Valmaseda

Los 3 mil pesos mensuales asignados por el Gobierno Superior para atención a pobres e indigentes nunca llegaron a Bayamo. Por tal razón estos gastos pesaban sobre las arcas del municipio. Los pobres padecían hambre y enfermedades a pesar de que el gobierno local les garantizaba una sopa económica compuesta por arroz, carne y especias, cuyos ingredientes eran tomados al fiado. En abril de 1870 se adeudaban a los fondos de la junta 19 mil pesos por asignaciones vencidas, la situación se tornaba insostenible, por ello se determinó enviar una comisión a La Habana a informarse acerca del paradero de los 3 mil pesos para pobres e indigentes.

Antes de la salida de la comisión, la Junta Municipal se reunió el 3 de mayo de 1871, para efectuar una reunión extraordinaria en presencia del Gobernador Superior Político de la isla y Capitán General, Conde de Valmaseda, de visita en Bayamo por esos días. Se aprovechó la ocasión para plantear a Valmaseda la situación de los pobres en el municipio. El Gobernador indicó repartir tierras a los hombres adultos que estaban en la calle, y así evitar que fuesen gravosos al Estado. También orientó concentrar los esfuerzos del municipio en el fomento del Cauto, llamado a convertirse en el centro comercial de la jurisdicción. Por tanto creyó acertado llevar hacia aquel punto fuerza de trabajo para el fomento de fincas, aumento de vecinos y todo lo necesario para hacer prosperar la vida en la localidad.

Aunque esta proyección era realmente interesante no colmaba las expectativas de la junta municipal, pues estimaban que la única medida que podía aliviar de manera inmediata la situación de los pobres eran los 3 mil pesos asignados mensualmente y que nunca llegaron a su destino. El Conde prometió dedicar más tiempo a examinar el asunto, "hasta donde las circunstancias lo permitieran", conciliándolo con "los preferentes gastos de guerra", toda vez que los productos de bienes embargados, sobre los cuales pesaba la asignación referida, estaban dados en garantía al Banco español. La respuesta del gobernador no consiguió desvanecer las inquietudes de la junta.

La visita del conde de Valmaseda fue propicia para tratar otros asuntos de interés para el municipio. Como vía para obtener ingresos se le solicitó que los esclavos que permanecían en Manzanillo fueran trasladados a Bayamo con el propósito de arrendarlos a más bajo precio, de este modo, aunque disminuyeran algo sus jornales y las ganancias del Estado, esto traería grandes ganancias a la jurisdicción. La solicitud fue desestimada, por considerar que se verían afectados los fondos estatales.

Los pobres residentes en zonas rurales atravesaban por difíciles circunstancias, carecían totalmente de medios de subsistencia y el amparo del municipio no era suficiente. Algunos procedentes de Caureje salían a cortar yarey para tejer serones o a buscar mangos para vender, otros debían conformarse con algunas viandas dispersas en lo campos, aquellos que decidían ir a la ciudad debían portar pases. El municipio diariamente se enfrentaba a la disyuntiva de decidir si eran o no infidentes. Otras familias eran hacinadas por la fuerza en los poblados para impedir cualquier tipo de suministro a los alzados o facilitar las maniobras de guerra.

Para los familiares de los infidentes la situación era aun más penosa, pues le fueron suspendidas las raciones destinadas a los pobres mediante una comunicación del Capitán General fechada el 20 de julio de 1870. A los que decidieran presentarse se les daría el derecho de trabajar en los campos por cuenta propia y a recibir la ración de alimentos para ellos y sus parientes, siempre que estos últimos no pudieran trabajar y viviesen en las Compañías españolas. Sin embargo se decidió que en lo sucesivo las columnas no recogerían familias en los campos ni se les admitiría el amparo en los fuertes, si no contaban con medios propios de subsistencia. Los presentados desde el recibo de esta orden no tendrían derecho a ración ni auxilio por parte del estado, pero se les proporcionaría trabajo siempre que fuera posible.[10]

Aparte de los problemas urgentes que cotidianamente debía resolver el municipio, nunca dejó de lado la esperanza de recuperar el título de Ayuntamiento y la visita de Valmaseda fue ocasión propicia para reiterar esta solicitud. Argumentando entre otras cosas que a Tunas, Holguín y Jiguaní se les había restituido. Al parecer la Junta no confió en el buen ánimo del Conde para resolver tal particular, días después de la visita la comisión formada de antemano se dirigió a La Habana con el objetivo de activar el pronto despacho de todos los expedientes enviados al gobierno superior relacionados con correo, instrucción pública, titulo de ayuntamiento, limosna de pobres y otros.

Sin embargo Valmaseda cumplió con su palabra de revisar el caso, el 3 de junio de 1871 le fue restablecido a Bayamo el titulo de Ayuntamiento sin la intervención de la Junta. También fueron depositados en el Banco Español de La Habana diez mil pesos que debían cubrir el saldo de asignaciones vencidas para socorrer a los pobres, el estado no estaba en condiciones de abonar una suma mayor.

El informe de los comisionados revelaba otras halagüeñas noticias, entre ellas, había sido aprobado el crédito extraordinario para el aumento de alimentos a los presos, por otra parte cuando el estado se recuperara económicamente podrían solicitar nuevamente el abono del capital e intereses del legado de 8 mil escudos que dejó Doña Juana Tamayo de Aguilera.

Pero la felicidad duró poco, el 7 de octubre de 1871 se dio a conocer que por Real Orden de 11 de agosto de ese año, su Majestad el Rey, enterado del asunto sobre formación del Ayuntamiento en Bayamo, dispuso dejar sin efecto el decreto expedido por el Gobierno Superior Político de la Isla por el cual se creaba dicho Ayuntamiento, hasta tanto se llevaran adelante las reformas administrativas de la Isla. Esta era, al parecer, el real castigo por la rebeldía de los bayameses. El recién restituido Ayuntamiento, luego de acatar la disposición dejó claro, con el debido respeto, un sencillo detalle pasado por alto por su Majestad: el Consistorio no era de nueva creación y había sido sancionado por el Artículo 1 de Real Decreto Orgánico del 27 de julio de 1859.[11]

Detrás de la aparente obediencia, hubo un velado desacato a la disposición Real, en las actas de la Junta Municipal y otros documentos legales, siguió constando el título de Ayuntamiento.

Autor:

Liliana Alarcón Vázquez.

Enviado por:

Damiana N. Pérez Figueredo

[1] AHB (Archivo Histórico Bayamo) Libro de Actas del Ayuntamiento, No1, 1869-1871, sesión 25 de agosto de 1871, p1.

[2] Ibídem, sesión 25 de mayo de 1869, p4-5.

[3] Ibídem, sesión 18 de septiembre de 1869, p34.

[4] Ibídem, sesión 4 de septiembre de 1869, p27

[5] CNC (Casa de la Nacionalidad Cubana), leg. 29, exp. 233, Cuadernos de Actas Municipales, año 1873.

[6] AHB Libro de Actas del Ayuntamiento, No. 1, 1869-1871, sesión 19 de dic. de 1870 p165. Para apoyar sus planteamientos, Céspedes maneja datos ilustrativos: Antes de la guerra una carreta con 20 quintales de mercancía cobraba de $7.00 a $20.00 según el estado de los caminos, en esos momentos el costo por la misma cantidad de productos era de $120.00.

[7] Ibídem, sesión 25 de nov de 1871, p 350.

[8] AHB leg 14 exp. 256.

[9] AHB Libro de Actas de Ayuntamiento, No. 1, 1869-1871, sesión 18 de septiembre de 1869, p 33.

[10] AHB leg 12, exp. 228.

[11] AHB Libro de Actas del Ayuntamiento, No. 1, 1869-1871, sesión 7 de octubre de 1871, p 332-333.