Si lo moldeamos de forma tangible y lo dibujamos dentro de una red de interconexiones donde se permita eslabonar decisiones de índole general, se presenta la oportunidad de experimental como logar distribuir el poder lo más distribuible posible, en la toma de decisiones públicas.
La burocracia, llámense gobiernos y administraciones, partidos políticos, sindicatos y medios de comunicación de presencia sea en municipios, estados o país buscan apropiarse de la vida nacional, en acciones necesarias de desarrollo, apertura democrática, construcción histórica. En otras tantas ha omitido, dentro de esta gran agenda nacional, atender reclamos de la sociedad civil, de que cada uno pueda tener una vida especial, sin sobresaltos y equilibrada. Ampliemos el espectro donde estemos incluidos el gran número de mexicanos que solo vemos pasar el tren, con una broncota adentro.
De ese poder hablo, de esa tangibilidad explicativa, donde lo público es el actor principal que nos concierne a todos, y ahí esta depositado el poder, el que queremos ejercer.
La mejor manera de ello sería dividiéndolo en cuantas partes seamos todos y la unión de las partes en mayoría se impone. En lo social, sino más complejo, es complicado porque atañen voluntades y capacidad humanas, ¿humanizadas?.., donde se acuerde establecer criterios que amplíen la participación ciudadana, como forma de distribuir las decisiones públicas y dé mayor amplitud al ejercicio de este poder.
No se agotará el tema ni las propuestas posibles, trabajo de titanes, sólo se contribuirá con algunos apartados relacionados y que sería plausible llevarlos a cabo de forma ágil, sin tantos enconos, ni contratiempo. Muchas otras ya están en marcha, se están renovando o siguen estructurándose.
De ahí deriva mi cuestionamiento y bajo la máxima de una cantante sesentera, Joan Baez "Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella". Permítaseme el cántico y la arenga reflexiva.
Señalar un imaginario colectivo, del que habló Castoriadi, es remontarnos a los origines de la organización tribal, la fortaleza a través de la colectividad, diseñada y experimentada día a día, dentro de la cotidianidad de la supervivencia como especie. Siguieron, a través de la historia, innumerables formas de organización social y de Estados representativos, sólo en la medida de lograr sumar a la colectividad en su visión de gobierno. Es decir, la legitimidad lograda se daba en la medida en que el propio Estado, posibilitaba la satisfacción de las demandas de los ciudadanos, confiriéndole a su gobierno un perfil incluyente.
La estrategia es lograr dinamizar la búsqueda ciudadana en la conformación de una nueva concepción del Estado que tienda a sentar las bases para el cambio democrático a través de ésta nueva forma de inclusión.
En la ubicación de los aspectos fundamentales para la vida democrática, la práctica personal y de grupo dentro de la sociedad civil, han permitido marcar líneas prioritarias para acceder a estadios superiores de convivencia social y extender el poder a la sociedad civil.
Para mayor comprensión de la importancia que juega la sociedad civil en el establecimiento y operación de una alternativa democrática, se hace necesario extendernos en exponer algunos elementos inherentes a la visión que le conferimos a la sociedad civil como "imaginario colectivo" donde ésta sociedad se construye diferenciada y organizada.
Entendemos el concepto de sociedad civil como un terreno y un espíritu público, que está en peligro por la lógica de los mecanismos políticos, administrativos y económicos actuales. O mejor aún, la consideramos como la expresión misma de la democracia.
La sociedad civil se concibe como un espacio de la vida social organizada que es voluntariamente autogenerada, independiente, autónoma del Estado y limitada por un orden legal o juego de reglas compartidas. Por lo cual queda claro que es distinta a "la sociedad" en general en cuanto a que involucra a ciudadanos actuando colectivamente en una esfera pública para expresar sus intereses, pasiones e ideas. La sociedad civil se nos presenta como una entidad intermedia (gozne o articulación) entre la esfera privada y el Estado.
Así encontramos ciertas funciones democráticas de la sociedad civil, dentro de las cuales están:
1.- Limitar el poder del Estado y realizar un control de su actuación vigilando sus abusos y violaciones a la ley para someterlos al escrutinio público.2.- Suple el papel de los partidos políticos en la estimulación de la participación política. 3.- Fomenta atributos democráticos, tales como la tolerancia, la moderación, la voluntad de compromiso y el respeto a las posiciones contrarias. 4.- Crea otros canales distintos de los partidos políticos, para la articulación, agregación y representación de intereses.
La sociedad civil debe alcanzar la mayor libertad posible con la mayor igualdad deseable, a través de plantearse un compromiso a favor de la libertad y la igualdad que en términos prácticos debe resolver el dilema de un Estado y una sociedad civil que pueda combinarse para promover la igualdad con la libertad (trascender la falsa disyuntiva de sacrifica la igualdad por la libertad o la libertad a favor de la igualdad). Los términos prácticos se circunscriben en el sentido de estimular un conjunto de reformas que permitan restringir el poder estatal y expandir a la sociedad civil. No en la lógica neoliberal, donde el Estado se achica a favor del mercado.
Lo anterior, presupone la necesidad de democratizar y reestructurar las instituciones del Estado, en todos sus niveles. Y aún con más premura aquel nivel de gobierno más cercano a la sociedad; el municipio.
Cebe un pequeño paréntesis para ahondar en la importancia que representan los ayuntamientos, como poder local, con capacidad de servicio y de gestión desde la cercanía de estos gobiernos locales. Es en este nivel de gobierno donde más se posibilitan las políticas pensadas desde la proximidad, con lógicas transversales y con mecanismos y estilos de gobierno y gestión participativos. Sin considerarlo de forma excluyente a los otros niveles de gobierno, éste asegura, en plenitud, el bienestar ciudadano.
Debe existir un efectivo sistema de derecho que posibilite las acciones de la sociedad civil en varios terrenos, dentro de sus derechos políticos, sociales, económicos y ambientales, siendo factibles dentro del establecimiento de una agenda política consensuada para tal fin.
Es buscar que el Estado y la sociedad civil sean dos caras de la moneda democratizadora, es convertir ambas partes en el peso y el contrapeso del poder del otro.
En este sentido podemos arribar a una serie de conclusiones:
La sociedad civil se diferencia del Estado; Las relaciones entre el Estado y la sociedad civil deben estar sujetas a normas e instituciones autónomas, visibles y sometidas al público; El proceso democrático comprende la democratización tanto de las instituciones del Estado, como de la sociedad civil.; El Estado debe respetar las libertades de la sociedad civil pero no a costa de su igualdad y a su vez debe garantizar la igualdad pero no sobre la libertad de la sociedad civil: La igualdad es igualdad de condiciones para desiguales aspiraciones y la libertad es libertad de elecciones para iguales opciones; Un Estado con valores como la igualdad social es generalmente resultado de una sociedad civil fuerte y comprometida con la igualdad social y un Estado ajeno a cualquier compromiso social es resultado casi siempre de una sociedad civil débil y desarticulada; El neoliberalismo es enemigo de la sociedad civil porque el mercado no puede quedar desregulado, sino debe sujetarse a los controles institucionales y normativos del Estado y al contrapeso de las organizaciones de la sociedad civil.
Se requiere que la sociedad civil sea el espacio público por excelencia, el lugar donde los ciudadanos, en condiciones de igualdad y libertad, cuestionen y enfrenten cualquier norma o decisión que no haya tenido su origen o rectificación en ellos mismos.
Es poner en relevancia la esfera pública como el factor determinante de retroalimentación de todo proceso democrático y la esencia de la política democrática. Así considerada, la sociedad civil es la representación legítima y real del poder político, a condición de su plena secularización.
II
Un capítulo aparte, por su trascendencia en lo político, es sin duda posibilitar la participación ciudadana en los procesos electorales, no sólo con su voto, muchas veces maniatado, manipulado y sobre todo conculcado, sino a través de las candidaturas ciudadanas, sociales o independientes al margen de los partidos políticos, que dé la posibilidad no sólo del derecho al voto, sino un camino democrático de darle también voz.
La gobernabilidad democrática pasa también por reconocer la inaplazable manifestación soberana de la voz del voto, logrando la inclusión constitucional de las figuras jurídicas de este tipo de candidaturas. No debemos olvidar el precepto contenido en el artículo 39 de la Constitución federal, referente a que «La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno».
En los últimos meses del año pasado se debatió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a petición de partes del estado de Yucatán, el marco jurídico para reformar el actual sistema político-electoral mexicano. El ministro Juan Silva Meza propuso en ese máximo tribunal, tomando en cuenta el sentido constitucional del artículo 41 de la Carta Magna, que se declare que los partidos políticos no tienen autorizado el monopolio exclusivo de las candidaturas para cargos de elección popular. El caso Yucatán ha creado ya jurisprudencia en el tema, ahora están permitidas las candidaturas ciudadanas o independientes para puestos de elección popular a nivel estatal, es decir, para gobernador, presidentes municipales y diputados locales.
Para ello es importante hacer los mayores esfuerzos legislativos, políticos y sociales que nos permitan llevar a la práctica la libre asociación y organización ciudadana en todo momento y en toda circunstancia, y para todos los fines legalmente reconocidos y piedra angular de los derechos fundamentales (que van más allá de los derechos políticos) de los ciudadanos. Se debe reconocer la organización ciudadana de participación política no partidista en los procesos electorales, promoviendo el marco normativo legalmente constituido y políticamente reconocido para su realización.
III
Otro apartado, que por su importancia es necesario resaltar, en la construcción de la democracia participativa, pensada como un conjunto de reglas para la participación en la toma decisiones colectivas, en el que esta prevista y propiciada la más amplia participación posible de los interesados. Una vía hacia este tipo de democracia se caracteriza por la apertura de espacios concretos de incidencia ciudadana en las acciones de gobernancia.
Es por ello que usando las experiencias históricas, locales e internacionales, que permitan vincular la sociedad civil organizada en las actividades de gobierno, se viene haciendo recurrente acercarse a una figura jurídica capaz de lograrlo, estamos pensando en la contraloría social.
Para definir qué es una contraloría social debemos pensar en su finalidad, al ser un cuerpo ciudadano con la oportunidad de hacer sugerencias y denuncias sobre determinados asuntos de orden público, dando seguimiento y evaluación a los proyectos vinculados a la localidad donde hace vida la organización social a la cual pertenece.
Este sistema de participación fomenta las posibilidades de lograr evalúa la eficiencia de la administración pública, tradicionalmente en lo referente al diseño y ejecución de obra pública, aunque en su connotación más general, la inversión para el desarrollo, principalmente a nivel municipal y sub municipal. Así se promueve y apoya la participación de los ciudadanos en acciones de vigilancia y evaluación para garantizar que se respeten los lineamientos y se cumplan los objetivos de los programas sociales.
Como puede observarse la contraloría social opera un conjunto de tareas de programación, control, vigilancia y evaluación que realizan las personas de manera organizada, bajo un esquema de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental se realice en términos de transparencia, eficacia y honradez.
Se busca ante todo lograr una mayor transparencia en el ejercicio gubernamental, en los procedimientos de operación, en la prestación de los servicios y en el manejo de los recursos asignados a la población beneficiada, como requisito indispensable de todo sistema que se precie de ser democrático, en este sentido, la transparencia tiene que ver con conocer la ejecución de obras, la calidad de los servicios y, en general, el manejo de los recursos públicos, en estricto apoyo a la legalidad y a los planes y programas que le dan sustento.
La contraloría participa además, en observar los criterios de equidad con las cuales se deciden quiénes, cuándo y dónde serán los beneficiados de la obra social (planeación, control y evaluación), así como mantener un canal de comunicación con ellos a fin de evitar desvíos o retrasos en la ejecución de la obra social. Lo cual es sumamente valioso en momentos coyunturales de posible uso electoral de dichos apoyos. Esto es, se evita que los recursos sean utilizados con intereses particulares por algún grupo o partido político.
No solo eso, también permite que la ciudadanía tenga conocimiento del destino de los recursos públicos programados anualmente en las administraciones municipales. Por ejemplo, quién conoce de verdad el uso detallados de los cuantiosos recursos utilizados en las recientes remodelaciones de plazas, en los puentes o distribuidores viales, en el desarrollo socia y rural, en la recreación y el deporte, en la planta tratadora de aguas residuales, en el relleno sanitario en general, en la obra pública en Morelia; nadie, salvo un contado número de personas de esa administración, ya que para el consumo colectivo se da sólo a través de los informes de gobierno y anexos financieros bastante genéricos.
Lo que estaría buscándose con las contralorías sociales son la participación activa de la ciudadanía apoyando la eficaz gestión del gobierno y trasparentando la rendición de cuentas; previendo conflictos sociales al determinar oportunamente problemas derivados de las acciones y servicios, fortaleciendo las relaciones entre gobierno y sociedad y fomentando las responsabilidades de los ciudadanos a fin de que se obtenga el máximo provecho de los apoyos que reciben.
Otras tareas que cumplen las contralorías sociales es lo referente a exigir el cumplimiento de la normatividad existente en la ejecución de la obra pública, destacando los aspectos ambientales, de derechos humanos, económicos, sociales, culturales y productivos.
Sin convertirse en defensoría de oficio, la contraloría social debe albergar a ciudadanos de diversos perfiles sociales y conocimiento en la materia, que permita orientar, sugerir y lograr la aplicación no sólo de los reglamentos y leyes, sino de criterios de aplicación del gasto gubernamental (presupuesto participativo) y las prioridades en su ejecución.
Este tipo de contralorías no sólo sirven para las tareas de fiscalización social a los gobiernos en turno, sino pueden instaurarse dentro de áreas educativas en sus diferentes modalidades y áreas, de otras entidades de gobierno, sindicatos, organismos no gubernamentales y partidos políticos, entre otros susceptibles de ello.
La actividad de la contraloría se erige dentro de los parámetros de las diferentes responsabilidades adquiridas históricamente por cada una de las instancias antes mencionadas. Se busca el cumplimiento cabal de sus atribuciones, bajo los principios de equidad, calidad, honradez y transparencia.
La autonomía organizativa, de las contralorías, es una condición indispensable para el ejercicio de sus propias facultades. Debido a que ello determinará su permanencia y fortalecimiento institucional.
Existen, en México, innumerables casos que han intentando la construcción social de estos espacios de participación ciudadana, hoy pocos, poquísimos casos exitosos se registran, debido principalmente al carácter coyuntural, testimonial y voluntarista de esas experiencias, aún así su valor sigue presente (como podríamos pensar del cooperativismo), faltará formalizarlo, como un instrumento de participación ciudadana en la legislación en la materia y sobre todo tendrá que construirse desde abajo y hacia arriba.
IV
Estos son puntos sensibles que deben definirse en la ruta hacia un mejor presente bajo la premisa de la igualdad, la equidad y la justicia. Su plataforma conceptual podría derivarse de lo que Heinz Dieterich (Bases de la democracia participativa y del nuevo socialismo, 2001) engloba dentro del Nuevo Proyecto Histórico: La economía planificada de equivalencias; la democracia participativa y el sujeto racional-ético-estético.
B. Javier López-Osorio
Morelia, Mich., a 30 de diciembre de 2008.
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