Relato de la situación social de la población infantil desplazada en Colombia

Resumen

En Colombia los enfrentamientos armados entre el estado y grupos al margen de la ley han dejado miles de desplazados, entre los que una gran proporción son menores de edad, cambiando en ellos sus condiciones de vida, por tanto generan en ellos que su situación social, económica y educativa sean radicalmente golpeada en su mayoría negativamente.

Por lo cual es de vital importancia que se desarrollen políticas gubernamentales, las cuales estén encaminadas a la protección de los derechos de los niños y a mejorar la situación de esta población golpeada por el conflicto armado interno, de acuerdo a lo anterior planteado nos llevamos a hacernos la siguiente pregunta ¿Cuál es la situación social de la población infantil desplazada en Colombia?

Nuestro objetivo es describir cual es la situación social de la población infantil desplazada en Colombia

Para esta actividad se utilizó una metodología reflexiva del desplazamiento forzado desde la infancia, como el segmento de población más afectado por la violación de sus derechos fundamentales. Para su realización se tomaron como referencia el informe Nacional de Desplazamiento Forzado en Colombia [1]desde el año 1985- 2014 de la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas.

Así mismo, se adelantó una consulta a entidades públicas como personería y Comisaria de familia que centran su actividad en la infancia, un seguimiento a los medios de comunicación impresos y otras fuentes secundarias e información

Palabras claves: Conflicto Armado, Desplazamiento, Situación Social, Población Infantil, violencia, política pública, convención, normas jurídicas, amenazas

Introducción

El desplazamiento forzado de población civil en medio de la guerra irregular en Colombia es un fenómeno que adquiere mayor gravedad cuando afecta a niños, niñas y jóvenes que, desde una condición de alta vulnerabilidad, enfrentan situaciones de violencia y desarraigo que lesionan sus derechos, complican su presente y hacen más incierto su futuro. Los derechos humanos concebidos en su integralidad, el derecho internacional humanitario (que obliga a todos los contendientes armados), el derecho internacional de los refugiados, la Convención sobre los derechos del Niño, las normas constitucionales legales y sobre todo, el sentido común, exigen pensar y actuar por los niños y las niñas en situación de desplazamiento forzado. El concepto de universalidad, integralidad e interdependencia de los derechos humanos es válido y aplicable para los derechos de la infancia. La Convención sobre los derechos del niño resume un esfuerzo de la humanidad por dar prioridad a los menores en cualquier lugar u circunstancia. Otras normas internas, tanto constitucionales como legales, asumen específicamente los derechos de la infancia. Pero es el sentido común el que debería imponerse en el momento en que una sociedad y el Estado que dice representarla, asume la protección de su infancia y asegura su propio futuro. Una mirada a los derechos de los niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento desde la perspectiva de la Convención de los Derechos del Niño y en el marco de la guerra irregular ofrece un panorama de crisis humanitaria por la existencia misma de menores que huyen de la guerra y la precaria situación socio económica y psicosocial que enfrentan la mayoría de ellos. En todo el territorio nacional fácilmente se advierte que la población infantil desplazada por la violencia no goza de una adecuada protección; hay discriminaciones frente a su raza y costumbres culturales, de igual manera son estigmatizados de acuerdo a las actividades o la filiación política de sus padres. Las consecuencias de atentar contra la niñez son impredecibles. El desplazamiento destruye imaginarios y entornos, tensiona y fragmenta la familia, además del tejido social, impacta negativamente en la calidad de vida e incide en el comportamiento psicosocial de las personas afectadas tempranamente por la violencia. Es un imperativo ético del Estado y la sociedad priorizar los derechos de la infancia aún en medio de la guerra en un momento en el que se buscan soluciones políticas y negociadas a la prolongada confrontación, cuya continuidad y degradación involucra en forma creciente a los menores de edad. En el caso del desplazamiento forzado hay una responsabilidad del Estado porque es su obligación proteger en primer lugar los derechos de la infancia en situaciones de conflictos armados y son justamente los niños, las niñas y los jóvenes el grupo poblacional más afectado por esta práctica contraria al derecho humanitario.

Esta crítica situación de la niñez en situación de desplazamiento y las dificultades emocionales, sociales y culturales que enfrentan, deben ser tenidas en cuenta en el momento de definir las agendas del movimiento social por la paz y para la construcción de un nuevo país. No es posible una paz sostenible sin resolver desde la verdad, la reparación y la justicia este panorama triste de una infancia sometida a la violencia, al desplazamiento y a la ausencia de sus derechos.

El desplazamiento forzado en Colombia ha estado presente en distintos períodos de exacerbación de conflictos sociales, políticos y económicos internos, sin embargo, la tensión interna de la década de los ochenta y noventa en Colombia, derivada principalmente de la guerra de guerrillas, del paramilitarismo y el desarrollo de la economía ilegal del narcotráfico, que ha traído consigo el uso excesivo de la violencia por parte de grupos armados sobre la población civil, conlleva graves consecuencias humanitarias evidenciadas en eventos masivos de desplazamiento forzado interno que se manifiestan en esta década. Desde una perspectiva normativa, y contando con el reconocimiento del Estado de esta situación, en Colombia se entiende que es víctima del desplazamiento forzado "toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas" por infracciones al Derecho Internacional Humanitario o violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión. De acuerdo con el RUV, los departamentos en donde se ha presentado el mayor número de personas afectadas por el desplazamiento son Antioquia (924.140 personas), Bolívar (411.610), Magdalena (328.660), Chocó (273.420) y Nariño (239.107); en estos cinco departamentos se concentra el 45% del total de las víctimas de desplazamiento.

En la composición de la población víctima por edad al momento del desplazamiento, la proporción de menores de 15 años en la población desplazada (39%) es mayor que en la población del país (28%), en particular en los menores de 5 años (15,5% en los desplazados y 9,2% en el país).

En comparación con la población total, la población de desplazados tiene una pirámide rejuvenecida, resaltando la afectación histórica en los menores de edad en especial los menores de 15 años, es decir, el desplazamiento forzado se ha incrementado y expandido por el territorio nacional y miles de niños y niñas son arrastrados por esta corriente migratoria sin posibilidad de decidir, presionados por la violencia que les impusieron y en una dramática carrera por la sobrevivencia cuyos costos físicos, psicológicos y sociales son inimaginables. Estas cifras, reflejo de una realidad que tiende a ampliarse en el territorio nacional y a acentuarse en el futuro próximo como consecuencia de la continuidad del conflicto armado y de sus diversas expresiones de degradación, permiten afirmar que los menores y jóvenes desplazados representan un problema humanitario de grandes proporciones en Colombia que exige de mecanismos efectivos de prevención, protección y atención integral.  Todos los menores vinculados a algún grupo armado, se ven obligados a dejar de lado su condición de niño o niña, la posibilidad de disfrutar su infancia, los juegos, la educación, el compartir con la familia, el aprender las labores propias del campo y las tradiciones de la familia campesina. Los menores vinculados al conflicto deben asumir una postura adulta a una temprana edad.

En el marco de la protección y bienestar que se le debe brindar a la niñez en general, es importante mencionar que antes y durante el hecho traumático y violento del desplazamiento forzado niños, niñas y jóvenes han convivido con uno u otro actor armado, pero también con la injusticia y la impunidad que sigue a las acciones armadas violentas. En estas circunstancias, se produce el rompimiento de lazos afectivos con su entorno socio espacial. Paradójica e infortunadamente la convivencia con la intolerancia, la injusticia y la violación de sus derechos no culmina con el desplazamiento. La llegada a los centros urbanos, a las zonas marginales y de pobreza extrema está acompañada de nuevos factores de violencia. En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali los menores desplazados tienen que convivir con diversas expresiones de violencia como las pandillas juveniles, milicias urbanas y otros grupos que imponen normas y códigos que limitan sus derechos y prolongan los escenarios de amenazas, miedo y muerte que caracterizaron las zonas de expulsión. A ello se suma la lucha por un espacio físico para su asentamiento, básicamente tugurios o casas de inquilinato, en donde se compite con otros sectores de la población por tener acceso a servicios públicos esenciales (energía, alcantarillado) y, con mayor dificultad, acceder a los derechos fundamentales a la alimentación, la educación, la salud y la recreación.

La vida para los menores en situación de desplazamiento cambia de manera radical. Se pasa de un espacio y un tiempo relativamente armónico (teniendo en cuenta las dificultades propias de cada región), a un ambiente que en principio es hostil, agresivo, carente de oportunidades sociales, económicas y humanas; situaciones significativas que marcan el desarrollo social y afectivo de cada menor. Esto es más evidente aún si se tiene en cuenta que cerca del 60% del total de menores desplazados provienen del campo y que el 86% de la población infantil desplazada se ubica en zonas marginales de las ciudades en condiciones de extrema pobreza.

En los lugares de llegada, adultos y menores en situación de desplazamiento pierden su identidad cultural al ser vistos como "extraños" por parte de las comunidades receptoras. En ocasiones son asumidos como invasores que pueden disputar las pocas oportunidades económicas, laborales y de servicios públicos que se encuentran en los barrios marginales. De igual manera, son estigmatizados, al ser señalados por habitantes o por autoridades locales como pertenecientes a uno u otro actor armado. Sin lugar a dudas estos señalamientos generan conflictos y enfrentamientos entre las poblaciones desplazadas y las comunidades receptoras; particularmente para niños y jóvenes estas situaciones crean grandes dificultades sociales y afectivas para su normal desarrollo.

Como consecuencia de estas situaciones los menores, al igual que los adultos, en los sitios de llegada también deben visibilizarse, pasar desapercibidos en medio de la pobreza, el hambre y la falta de oportunidades económicas y sociales.

Esta crítica situación de la niñez en situación de desplazamiento y las dificultades emocionales, sociales y culturales que enfrentan, deben ser tenidas en cuenta en el momento de definir las agendas del movimiento social por la paz y para la construcción de un nuevo país. No es posible una paz sostenible sin resolver desde la verdad, la reparación y la justicia este panorama triste de una infancia sometida a la violencia, al desplazamiento y a la ausencia de sus derechos. Más de un millón de menores y jóvenes han crecido en medio de la guerra; saben lo que es huir y mentir para salvar la vida, conocen lo que es la muerte violenta porque han visto el asesinato de sus familiares, han experimentado el dolor y la impotencia que ocasiona el ver destruida o quemada la casa, han sido sometidos al olvido y a la imposición de nuevos referentes socio culturales y ahora enfrentan, desde el miedo, la indiferencia propia de las zonas urbanas. De cualquier forma, niños, niñas y jóvenes han sido socializados en medio de la guerra además de las consecuencias psicológicas inmediatas que causa el conflicto armado en los menores, es triste constatar que muchos niños y jóvenes desplazados asumen actitudes y comportamientos fundamentados en la violencia, la fuerza y la imposición e incentivados por deseos conscientes o inconscientes de venganza.

La negación de los demás como seres humanos sujetos de derechos, la utilización de armas como instrumento de poder para someter o eliminar al otro y algunas manifestaciones de resentimientos social y familiar, son algunos de los impactos de mediano y largo plazo que pueden generar la violencia y el desplazamiento y que requieren de programas de atención especializada en el marco de soluciones integrales. No observar los derechos fundamentales de la infancia, y hacer poco para resarcirlos y recuperar física, social y psicológicamente a quienes han sido afectados por el conflicto constituyen otras formas de prolongar la guerra y sus efectos sobre la población.

También es importante mencionar que aunque la situación es difícil social y económicamente, muchos de los menores desplazados, plantean que aunque extrañan los animales, los bosques, los ríos y la naturaleza en general, les llama la atención la ciudad, porque tienen opciones que antes no tenían, como es el caso de la televisión, en algunas oportunidades una escuela y en general el encanto que produce a primera vista una capital o una gran ciudad. Teniendo en cuenta las características emocionales y sociales que deja en los menores la situación de desplazamiento, es comprensible que se rompe todo vínculo con la comunidad de origen, desde la participación comunitaria hasta los sentimientos que apegan a una determinada región. Se pierden los referentes geográficos, afectivos y simbólicos que atan al pueblo o al campo.

En este sentido, la estructura que fundamenta la vida personal, familiar y social sufre un fuerte impacto de desestructuración, toda vez que el desplazamiento forzado rompe con la cotidianidad de cada sujeto social y del contexto en el cual participa. 

El Congreso de la República, por medio de la Ley 12 de 1991[2]ratificó la Convención sobre los Derechos de la Infancia, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. De tal suerte que en Colombia la Convención sobre los Derechos del Niño es ley que obliga al Estado a respetarla y cumplirla y al gobierno a asegurar su aplicación.

Sin embargo, aunque ha sido de gran importancia la incorporación de los Derechos de las niñas y niños en la legislación interna, es evidente que hay una gran distancia entre la norma y su aplicación real. Así ocurre en el caso específico de los niños, niñas y jóvenes que enfrentan situaciones críticas como consecuencia de acciones armadas en su contra y que ocurren en el marco de la profunda degradación de la confrontación armada en Colombia: asesinatos y masacres, torturas, heridas y mutilaciones por uso de minas antipersonales y otras armas de efectos indiscriminados, reclutamiento voluntario o forzado, desplazamiento forzado, secuestro, desapariciones, explotación y abuso sexual. En el caso del desplazamiento forzado hay una responsabilidad del Estado porque es su obligación proteger en primer lugar los derechos de la infancia en situaciones de conflictos armados y son justamente los niños, las niñas y los jóvenes el grupo poblacional más afectado por esta práctica contraria al derecho humanitario.

El gobierno formuló una nueva política de atención a la población desplazada mediante el documento CONPES 3057 del 10 de noviembre de 1999 [3]en el que precisa que "el énfasis de la atención está en la niñez" y anuncia convenios para "promover el desarrollo de actividades culturales, y/o recreativas, así como el apoyo psicosocial con el fin de desactivar las secuelas de la violencia, promover su mejor integración comunitaria y generar alternativas frente a la delincuencia o la vinculación al conflicto armado".

Desde luego que la crítica situación que plantea la continuidad de la guerra interna hace más difícil la solución definitiva de este drama humano y menos visibles algunos esfuerzos que adelantan en este sentido algunas instituciones públicas.

Sin embargo, la dimensión que alcanza esta crisis humanitaria exige del gobierno acciones que trasciendan el tratamiento de emergencia e iniciativas de recuperación física, social y psicológica de los centenares de miles de menores de edad sometidos hoy a la condición de desplazados.

Resultados

Al presentar esta publicación, continuamos con el compromiso de sensibilizar para integrar voluntades, de cuestionar para construir soluciones, de señalar responsabilidades para exigir comportamientos humanitarios aún en medio de la guerra y de visibilizar el problema para contribuir a fortalecer la organización social y a generar capacidades de los grupos de población como sujetos de derechos y no únicamente como víctimas. 

Se necesita una metodología para acompañar a los niños, niñas y jóvenes de la población civil en las zonas de conflicto. En todo caso, los menores deben asumir su propia identidad como población sujeta de derechos y pueden ser estimulados para incentivar una mayor participación en la construcción de sus propias soluciones. La terapia está en la cotidianidad, el ambiente comunitario debe ser fortalecido para que cada niño se desarrolle social y emocionalmente. No hay que detenerse en el pasado, en los traumas; aunque en un momento dado son situaciones que se deben abordar, el trabajo se debe centrar en brindar recursos y herramientas a los menores en la cotidianidad de los contextos en los que viven. Fue el espacio cotidiano el que se rompió con el desplazamiento, fue ahí donde se originaron los traumas que trabajan en los procesos terapéuticos, luego es en la misma cotidianidad donde hay que trabajar: en la risa, en la lúdica, en lo educativo, en lo comunitario, en lo relacional, en lo contextual. Hay que trabajar las potencialidades, es decir el futuro.

La recuperación emocional y psicosocial, además de centrar sus esfuerzos en el pasado, también debe abordar el presente y el futuro de estos niños y jóvenes, pensando en oportunidades reales y concretas con relación a todas las dimensiones humanas. Si quiere hablar de paz, de oportunidades sociales, de mejores oportunidades para todos y cada uno de los menores afectados por la guerra hay que elaborar y reelaborar el pasado, pero también hay que elaborar y reelaborar el presente para poder construir futuro. Hay que superar el asistencialismo y pensar en soluciones de fondo, que respondan a los derechos, necesidades y expectativas de la niñez colombiana.

Conclusiones

La situación de los niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento como consecuencia del conflicto armado interno debe hacer parte de las agendas de paz entre el gobierno y la insurgencia. Las normas humanitarias, los derechos humanos y la Convención sobre los derechos del niño son instrumentos válidos para abordar esta problemática.

Todos los actores armados deben hacer explícita su posición frente a la vinculación de menores a la confrontación armada y responder por las acciones en las cuales los menores civiles son considerados objetivo militar.

Concertar acciones institucionales gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales es un imperativo frente a la magnitud y el drama del desplazamiento. La integralidad de los derechos de los niños debe ser considerada en el momento de la atención a los menores.

La situación social y económica actual del país, la reiterada violación a los Derechos Fundamentales y el estado en que se encuentran los menores que de manera directa o indirecta han sido vinculados a la guerra son insumos suficientes para proponer que la Academia opte por posturas propositivas, tendientes a construir un país democrático y tolerante de las diferencias y no se limite a la elaboración de diagnósticos, locales o regionales. Es importante que organizaciones gubernamentales y no gubernamentales asuman a la infancia como sujetos de derechos y no sólo como sujetos de intervención. Desde esta perspectiva se plantea tener en cuenta los criterios y sugerencias de la infancia, sus expectativas y necesidades.

Hay que trabajar sobre una pedagogía de la Convención, establecer conexiones entre lo contenido en el marco jurídico y la realidad particular de niños, niñas y jóvenes. Es en la cotidianidad de la infancia donde se pueden hacer cumplir fielmente sus derechos y donde también es posible construir democracia y convivencia pacífica. Una pedagogía sobre la Convención de los Derechos de la Niñez podría partir del establecimiento de una cátedra desde la escuela.

Por eso el principal esfuerzo del gobierno en particular y del Estado en general, de los grupos armados al margen de la ley, de la sociedad civil y de la comunidad internacional, debería estar encaminado no sólo a la superación pacífica del conflicto, mediante el diálogo y la negociación política, sino también a priorizar en las agendas a la infancia y a la juventud como premisa indispensable para una paz duradera y sostenible.

Referencias bibliográficas

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas; disponible en:http://www.cjyiracastro.org.co/attachments/article/500/Informe%20de%20Desplazamiento%201985-2012%20092013; visitado el 01 de septiembre de 2014.

Desplazamiento forzado; disponible en: http://www.elespectador.com/tags/desplazamiento-forzado; visitado el 30 de agosto de 2014.

Nación, Recuperado el 28 de octubre de 2010 de http://www.semana.com/noticias–nacion/desacuerdo-entre-gobierno-ong-cifra-desplazados-colombia/133230.aspx.

En 2013 el desplazamiento forzado se redujo en un 32% en el país; disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/2013-el-desplazamiento-forzado-se-redujo-un-32-el-pais-articulo-497398; visitado el 02 de septiembre de 2014

Unicef; Retorno a la alegría, vulneración de los niños y niñas en Colombia; disponible en: http://www.unicef.org.co/retorno/03-contexto-vuln.htm; visitado en 01 de septiembre de 2014.

Autor:

Yaneth Contreras López[1]

Coautor:

Mariela Mesa Delgado[2]

Artículo de Reflexión

Línea: Responsabilidad social

[1] http://www.elespectador.com/tags/desplazamiento-forzado; visitado el 30 de agosto de 2014.

[2] http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10579

[3] http://www.disaster-info.net/desplazados/legislacion/conpes3057/index.htm

[1] Contadora Publica Cun, con experiencia en el sector financiero, perteneciente al semillero de investigación semillero verde.

[2] Contadora Publica Cun, con experiencia en el sector publico, perteneciente al semillero de investigación semillero verde