Seguridad Ciudadana

El trabajo contiene una investigacion sobre seguridad ciudadana. Una definicion historica del concepto y su aplicacion en los municipios. Para ello se ha tomado como ejemplo el municipio de las condes, el cual ha demostrado ser tremendamente eficiente en su accion antidelincuancia siendo un modelo ha seguir por los demas municipios.

Introducción

La propuesta de políticas públicas en torno al tema de la seguridad ciudadana implica reconocer que ésta es una aspiración permanente de los ciudadanos, cuyos límites son bastantes difusos. Por lo tanto, el planteamiento de políticas públicas en este tema implica, en primer lugar, reconocer ese dinamismo permanente e inherente a la situación.

Cuando se plantean políticas publicas, puede hacerse mas bien en términos clásicos, y entonces comenzamos a hablar de políticas publicas referidas al diagnostico y al seguimiento de la situación de la seguridad, o de políticas publicas referidas a la prevención de la inseguridad o a la represión sobre la comisión de delitos que atentan contra la seguridad, o a la sanción de estos delitos, e incluso a la rehabilitación de los transgresores de las normas sociales.

Desde la visión particular de los municipios, debemos plantearnos que las causas de esta sensación o percepción de inseguridad no necesariamente son objetivas ni objetivables. Son de carácter muy subjetivo, ya que si se analizan las estadísticas disponibles nos damos cuanta que la sensación o percepción de inseguridad que los ciudadanos expresan, esta bastante sobredimensionada en relación con lo que efectivamente esta pasando en la sociedad contemporánea, no sólo en Chile, sino en el mundo.

Entonces, la pregunta que surge es ¿por qué la población se acerca a los municipios permanentemente con una percepción tan fuerte de inseguridad?. No cabe duda que los vecinos están situados en un marco cultural que propende a inseguridad; un marco cultural que estipula el individualismo, el consumismo, que presenta situaciones socio económicas extraordinariamente desintegradas. Estamos hablando de un contexto de violencia creciente e las relaciones sociales, incluso al interior del núcleo familiar, y en una sociedad que estimula el aislamiento. La sociedad actual desincentiva la recreación colectiva para estimular la recreación individual, e incluso genera infraestructura y espacios públicos orientados en esta lógica mas que en un enfoque de vida social colectiva, donde el centro de la actividad es compartir con otro y generar espacio de confianza entre los vecinos.

En este contexto cultural se expresan un conjunto de consecuencias que dicen relación con agudos problemas sociales, con las limitaciones de desarrollo que presentan nuestras ciudades y nuestro país, y con la debilidad de nuestras instituciones para abordar un fenómeno individual, cada ves más atomizado y mas desintegrado.

Abordar esta situación implica esfuerzos de modernización muy relevantes para todas las instituciones, incluidos, por supuesto, los municipios, pero también esta tarea incluye a las fuerzas policiales y a los actores judiciales.

Evidentemente produce inseguridad la comisión de delito que no tienen sanción, que no tiene represión y que, en su grado máximo, lo hemos visto en estos días, cuando la gente se pasea por Chile después de fallos judiciales muy claros. Estos son fenómenos colectivos que atentan contra la percepción de seguridad objetiva de la población, pero también sobre la percepción de seguridad sico-social de los ciudadanos, que es el fenómeno mas complejo. No cabe duda de que la sensación de impunidad lleva al desarrollo de conductas mas violentas y a incrementar una espiral que produce una especie de norma de "ley de la selva", donde el mecanismo central que se desarrolla es la autodefensa mas que la mutua protección.

Todos estos elementos y análisis de ellos llevan a preguntarse que se puede hacer o como podemos aportar.

Lo primero que llama la atención es la indefinición con respecto a lo que se espera del rol municipal en este tema. Para los vecinos, el municipio es el gobierno, y, por lo tanto, la institución que debe resolver los problemas concretos que tiene la gente.

Seguridad ciudadana como definición histórica.

No tener una agresión violenta es el primer y principal significado de la seguridad; saber respetada la integridad física y, por extensión, "lo propio". Estar seguro significa por sobre todo poder disfrutar de la privacidad del hogar sin miedo a ser asaltado y poder circular tranquilamente por las calles sin tener un robo u otra agresión. Esta seguridad física, cuasi corporal, concierne pues a las reglas básicas de convivencia pacifica. No vasta, empero, la ausencia de miedo a una muerte violenta. Al hablar de seguridad ciudadana o seguridad publica hacemos alusión a una dimensión mas amplia que la mera supervivencia física. La seguridad es una creación cultural que hoy en día implica una forma igualitaria (no jerárquica) de sociabilidad, un ámbito compartido libremente por todos. Esta forma de "trato civilizado" representa el fundamento para que cada persona pueda desplegar su subjetividad e interacción con los demás. Esta en juego la vida no sólo de la persona individual, sino igualmente de la sociedad. Dada lo fundamental de esta dimensión y, por ende, el peligro que involucra toda la transgresión, la percepción de amenaza puede ser extremadamente sensible.

Como es sabido las estadísticas registradas a partir de los años 40 por la policía de investigaciones y carabineros varían mas la actividad policial que la actividad delictual. Resulta entonces difícil averiguar en que medida el miedo responde a un aumento efectivo de la delincuencia y de la violencia. En todo caso, no estamos ante un fenómeno reciente; el miedo ante el delito común o a la violencia tiene una larga historia, pero alcanza dimensiones alarmantes a raíz de los procesos de urbanización e industrialización. La violencia se traslada del campo a la ciudad, donde el desarraigo de los emigrantes, las desigualdades sociales y la inestabilidad laboral favorecen la delincuencia. Autores de comienzos de siglo destacan como el trabajo fabril fomenta la desorganización de la familia tradicional, el abandono del niño y la aparición masiva de vagos y mendigos; todo ello acentuado por el alcoholismo y la frecuente impunidad. El temor provocado por el deterioro del antiguo orden de convivencia toma cuerpo en las llamadas "clases peligrosas". Mas que la criminalidad (acotada) es la violencia (difusa) la que imprime a la "cuestión social" su virulencia.

En este periodo se consolida el papel ancestral del estado como garante de la paz social y de la seguridad publica. A los procedimientos propios de un estado de derecho se agrega una intervención activa que combina mecanismos represivos con medidas preventivas y promocionales. La acción estatal dispone acciones (justicia penal) y de incentivos (estado asistencial). Tanto la ley penal como las medidas sociales que se guían por una idea de sociedad basada en una familia legitima y un trabajador disciplinado. El estado es fuertemente regulador y no vacila en vulnerar principios liberales con tal de afirmar el disciplinamiento social.

Hasta mediados de siglo el miedo al delito esta vinculado a acciones individuales y concentrada en los sectores populares. En los años 70 aparece una nueva modalidad de delincuencia violenta y de violencia política; aumentan los robos y los delitos comunes con fines políticos. En la medida en que la sociedad se polariza políticamente también aumentan los conflictos intergrupales tanto en las ciudades como en el campo (huelgas, tomas de tierra). En septiembre de 1972, ocho de cada diez personas entrevistadas era de la opinión que en Chile se vivía un clima de violencia. Ya no es el delito sino un ambiente generalizado de violencia difusa el que generaba miedo. Éste adquirió una dimensión desconocida hasta entonces con la intervención militar. Aparece una nueva forma de violencia; el propio estado abandona el marco jurídico. La represión estatal es particularmente intensa en 1973.

En los años 70 y 80 la sociedad chilena se encuentra dominada por una verdadera "cultura de miedo": miedo al comunista, al subversivo; miedo al "cáncer invisible" y omnipresente que corroe al cuerpo social. Miedo a la represión y al delator; miedo a ser "descubierto" en alguna (no se sabe cuál) imprudencia. Las "reglas del juego" quedan suspendidas, la arbitrariedad del poder provoca estrategias de disimulación y autocoerción. La desconfianza del otro se instala en toda la vida social, incluido el hogar. No todo es violencia política; también aumenta la delincuencia. El control estatal no logra opacar la disgregación producida por la crisis económica y el desempleo. En pleno gobierno militar los robos con violencia aumentan 77% entre 1980 y 1986. Sin embargo el fenómeno solo alcanza niveles de alarma publica bajo el régimen democrático.

La democracia pone fin a la represión, pero no al miedo. La transición esta acompañada de un temor físico que, a falta de amenaza explícita, se cristaliza nuevamente en la delincuencia. A partir de 1990 se afianza la percepción de que la delincuencia ha crecido y que esta fuera de control. Desde entonces las encuestas señalan a la delincuencia como uno de los problemas prioritarios de los chilenos.

Más importante que el aumento de cuantitativo es el cambio cualitativo: hay mas asaltos a mano armada, ellos afectan también a hogares en comunas del "barrio alto" y comienzan a operar bandas organizadas. Ademas adquiere visibilidad un factor que comienza a cristalizar el miedo al delito: la droga. En 1977 y 1992 los detenidos por trafico de estupefacientes aumentan de 254 a 10.119, según datos de carabineros

El sentimiento de inseguridad

Las encuestas de opinión confirman los sentimientos que afloran en los grupos de discusión: la inseguridad cotidiana está asociada a la delincuencia. Casi ocho de cada diez personas entrevistadas por CEP-PNUD en julio de 1997 estiman muy probable o medianamente probable que pueda ser víctima de un robo o intento de robo en la calle, seis de cada diez presumen que ello les puede ocurrir en su hogar, la mitad de las mujeres entrevistadas temen ser víctima de una agresión sexual o violación y cuatro de cada diez entrevistados consideran muy o medianamente probable otro tipo de agresión (pandillas, etc.). Este miedo se proyecta en un miedo al otro. La imagen del otro es de la de un agresor potencial que amenaza en cualquier momento y en cualquier lugar. El miedo a una violencia descontrolada se condensa en la imagen del delincuente drogado; él simboliza la perdida de todo lazo social y de toda norma moral.

Ahora bien, el aumento notable del miedo al delito y a la violencia en los años recientes no corresponde, según vimos, a un incremento similar de la delincuencia. La encuesta CEP-PNUD de 1997 permite contrastar la percepción de los entrevistados acerca de las probabilidades de ser una víctima de un delito. En el cuadro se indica una proporción significativa, pero el hecho deviene motivo de alarma a raíz de ciertas razones adicionales (ver cuadro 1).

Al sentimiento generalizado de inseguridad contribuye, por una parte, el hecho de ser agredido en mas de una ocasión; un 5.3% de dichos entrevistados había sufrido dos o mas robos sin violencia en lugar publico y un 2% fueron de dos o mas asaltos en el hogar. Tales situaciones potencian el sentimiento de vulnerabilidad. Por otra parte, es un hecho novedoso que las víctimas pertenecen a todos los grupos sociales. Las víctimas de robo sin violencia tanto en la calle como en el hogar pertenecen preferentemente al nivel socioeconómico alto (32% y 13%) seguido del nivel socioeconómico medio (21% y 7%) y del nivel socioeconómico bajo (15% y 7%).

En años recientes los delitos contra la propiedad aumentan significativamente en las comunas pudientes, mientras que los delitos contra personas son más numerosos en las comunas populares. En el pasado parecía existir una clara delimitación de lo que eran lugares y grupos peligrosos. La amenaza era acotada social y geográficamente. De los grupos de discusión antes mencionados se desprende que las deslimitación actual transforma a la ciudad entera en territorio hostil e incrementa incertidumbre.

A la alarma publica contribuyen también los medios de comunicación masiva. La "crónica roja" concita un amplio interés publico, y es tenue la distinción entre la información detallada del acontecer social y el relato sensacionalista. La conmoción es todavía mayor cuando la imagen viva del delito se introduce, por medio de la televisión, al hogar. Incluso el espacio intimo aparece entonces indefenso.

La inseguridad provocada por la impunidad.

Finalmente, es menester mencionar un cuarto factor que incide en el sentimiento generalizado de inseguridad: la (real o supuesta) impunidad del delito. Nueve de cada diez entrevistados por CEP-PNUD en 1997 expresaban poca o ninguna confianza en que la ejecución de un delito grave recibiera castigo en un tiempo razonable (ver cuadro 2). Sólo entre los entrevistados en zonas rurales existía algo mas de confianza. Tal vez por eso solamente algo mas de la mitad de los entrevistados que había sufrido algún tipo de robo realizo la denuncia correspondiente. Las denuncias disminuyen cuando se trata de un secuestro, venganza o alguna agresión por pandillas.

En el caso de agresión sexual, ni siquiera la cuarta parte de las entrevistadas hicieron la denuncia. La percepción de que el delito queda sin sanción posiblemente influya en la evaluación negativa que hace la sociedad del poder judicial. En todo caso, genera desconfianza y acentúa el sentimiento de impotencia y frustración. La situación parece estar fuera de control. No debe sorprender entonces el pesimismo reinante. Según encuestas de Paz Ciudadana la proporción de personas que opina que la delincuencia había aumentado respecto al año anterior subió de un 59% en 1993 a un 74% en 1996, para bajar al 69% en 1997 (Paz Ciudadana – Adimark, 1997). Es decir, dos tercios de las personas estiman que la situación va a empeorar aun más. Opinión tan masiva indica que, al menos en la percepción de la gente, los mecanismos de seguridad son deficientes.

La seguridad publica.

La seguridad ciudadana es considerada una tarea primordial del estado. Desde antiguo corresponde al estado velar por "la ley y el orden". Para ello cuenta con el instrumentario tradicional: control policial (preventivo y represivo) y medidas legales. En relación con la policía es menester constatar la permanente disminución de la dotación de Carabineros e Investigaciones con respecto al numero de habitantes. De acuerdo con estimaciones de Hugo Frühling a cerca del personal efectivamente operativo, en 1933 y 1941 había un policía por 277 habitantes: la relación bajó a 440 habitantes por policía en 1990 y a 454 habitantes por policía en 1994. En años recientes, sin embargo, hubo un fuerte incremento del aporte fiscal a la labor policial. Mientras que el aporte fiscal a Carabineros e Investigaciones disminuyó en un 13.5% entre 1986 y 1990, entre 1990 y 1996 aumento en 9.3%, respondiendo a las demandas de la opinión publica. A ello se agregan aportes municipales y privados (Frühling, H. 1997).

Existe asimismo un conjunto de medidas legales destinadas a combatir mejor el delito. Se creo en 1991 el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes y en 1993 la Dirección de Seguridad Publica e Informaciones; se facilitaron los tramites para denunciar delitos de hurto y robo; se incrementaron las potestades policiales para investigar el tráfico ilícito de estupefacientes y se tipificaron nuevos delitos (lavado de dinero). La iniciativa más relevante, empero, concierne a la amplia reforma al poder judicial. No se trata tan solo de perfeccionar el sistema de justicia penal sino de simbolizar, por medio del poder judicial, la responsabilidad que asume la sociedad entera por la seguridad.

La privatización de la seguridad.

La desconfianza en los mecanismos públicos de seguridad ha dado mayor protagonismo a los mecanismos privados. El creciente miedo al delito motiva conductas elusivas y medidas de seguridad domestica. Especialmente en Santiago está a la vista el aumento explosivo del mercado privado de seguridad. La privatización se hace visible en la proliferación de alarmas, en la presencia de 14.000 guardias privados, en el cierre de calles. Acorde con el estudio de la fundación Paz Ciudadana, en 1994 los chilenos gastaron cerca de 100 mil millones de pesos en diversas formas privadas de seguridad (ver cuadro 3).

Ahora bien, según se desprende de los grupos de discusión realizados, la gente se da cuenta del circulo vicioso: los equipos de alarma a la ves crean mas alarma. Se hace evidente que la seguridad se ha vuelto un negocio y que, en definitiva, lo que hace falta es una renovación de los lazos sociales.

En efecto, la seguridad ciudadana es fundamentalmente un asunto ciudadano. No obstante, la cooperación ciudadana parece limitada.

La encuesta de Paz Ciudadana de 1996 documenta la retracción al espacio privado como principal reacción frente a la delincuencia. Apenas la mitad de los entrevistados cuanta con la ayuda de los vecinos (ver cuadro 4). Un estudio realizado en tres comunas de Santiago confirma los resultados: la cooperación entre vecinos no constituye una opción masiva. Prevalece pues el síndrome de "fortaleza asediada", cada cual defendiendo su hogar.

El deterioro de lo publico.

La razón de fondo del miedo al otro parece radicar en las grandes y aceleradas transformaciones que vive la sociedad chilena. Ellas tienen su expresión mas notoria en el deterioro de las pautas básicas de sociabilidad. El vecino, el prójimo, aparecen como personas extrañas con las que se comparte poco o nada. Resultados de la encuesta CEP-PNUD nos muestran en primer lugar que casi dos tercios de los entrevistados estima difícil o muy difícil organizar a la gente para enfrentar un problema en el barrio. Sólo en el sector socioeconómico alto y en la zona rural se encuentra algo mas de confianza en poder organizar a los vecinos.

En segundo lugar, resalta el hecho de que la gente suele confiar sólo en su propia familia. Casi seis de cada diez entrevistados no confían en que alguien que no pertenezca a su hogar le ayudara a resolver un problema. Nuevamente las personas de zonas rurales y de nivel socioeconómico alto se declaran mas confiadas en recibir ayuda externa.

El tercer resultado concierne a la fuerte desconfianza cuando se trata de esperar ayuda frente a una agresión en un lugar publico. Casi nueve de cada diez entrevistados tienen poca o ninguna confianza en que la gente que pase por allí acuda en su ayuda (ver cuadro 5).

En este caso, las personas de nivel socioeconómico alto son todavía más desconfiadas. Incluso en la zona rural menos de un tercio de los entrevistados manifiestan alguna confianza. Estas cifras desoladoras señalizan cuan resquebrajado se encuentra el cuidado del otro en los espacios compartidos.

Precisamente la esfera publica es uno de los ámbitos mas dañados por los cambios sociales. En Chile se ha deteriorado ese ámbito en que estar juntos exterioriza una pasión y un interés compartido por la vida común. Cuando las personas acuden a un centro comercial o a un estadio, tal vez comparten emociones, pero no un bien publico. El gran dinamismo de la sociedad chilena descansa sobre estrategias individuales y no en un animo de sociedad. Parecería no existir un "nosotros" capaz de hecerse cargo de la vida en sociedad.

UN MODELO DE CONTROL: EL CASO DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

Desde un punto de vista comunal, el control de la delincuencia esta sujeto a una serie de restricciones que tiene que ver con la descentralización que necesariamente debe existir en una sociedad. Dichas restricciones guardan relación con facultades que de suyo no le corresponde desarrollar o definir a los municipios, sino que a la sociedad en su conjunto. Entre las principales encontramos:

1.- Las Municipalidades no tiene control sobre los medios de represión, vale decir, no dependen del municipio las políticas de prevención y gestión policial, como así mismo las dotaciones especificas de la policía.

2.- La definición de las penas según delito no es algo que dependa de la Municipalidades; para ello existe un sistema de sanciones que es determinado a través del código penal.

3.- El sistema de la administración de las sanciones es desempeñado por un ente autónomo que en este caso es el poder judicial.

4.- Finalmente, la aplicación de las sanciones, esto es, el sistema carcelario, tampoco depende de los gobiernos locales.

Ahora bien, aun cuando ninguna de dichas funciones es realizada por los municipios, ello no obsta para que exista una adecuada colaboración entre aquel y las demás instituciones que desempeñan las actividades mencionadas. Así, por ejemplo, dicha cooperación de hecho existe y se manifiesta de diversas formas, tales como las transferencias de recursos que realiza el municipio hacia instituciones policiales, judiciales y carcelarias. Sin perjuicio de lo anterior, los municipios pueden tener un nivel de contribución en el combate contra la delincuencia mucho mayor, el cual podría expresarse de diversas formas. En este sentido, la experiencia desarrollada por la Municipalidad de las Condes es alentadora.

¿Cuales han sido los ámbitos de colaboración y cuales son sus resultados?. A continuación realizaremos una breve síntesis en materia de control de la delincuencia que se han implementado en la comuna de Las Condes.

 1.- Se encuentra un conjunto de señales, en concreto anuncios, que se realizan respecto del combate de la delincuencia. Es decir, se establece una posición clara respecto al tema y la voluntad de llevar adelante una política activa en contra de la delincuencia. La importancia de esta acción radica en que se genera una señal, la que, sin lugar a dudas, es internalizada por los delincuentes al momento de tomar sus decisiones.

2.- Desde un punto de vista de la prevención y la auto protección, a principios de 1993 se tomo un conjunto de medidas tendientes a incentivar e incorporar a la comunidad, las cuales se tradujeron en la autorización y cierres de pasajes y levantamientos de panderetas, generándose un sistema de subsidios para aquellos sectores que no cuentan con recursos para ello. Ello permitió, por una parte, una practica que en algunos casos ya se estaba desarrollando y por otra, fomentar mecanismos eficientes de auto protección, como así mismo aumentar las señales disuasivas.

3.- Como instancia de acción colectiva se realizo una consulta popular donde las personas de la comunidad definieron el set de prioridades de inversiones municipales, entre las cuales se ratifico el control de la delincuencia. La importancia de dicha consulta es que permitió organizar a la comunidad en torno al tema, como asi mismo, generar una instancia de legitimación de las decisiones municipales.

4.- Como parte de una política integral de generar costos a la delincuencia se desarrollo el proyecto de "FISCALIAS MUNICIPALES", el cual fue producto de un diagnostico de seguimiento de causas penales de delito cometidos en la comuna. Dicho diagnostico arrojo como resultado el que las probabilidades asociadas de detención, proceso y condena de delincuentes era inferior al 4%, esto es que 4 de cada 100 delitos denunciados terminaban en condena. En este caso, como es obvio, la idea era de hacer mas ciertas las probabilidades v que los delincuentes detenidos por delitos cometidos en la comuna fueran procesados. Es decir, claramente aumentar los costos esperados de la delincuencia.

 5.- A mediados de 1993 se estableció un sistema de patrullaje comunal el cual, aun cuando en principio fue diseñado para que fuera desarrollado por el sector privado con el objetivo de liberar recursos policiales, en la practica tuvo como resultado final un sistema mixto en que cada patrulla estaría compuesta por un funcionario municipal (inspector) y un funcionario policial. En este caso, la idea central fue de contribuir con la labor policial, proveyendo un sistema disuasivo en contra de delincuencia, a través de aumentar las probabilidades de captura o detección "in fragante" de actos delictuales.

6.- Finalmente, como parte de un sistema de prevención de riesgo a termino del año 1993 se diseño un sistema de línea telefónica de emergencia, el cual consistía en que las personas daban aviso al iniciar su temporada de vacaciones. La utilidad de este sistema es que permitía establecer áreas de riesgo, focalizando de forma mas adecuada la labor de patrullaje y mejorando los sistemas de información de riesgos entre la comunidad y las autoridades competentes.

En general, la importancia del modelo de las Condes reside en que a través de una adecuada coordinación entre policía, municipio y comunidad, al parecer es posible reducir de manera considerable los riesgos de robo y en general la delincuencia a nivel local.

Desde un punto de vista analítico se puede señalar que el modelo de Las Condes posee tres objetivos esenciales tendientes a aumentar los costos esperados de delinquir, o lo que es lo mismo reducir los beneficios esperados de la actividad delictual. El primero de dichos objetivos se dirige a reducir los beneficios por la vía de aumentar las probabilidades de detección o captura de los delincuentes, a través de un aumento del patrullaje; el segundo a aumentar los costos del proceso o de la probabilidad de que los delincuentes serán sometidas a este, a través de la "Fiscalía Municipal"; y el tercero, disminuir la rentabilidad de la actividad delictual propiamente tal, por la vía de aumentar las instancias de prevención de parte de las personas, lo cual implica ya sea reducir el universo de posibilidades del delincuente o alterar su estructura de costos y riesgos.

 Un aspecto interesante a considerar es que a través de los sistemas de patrullaje ha sido posible liberar recursos policiales considerables, toda vez que se ha hecho mas eficiente el sistema de notificaciones policiales (mas de 1217 en el primer trimestre de 1995), las que sin lugar a dudas distraen recursos altamente valiosos.

Ademas de lo anterior, el sistema de patrullaje, el cual ha sido complementado recientemente con otros servicios comunales (defensa civil), ha permitido mantener un contacto permanente con los problemas comunales, tales como el estado de las calles, alumbrado, traslado de personas a centros hospitalarios, o asistencia en caso de accidentes de transito.

La delincuencia en el contexto general de Santiago.

Resulta interesante analizar ahora el caso de otras comunas donde las tasas de denuncias son las mas altas del país y en particular de Santiago. A este respecto, se han seleccionado las comunas de Vitacura, Providencia, Santiago, La Reina, La Cisterna y Ñuñoa. Ello permitirá extraer conclusiones mas validas respecto del modelo aplicado en Las Condes.

Entre 1987 y 1994, se aprecia que las principales caídas en las tasas de denuncias se encuentran en las comunas de Las Condes y Providencia, las cuales son inferiores a 1987 y al promedio de caída de la Provincia de Santiago (ver cuadro 6).

Ahora bien, al analizar la variación para el periodo 1992-94 (ver cuadro 7), observamos que las comunas que mayor caída muestran son: Las Condes, Providencia y Vitacura, las que alcanzan el -49%, -37,9% y -29,4%, respectivamente. Dichas caídas son incluso significativamente superiores a la correspondiente a la Provincia de Santiago (en las tres comunas se duplica al valor provincial).

Lo anterior merece dos comentarios con relación al análisis desarrollado en el trabajo:

1.- En las tres comunas señaladas, Las Condes, Providencia y Vitacura, a partir de 1992 comienza a darse una serie de señales en materia de control de la delincuencia, las que son similares entre si, esto es, fiscalías anti-delincuencia, instructivos anti-delincuencia, transferencias de equipos y recurso significativos a las unidades policiales, patrullaje, sistemas de control informático, encargo de casas, etc.. Dichas comunas han sido las mas activas en cuanto a emitir señales en contra de la delincuencia, incluso con antelación al reconocimiento global del problema por parte del gobierno en la materia (fines de 1993).

2.- El que las caídas observadas entre 1992 y 1994 sean considerablemente superiores en dichas comunas implicadas, de algún modo, que en ellas se realizaron esfuerzos importantes en el combate de la delincuencia, cuyos resultados superaron el promedio provincial (-13,6%), y por lo tanto, las tendencias globales, lo cual, no cabe duda que estuvo asociado a la aplicación de las medidas como las indicadas. Dichos esfuerzos son claros en el sentido de que en los tres casos los niveles de delincuencia de robo alcanzaron su máximo en 1992 (177,2 Las Condes, 147,4 Providencia y 251,9 Vitacura) y posteriormente comenzaron a caer.

En resumen, los anteriores antecedentes confirman la hipótesis de que en la medida que se transmitan señales claras y se implementen políticas concretas en este ámbito, la delincuencia se ve afectada en forma significativa.

Carabineros y gobierno municipal.

La creciente demanda por seguridad a principios de los ’90, expresada a través de las encuestas de opinión publica, presiono no sólo al gobierno central sino también a las municipalidades, designadas por el recién elegido gobierno democrático, dispusieron de la realización de diversas actividades de diagnostico con el fin de definir políticas. En dichos diagnósticos el tema de la seguridad ciudadana fue recurrente. Las medidas adoptadas por las municipalidades para responder a dicha demanda contemplaron la mayoría de las veces el traspaso de recursos materiales a Carabineros como la donación de vehículos y la construcción de retenes y subcomisarias.

En el panorama general destacan los municipios de Santiago y Las Condes. Esta ultima comenzó una campaña de seguridad ciudadana con la entrega de un folletos con recomendaciones elaboradas por carabineros para disminuir el riesgo de ser víctimas de delitos. Con la elección de Joaquín Lavin como alcalde, la campaña de seguridad ciudadana adquiere notable importancia. Recién elegido hizo aprobar un fondo para financiar proyectos relativos a seguridad ciudadana propuestos por las juntas de vecinos. Otras medidas fueron la autorización de cierres de pasajes ciegos y el aumento de la altura permitida para panderetas de 2 a 2.5 metros de altura. Asimismo dispuso la creación de una "fiscalía anti-delincuencia" cuyo objetivo era defender a las víctimas de delitos y hacerse pare ante los Tribunales de Justicia por aquellos delitos que afecten a los vecinos.

En 1993 entro en operación un nuevo organismo integrado por funcionarios municipales denominados inicialmente "serenos" y más tarde "Las Condes 133", que tenia por objetivo desarrollar labores de vigilancia para la prevención de la delincuencia en la comuna. Carabineros cuestiono la propuesta original por lo que en definitiva se acordó que en los vehículos de vigilancia viajaría un inspector municipal y un carabinero. Otras medidas contemplaron la instalación de cámaras de seguridad siguiendo el modelo implementado por la municipalidad de Santiago. Finalmente se conoció el proyecto de instalación de alarmas en todas las casas y departamentos de la comuna. Estas alarmas estarían conectadas con carabineros. Cabe destacar dentro del programa de seguridad ciudadana de la comuna de Las Condes, la construcción de una comisaria financiada completamente por el municipio con una inversión de mas de 400 millones de pesos.

En Las Condes al igual que en otras comunas de Santiago, la mayor parte de la inversión en seguridad ciudadana se realizo en equipamiento e inmuebles destinados a carabineros.

En esta política de donaciones se estableció una relación distinta entre la autoridad municipal y carabineros. La primera mostró ahora un fuerte interés por el desempeño de carabineros en la comuna y la utilización eficiente de los recursos entregados. Asimismo ejerció presión para que la actuación de la policía uniformada fuera coherente con las políticas de seguridad ciudadana elaboradas por la municipalidad.

No siempre se percibió que carabineros actuara con la dedicación requerida. Ha existido algún grado de conflictividad cuando se trata de desarrollar proyectos en que carabineros debe coordinarse con civiles. Según lo manifestaron, por ejemplo, entrevistados de las comunas de Santiago, Las Condes y Pedro Aguirre Cerda, el trabajo conjunto entre personal municipal y carabineros ha sido un proceso de aprendizaje no exento de dificultades.

Ha sido la alcaldía de Las Condes la que ha tenido las mayores discrepancias publicas con carabineros. En 1993, esta institución criticó fuertemente el proyecto que creaba un organismo municipal para efectuar labores de vigilancia en la comuna, y cuyos funcionarios se denominaron "serenos". Como hemos dicho, se acepto que junto al funcionario municipal viajara un carabinero, lo cual de toda maneras parece ser más eficiente en términos de utilización de personal que el patrullaje que realiza carabineros que emplea dos o tres funcionarios.

En Marzo de 1997 la alcaldía polemizó con carabineros que detuvo a funcionarios municipales que realizaban tareas de transito dentro del proyecto de "semáforos móviles", acusándolos de usurpación de funciones. La acción generó un intercambio publico de opiniones con carabineros. El alcalde Lavin interpreto la medida como una expresión de molestia por criticas que había realizado a carabineros por un supuesto descuido en un procedimiento policial. Carabineros desmintió terminantemente que se tratara de una represalia. Carabineros vigiló la labor de estos funcionarios. Lavin señalo como una "niñería" la actitud de la policía uniformada. Señalo que "… nos encontramos que al lado de un semáforo había un uniformado. Es decir un funcionario municipal y otro policial a la misma hora y en el mismo lugar". Concluyo que "Hay un tema de fondo: carabineros tiene que aceptar colaboración. Nadie intenta usurpar sus funciones".

En julio del mismo año, ante un informe de la fundación Paz Ciudadana que señalaba un aumento en el numero de delitos cometidos en Las Condes, el alcalde reaccionó sosteniendo que "carabineros debe darnos una explicación. Le hemos entregado 15 radio patrullas y 30 motos para que incrementen la vigilancia, pero la delincuencia en ves de bajar ha crecido". Carabineros habría respondido que estudiaba la devolución de los vehículos donados.

Esta situación de discrepancia entre al autoridad municipal y carabineros tenderá a repetirse a medida que las municipalidades sigan entregando equipamiento a la policía uniformada. El hecho de que carabineros dependa del gobierno, hace que muchas veces las prioridades no sean las mismas definidas por la municipalidades. Esto podría hacer crecer la tentación de establecer cuerpos policiales comunales, como de alguna forma lo esbozo el proyecto "serenos" de la municipalidad de Las Condes. De hecho, el sistema en que viaja un funcionario municipal y un carabinero se ha replicado en otras comunas como Pedro Aguirre Cerda por ejemplo. En este tipo de proyectos los entrevistados de ésta y otras comunas como la de Santiago sostuvieron que la institución policial no se integraba adecuadamente con la autoridad comunal en la coordinación de estrategias de seguridad ciudadana.

Con todo la evaluación del resultado de los planes de seguridad ciudadana aplicados en varias comunas, especialmente en Las Condes y Santiago es positiva. En el balance general, la relación con carabineros ha sido de creciente colaboración, aun cuando han existido dificultades puntuales.

Conclusión.

En general, las estadísticas disponibles sobre el aumento de la delincuencia permiten señalar que:

1.- El crecimiento económico del país y la alta concentración urbana son fenómenos que se encuentran aparejados al desarrollo de la delincuencia. Lo anterior implica que la delincuencia no se atribuye de manera uniforme en el país, y en el caso particular del robo, los riesgos asociados al mismo, difieren de una comuna a otra.

2.- Desde un punto de vista del proceso policial-penal, las probabilidades de aprehensión y detención presentan una tendencia decreciente. De igual modo, las probabilidades asociadas de proceso y condena han caído en los últimos 18 años, lo cual implica que los delincuentes hoy enfrentan menores riesgos.

3.- El control de la delincuencia a nivel local se encuentra sujeto a un conjunto de restricciones que están dadas por el hecho que las municipalidades no pueden alterar o desarrollar las funciones que son propias de otros órganos de la administración y del Estado.

No obstante, a lo anterior, la evidencia disponible muestra que cuando se dan señales claras en términos de abordar el tema, a través de políticas de prevención, disuasión y de aumento de la probabilidad de sanción, la delincuencia se reduce en forma importante.

Tal es el caso de las comunas de Las Condes, Providencia y Vitacura. En concreto, a través de alterar los riesgos asociados de detección y sanción, asi como también, la disminución de la rentabilidad de la industria criminal se han obtenido resultados que muestran una mejoría en el nivel de seguridad ciudadana.

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• Seguridad ciudadana, democracia y participación. Ministerio de Interior; Dirección de Seguridad Publica e Informaciones.
• Cuadernos del CED Nº 27.Temas Policiales.

Apéndice: cuadros estadísticos

CUADRO 1

Probabilidad percibida de ser víctima, y víctimas efectivas de un delito.

Cuna probable cree usted o alguien de su hogar puede ser víctima de…?

Cuantas veces en los últimos doce meses ha sido usted o algún miembro de su hogar víctima de…?

CUADRO 2

CUADRO 3

CUADRO 4

CUADRO 5

CUADRO 6

INDICE DE LAS TASAS DE DENUNCIA

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Las Condes 100 79,6 77,1 117 148,8 177,2 125,8 90,4

Providencia 100 81,9 60,3 116 130,3 147,4 130,5 91,5

Santiago 100 108,8 112,7 140,3 145,5 120,7 134,6 143,2

Ñuñoa 100 108,8 123 141,6 144,5 143,9 140,6 117,1

Vitacura 100 92,4 105,9 192,9 214,4 251,9 244,9 180,8

La Reina 100 90 106,8 140,3 149 162,9 162,4 136,3

La Cisterna 100 98,7 85,3 102,1 113,4 96,2 99,5 103,8

Prov. Santiago 100 95,2 93,5 117,7 128,8 113,7 108,9 98,3

CUADRO 7

VARIACION DE LAS TASAS DE DENUNCIA

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 %92-94

Las Condes -20,4 -3,2 51,8 27,2 19 -29 -28,2 -49

Providencia -18,1 -26,4 92,7 12,2 13,2 -11,5 -29,9 -37,9

Santiago 8,8 3,6 24,5 3,8 -17 11,5 6,4 18,6

Ñuñoa 8,8 13 15,2 2,1 -0,4 -2,3 -16,7 -18,6

Vitacura -7,6 14,6 82,2 11,2 17,5 -2,8 -27,4 -28,2

La Reina -9 17,4 31,4 6,2 9,3 -0,3 -16,1 -16,3

La Cisterna -1,3 -13,6 19,7 11 -15,2 3,4 4,3 7,9

Prov. Santiago -4,8 -1,7 25,9 9,4 11,7 -4,3 -9,7 -13,6

Este trabajo fue enviado por: Francisco Silva y Gabriel Sepulveda Estudiantes de licenciatura en Gobierno, Gestión Publica y Ciencia Política Universidad de Chile pipe_silva[arroba]hotmail.com