Segundo gobierno, 2.2.1989 – 20.5.1993
La segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez corresponde al período constitucional 1989-1994. Es el séptimo gobierno del período democrático iniciado en 1958. Pérez ganó en las elecciones nacionales del 4 de diciembre de 1988 con 3.879.024 votos, lo que representó el 52,91% de la preferencia electoral. El contendor más cercano, Eduardo Fernández, de COPEI obtuvo 2.963.015 votos, el 43,26%. En el congreso, el partido de gobierno Acción Democrática, obtuvo 97 diputados, COPEI 67, Movimiento al Socialismo (MAS), 18, Nueva Generación 6, La Causa R 3, ORA (movimiento evangelista) 2 y el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Unión Republicana Democrática (URD), Fórmula 1, Opinión Nacional (OPINA) y el Partido Comunista Venezolano (PCV), un diputado cada uno. En el Senado, Acción Democrática contaría con 23 senadores, más uno vitalicio (el ex presidente Jaime Lusinchi), mientras COPEI con 22 y 2 vitalicios (los ex presidentes Rafael Caldera y Luis Herrera Campins). El MAS obtuvo 3 senadores y Nueva Generación Democrática uno. Estos resultados significaron que AD no contaría en las Cámaras con una mayoría absoluta, como la había tenido en el período inmediato anterior, siendo necesario por lo tanto hacer negociaciones con partidos minoritarios para la aprobación de las políticas del gobierno. Esta segunda gestión de Carlos Andrés Pérez estuvo marcada por el intento de salir de la profunda crisis económica y fiscal que venía desarrollándose desde años anteriores, a través de un conjunto de políticas de libreración de la economía. Otros rasgos destacados fueron la agudización de la crisis social cuya manifestación más dramática ocurrió en febrero de 1989 y el desarrollo de una crisis política que produjo, en 1993, la suspensión en el ejercicio de su cargo del presidente de la República y su sustitución por uno nombrado por el Congreso Nacional para culminar el período. Fue también durante esta segunda presidencia que comenzó el proceso de descentralización político-administrativa del país, gracias a la aprobación, en los últimos meses del gobierno del presidente Lusinchi, de las primeras reformas del Estado por parte del Congreso Nacional.
El programa de ajuste económico y el estallido social del 27 de febrero de 1989 y los días siguientes: En su discurso inaugural del 2 de febrero, el presidente Pérez señaló algunas líneas orientadoras de su nuevo gobierno, dándole una importancia especial a las relaciones interamericanas e internacionales como parte de la estrategia para la construcción de una salida de la crisis económica y fiscal que se padecía. Pérez definió el año 1989 como el idóneo para ampliar el proceso de reformas políticas que con anterioridad se venía desarrollando; así mismo, aseguró que su fórmula política para resolver de manera permanente el problema de la deuda, se apoyaría en la solidaridad entre países deudores y enfatizó que se buscaría estimular decisivamente la ciencia y la tecnología en el país, como áreas estratégicas para retomar el crecimiento económico. El 16 de febrero, en medio de gran expectativa, Pérez presentó su programa de ajuste económico, conocido de allí en adelante como «el paquete», cuyas disposiciones de libre economía, en muchos aspectos contrariaba el discurso de toma de posesión y las promesas electorales.
El programa contemplaba medidas de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual pero en plazos relativamente cortos. Las principales fueron:
a) acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) y someterse a su programa de ajustes, con el fin de obtener un financiamiento de US $ 4.500.000.000 en 3 años;
b) liberar las tasas de interés activas y pasivas hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%;
c) unificar la tasa cambiaria con la eliminación de la tasa preferencial de divisas y realización de todas las transacciones a la nueva tasa flotante. Esto significaba la eliminación de la Oficina de Régimen de Cambios Diferenciales (RECADI);
d) liberar los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la «cesta básica»;
e) aumentar las tarifas de los servicios públicos como luz, agua y teléfono;
f) aumentar anualmente durante 3 años los derivados del petróleo en el mercado nacional con un primer aumento de 100% en el precio de la gasolina y un 30% en los precios del transporte;
g) Aumentar los sueldos de la administración pública entre el 5 y el 30%, el salario mínimo a Bs. 4.000 en la ciudad y Bs. 2.500 en el campo; racionalizar y eliminar progresivamente de los aranceles de importación;
i) reducir el déficit fiscal a un máximo de 4% y congelar los cargos de la administración pública.
Como compensación para la población más afectada por estas medidas, además del aumento de los sueldos de la administración pública y el incremento del salario mínimo ya mencionado, se anunciaron las siguientes políticas:
1) política de subsidios directos a los componentes de la canasta básica;
2) Programa de becas alimentarias;
3) Constitución de 42.000 hogares de cuidado diario;
4) Reforzamiento de programas de control del lactante y del preescolar y combate de las enfermedades diarreicas, respiratorias y las que son prevenibles por vacunas;
5) Plan de consolidación de barrios;
6) Política de apoyo a microempresas;
7) Programa masivo de transferencias alimentarias dirigido a los niños hasta los 14 años, a las madres embarazadas y a los lactantes;
8) Amplia acción dedicada a consolidar los ambulatorios de salud;
9) Programa destinado a la organización y estructuración de un sistema de seguridad social;
10) Creación de la Comisión Presidencial para la Lucha contra la Pobreza. Al día siguiente el Banco Central de Venezuela liberó las tasas de interés, fijó las modalidades con que se financiarían las cartas de crédito del sector privado y anunció que en 2 o 3 meses comenzarían a recibirse los fondos de un crédito stand by por unos US $ 1.500.000.000 otorgado por el FMI.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, anunció los primeros aumentos de la gasolina para el 26 de febrero: Bs. 2,75 la alta y Bs. 2,55 la media. El día 19 se informó de la visita de representantes del Banco Mundial y del FMI a Caracas, así como de la estadía de Edgar Leal, el nuevo negociador de la deuda en Washington. Para una población que había venido sufriendo desde años anteriores un creciente deterioro de sus condiciones de vida, así como un prolongada angustia por la escasez de productos básicos, en buena parte provocada por el acaparamiento de algunos comerciantes inescrupulosos, este mensaje del presidente significó el debilitamiento de las ilusiones sobre lo que podía esperarse del nuevo gobierno y del futuro en general.
También contribuyeron a eso las denuncias de corrupción durante la gestión del presidente Lusinchi. Como consecuencia, el 27 de febrero y los días siguientes, tuvo lugar una explosión social de históricas proporciones en Caracas y varias ciudades del país. Con ella comenzaron las dificultades políticas del nuevo gobierno. El día 27 de febrero desde la mañana se produjeron acciones de violencia colectiva en Guarenas, ciudad dormitorio de Caracas, motivadas por el aumento desproporcionado del pasaje del transporte. Reacciones similares se dieron poco después en áreas populares de Caracas como Caricuao, en encrucijadas para el transporte de la ciudad, como el terminal del Nuevo Circo y Chacaíto, y en otras zonas suburbanas de la capital, como La Guaira.
En la medida en que transcurrió el día y los hechos comenzaron a ser difundidos por los medios audiovisuales y radiales, las acciones comenzaron a extenderse a otras ciudades del país: Maracay, Valencia, Barquisimeto, Puerto Ordaz, Mérida. En la tarde muchedumbres de habitantes de las barriadas citadinas salieron a las avenidas y zonas comerciales, tomando por asalto los establecimientos, saqueando dichos lugares para hacerse de productos de todo tipo. Igualmente, algunas vías centrales de las ciudades fueron tomadas por turbas, construyéndose barricadas y quemándose autobuses de transporte colectivo, vehículos privados y cauchos, en clara protesta contra los costos del servicio de transporte.
El día 28 de febrero los sucesos habían desbordado a los cuerpos policiales. El presidente y sus ministros no aparecían por los medios de comunicación para calmar a la población y dar las informaciones obligadas, con lo cual crecía la incertidumbre. En la tarde, bajo las órdenes del presidente y de su ministro de la Defensa, quien adquirió protagonismo durante esos días, los militares entraron a controlar la situación en los barrios, produciéndose toda clase de excesos.
Una semana después, las cifras oficiales de muertos pasaban de 300 y las pérdidas materiales eran incalculables. También el día 28 de febrero el Ejecutivo Nacional procedió a suspender las garantías constitucionales en todo el país, las cuales sólo serían restablecidas parcialmente 10 días después. Se implantó el toque de queda en Caracas y otras ciudades que fue levantado gradualmente en los días siguientes. En sus casas, la población vio por televisión al presidente Pérez haciendo este anuncio y a su gabinete parado aplaudiendo.
A partir de entonces el gobierno no pudo recuperarse de su repentina impopularidad. No obstante la magnitud de la protesta y del desacertado desempeño del gobierno, éste logró sostenerse gracias a la lealtad de las Fuerzas Armadas al mando del ministro de la Defensa. El presidente Pérez mantuvo inalterable el programa económico y el gabinete ejecutivo. El 7 de marzo en cumplimiento del cronograma de medidas, se decretó la liberación de precios. Hasta 1992 el gobierno siguió la misma política económica y el pueblo continuó dando señales de repudio, abonando el terreno para el desarrollo de una crisis política.
El desarrollo de la economía entre 1989 y 1992 y algunos indicadores sociales: Las radicales medidas que el gobierno del presidente Pérez aplicó a los males económicos de la sociedad venezolana, producirían a lo largo de los 3 primeros años de la gestión resultados macroeconómicos satisfactorios, pero a un costo social y político exorbitante. En diciembre de 1989 las cifras del gobierno revelaban una contracción económica general del orden de 8,1%, la mayor registrada por la historia moderna venezolana; en el sector de la construcción llegó al 30% y en el de la manufactura al 12,4%. La tasa de inflación, según datos de Agroplan C.A., alcanzó la cifra histórica de 84,5%. En términos sociales la inflación reflejaba que una familia promedio a mediados de 1989 podía con su ingreso adquirir solamente el 40% de lo que hubiese podido comprar en 1968. La pobreza, según cálculos de Agroplan, abarcaba al 62% de la población; 30% de la cual se encontraba en pobreza absoluta.
En contraste, las reservas internacionales aumentaron para ubicarse en US $ 7.411.000.000; el déficit en la balanza de pagos fue menor a los años anteriores y el déficit público se redujo de 9,9% a 1,7% del Producto Territorial Bruto (PTB). Esta última era una cifra muy por debajo de la estimación que se había hecho a inicios de año. Una mayor recepción de ingresos corrientes, a consecuencia de la modificación del tipo de cambio y un mayor valor de las exportaciones petroleras permitieron llegar a este nivel. Igualmente, se logró concretar con el FMI un programa que contemplaba el otorgamiento de US $ 5.000.000.000 en 3 años. Con el Banco Mundial (BM) se acordaron créditos por un total de US $ 4.000.000.000, con el Interamericano de Desarrollo (BID) se consiguieron 400.000.000 por año.
En el año 1990 la economía, según el Banco Central de Venezuela, creció en un 5,3%, revirtiéndose la depresión del sector manufacturero y de la construcción. El sector de la banca y los seguros sobrepasaron el 23% en su crecimiento, mientras la agricultura cayó en un 1,3%. La tasa de desempleo se colocó en 10%, superior a la del año anterior, cuando estuvo en 9,6%. Así mismo, la inflación sobrepasó los cálculos iniciales, situándose en 40,7% y la pobreza aumentó alcanzando el 66,9% de la población, 33% de los cuales eran pobres absolutos. La balanza global de pagos registró un superávit aumentando las reservas a US $ 11.700.000. Este año se firmó el acuerdo con la banca internacional, lográndose una reducción de la deuda en alrededor del 20% y una reducción del 50% en el pago de los intereses de la misma. El ministro de CORDIPLAN, Miguel Rodríguez, declaraba que con el canje de la deuda vieja por nuevos instrumentos, realizada el 18 de diciembre, se ponía punto final al problema de la deuda pública externa.
La economía en 1991, según el análisis hecho poco después por los economistas asociados Purroy y Espinaza, experimentó un vigoroso crecimiento del 9,2% que aunado al de 1990 de 5,3%, compensó la contracción ocurrida en 1989. El sector petrolero tuvo alta incidencia en el total de ese crecimiento, toda vez que su expansión, junto con sus efectos multiplicadores, generaron cerca de la mitad del crecimiento de la economía ese año. La gestión fiscal, por su parte, cerró con un importante superávit de unos Bs. 75.000.000.000, fruto de las privatizaciones de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y de Venezolana Internacional de Aviación, S.A. (VIASA), las cuales significaron una entrada de capital del orden de Bs. 122.000.000.000. En los ingresos ordinarios, un 80% provino de la tributación petrolera. Purroy y Espinaza señalaron que en los 3 primeros años del gobierno de Pérez, la reducción del déficit fiscal se logró por factores no recurrentes y hasta fortuitos: en 1989 fue por la fuerte devaluación y la violenta contracción del gasto; en 1990 el impacto de la guerra del Golfo Pérsico en la comercialización internacional del petróleo y en 1991 el factor fue la privatización. En 1991 el precio del petróleo bajó de US $ 20 por barril, a un promedio de US $ 16,60. El ingreso fiscal se vio compensado sin embargo, por el aumento de los volúmenes exportados. Se produjo una reducción de exportaciones no petroleras, tanto de volumen como de precios. La balanza de pagos fue superavitaria gracias a una combinación de factores: tasas de interés positivas, lo que junto a una tasa de cambio revaluada estimuló el ahorro. También concurrieron los préstamos del BID y BM y la inversión extranjera directa (CANTV y VIASA). Estas fueron las cifras macroeconómicas. En relación a la traducción de estas cifras en implicaciones sociales, los economistas ya mencionados pensaban a inicios de 1992, que algunos indicadores mostraban cierta mejoría en las condiciones de vida de la población: la tasa de desempleo abierto había descendido en el último año de 10% a 8,8%. La tasa de población empleada en el sector informal de 42,4% a 40,5%; hubo una mejoría en los sueldos y salarios, el consumo de alimentos repuntó en cerca del 20%. Sin embargo, en relación con la pobreza, ésta continuó creciendo: según datos de Agroplan abarcaba un 67,2% de la población, 34,1% de la cual se hallaba en pobreza absoluta. Por ello, pese a lo positivo de las cifras económicas, la población no percibía la mejoría, pues las cargas estaban repartidas inequitativamente. Tampoco lograba conjurarse la extrema dependencia de la actividad económica, y en particular de la gestión fiscal, al petróleo, pues seguía paralizada, o con modificaciones contraproducentes, la reforma tributaria, limitando seriamente la expansión del gasto interno neto.
Año 1992: el 4 de febrero y el 27 de noviembre: En enero de 1992, mientras el gobierno mostraba con satisfacción los logros macroeconómicos expresados en las cifras señaladas, en el país algunos sectores mostraban intranquilidad. En realidad, desde 1989 las manifestaciones, huelgas y brotes de saqueos no habían cesado, debe mencionarse el paro nacional de trabajadores convocado por la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) en mayo de ese año para expresar el repudio al «paquete económico», o «la marcha de los pendejos» realizada poco después para expresar el rechazo a los actos de corrupción. En 1990, ante la ola de disturbios que se generaron y el temor del gobierno a desembocar en un nuevo «sacudón», hubo de posponerse hasta agosto el aumento de la gasolina previsto en la Carta de intención con el Fondo Monetario Internacional.
En 1991, ante los anuncios de la modificación del sistema de prestaciones sociales se acentuaron los disturbios y el gobierno se avino a congelar el proyecto de ley. Por otra parte, se produjeron varias huelgas significativas, entre ellas la de los trabajadores de la CANTV y VIASA. En el segundo semestre del año, las clases de educación básica y diversificada fueron suspendidas durante varias semanas por el exacerbamiento de los disturbios estudiantiles, que ocasionó la muerte de varios estudiantes. Sin embargo, ninguna de las docenas de manifestaciones y actos de protesta lograron hacer mella en la férrea voluntad del gobierno de cumplir con las medidas de ajuste que se había propuesto. A fines del año 1991, Carlos Andrés Pérez informó que se habían cumplido las metas del paquete y correspondería, de allí en adelante, el crecimiento económico y la puesta en acción de un vigoroso programa social. Anunció un nuevo y ambicioso proyecto, conocido como el «El Megaproyecto Social», consistente en la inversión de millones de dólares concedidos en préstamo por los organismos internacionales, para profundizar programas de ayuda y atención a la infancia, a las madres y a los jóvenes; repotenciación de los sectores sociales más vulnerables a la crisis. Sin embargo, el proyecto social llegaba un poco tarde.
El mes de enero de 1992 se inició con una huelga de maestros, informaciones relativas a la pronta aprobación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual era percibido como una amenaza por diversos sectores sociales, y la aprobación del decreto 1911, sobre registro como venezolanos de niños de padres indocumentados, que despertó un desagrado general. Con este panorama, el presidente Pérez viajó a la ciudad de Davos, Suiza, a inicios de febrero. El objetivo era continuar con su política de promocionar directamente las inversiones extranjeras en el país, concurriendo para ello a esta reunión anual. En la noche entre el 3 y el 4 de febrero, regresando el presidente de este viaje, se produjo un levantamiento militar encabezado por un grupo de oficiales del ejército, de mediana y baja graduación (tenientes coroneles, mayores, capitanes y tenientes) reunidos en una agrupación llamada Comacate, y ejecutado con la participación de tropas de los cuarteles de Maracay, Maracaibo y Valencia. Los rebeldes se presentaron en la noche en La Casona, residencia del presidente, donde intentaron apresarlo, pero éste, ya en cuenta de que algo sucedía por información de su ministro de la Defensa, había hecho una breve escala allí y salido para el palacio de Miraflores. Por consiguiente, las acciones se concentraron poco después en el palacio presidencial.
El presidente, con el jefe de la Casa Militar, logró escapar y alcanzar una planta de televisión, Venevisión, canal 4, desde donde se dirigió a la nación a las 2 a.m. Informó al país de lo que sucedía, solicitó el apoyo popular y dio órdenes a los militares leales para que controlaran la situación. La imagen del presidente Pérez por los medios, las maniobras, tanto militares como persuasivas realizadas por el ministro de la Defensa, general Fernando Ochoa Antich, y la equivocación del comandante Hugo Chávez Frías, jefe de la insurrección, al no moverse de su centro de comando en el Museo Militar de La Planicie, para personalmente lograr la captura del presidente en Miraflores, han sido esgrimidos como los factores que obraron a favor de Pérez. En la mañana del 4 la ciudad de Caracas se encontraba de manera mayoritaria controlada por fuerzas leales al gobierno.
El presidente pudo entonces volver a Miraflores y desde allí dirigirse al país. Los rebeldes siguieron resistiendo unas horas más en algunos puntos estratégicos como el aeropuerto de La Carlota, en el corazón de la capital; pero hacia principios de la tarde, el teniente coronel Chávez se dirigió al país por televisión, para informar de su rendición y llamar a sus compañeros a deponer las armas con miras a evitar un derramamiento de sangre. Pese a fracasar, el golpe del 4 de febrero desencadenó un acelerado proceso de debilitamiento del piso político del gobierno y el surgimiento de actores y acciones que impulsarían cambios drásticos en el devenir político venezolano. El presidente Pérez, ante la precariedad con que se encontró por el respaldo popular que obtuvieron los rebeldes y las precisiones que se hicieron desde el Congreso contra el gobierno, en los días siguientes manifestó su voluntad de rectificar la política de ajuste. Desde entonces también se vio obligado a negociar con los partidos y las Fuerzas Armadas con el objeto de mantener el respaldo necesario para seguir gobernando. Y aunque obtuvo poco éxito, algunas de las acciones que se dieron entonces resultarían claves para lograr encauzar la crisis política de 1992 por canales institucionales.
En este orden de ideas destacó la conformación, poco después del fallido golpe, de un Consejo Consultivo con el fin de hacerle al Ejecutivo recomendaciones ante la situación crítica. Dicho Consejo fue presidido por Ramón J. Velásquez e integrado por Pedro Pablo Aguilar, Ruth de Krivoy, Domingo F. Maza Zavala, José Melich Orsini, Pedro A. Palma, Pedro Rincón Gutiérrez y Julio Sosa Rodríguez, la mayoría de ellos independientes que habían discrepado de algunas de las políticas del gobierno. A inicios de marzo esta Comisión presentó un documento al Ejecutivo donde confirmaban que la crisis en Venezuela era global, pero tenía especiales connotaciones en lo económico, social y ético. El Consejo se pronunció por una reforma constitucional en los meses próximos que llenase las expectativas de la población, hizo énfasis en la necesidad de extremar las medidas contra la corrupción, se pronunció por el saneamiento del Poder Judicial y la continuidad del proceso de descentralización. Hizo además un conjunto de recomendaciones puntuales, entre las cuales destacaban importantes modificaciones al programa económico. Entre ellas: la suspensión de los aumentos de gasolina hasta tanto no se estableciera un criterio racional que tomara en consideración la condición de país energético que tiene Venezuela; la estabilización de los precios de la «cesta básica» y de las medicinas, así como las tarifas de los servicios públicos y la detención de la apertura comercial compulsiva para el sector agropecuario hasta que fuese revisada por los productores y adecuada a las circunstancias y especificidades del país.La debilidad del gobierno también obligó a Pérez a hacer maniobras con la composición de su gabinete. Tres veces se dieron cambios en el mismo, aunque de poca trascendencia, para expresar una voluntad real del gobierno de rectificar su política de ajustes. Así las cosas, el 27 de noviembre se produjo la segunda asonada, esta vez con oficiales de alto rango de las 3 fuerzas.
La conspiración tuvo su epicentro en las bases aéreas ubicadas en el estado Aragua: Libertador y Sucre, de donde salieron temprano en la mañana varios aviones Bronco con destino a Caracas. Allí bombardearon el palacio presidencial, el Capitolio y una de las sedes de la policía política, la DISIP. Al mismo tiempo, grupos civiles tomaron una estación de televisión, así como el centro que permitía la transmisión de 3 de los 4 principales canales televisivos de Venezuela. Se pasó varias veces una alocución del comandante Chávez, el de la asonada anterior, llamando al pueblo a la subversión. Los rebeldes fueron rechazados por las fuerzas leales al gobierno, quienes a media mañana, manejando los aviones F-16, salieron en persecución de los Bronco y derribaron uno hacia el mediodía. Sometidas las fuerzas sublevadas, algunos se entregaron y otros huyeron al Perú. Además de las escaramuzas militares hubo saqueos esporádicos en Barinas, disturbios callejeros en Maracay y Valencia, y se produjo una masacre en el retén de Catia en Caracas, donde murieron más de 60 presos. Como dirigentes de la insurrección fueron señalados el general Francisco Visconti Osorio, jefe de logística del Estado Mayor Conjunto, el contralmirante Hernán Grüber Odremán de la Marina, el oficial de más alto rango y antigüedad de los sublevados y el contralmirante Luis Cabrera Aguirre.
Año 1993: el 20 de mayo: Uno de los logros derivados de la sostenida presión para cambios en el ordenamiento político por parte de algunos grupos de la sociedad fue la recomposición de la Corte Suprema de Justicia en 1992. Entre los promotores de esta iniciativa se encontraban personalidades reunidas en el llamado Grupo de los Notables; pero también contó con el apoyo y la movilización de muchas otras personalidades. Con una Corte recompuesta gracias al pase a retiro de algunos de sus miembros y su sustitución por otros magistrados independientes de los partidos, en marzo de 1993, el fiscal general de la República, Ramón Escovar Salom, solicitó un antejuicio de mérito al presidente Carlos Andrés Pérez por malversación de fondos públicos en el orden de Bs. 250.000.000 de la partida secreta. También consideró el fiscal que existía responsabilidad penal para los ex ministros Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo. El Tribunal de Sustansación de la Corte Suprema, admitió la petición y reabrió el caso que había sido declarado improcedente en febrero tras una primera demanda intentada por el partido La Causa R. La ponencia fue encomendada al presidente de la Corte, Gonzalo Rodríguez Corro. El 5 de mayo algunos diarios recogían el rumor de que la ponencia del magistrado Rodríguez Corro era desfavorable al presidente Pérez y que éste, al conocer del posible fallo, habría dicho que renunciaría. Es de destacar que por esos mismos días, una comisión especial del Congreso estaba terminando su informe donde también encontraban responsabilidades de Pérez, junto con otros altos funcionarios de su gobierno, por un fraude a la Nación de aproximadamente US $ 10.000.000. Planteada la posibilidad de que el presidente de la República pudiese ser sometido a juicio, la zozobra del país, adquirió ribetes dramáticos. El 20 de mayo, buena parte de los venezolanos detuvieron sus actividades cotidianas para escuchar la anunciada decisión de la Corte Suprema. A tempranas horas de la tarde, actuando como vocero de la misma, el magistrado Rodríguez Corro declaró con lugar la solicitud de antejuicio intentada el pasado 11 de marzo por el fiscal general contra el presidente y sus ex ministros Izaguirre y Figueredo.
El Senado se reunió al día siguiente y por unanimidad autorizó el juicio, asumiendo a continuación la presidencia del país, de manera provisional, el presidente del Congreso, Octavio Lepage. Poco después el Congreso eligió como sustituto definitivo del presidente a Ramón J. Velásquez. El presidente Velásquez tomó posesión el 5 de junio siguiente.
Otros aspectos significativos: el proceso de descentralización: En los últimos meses del gobierno de Jaime Lusinchi y los primeros de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez fue aprobado un conjunto de reformas políticas que iniciaron el proceso de descentralización político-administrativa del país. En diciembre de 1989 y en diciembre de 1992 tuvieron lugar los 2 primeros procesos electorales para la escogencia de gobernadores de estado y alcaldes. La difícil situación social y política de estos años afectó los resultados de ambos comicios, sobre todo a nivel regional, constituyéndose dichas elecciones en instrumentos para expresar el repudio al gobierno del presidente Pérez. En 1989 el partido de gobierno, Acción Democrática, perdió 9 de las 20 gobernaciones que controlaba; en 1992 perdió 14 de las 22 en disputa. También las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes comenzaron a expresar los nuevos desarrollos políticos regionales y locales: la emergencia de un nuevo tipo de liderazgo de arraigo regional o local, el surgimiento de organizaciones políticas alternativas a las tradicionales de AD y COPEI, y el ejercicio del poder en manos distintas a las que venían gobernando el país desde 1958.
Muerte del Ex -Presidente Carlos Andrés Pérez
Cientos de personas rindieron homenaje al dos veces presidente de Venezuela (1974-1979 y 1989-1993), al desfilar ante el féretro con los restos mortales de Pérez, fallecido el 25 de diciembre del 2010 de un ataque cardíaco,en la Ciudad de Miami,Estados Unidos.
El ex político fue velado en la funeraria Caballero Rivero Woodland, en el suroeste de Miami, y algunos de sus antiguos compañeros del partido Acción Democrática (AD) viajaron desde Venezuela para rendir un último tributo a Pérez
La familia de Pérez recibió mensajes de condolencia de los ex presidentes Felipe González de España, Alan García de Perú, George Bush y Jimmy Carter de EE.UU., Óscar Arias de Costa Rica, Fernando Enrique Cardoso de Brasil, el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, entre otros dignatarios, ex gobernantes y políticos.
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