Lineamientos de política económica para abatir el desempleo a partir de la solución de los problemas sustantivos de las empresas mexicanas (página 2)

Entorno teórico e institucional

Con objeto de tener referencias que muestren con evidencias claras el porqué existe esta situación y porqué se debe de corregir la política económica a la brevedad posible, así como enfatizar ciertas acciones de la misma, he creído conveniente presentar como primera referencia de manera sucinta la génesis del desarrollo empresarial mexicano, para que una vez conocido su origen, se pueda evaluar objetivamente su evolución y perspectivas en el futuro inmediato, en función de sus fortalezas y debilidades, es decir, su competitividad en el mundo globalizado de nuestros días.

En este contexto debemos comentar que las micro y pequeñas empresas mexicanas, (MYPES), objeto principal ( sin descuidar su vínculo adecuado con las medianas y grandes) de esta investigación en el periodo 1982-2002, por ser el primer eslabón de la cadena normativa que pretendo construir, surgieron y evolucionaron dentro del sistema capitalista, cuyas características es necesario conocer para detectar la viabilidad de su desarrollo y visualizar las posibilidades de hacerlas competitivas dentro de la globalización, última fase del capitalismo contemporáneo. En este sentido es conveniente señalar de manera resumida, por una parte, que el capitalismo es un sistema económico caracterizado por la reducida intervención del Estado en la economía y, por otra, por la movilidad del capital que supera los obstáculos de tiempo y espacio; opera en el mercado por medio de sus fuerzas concurrenciales: la oferta y la demanda, mismas que promueven la competencia permanente entre las empresas tanto para hacer eficiente la asignación de los factores productivos como para satisfacer las necesidades del consumidor. Los factores de la producción son de propiedad privada y generan un ingreso que garantiza cierta tasa de ganancias para sus dueños, que a su vez, les permite la acumulación y reproducción del capital. Lamentablemente la competencia, por un lado, provoca la desaparición de las empresas más débiles y, por el otro, fortalece a las triunfadoras que terminan operando como monopolios u oligopolios.

Estas características de operación del sistema expresadas a través de sus leyes económicas tienen su origen en tiempos remotos: desde que existe historia documentada del ser humano se observó y registró que tuvo que luchar para conseguir satisfactores que le permitieran sobrevivir, generalmente en condiciones adversas, ya fuera por el clima, la insuficiencia de bienes o por lo rudimentario de sus instrumentos para cazar, pescar, pastorear y sembrar la tierra. El grado de dificultad lo orilló a desarrollar su capacidad creativa , a volverse diestro en algo, situación que en alguna forma constituye el origen del trabajo especializado, actividad que en su momento le permitió obtener provecho de la naturaleza, como también del grupo en que convivía, donde se organizó para la defensa mutua y para manifestar su libertad de elegir la manera en que pensaba actuar para ganarse la vida, situación que lo llevó a la creación del estado de derecho y luego al régimen de propiedad privada, primero de la tierra y después del resto de los medios de producción, propiedad que evolucionó, se acrecentó y se perfeccionó con el sistema capitalista en que surgieron la clase patronal, las mercancías y los asalariados.

Este sistema opera a través de la interacción de dos fuerzas concurrenciales: La oferta y la demanda, cuya sincronización pudiera significar que la economía se halla en equilibrio, el cual generalmente no se alcanza por los motivos que describen a la perfección las leyes del capitalismo, entre otras, la propia ley de la oferta y la demanda, la de la movilidad y de acumulación del capital. El desequilibrio entre las fuerzas concurenciales genera crisis que a su vez repercute en los niveles de empleo de un país. De ahí que sea difícil que una economía opere a toda su capacidad y que mantenga niveles de empleo pleno en todas sus actividades durante largos periodos, salvo en ocasiones excepcionales.

La manifestación teórica-económica actual del capitalismo es el neoliberalismo globalizador que se expresa por medio de las actividades comerciales, financieras y tecnológicas de las empresas trasnacionales, principalmente. En este contexto es que la economía mexicana se gestó, evolucionó y alcanzó su madurez durante los últimos 24 años dentro del capitalismo, cuyo desempeño está por encima de fronteras físicas y limitan la capacidad de gestión de los Estados nacionales; ya que en el mejor de los casos, se ha subordinado o condicionado la estrategia de los programas de desarrollo de sus gobiernos a las perspectivas de los mercados internacionales, en los que las trasnacionales para mejorar su posicionamiento basado, entre otras acciones, en el sistema de producción posfordiano, incorporan ocasionalmente en países "emergentes" como México, a ciertas empresas medianas a sus sistemas de producción flexible , preferentemente industriales. Esto significa que reservan los mercados nacionales para la distribución y venta de sus bienes y servicios, en los que por cierto intervienen de manera complementaria, a manera de sobrevivencia , con la fortaleza que les da la facilidad con que pueden operar en cualquier sistema económico ( Lange: 1976) , por lo general sin la estrategia operacional que caracteriza a la gran empresa, sin apoyo institucional decidido y lamentablemente adecuado, las micro y pequeñas empresas, sobre todo las de los sectores comercio y servicios, en condiciones de marginación porque ellas como la mayoría de las micro y pequeñas industrias no son incorporadas a las cadenas productivas ni se benefician de las innovaciones tecnológicas que periódicamente aplican las trasnacionales para ser competitivas en los mercados internacionales con sus exportaciones, sector en que las micro y pequeñas unidades de producción mexicanas tienen una participación modesta.

Potencial de las micro y pequeñas empresas,MYPES

Como se indicó, estos estratos empresariales (Sánchez Barajas, 2005) constituyen el 98.6% del total de empresas registradas en el país, de ahí que simplemente por su número deberían de recibir atención institucional prioritaria, dado que representan la principal fuente de empleo por unidad de inversión en el país. Datos oficiales (INEGI/a, 1999) revelan que desde 1989 ocupan al 66.0% de los trabajadores registrados; por su esfuerzo productivo aportan el 25.0% del total de las remuneraciones y generar el 30.6% del PIB con sólo emplear el 27.0% del total de activos fijos netos de la planta productiva nacional.

Esta contraste en sus indicadores pone de relieve por una parte, el potencial que tienen para coadyuvar sustantivamente en la solución del problema crónico del desempleo en el país, por la otra, que hoy en día las MYPES están rezagadas en la capacitación de sus recursos humanos: apenas se capacita al 20.0% de sus directivos y técnicos, porciento que contrasta con el 70.0% de las grandes empresas (SE, 2003). Esto último aunado al desconocimiento que tienen del inventario nacional de innovaciones tecnológicas en los procesos de fabricación, de maquinaria y equipo eficientes y baratos para procesar materias primas e insumos nacionales, explica en parte el porqué las MYPES apenas aportan el 16.9% valor agregado censal bruto. No obstante lo anterior, es innegable que constituyen la principal fuente de empleo en el país.

Derivado de lo anterior, cabría preguntarse porque dentro del reducido margen de maniobra ( Saldaña, 2006) que le dejan los monopolios al gobierno mexicano, éste no ha diseñado una política objetiva de fomento para estos estratos. Al respecto, con el fin de brindar información para el diseño apropiado de la política económica, es conveniente decir que la última encuesta levantada por el INEGI/b (2002) sobre micronegocios en el país, ésta señala que están registrados 4.4 millones y que para alrededor del 80.0% de sus empresarios entrevistados, tres son sus problemas principales: la competencia excesiva, la escasez de clientes y las ganancias reducidas. Sólo el 11.1% de ellos considera que el crédito y la escasez de recursos económicos constituyen su principal problema. Como puede observarse sus problemas principales son estructurales y no operacionales, los cuales se derivan del modelo de economía establecido, mismo que además de constreñir la demanda nacional reduce los ingresos fiscales y limita la capacidad del Estado para apoyar las MYPES.

La realidad muestra palpablemente que esta política de estabilización económica establece que los aumentos salariales se fijen en función del índice inflacionario y no de la productividad de los trabajadores, situación que hace poco atractiva su capacitación, hasta podría pensarse que es innecesaria. Igualmente, al perder dinamismo el poder de compra y con ello los planes de expansión de las empresas, ocasiona que la contratación del crédito no sea vital para la operación y consolidación de las empresas, aun más, que en el ámbito de la tributación los impuestos directos e indirectos crezcan menos que el potencial que brindaría una economía con crecimiento significativo. En consecuencia, establecer programas de fomento para empresas que no venden a una población sin poder adquisitivo, ocasiona que no se aprovechen a plenitud los programas oficiales en vigor; es claro que al no haber demanda permanente las empresas quiebran y cierran provocando desempleo. Mi experiencia de campo revela que son pocas las micro empresas que operan y se consolidan después de dos años, la mayoría sólo dura en operación unos cuantos meses.

Consecuencias:

Lo anterior genera un círculo vicioso, limita la capacidad rectora del Estado en la economía, los pocos recursos fiscales se destinan a programas con metas coyunturales y no resolutivas de los serios problemas de las empresas , se cancela la posibilidad de aprovechar los recursos humanos capacitados, la recuperación de la inversión es insuficiente y no rentable, se pierde la cartera de clientes que garantiza la estabilidad de una empresa y, lo más preocupante, desaparecen los empleos permanentes, bien remunerados y con las prestaciones sociales de ley.

Al respecto, este espectro negativo en el ámbito económico lo resume el Dr. Eduardo Loría (2006) de la Facultad de Economía de la UNAM de la siguiente manera: " el desarrollo del país comenzó a presentar dificultades desde hace 22 años, ya que de 1982 a la fecha el PIB per cápita avanzó 0.6 por ciento anual, cifra varias veces inferior a la media de 3.0 por ciento reportada entre 1935 y 1981".

Por otra parte, es conveniente resaltar que centros como el Instituto Mexicano de la Juventud (El Financiero, 2006) informe que de acuerdo con los resultados de su encuesta del 2000: el 72% de los jóvenes entrevistados informaron que su empleo no tiene relación con los estudios que realizaron a nivel profesional o técnico, motivo por el cual considera que " la solución tal vez se encuentre en compartir plazas como sucede en Europa. Se comparte el empleo y el sueldo Cada joven trabaja cuatro horas diarias en vez de ocho."

Vista en esos términos la aplicación del gasto público en México luce inadecuada puesto que se eroga en programas educacionales y de desarrollo empresarial desarticulados entre sí e ineficientes porque no fomentan la creación de empresas sólidas ni incorporan al personal calificado a unidades de producción o de servicios relacionadas con su formación académica, es decir, porque el ejercicio del gasto público no ataca de raíz los problemas de desarrollo nacional.

Este diagnóstico urge que se tomen medidas correctivas a la brevedad posible, sobre todo sabiendo que los estímulos económicos para incrementar la competitividad de los factores de la producción no producen resultados inmediatos como exige la problemática nacional, de manera que aun cuando el nuevo Presidente cambie de política económica, de que le dé congruencia a los programas al instrumentarla, además de la reacción lenta de las fuerzas económicas, se enfrenta a serias limitantes de naturaleza estructural física, productiva y de servicios, mismas que se deben de atender para acelerar el crecimiento hasta quizás en dos años, mientras tanto,

Reflexión:¿ Qué hacer para resolver el problema del desempleo en el país?

La opinión generalizada indica que en el futuro inmediato seguirá vigente el modelo neoliberal y por ende tendrá prioridad la política económica de estabilización con crecimiento hacia afuera. En estas condiciones el Estado mexicano debe tener capacidad de respuesta al desafío que plantea el dinamismo en el crecimiento de la PEA, (Cadena, 2006) ya que pasará de 43 millones en 2005 a 64 millones en 2030, misma que posiblemente observe la siguiente composición estructural: 97.9% estén empleados y 2.1% estén desocupados. De los primeros, 4.1% serán patrones; 24.2% trabajarán por su cuenta; 61.1% serán asalariados; 8.3% trabajarán sin percepción monetaria alguna y quizás 0.2% estarán en el rubro de "otros trabajadores".

La situación es crítica porque muchos piensan que no habrá reformas estructurales en el corto plazo. La composición esperada en el poder legislativo del 2006 al 2012 no augura consensos expeditos entre las fuerzas políticas del país. En consecuencia, no hay una visión optimista sobre el establecimiento de condiciones técnicas ni productivas para dinamizar la economía; prevalecen la insuficiente y por consiguiente cara oferta de energéticos, la escasa inversión en investigación y desarrollo de la cual se deriva el rezago tecnológico, las prácticas empresariales no competitivas, la ausencia de infraestructura física, social y productiva competitivas, etc. situación que en parte explica que en México la tasa de desempleo haya aumentado anualmente de 3.8% en el año 2001 a 5.9% durante el 2004, la cual afortunadamente decreció a 5.6% en el 2005. No obstante en febrero pasado nuevamente registró un porciento parecido al de años anteriores:3.6% ; a nivel de perspectiva por el impacto que produce, es conveniente mencionar que en los Estados Unidos la tasa de desempleo en febrero pasado fue del 4.8%, superior a la estimada de 4.7%.

Esta situación corrobora la necesidad de diseñar una política autónoma hasta donde sea posible para disminuir la dependencia de la evolución de la economía norteamericana, la cual debe caracterizarse por una mayor intervención del estado en la economía con una política que además de estabilizar la economía también la dinamice con programas de mayor cobertura social y de protección a las MYPES para que efectivamente generen más empleo, para que la mayoría de ellas se vincule a las cadenas productivas y de servicios, así como para que mejoren su posicionamiento en las exportaciones directas o indirectas al mercado internacional.

Referencias para el diseño de una política económica que impulse el empleo basada en la solución de los problemas sustantivos de las empresas mexicanas.

1.- Conviene recordar lo señalado en párrafos anteriores: el INEGI desde 1992 viene dando a conocer la opinión de los empresarios de estos estratos sobres los principales problemas que les aquejan: Para la mayoría estos son: La competencia excesiva, la falta de clientes y por consiguiente las escasas utilidades que obtienen; o sea que la falta de crédito no es su principal obstáculo para operar competitivamente en un mercado globalizado. Lamentablemente ésta información no es utilizada en el diseño de las políticas de fomento de las MYPES.

2.- Su inobservancia será perjudicial para las MYPES y la normatividad que se implemente carecerá de visión sobre el futuro de la doctrina internacional que la sustenta: más mercado y menos Estado. El profesor John Gray de la London School of Economics ( 2004) señala que "el gobierno de Bush pasará a la historia como la administración que cavó la tumba del mercado libre global. Posiblemente sólo sea una cuestión de tiempo que los Estados Unidos dejen con un palmo de narices a la Organización Internacional de Comercio. En este caso, el comercio volverá a ser un asunto de negociaciones bilaterales entre gobiernos y bloques. El sistema internacional volverá a ser una sociedad de Estados soberanos."

3.- Con respecto al crédito, en todos lados se continúa insistiendo menos en el circulo de los microempresarios, en que su escasez es uno de sus principales problemas a resolver para hacerlos competitivos. Por ejemplo, hace apenas unos cuantos meses, cuando se inauguró el canal de televisión de MONITOR, si no mal recuerdo fueron invitados el primer día de su inauguración el C. Gobernador del Banco de México y el C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, quienes hablaron entre otras cosas, de la estabilidad macroeconómica y de que ya se estaba en condiciones de conceder un poco más de crédito, preferentemente para las MYPES. En esta perspectiva, no se ve próximo el desarrollo promisorio de las empresas puesto que institucionalmente se apuesta a soluciones que poco tienen que ver con los problemas principales de los diferentes estratos empresariales, en particular de las MYPES.

A mayor abundamiento, el 23 de marzo pasado el Periódico el Financiero publicó como principal noticia que " impulsará al país la expansión del crédito"

Suponiendo sin conceder que el crédito fuera uno de los principales problemas, La encuesta del último trimestre del 2005, cuyos resultados dio a conocer hace poco el periódico el Financiero (Redacción, febrero, 2006) revela al igual que las anteriores, que los proveedores constituyen la fuente principal de financiamiento para las empresas, seguidos por la banca comercial y, en menor medida, por el apoyo crediticio que otorga la banca de desarrollo. Esto parece contradictorio ya que dentro de la política de fomento, por una parte, se le concede una gran importancia al crédito y por la otra, éste no se asigna en cantidades significativas por la banca comercial que se supone debería de estar motivada por la política institucional de fomento; como tampoco de la banca de desarrollo. Agréguese que las tasas de interés como los esquemas de amortización del capital .no corresponden al concepto de "créditos preferenciales o blandos" que se usan para impulsar la economía, sino al deseo desmedido por obtener una intermediación financiera alta.

Propuesta

La solución al problema del desempleo se debe de fundamentar en una política de apoyo objetivo y sustantivo del Estado mexicano, la cual debe guardar congruencia con la situación real de los empresarios y no a ultranza, con los compromisos establecidos internacionalmente. Esta política debe establecer la competencia regulada sectorial, temporal y regionalmente entre las MYPES mexicanas. Para delimitar la acción del Estado, su intervención en la economía, su implementación debe sujetarse a las facultades que le fija la Carta Magna y a la normatividad establecida en la Ley Federal de Competencia, así como en las experiencias exitosas registradas, digamos, en España y en Estados Unidos.

Dar solución a los problemas torales de las MYPES es resolver problemas del tejido económico que se sustenta en el social y en el demográfico. El desarrollo económico de estas empresas es condición necesaria para el desarrollo social y garante de la paz social en el país.

Actividades específicas de los programas a instrumentar

1. El Estado por medio del Ejecutivo Federal formulará la reglamentación necesaria para normar la operación espacial, temporal y sectorialmente para cada uno de los tamaños de empresa.

2. Al contar con esos ordenamientos, conjuntamente con las agrupaciones de empresarios elaborará los programas de organización y administración suficientes para apoyar y supervisar a las empresas.

3. El Estado en coordinación con las organizaciones empresariales monitorearán de manera permanente el mercado para conocer las necesidades y preferencias de los consumidores, mismas que constituirán la base para actualizar la política, la normatividad y sus programas correspondientes de fomento selectivo entre las empresas, que en turno, de acuerdo con la demanda detectada, quizás nuevamente serían organizadas para competir rentable y abiertamente con un horario y en un espacio preestablecidos. El propósito es como dice Drucker: hay que fabricar lo que se vende, no vender lo que se fabrica.

4. En esta forma sin aumentarlo, se optimizará el modesto gasto público promoviendo selectivamente y no de manera indiscriminada como sucede en la actualidad, sólo las actividades económicas de interés prioritario para el consumidor. Ello no excluye la libertad de que las empresas operen en las que estimen conveniente, estén o no apoyadas institucionalmente.

5. Con esta programación espacial, temporal y sectorial, se garantizará que los micronegocios tengan clientes y que la competencia sea menor entre ellos.

6. La suficiencia presupuestaria para instrumentar la organización y administración institucional ahora sí hará posible que se aprovechen mejor los programas en vigor, tales como la vinculación de las MYPES con las medianas y grandes empresas por medio de las cadenas productivas y comerciales; el desarrollo empresarial; la formación de recursos humanos técnicos y directivos; de abasto y suministro de materias primas; asistencia técnica; su asociación en alianzas estratégicas comerciales, financieras y tecnológicas; los crediticios, etc. mismos que en la actualidad al no atacar de raíz los principales problemas de las empresas producen resultados modestos.

Alcance de esta política

Al resolverse los problemas principales de los empresarios con esta política de competencia regulada, indudablemente que aumentarán los niveles de empleo en las diferentes actividades que integran la economía mexicana. Para cuantificar su efecto se parte de la clasificación o estratificación empresarial. En el Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 1999 se establecieron los tamaños de empresa definidos por SECOFI en función del número de empleados para los siguientes sectores económicos:

Cuadro 5: estratificación por sector económico

Fuente: INEGI/1:Censos Económicos 1999. Micro, pequeña, mediana y gran empresa, p12.

En consonancia con lo anterior es interesante decir que la Encuesta Nacional de Micronegocios realizada por INEGI/a el año 2002, se informa que ese año estaban registrados 4.4 millones de micronegocios en el país. Claramente se observa que independientemente de que dichas empresas estén clasificadas en cualesquiera de los sectores económicos o tamaños de empresa anteriores, un cálculo sencillo pero ilustrativo muestra que si con esta política de fomento cada una de las empresas contratara un trabajador adicional, el número de asalariados aumentaría en 4.4 millones, cantidad que corrobora la capacidad de las MYPES para abatir el desempleo.

Dada la magnitud del impacto es conveniente reiterar que este es un documento en el que se sugieren políticas para mejorar el empleo, no establece metodología alguna para elaborar programas operativos, por consiguiente al no tener como fin último el exponer la metodología para elaborar los programas operativos, no hay una exposición rigurosa sobre las actividades , sobre su programación y presupuestación, mucho menos sobre su aplicación e incidencia en los resultados buscados. El cuidado especial se puso en el diseño de los lineamientos que caracterizan esta política.

Es indiscutible que en la fase de elaboración de los programas correspondientes será cuando se establezca una metodología adecuada para determinar con más precisión el impacto en el empleo y por consiguiente en el PIB; el aumento real puede ser mayor o menores que los 4.4 millones de empleos obtenidos y sin embargo, dado el gran número de estos estratos empresariales, cualesquiera que sea el dato definitivo siempre será importante porque dentro de la metodología a utilizar se incluirán no sólo el número de micronegocios, también la actividad económica ( existen unas que son intensivas en mano de obra, otras no), el monto de las inversiones públicas, cuantía de los programas de gasto específico y sus correspondientes multiplicadores del efecto que provocan en cada uno de los tamaños de empresa, entre otros.

• Evaluación: análisis de sensibilidad ex – ante

Sin modificar la normatividad existente, sin elaborar lineamientos adicionales en las leyes primarias, inclusive, sin cambiar de política económica en el corto plazo, el Estado puede instrumentar la política de competencia regulada con programas específicos para resolver los principales problemas de las MYPES. Bastará que su promoción y operación giren en torno a la Ley Federal de Competencia por constituir este ordenamiento el marco regulatorio a partir del cual el Estado puede alentar o restringir la libre competencia entre todas las empresas mexicanas en lugares y con horarios específicos para que tengan más clientes, para que se reduzcan los competidores y aumenten sus ganancias en beneficio de una vida prolongada de las empresas que, además de incrementar el empleo permanente y mejor remunerado, garantizaría la recuperación rentable de la inversión, pero sobre todo, las empresas aprovecharían de mejor manera los programas de fomento que los tres órdenes de gobierno tienen en vigor. Sin duda sus resultados serían mucho mejores, tanto los institucionales como los de las organizaciones empresariales y de las instituciones docentes y de investigación, dado que el entorno institucional favorable gestaría sinergias que coadyuvarían a aumentar la competitividad empresarial y el empleo de las MYPES, mismas que al ser por ejemplo, vinculadas a clusters, a cadenas productivas y de servicios y, en general a los esfuerzos que despliega actualmente la Secretaría de Economía y sus homólogas estatales y municipales, mejorarían su participación en la creación de la riqueza nacional, en su distribución equitativa y uso sustentable de los recursos naturales del país. Esta mejoría en su operación incrementaría sus activos fijos, el valor agregado que generan y podría convertirlas en la bujía del desarrollo sustentable con equidad y justicia social. .

Al ser la Ley Federal de Competencia un ordenamiento que tiene como objetivo principal el desalentar la creación de monopolios y por consiguiente, la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas, sus lineamientos dan la pauta para elaborar los programas regulatorios de la competencia entre las empresas. La experiencia exitosa del Estado interventor legislando y promoviendo la competencia regulada se localiza además del ordenamiento mexicano descrito, por ejemplo, en la Ley Antimonopolios de hace aproximadamente cien años en EEUU y recientemente, en España con la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, cuyos resultados convendría evaluar para derivar lecciones útiles para México.

Con esta propuesta realista y ecléctica, no se plantea el dilema entre el populismo y el estatismo, tampoco que debe existir más mercado que Estado, no, se sugiere que contando con la guía institucional, se indica cómo poner el mercado al servicio del empresario y del consumidor; independientemente de que se complemente con los mejores resultados obtenidos con los diversas programas aplicados en el pasado inmediato.

En este sentido convendría estudiar su vinculación con el programa OPORTUNIDADES, ya que el Estado no tienen como objetivo permanente toral el combate per sé a la pobreza, sino la mejoría en la calidad de vida de los mexicanos. Debe de haber un límite a partir del cual la población antes marginada ahora ya cuente con elementos que hayan mejorado su autoestima y desee formar su propio negocio. En este punto surgirá su vinculación con las MYPES como eslabón productivo que les permitirá generar sus propios ingresos en el mediano plazo.

Con este concepto de competencia regulada que tiene como eje rector la planeación espacial, temporal y sectorial por tamaño de empresa, se combinan en el corto plazo los beneficios de la teoría y de la práctica institucionales de manera preferencial para el mejor desarrollo independiente de las MYPES en el mercado interno y, en el largo plazo, su apertura al exterior mediante su vinculación en alianzas estratégicas, directa e indirecta con los programas de exportación de las grandes empresas que incursionan en el vasto mercado mundializado de la actualidad.

En esta forma se logra mejorar la competitividad macroeconómica y microeconómicamente, en virtud de que el Estado organiza, administra, fomenta, sugiere actividades y lugares que cuenten con demanda plenamente identificada; hace seguimiento, evalúa y actualiza pero nunca más produce ni manipula los precios del mercado. Microeconómicamente, porque no coarta la iniciativa de los empresarios, no restringe su libertad para elegir la actividad económica en la que se pretendan realizar, por el contrario, ahora si se preocupan por calificar a sus recursos humanos y obtener financiamiento para iniciar, consolidarse o ampliarse competitivamente en el mercado.

Factibilidad de esta política económica

1.- Los antecedentes internacionales y del país muestran que desde el momento que existe normatividad en la materia, prácticamente el problema en términos generales ya no es de legislación sino de operación, de elaboración, organización y de puesta en marcha de los programas antes mencionados, cuya justificación anual para darles suficiencia presupuestaria se hará en la exposición de motivos de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación. Por consiguiente ya no es necesario generar la idea y mucho menos consensarla entre los integrantes del Congreso de la Unión. Será responsabilidad del Ejecutivo instrumentarla por medio del ejercicio del gasto público en cada año fiscal. La Carta Magna y su derivación en La Ley Federal de Competencia acotarán la participación del Estado promoviendo con esta política el empleo a través de las micro y pequeñas empresas mexicanas.

Puesto que no se modificará la política económica nacional en el futuro inmediato, se continuará con la política laboral de contención salarial, con la restricción monetaria, con política fiscal de equilibrio presupuestal y la financiera de un menor endeudamiento externo e interno; en particular, si se hace referencia a la nueva ley para la elaboración del presupuesto de egresos federal que idealmente recomienda cero déficit. Dicho en otras palabras, no se perturbará la estabilidad macroeconómica ni las finanzas sanas del gobierno, sólo se optimizará la aplicación del gasto de fomento en programas para actividades de interés para los consumidores, es decir, que distribuyan mejor la demanda con procedimientos de organización y administración para incentivar la creación y comportamiento competitivo de las empresas, mismas que al contar con mercado para sus bienes y servicios tomarán el riesgo de reinvertir sus utilidades y contratar más personal para la expansión de su aparato productivo o distributivo.

En esa forma se dará respuesta a la pregunta que se hace sobre cómo crecer más rápido. Definitivamente la proliferación de empresas sanas y con perspectivas de crecimiento en un plano de competencia regulada además de resolver el problema del desempleo, gradualmente eliminará las profundas desigualdades económicas, sociales y políticas que prevalecen en la sociedad mexicana. Así, el objetivo de crecer con estabilidad se alcanzará a través de la consolidación y aumento de empresas exitosas que al tener una demanda permanente serán la piedra de toque para asegurar el crecimiento y desarrollo nacional.

2.- El grado de intervencionismo de Estado mexicano que se sugiere es menor al que practica el Estado chino, cuya política económica es instrumenta por un solo partido político, que a través de una planeación centralizada utiliza instrumentos distintos a los convencionales en el "mundo occidental" para atraer inversiones foráneas en grandes cantidades y para dinamizar su economía, la cual sin haber dado el gran salto tecnológico que recomiendan los manuales de desarrollo económico, registra tasas de crecimiento de alrededor del 9% y en el año 2010 será la primera exportando, situación que repercutirá en una mejor calidad de la vida de su sociedad.

La intervención del Estado mexicano continuará siendo congruente con las recomendaciones de las modernas teorías de la competitividad, en virtud de que en México como en Estados Unidos el Estado creará la normatividad para gestar el entorno macroeconómico favorable, además de supervizar la buena marcha de las empresas.

2.1.- En este sentido es que la actual discusión sobre el contenido de las reformas que deben de hacérsele a la Ley Federal de Competencia para mejorar su normatividad, fortalecerá su capacidad para acotar mejor el intervencionismo del Estado y las maniobras de las empresas, es decir, cuidará que no se violen las garantías jurídicas contenidas en la Carta Magna, como que su alcance favorezca la eficiencia de los mercados. Parece haber consenso en torno a que el desplazamiento sea parte esencial de la competencia, así como la libertad de sustituir un bien o servicio por otro de origen nacional o extranjero con objeto de que se atienda la demanda oportunamente y no ocasione manipulaciones lucrativas en los precios, derivadas de su escasez relativa o transitoria.

3.- El análisis reciente de los resultados y en particular de la opinión de los empresarios entrevistados cuando el INEGI realizó la Encuesta Nacional de Micronegocios el año 2002, muestra que los empresarios sin apoyo institucional ya iniciaron un cambio territorial de sus escalas de producción o de distribución, debido a la excesiva competencia que lejos de producir un crecimiento vigoroso en sus empresas, ha generado una modesta rentabilidad empresarial, la cual ha ocasionado su desplazamiento geográfico hacia lugares con mayor demanda efectiva, dentro de los que destacan Jalisco, Baja California y Veracruz. (Gutiérrez, 2006)

Este cambio de residencia de las empresas obligadas por la falta de oportunidades en el lugar de su creación, fue externada por un número significativo de empresarios, urgidos por recuperar su inversión, dar empleo y contar con un ingreso que les permita realizarse. Esta rotación debe apoyarlo el Estado con una política económica basada en la planeación espacial, temporal , sectorial y por tamaño de empresa como la descrita en párrafos anteriores.

Es indudable que al vincular estos estratos empresariales con los de la mediana y gran empresa a través de una política integral planteada en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, que contenga los incentivos para su crecimiento, los resultados serán más importantes puesto que al mejorar el poder de compra y reducir la competencia entre las empresas, aumentarán los planes de expansión empresarial en espacios que cuenten con demanda identificada por el Estado y las organizaciones empresariales, situación que provocará en consecuencia un mayor dinamismo y empleo remunerado para la clase trabajadora mexicana.

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DR. Genaro Sánchez Barajas, FACULTAD DE ECONOMIA/UNAM – 04455 14732231 Y 56744515