Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos

1. Antecedentes Generales

En Agosto de 1999, el Supremo Gobierno presidido por Eduardo Frei Ruíz – Tagle convocó, a través del Ministro de Defensa Nacional, Sr. Edmundo Pérez-Yoma a una "Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos" con el fin de "dialogar sobre el pasado que a todos nos duele; a mirarnos de frente, a conversar con franqueza; a decirnos y escuchar nuestras verdades y a hacer todos los esfuerzos que demanda el futuro compartido de la nación…", sin olvidar que "una tarea pendiente es saber la suerte y paradero de los detenidos desaparecidos y recuperar sus cuerpos para que sus familiares le den sepultura…"

Vale la pena señalar que Pérez Yoma invita a los participantes a abordar la "problemática de los DDHH" desde diferentes perspectivas o ámbitos de acción ; la revisión histórica, la verdad, la justicia, el perdón y la reparación.

Para el logro de este fin, el ministro Pérez – Yoma invitó a representantes de distintas esferas; del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, de Carabineros de Chile; también convocó a lo que él llamara "fuerzas morales", es decir, la Iglesia Católica, la Comunidad Judía, la Iglesia Protestante, la Masonería. A ellos, se sumó un sector de los abogados de familiares de detenidos y ejecutados políticos, representantes del "mundo de las ciencias y artes", es decir, un escritor, dos historiadores, un científico y una psicóloga.

Destacamos, que los familiares de detenidos desaparecidos, rehusaron la invitación a participar en esta "Mesa". Según Mireya García, vicepresidenta de la "Agrupación de detenidos Desaparecidos" la razón de la no participación de esta agrupación, obedece a que :"Es improcedente que el Gobierno pretenda encontrar vías de solución a los casos de Detenidos Desaparecidos, que no sean las legales. Nuestras leyes, nuestros tribunales deben ser los encargados de hacer justicia, frente a las atrocidades cometidas. No es necesario ni ético buscar instancias paralelas…"

1.2 Participantes

La "Mesa" estuvo compuesta por las siguientes personas:

Convocantes:

Edmundo Pérez Yoma, Ministro de Defensa Nacional.

Angel Flisfisch Fernández, Subsecretario de Aviación.

Luciano Foulliuox Fernández, Subsecretario de Carabineros.

Mario Fernández Baeza, Asesor Ministro de Defensa Nacional.

Expositores: (ordenados por fecha de exposición)

31 de Agosto:

Pamela Pereira: Abogada de derechos humanos, miembro del Partido Socialista.

Gonzalo Vial: Historiador y abogado, ex ntegrante de la Comisión Verdad y Reconciliación, uno de los autores del "Libro Blanco de la Junta Militar".

Juan Carlos Salgado: Brigadier General del Ejército, director del Centro de Estudios e Investigación Militar (CESIM).

Guillermo Blanco: Periodista, Premio Nacional de Periodismo 1999

Sergio Valech: Obispo auxiliar de Santiago, Vicario de la Pastoral Social, ex Vicario de la Solidaridad.

7 de Septiembre:

Jaime Castillo Velasco: Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y miembro del Partido Demócrata Cristiano.

Alex Waghorn: Contra almirante de la Armada, jefe de la Primera Zona Naval.

Sol Serrano: Historiadora, ex integrante del Consejo Nacional de Televisión representando al Partido Demócrata Cristiano.

Neftalí Aravena: Obispo de la Iglesia Metodista de Chile.

14 de Septiembre:

Claudio Teitelboim: Físico, Premio Nacional de Ciencias.

José Ignacio Concha: General de Brigada de la Fuerza Aérea de Chile, jefe de personal de la FACH y comandante en jefe de la Segunda Brigada a cargo de la guarnición aérea de la Región Metropolitana.

Héctor Salazar: Abogado de derechos humanos, integrante del equipo jurídico de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) y ex colaborador de la Vicaría de la Solidaridad.

Elizabeth Lira: Psicóloga, ex colaboradora de FASIC y del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS).

Jorge Carvajal: Gran Maestro de la Masonería.

24 de septiembre:

Roberto Garretón: Abogado, Relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Congo.

Reinaldo Ríos: General de Carabineros, jefe de la Dirección de Drogas y Prevención Delictual.

Dany Simonsohn: Presidente de B’nai B’rith Internacional (remplazado por Leon Cohen en la última sesión).

José Zalaquett: Abogado, ex miembro de la Comisión de Verdad y Reconciliación, miembro del Partido Por la Democracia (PPD).

Coordinadores: (designados para dicha función por el Ministro de Defensa Nacional el 27 de agosto de 1999.)

Gonzalo Sánchez García-Huidobro: Abogado, secretario general de la Universidad Alberto Hurtado.

Jorge Manzi Astudillo: Psicólogo, ex director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica.

Las primeras sesiones de la "Mesa de Diálogo", se produjeron en un contexto de mucha expectación, con manifestaciones de repudio en la calle por parte de organizaciones de derechos humanos y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Sin embargo, "la mesa" sesionó entre el 21 de Agosto de 1999 y el 13 de Junio del 2000, llegando a un acuerdo cuyas conclusiones han sido variadas.

1.3 Respecto de la Participación de las FFAA y de orden en la "Mesa".

En la exposición inicial del Ejército ante los integrantes de la mesa se dejó constancia explícita de las motivaciones y propósitos que animaron la decisión de su participación. En tal sentido señalaron que, "como ha sido durante toda su conducta histórica, el Ejército de Chile se encuentra profundamente comprometido con el futuro de nuestro país; en tal sentido, tanto las funciones manifiestas que se le asignan en la Carta Fundamental y cuerpos legales vigentes, como las funciones latentes, que son las que la sociedad chilena percibe que deben cumplir sus Fuerzas Armadas, tienen una fuerte vinculación con la unidad e intereses nacionales…"

En relación al objetivo de la participación de uniformados en la "Mesa", señalaron : "desde un principio nuestro objetivo en la Mesa de Diálogo fue amplio, pues se refería justamente a aquellos anhelos que, como país, todos debemos perseguir: el logro de la paz social y la identificación de cada chileno con la patria. Las debilidades en estos consensos básicos, sostuvimos, afectan la convivencia nacional, la imagen del país, su desarrollo y, por ende, la defensa nacional, que es la esfera de acción más propia en que se desenvuelven nuestras Fuerza Armadas…"

En cuanto al tema de los DDHH en Chile, señalaron. " el tema de los derechos humanos no puede limitarse sólo a un enfoque parcial e interesado, como tampoco que sea monopolizado por un sector específico de la sociedad. Ello, por cuanto la problemática afecta sin duda a todas aquellas particulares ideologías y organizaciones políticas que de algún modo los han atropellado, o que contribuyeron directamente a que en una etapa de nuestra historia fueran vulnerados. Asimismo, su respeto y protección interesa a todos los chilenos; promoverlos es un deber de cada ciudadano. Es en razón de lo anterior que estamos sinceramente convencidos de que la responsabilidad de los sucesos acaecidos en las últimas décadas no sólo involucra a miembros de las instituciones de la defensa y a civiles que, en su momento, optaron por la lucha armada, sino que incluye a los actores de todo el cuerpo social que, por acción u omisión, crearon las condiciones que desembocaron en los hechos de todos conocidos…"

2. El Acuerdo Alcanzado

El 13 de Junio del año 2000, en una ceremonia y rodeado de los 24 integrantes de la Mesa de Diálogo, el Presidente Ricardo Lagos dio a conocer el acuerdo final: se determinó un plazo de seis meses para que las Fuerzas Armadas, representantes del poder civil y religioso entreguen antecedentes para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos, manteniendo el anonimato de las fuentes, y una condena al uso de la violencia política en todos sus géneros.

A continuación se expondrá el documento emitido por los participantes :

1.REFLEXIONES FUNDAMENTALES

"La Mesa de Diálogo fue convocada por el Supremo Gobierno porque subsiste entre los chilenos un desencuentro que dificulta que el país avance unido hacia el futuro.

Chile sufrió, a partir de la década de los 60, una espiral de violencia política, que los actores de entonces provocaron o no supieron evitar. Fue particularmente serio que algunos de ellos hayan propiciado la violencia como método de acción política. Este grave conflicto social y político culminó con los hechos del 11 de septiembre de 1973, sobre los cuales los chilenos sostienen, legítimamente, distintas opiniones.

Sin embargo, hay otros hechos sobre los cuales no cabe otra actitud legítima que el rechazo y la condena, así como la firme decisión de no permitir que se repitan. Nos referimos a las graves violaciones a los derechos humanos, en que incurrieron agentes de organizaciones del Estado durante el gobierno militar. Nos referimos también a la violencia política cometida por algunos opositores al régimen militar.

En especial nos preocupa hondamente la tragedia, aún no resuelta, de los detenidos desaparecidos. Es imperativo y urgente contribuir a superar este problema. Ello requiere de parte de todos un espíritu de grandeza moral que nos permita concordar medidas efectivas para ese fin.

Con miras a propiciar dicho espíritu y, en general, de avanzar hacia un reencuentro nacional, representantes de las FFAA y Carabineros, abogados de derechos humanos, autoridades de entidades éticas y personeros de la sociedad civil, han trabajado por largo tiempo en esta instancia de diálogo, reconstruyendo espacios de confianza sobre la base de la tolerancia y la franqueza.

Debemos comenzar por explicitar las lecciones morales que se desprenden de nuestra historia reciente:

El país necesita hacer todo lo humanamente posible para que nunca más se recurra a la violencia política o se violen los derechos de las personas en nuestra patria.

Reafirmamos que es condición del estado de derecho que el ejercicio legítimo de la fuerza quede entregado exclusivamente a los órganos competentes en un sistema democrático, como también el rechazo absoluto de la violencia como método de acción política. Se hace indispensable desterrar y rechazar, de manera categórica, cualquier forma de acceso al poder por vías distintas de las democráticas.

Aseveramos, asimismo, que la defensa del estado de derecho y en particular el respeto de los derechos fundamentales de todos los habitantes de la República, en todo tiempo y circunstancia, es sustento ético de las instituciones de la Nación.

Es necesario formar y educar a nuestras generaciones futuras en el debido respeto de los derechos de las personas. Para ello, se deben incorporar o reforzar, en todos los ámbitos de la enseñanza nacional, los contenidos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

La solución del problema de los detenidos desaparecidos requiere de la ubicación de sus restos mortales, cuando ello sea posible, o que se establezca, en todo caso, su destino. Si conseguimos ese objetivo habremos cumplido con el deber de dar paz de espíritu -en alguna medida- a sus familiares. Sin embargo, la necesidad de conocer el paradero de los detenidos desaparecidos trasciende ese deber; también tiene como propósito que el país tome conciencia, de manera concreta, de aquello que no debe repetirse.

CONTENIDOS PRINCIPALES DE UN COMPROMISO PARA SER ASUMIDO POR EL PAIS ENTERO

Con el fin de superar los problemas del pasado y avanzar hacia el reencuentro de todos los chilenos, llamamos a realizar un gran esfuerzo nacional que comprometa muy activamente a las más altas autoridades del país, a las instituciones civiles, militares, religiosas y éticas, así como a la comunidad nacional en su conjunto, en la tarea de encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o, cuando ello no sea posible, obtener al menos la información que permita clarificar su destino.

Condiciones generales sobre la información:

– Con el objeto de obtener información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos, proponemos que se dicten disposiciones legales que establezcan el secreto profesional en los términos que se señalan más adelante.

– La Mesa de Diálogo declara que quien oculte la información que pueda tener sobre el paradero o suerte de los detenidos desaparecidos incurre en una conducta moralmente condenable y antipatriótica, sin perjuicio de que ella puede ser constitutiva, de acuerdo a la legislación vigente, de los delitos de perjurio, falso testimonio u obstrucción a la justicia. Igualmente, quienes entreguen información falsa o tendenciosa, pueden incurrir en los delitos de calumnia o denuncia calumniosa.

Respecto de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile:

– Las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros se comprometen solemnemente a desarrollar, en un plazo de seis meses, desde que entre en vigencia la legislación que proponemos, los máximos esfuerzos posible para obtener información útil para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino. La información que por esta vía obtengan, será entregada al Presidente de la República.

– Las personas que reciban o recaben esta información estarán amparados por el secreto profesional, conforme al cual no estarán legalmente obligados a señalar su fuente, quedando de este modo en reserva la identidad del informante. Quienes violen este secreto profesional deberán ser sancionados de acuerdo a la legislación vigente.

– La Mesa de Diálogo acoge la afirmación de los mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en el sentido de que sus respectivas instituciones no cuentan actualmente con esa información, pero están dispuestas a colaborar en su obtención.

Respecto de las instituciones religiosas y éticas presentes en esta Mesa de Diálogo:

Las autoridades de instituciones religiosas y éticas presentes en la Mesa de Diálogo, se comprometen a colaborar en esta tarea en el mismo plazo establecido. Asimismo, promoverán mecanismos para que sus respectivas instituciones puedan recibir información útil y conducente, que se quiera hacer llegar por esa vía, para lo cual gozarán igualmente de la facultad legal de no revelar sus fuentes de información. La ley deberá establecer las categorías de personas que detentan las prerrogativas del secreto. Los antecedentes que por esta vía se obtengan, serán entregados al Presidente de la República.

Respecto de los poderes del Estado, se solicita lo siguiente:

Al Poder Ejecutivo:

– Que proponga, en el más breve plazo posible al Congreso Nacional y con la urgencia del caso, las modificaciones legales necesarias con el objeto de establecer el secreto profesional para quienes reciban o recaben información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.

– Que disponga de los recursos materiales y humanos que requieran las diferentes instancias y organismos que estén llamados a participar en este Esfuerzo Nacional.

– Que solicite a la Excelentísima Corte Suprema la designación de los Ministros en Visita que correspondan, una vez recibida la información pertinente.

Al Congreso Nacional:

– Que otorgue la máxima prioridad al proyecto de ley que proponga el Presidente de la República en orden a establecer el secreto profesional.

A la Corte Suprema de Justicia:

– Que designe Ministros en Visita a fin de que se aboquen y otorguen especial atención a las causas que, con motivo de la información remitida por el Presidente de la República, sea necesario instruir para los fines de aclarar el paradero de los detenidos desaparecidos. En aquellos casos en que la nueva información corresponda a procesos que se encuentran en actual tramitación, ésta deberá remitirse al tribunal correspondiente.

– Que instruya a los Ministros en Visita para que las causas sean tramitadas con la mayor expedición posible, especialmente en lo referente a la localización, exhumación, identificación, establecimiento de la data y causas de la muerte, así como la entrega de los restos a sus familiares, todo ello de acuerdo con la legislación vigente.

Solicitamos al señor Presidente de la República, como máxima autoridad de la Nación, que una vez finalizada la vigencia de las medidas propuestas, evalúe los resultados del conjunto de estos esfuerzos y, si lo estima necesario, las prorrogue por otros seis meses.

Le solicitamos asimismo, que luego de esa evaluación y si lo estima necesario, impulse medidas complementarias para conseguir los objetivos propuestos. Con ese fin, la Mesa de Diálogo pone a su disposición el conjunto de sus estudios y debates sobre medidas analizadas, aunque no acordadas, que pudiere considerar viables.

CONSIDERACIONES FINALES

Con esta declaración se pretende asumir nuestro pasado. Comprendemos que es injusto traspasar a los jóvenes los conflictos y divisiones que han dañado al país.

El espíritu que nos anima es legar a las nuevas generaciones de chilenos una cultura de convivencia basada en la libertad, la verdad, la tolerancia y el respeto.

La Mesa de Diálogo estima que, sobre estas premisas se pueden crear las condiciones que efectivamente contribuyan a la unidad nacional y a profundizar las bases de la convivencia entre todos los chilenos."

3. Repercusiones del Acuerdo

3.1 Abogados de Derechos Humanos

Los primeros en dar su opinión acerca del acuerdo logrado por los participantes de la mesa de diálogo fueron los abogados pertenecientes agrupaciones de derechos humanos cuyas causas se encuentran aun en tribunales. Con fecha un importante grupo de abogados señalaron: " En esta instancia no estuvieron, ni participaron representados, quienes tienen el más legítimo derecho a pronunciarse sobre las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, esto es las Agrupaciones de Familiares de las Víctimas de dichas violaciones. Tampoco estuvieron representados los abogados de derechos humanos que creemos necesariamente en la justicia como el único medio de reparar los aberrantes crímenes cometidos y como el mejor mecanismo para llegar a la verdad."

"Los abogados presentes en esta Mesa han actuado a título estrictamente personal ya que sus planteamientos no representan el compromiso que desde siempre y en forma inalterable hemos mantenido los abogados de derechos humanos, ni reflejan el contenido de la Doctrina Internacional de los derechos humanos contemplada en los diversos Tratados y Convenciones vigentes aprobados por la comunidad internacional y ratificados por Chile."

"Esta Mesa se autoarroga la representatividad de la sociedad civil, sin tenerla, la cual por el contrario a lo concluído por esta instancia, en repetidas oportunidades incluso en los actos de proclamación del actual Presidente, se ha pronunciado masivamente por la verdad, la justicia, expresada en la demanda de juicio a Pinochet."

Respecto del contexto histórico, como parte fundamental de la discusión sostenida, los abogados concluyen: " El mencionado documento incurre en una grosera tergiversación histórica al explicar el Golpe de Estado que derrocó al Presidente Salvador Allende como una consecuencia de la "espiral de violencia política" que se habría iniciado en la década de los 60, minimizando igualmente la gravedad de tal acto de fuerza al calificarlo simplemente como " los hechos del 11 de septiembre de 1973", "hechos" que los autores de la declaración se encargan de legitimar. Igualmente, nos preocupa de manera especial que la declaración de la Mesa de Diálogo reduzca las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Dictadura solo a ciertos "agentes de organizaciones del Estado", pasando por alto que dichas violaciones tuvieron un carácter sistemático siendo planificadas, ordenadas y ejecutadas por las más altas autoridades valiéndose de todos los medios que les proporcionaba el poder del Estado. Tal criterio es contrario a lo señalado por el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación el cual arroja una gran conclusión respecto al carácter y naturaleza de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país " que en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, existió una situación de violación grave, masiva y sistemática de los derechos humanos", lo cual constituyó terrorismo de Estado, incluso realizando acciones que violaron la soberanía de otros Estados."

Respecto a las propuestas formuladas por los participantes de la mesa, señalan : "el "compromiso" asumido por los integrantes de la Mesa de Diálogo se traduce exclusivamente en un llamado a " encontrar los restos de los detenidos desaparecidos" o a " clarificar su destino" dejando absolutamente de lado la necesidad de hacer justicia en esta materia, como lo exigen por lo demás los tratados internacionales sobre derechos humanos en que Chile es parte.Las medidas que propone la Mesa de Diálogo para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos, y no para hacer justicia, conducen directamente a la más abierta impunidad: por una parte, se dejaría en manos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, principales responsables de los ilícitos cometidos, la tarea de recopilar información útil al efecto; por otra se garantizaría la reserva de la identidad de los informantes, incluso de aquellos que hayan sido responsables de los graves delitos cometidos en contra de los detenidos desaparecidos. Y la culminación de todo esto sería la designación de Ministros en Visita, cuya función se limitaría a: aclarar el paradero de los detenidos desaparecidos, cumpliendo una labor meramente arqueológica, renunciando a su deber jurisdiccional básico de conocer, juzgar, y hacer ejecutar lo juzgado. De concretarse las medidas propuestas por la Mesa de Diálogo, la que ha contado con el impulso y beneplácito de la derecha, es de temer un rápido punto final a través de la aplicación de la autoamnistía de 1978, en los numerosos procesos criminales seguidos en contra de Augusto Pinochet Ugarte y otros responsables de secuestros, asesinatos y torturas, perpetrados durante la dictadura militar."

Los abogados, declaran públicamente que el "espíritu" de la mesa, está dado por el mantenimiento de la injusticia y la impunidad, declarando los siguiente : " En relación al espíritu de la Mesa Consecuente con lo anteriormente mencionado, los integrantes de la Mesa de Diálogo manifiestan, que los anima el espíritu de " legar a las nuevas generaciones de chilenos una cultura de convivencia basada en la libertad, la verdad, la tolerancia y el respeto", pero olvidan, por completo, cualquier referencia a una cultura fundada en la justicia. Finalmente denunciamos el verdadero móvil de la Mesa de Diálogo, cual es el de obtener que el máximo tribunal de nuestro país, la Corte Suprema de Justicia revoque la decisión histórica del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, que aprobó el desafuero de Augusto Pinochet Ugarte. En consecuencia llamamos a los chilenos y chilenas a rechazar los acuerdos de la Mesa de Diálogo por ser todos ellos contrarios a los postulados fundamentales de los derechos humanos y que solo tienden a entorpecer los logros ya obtenidos en esta difícil lucha de años por la verdad y la justicia valores inalienables para la construcción de una verdadera y auténtica democracia en nuestro país."

3.2 Declaraciones del ejército de Chile en relación al acuerdo final.

El Ejército declaró públicamente su satisfacción por la participación que la institución tuvo en la "Mesa", señalando que la principal motivación para participar de ella era "el compromiso con el futuro del país y el permanente afán de contribuir a crear mejores condiciones de entendimiento, reconciliación y unidad familiar…".

En un artículo publicado por FLACSO – Chile llamado "Nuevo gobierno : desafíos de la reconciliación. Chile 1999 – 2000", fuentes del ejército señalaron: "Independientemente de los juicios u opiniones que legítimamente puedan tener quienes no participaron o no se sintieron representados en esta instancia de diálogo, respecto de la forma en que la declaración recogió las reflexiones sobre el contexto histórico o del reconocimiento de los hechos que inciden en el desencuentro que motivó la convocatoria de la Mesa de Diálogo, el Ejército de Chile sostiene que no se puede pretender que la violencia en general y las violaciones de los derechos humanos en particular correspondan sólo a una parte de nuestra sociedad, ni menos que ésta pueda continuar dividida entre víctimas y victimarios…"

"En ese contexto, los integrantes de la mesa nos esmeramos en sustraemos de una visión de "suma cero" que algunos sectores aún mantienen respecto de sus posibles resultados; los fines que se buscaron siempre excedieron los intereses de las partes involucradas, ya que es con la sociedad toda con la cual nos hemos comprometido al entrar en esta instancia de diálogo…"

En relación al acuerdo alcanzado por sectores tan disímiles ideológicamente señalan :"Asumida una responsabilidad compartida en torno a los hechos más graves que afectaron nuestra convivencia nacional, resultaba imprescindible concitar la adhesión mayoritaria de todos los sectores para enfrentar con generosidad, coraje y decisión medidas que eviten que persistan en el tiempo situaciones cuya evolución podría desencadenar en inestabilidad o en un clima de confrontación político social que nadie desea para el país y que las futuras generaciones no merecen heredar…"

3.3 Intervención del Presidente de la República

Una vez conocido el "Acuerdo" de los participantes de la "Mesa", el Presidente de la República, se manifestó públicamente a través de un discurso pronunciado vía cadena nacional de televisión; en un clima social cargado de incertidumbre y de contramanifestaciones, Lagos indicó : "Hoy estamos dando un gran paso en el camino de nuestra reconciliación como nación. He recibido los acuerdos de la mesa de Diálogo, con los que se ha concluido un trabajo serio, dedicado, que se prolongó durante varios meses.

En esta mesa están presentes abogados defensores de casos de derechos humanos, representantes de las Fuerzas Armadas, representantes de la diversidad religiosa, cultural, política de nuestro país, intelectuales y científicos. La diversidad de Chile, esa diversidad que es la riqueza de la patria, se expresó en estos 24 hombres y mujeres.

Fueron capaces de llegar a un texto de acuerdo, que es lo que se me ha entregado y que -por cierto- daré a conocer a la ciudadanía." Asimismo señaló que "Este acuerdo no establece una historia oficial ni puede haber una historia oficial, porque nunca en nuestra historia ha habido una sola versión sobre los hechos del pasado…" dando cuenta así de la dificultad para el logro de los acuerdos y la necesidad de hacer una revisión histórica de los sucesos acontecidos antes y durante la dictadura militar.

4. Resultados de la Mesa tras seis meses de investigación

La información que las Fuerzas Armadas entregaron al Presidente Lagos sobre el destino y paradero de 200 detenidos desaparecidos de un total de 1,009 casos contenidos en el Informe Rettig, fue recopilada durante seis meses por las Fuerzas Armadas como parte de los compromisos asumidos en la Mesa de Diálogo en la que participaron diferentes confesiones religiosas como la católica, la evangélica, la masona y la judía, quienes tenían información sobre los detenidos desaparecidos por el papel que jugaron durante el régimen militar. 180 de estos casos se encuentran individualizados con nombre completo y fecha de muerte, y los otros 20 no han podido ser identificados.

Algunos de los resultados se produjeron entre Enero, y Marzo; se encontraron restos óseos en Cuesta Barriga. Los resultados entregados por el Servicio Médico Legal (SML) determinaron que por lo menos dos de los cadáveres correspondían a los dirigentes del Partido Comunista, Horacio Cepeda Marincovick y Juan Fernández Ortiz Letelier, hecho que otorgó credibilidad inicial al informe de las Fuerzas Armadas y al proceso llevado a cabo por la Mesa de Diálogo Cepeda Marincovick y Fernández Ortiz Letelier, entre otros 13 miembros del Comité Central del Partido Comunista, fueron detenidos y desaparecidos en 1976.

No obstante, y con posterioridad a estos primeros resultados, el trabajo del SML se vió obstruido al comprobarse que nuevos hallazgos de restos de personas desaparecidas y ejecutadas no eran ubicadas en los lugares señalados por los oficiales de las Fuerzas Armadas. Los primeros en poner en duda la veracidad de la información, fueron los familiares de las víctimas.

Según los grupos de derechos humanos y de familiares de las víctimas, la información entregada al Presidente Lagos por las Fuerzas Armadas "ha sido falsa y tiene como objeto establecer las bases para el punto final". En este sentido se trataría de un "fraude" a la opinión pública y una maniobra para restar credibilidad a las organizaciones encargadas de las investigaciones.

Por su parte, sectores políticos conservadores consideran que en esta materia son intereses políticos los que alargan artificialmente el debate en torno a temas de derechos humanos. Sin embargo, el Gobierno desechó dicha hipótesis. Declaró que se hacen los más grandes esfuerzos para solucionar el problema, por lo que se estudia el establecimiento de algún tipo de reparación para las víctimas o sus familiares. Asimismo, informó que se ha presentado una solicitud para revivir la extinta Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que hasta diciembre de 1996 era la encargada de gestionar esos beneficios en base al informe de la Comisión Rettig.

Por otro lado, el sobreseimiento de casos en trámite ante las cortes marciales, en particular el sobreseimiento del caso del General (r) Augusto Pinochet por razones de salud y la designación de los jueces para las causas pendientes por la Corte Suprema fueron un factor de conflicto. Finalizado este último proceso, se estableció que son 900 los casos abiertos por detención-desaparición y ejecuciones extrajudiciales de políticos. La Corte Suprema ha contado 170 causas ante las Cortes de Apelaciones y la Corte Marcial y de la Armada. Con antecedentes del Informe Rettig y de la ex Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, se completará la información recabada en el catastro del Poder Judicial sobre causas de detenidos desaparecidos, a fin de precisar el número de jueces con dedicación exclusiva que se nombrarán para investigarlas.

En un momento el propio Presidente Ricardo Lagos calificó como "negativo" el avance de la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. La ex Corporación de Reparación sería la encargada de cotejar y precisar los datos contenidos en el informe de las Fuerzas Armadas sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.

Oscar E. Peralta A.