Plan Nacional de Política Criminal del estado dominicano (página 4)

[1] X Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Viena, abril de 2002.Participación de la comunidad en la Prevención de la Delincuencia, II,A,16.

[2] Baratta, Alessandro, Revista Sicurezza e territorio, de L’Angelo Azzurro, Bologna, Italia, 1993, “I nuovi orizzonti della prevenzione”, pág. 9 a 14, citado en el Plan de Política Criminal de la República Argentina..

[3] X Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Viena, abril de 2002. Participación de la comunidad en la Prevención de la Delincuencia, II, A, 18.

[4] Ibidem, punto 20.

[5] Algunos estudios indican que el costo del sistema de la justicia penal suelen representar un 40 o 50 por ciento del costo total de la lucha contra la delincuencia, y que las estrategias de prevención de riesgo son entre dos y siete veces menos costosas que el encarcelamiento (“Plan Nacional de Prevención del Delito y Seguridad Ciudadana”, Ministerio Público, Republica del Paraguay, año 2002).

[6] Chinchilla, Laura y Rico, José Ma., “La prevención comunitaria del Delito. Perspectivas para América Latina”, pág. 13.

[7] Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), “Seguridad Ciudadana en República Dominicana”, pág. 2.

[8] Ibidem.

[9] En el documento citado, pág. 8.

[10] Sobre este tema véase el “Informe sobre el Estudio de las Percepciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre el sistema de administración de Justicia, la independencia del Poder Judicial y la Reforma de la Justicia”, elaborado recientemente por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

[11] En una encuesta de victimización realizada en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Argentina (1996/97) se pudo establecer que del total de delitos cometidos solo se denuncia el 30 %, y de esta porción el 80 % son con autores desconocidos. Solo en un 6% del total se produce la intervención efectiva del sistema penal.

[12] Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI, punto 13. Viena, abril de 2002.

[13] Punto 25.

[14] Cfr.“Plan Nacional de Prevención del Delito y Seguridad Ciudadana”, Ministerio Público, Republica del Paraguay, año 2002, pág. 12. Como destaca Nils Christie, “los conflictos representan un potencial para la actividad, para la participación. El sistema de control punitivo actual representa una de las tantas oportunidades perdidas de involucrar a ciudadanos en tareas que tienen importancia inmediata para ellos” (“Los Conflictos como Pertenencia”, en la obra colectiva De los Delitos y las Víctimas, ed. Ad-Hoc 1992, pág. 169).

[15] X Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención y Tratamiento del Delincuente, Viena, 2000. Delincuentes y Victimas: responsabilidad y equidad en el proceso penal, punto IV, 58.

[16] Plan Nacional de Política Criminal de Argentina,

[17] X Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención y Tratamiento del Delincuente, Viena, 2000. Participación de la Comunidad en la Prevención de la delincuencia, punto III, A, 33.

[18] Entidad sin fines de lucro, integrada por ciudadanos e instituciones de la provincia de Santiago, creada con el objetivo de colaborar con la formulación de políticas, desarrollar herramientas de trabajo y canalizar aportes de todos los sectores sociales para mejorar la capacidad operativa de las instituciones de seguridad locales, bajo la premisa de que lograr ciudades seguras es una responsabilidad de todos.

[19] En el IX Congreso de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (El Cairo, 1995), en el cap.7, “El niño como víctima y como autor de delitos y programa de justicia penal de las Naciones Unidas: del establecimiento de normas a la adopción y aplicación de medidas”, ap. 21, se insta a los Estados a que introduzcan en las escuelas programas que fomenten la no violencia, el respeto mutuo y la tolerancia, así como programas que aumenten la confianza de los estudiantes en sí mismos y su amor propio y que le enseñen a resolver sus controversias de manera pacífica”.

[20] OMS/OPS, junio 1998, documento “Violencia contra la Mujer. Un tema de salud prioritario”.

[21] Su importancia y responsabilidad han sido destacados en las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad, 1990), puntos 40 a 44.

[22] Véase X Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención y Tratamiento del Delincuente, Viena, 2000. Prevención eficaz del delito: adaptación a nuevas situaciones, punto 36.

[23] Véase el documento La Salud en las Américas, ed. 2002, OPS, Washington, DC, 2002 (publicación científica y Técnica 587). A su vez, la Organización Mundial de la Salud señala que las lesiones por accidentes de tráfico son la principal causa por traumatismo, la 10a causa de todas las muertes y la 9 a de las principales causas de morbilidad en todo el mundo (Estrategia quinquenal de la OMS para la prevención de Lesiones por accidente de Trafico.2001-2005, disponible en internet en http://www.who.int/violence_injury_prevention/).

[24] Preparado por MOVITPAV SA, Consultores Planificación de Transporte, a requerimiento de la Procuraduría General de la República (noviembre de 2004).

[25] Taveras Rodríguez, Juan Tomás, “Redefinición del rol policial”, pág. 46.

[26] Véase el mismo autor, pág. 91.

[27] Pág. 93/4.

[28] Apartado 108 del documento oficial, edición en español.

[29] IX Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del delito y Tratamiento del Delincuente, El Cairo, mayo de 1995. Recomendaciones relativas a los cuatro temas sustantivos, ap. III, Sistemas de Justicia Penal y de Policía: gestión y perfeccionamiento de la Policía y otros encargados de hacer cumplir la ley, del ministerio público, de los tribunales y de los establecimientos penitenciarios y función de los abogados, punto7 a).

[30] Proyecto de ley orgánica policial; de reorganización institucional de la Policía Nacional; de educación y capacitación policial; de creación del museo policial; de creación de la Policía Comunitaria; del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) y la creación del Instituto de Dignidad Humana, entre otros.

[31] Documento citado, pág. 82.

[32] Duce, Mauricio, “El Ministerio Público en la Reforma Procesal Penal en América Latina: visión general acerca del estado de los cambios”, pág. 10.

[33] Duce, Mauricio J. , “El Ministerio Público en la Reforma Procesal Penal en América Latina. Visión General acerca del Estado de los Cambios”, documento del Ceja, página 13.

[34] Inecip. Documento de trabajo: Hacia un plan de política penitenciaria para la Provincia del Neuquen (Argentina).

[35] Instituto Interamericano de Derechos Humanos, documento citado, pág. 96.

[36] Véase el mismo documento, pág. 97.