Consideraciones generales del riesgo sísmico y plan estratégico para enfrentarlo (página 2)

6. Riesgo sísmico y costos de construcción

Para la UNESCO, el grado de amenaza de cada región obliga a realizar consideraciones sobre el diseño de las construcciones, las cuales deberán ser más o menos estrictas en relación a la responsabilidad social y el nivel de desarrollo de cada una. Aunque puede avanzarse mucho, la idea anterior está bastante bien analizada en nuestros códigos sismorresistentes (CCSRM 72, CCSRM 87, INPRES CIRSOC 103, UBC-97). Sin embargo, merece una atención especial las consideraciones sobre ductilidad (a la larga daño) durante los procesos de diseño de las construcciones civiles. Mucho se ha hablado de establecer, en acuerdo con el cliente, lo que podríamos llamar el daño o riesgo aceptable. Legalmente aceptable. Especialmente en los llamados códigos de la generación 2000. Ese daño aceptable repercute en los costos del diseño. Para una conceptualización rápida, el costo total de una construcción civil en zona sísmica podría presentarse como la suma de los siguientes costos:

• Costo estructural básico: Es el costo de construcción de la obra si la misma se ha de implantar en una zona de baja amenaza sísmica, considerado en base a una estructura bajo acciones puramente gravitatorias y que se mantenga sin daño (estado cuasi elástico). Este costo podría ser el parámetro de comparación porque, a igualdad de las demás condiciones, una construcción no puede ser más barata.
• Sobre costo estructural: Es el costo que se encuentra por encima del costo estructural básico, que tiene por fin el afrontar las exigencias sísmicas y depende inversamente del nivel de daños que se acepte durante la etapa de proyecto. A mayor daño aceptable, menor sobre costo estructural.
• Costo de elementos no estructurales: es el costo debido a la rotura de elementos que teóricamente no contribuyen durante los eventos sísmicos y es directamente creciente con el nivel de seguridad de la construcción. Entre estos elementos se deben contar las instalaciones, que en muchas construcciones son especialmente importantes, entre ellas los hospitales.
• Costos de control de calidad de materiales y procesos constructivos: esta inversión puede alcanzar, en promedio, el 0,5% del valor total de la obra y, por ahora, no ha podido relacionarse con la ductilidad.
• Costos de reparación: los cuales aumentan con el daño aceptado y disminuyen con la inversión en control de calidad de materiales y procesos constructivos.
• Costo humano: Entendiendo por tal la conversión a valores económicos de las heridas y pérdidas de vida humanas, que según las experiencias de sismos destructivos pasados, demuestra ser directamente proporcional al daño aceptado.
• Costo de fuera de operación: entre los cuales se deben considerar los costos de las utilidades, la disminución en las actividades económicas y la pérdida de los mercados (ya que los clientes buscan nuevos proveedores).
• Costo por pérdidas de patrimonio histórico o cultural: El cual aumenta con el daño aceptado.

Un análisis de los valores de las construcciones civiles y del nivel de daño aceptable de las mismas para un evento sísmico importante, nos conduce a una suma de costos que son proporcionales al mismo daño aceptable y que en la mayoría de las oportunidades son trasladados a la sociedad en su conjunto. Moralmente, el daño o la ductilidad de una obra civil no debería estar definida fríamente sólo por el destino de la misma, es más, su valor debería estar acotado en relación al entorno donde se implante la obra. (ver propuestas D-1, D-3 y D-4).

Riesgo legalmente aceptable. Antes de ahondar más sobre cuestiones económicas, quiero volver sobre la frase "riesgo legalmente aceptable". Este tiene dos facetas muy distintas, casi opuestas, que podrían expresarse de la siguiente forma: ¿Quién y cómo se define el riesgo legalmente aceptable?.

1. Si se postula que es el Estado quien define el riesgo aceptable, a través de una norma constructiva, siempre se restringe el accionar profesional nivelando por defecto debido a aspectos meramente económicos. Está claro que la simple aplicación o cumplimiento de un código no es una herramienta completa, porque desde el principio se desconoce la verdadera magnitud de un sismo destructivo, lo cual matemáticamente es sólo una probabilidad, no una certeza. Además, si el Estado asume la definición del riesgo aceptable, ¿No debería el Estado hacerse cargo de los gastos derivados de las destrucciones provocadas por un sismo, en todas aquellas construcciones que probadamente hayan cumplido con tales normas?¿Cómo podría el Estado hacerse cargo de tales gastos si previamente no ha invertido en el control?. ¿Es aceptable que el pueblo sufra el incremento de su deuda interna y externa como consecuencia del incumplimiento de normas constructivas de sólo una parte de la sociedad?.
2. Si se postula que sea el Profesional, en relación directa al cliente, quien defina el riesgo legalmente aceptable, aunque deba aplicarse un conjunto de normas o códigos, surgen las siguientes preguntas:

1. ¿No terminará el poder económico definiendo los riesgos?
2. ¿Por qué terceros, ajenos a tal definición, deben soportar riesgos en los cuales no han tenido participación?
3. ¿No es está una forma elegante de generar vicios ocultos?
4. Considerando la autonomía de los municipios y teniendo presente las condiciones económicas de los países en vías de desarrollo, una comunidad (y los municipios son autónomos es este sentido), podría aceptar un riesgo mayor, si ese nuevo nivel de riesgo le permite evolucionar ¿Cómo se encaja esta independencia en el contexto general de una región?

Visto el planteo de la constitución del tribunal de verificación, está claro que el mismo actuaría en forma proactiva vinculando cualquiera de las posturas anteriores. Esta es una ventaja innegable al convertir las legislaciones existentes (de carácter reactivo) en verdaderas herramientas de regulación permitiéndole a la población anticiparse a los hechos y protegiendo a las personas.

Los coseguros sísmicos Al presente, por lo menos en Mendoza, no se han realizado verdaderas evaluaciones de riesgo sísmico en las cuales se incorporen todas las variables de peso que permitan objetivizar sus resultados. Por otro lado, el seguro sísmico, tal cual un seguro de automóvil o un seguro de vida, por sí sólo no tiene cabida en las reglas del aseguramiento tradicional. En algunos países aparece relacionado con los efectos derivados de los sismos, es decir, incendios, pérdidas de vidas, seguros marítimos, etc., por medio de una sobretasa adicional que se deriva a un fondo especial, tal es el caso de Nueva Zelanda y España. La razón principal para que el seguro sísmico no exista separado se reduce a la dificultad de definir un riesgo sísmico único, objetivo e inalterable, así como la imposibilidad de calcular una prima realista. Por ejemplo, para la década de 1970, en la Ciudad de México se estimó una cifra a asegurar de U$S 980,00 por habitante año, mientras que para Tokio sólo alcanzaba unos U$S 140,00 por habitante año. Tal diferencia se debía fundamentalmente a las diferentes tecnologías constructivas empleadas en el mismo momento. No obstante, las dificultades expresadas, la UNESCO trabaja ya hace más de treinta años para que se coordinen acciones a nivel mundial. Para que este tipo de aseguramiento exista, se requieren por lo menos tres (3) medidas gubernamentales:

• Planificación en el uso de la tierra.
• Estímulo permanente a la investigación.
• Generación de reservas de fondos, que deben invertirse en valores no expuestos a la destrucción por sismos, para ser utilizados en casos de desastre.

A la vista de la realidad local y con el conocimiento de los recientes hechos delictivos financieros, el gobierno local puede encarar sólo la panificación en el uso de la tierra y el estímulo a la investigación. Pensar que una empresa privada asuma los riesgos sería utópico. De todas formas, debería trabajarse en una legislación que fundamente un coseguro que podría llamarse "coseguro ingenieríl" (ver propuesta B-9), por el cual, para toda obra sea razonablemente exigible un coseguro cuya prima esté en relación directa con un estudio de riesgo sísmico realizado por un profesional habilitado de la Ingeniería Civil. La recaudación de tales primas deberían constituir un fondo anual que el gobierno debe invertir en personal, equipos y capacitación para rescate en eventos sísmicos locales, en la creación de un fondo de reconstrucción y en actividades de investigación con acceso público (por ejemplo a través de la universidades).

Las instancias para determinar la prima de este coseguro deberían ser, por lo menos las siguientes:

• En el momento en que el tribunal de verificación estudie el proyecto y el cálculo de la construcción.
• Cualquier momento a pedido directo del o los propietarios, especialmente importante para cuando se quiere disminuir la prima después de reparaciones en las construcciones.
• Cuando la construcción haya superado los diez (10) años de edad, periodo en el cual, toda la responsabilidad está a cargo del profesional director técnico de la obra.
• A partir de la desaparición física del profesional director técnico de la obra, si tal suceso se produce dentro de los diez años de construida la obra.
• Con cada cambio de propietario.
• Con cada alteración, legal y/o clandestina detectada, que haya sufrido la propiedad (especialmente importante para las propiedades horizontales).
• Tras cada evento sísmico que alcance el 70% la magnitud del evento de diseño.

Estas medidas mantendrían actualizado un catastro sísmico provincial y por ello acotado el riesgo sísmico local. A la luz de este debate, la postura del coseguro ingenieríl debería apuntalarse con una legislación (muy bien analizada) de solidaridad financiera, por la cual las entidades financieras que operen en Mendoza deberán congelar las deudas de todos sus clientes por un tiempo mínimo de un (1) año con sólo exigirles que comprueben que han sufrido daños severos provocados por sismos de una magnitud igual o superior al 50% de la magnitud estimada por el código en vigencia (ver propuesta B-10). Resulta claro que la solidaridad financiera provocaría que las entidades financieras analizaran la vulnerabilidad de las propiedades de los potenciales clientes, aspecto que mantendría actualizado el catastro sísmico provincial.

7. Las propuestas sobre prevención sísmica.

Es importante hacer notar que los criterios descritos a continuación basan su fundamento en la interacción entre aspectos psicológicos, emocionales y técnicos. No se hace un detalle exhaustivo de los planes de acción debido a que los mismos deberían ser realizados por organismos específicos. Un programa general de contingencia o plan estratégico provincial de prevención debería abordarse desde varios frentes, simultáneamente o por separado, pero siempre en forma gradual. El satisfacer las exigencias de un frente permite concentrar los esfuerzos en el frente siguiente, mientras que no satisfacer un frente hará fracasar los esfuerzos de los siguientes. Esto es una consecuencia directa de considerar al ser humano como un ser satisfaciente y parcialmente racional en momentos de crisis. Con objeto de analizar las diversas exigencias, pueden plantearse los siguientes frentes:

• Necesidades básicas
• Seguridad
• Comunicación y coordinación
• Experiencia
• Perfeccionamiento

En lo que sigue se emplean los términos legislar, formular, fomentar, constituir, definir, etc., para indicar con cada uno la necesidad de buscar los medios legales, individual o conjuntamente, que permitan disminuir el riesgo sísmico a mediano y largo plazo, realizándose para ello un estudio y coordinación de las herramientas legales nacionales, provinciales y municipales, además de considerar los pactos y convenios internacionales. Los frentes propuestos podrían ser reorganizados en relación a las instancias, es decir, agrupar las propuestas para trabajar en contingencia, en la prevención y en la planificación. No obstante, el grupo de propuestas seguiría siendo el mismo. Por otro lado, cabe recalcar que la modificación de las variables cognoscitivas no se puede realizar en pocos años, así que en un periodo no menor a una década, los habitantes de la Provincia de Mendoza seguirán actuando en forma parcialmente racional en los momentos de crisis.

A- Necesidades básicas En este frente se deben englobar los aspectos relacionados directamente con necesidades fisiológicas u orgánicas del ser humano, proponiéndose:

1. El establecimiento de un órgano constitucional (amparado en el Artículo 124 de la Constitución Nacional de 1994) para afrontar el tratamiento integral del riesgo sísmico. Inicialmente podría conformarse por integrantes de organismos públicos, nacionales, provinciales y municipales, universidades y empresas privadas, funcionando como agente asesor de los organismos indicados en los puntos A-2, A-3 y B-1 siguientes, asesorando en los procedimientos de trabajo, objetivos y medios que permitan alcanzar esos mismos objetivos. Como es de prever, los integrantes de este órgano constitucional permanente deberán acreditar su experiencia en áreas de la ingeniería sismorresistente, actuación durante desastres naturales, sociología y economía. Algunos profesionales locales piensan que además debería asistirse a este órgano constitucional con un "panel de expertos internacionales" que auditen y orienten sus trabajos.
2. Definición de los Organismos Públicos que actuarían mitigando las necesidades fisiológicas básicas tras el evento sísmico, es decir cuáles serán los organismos que actuarán directamente en el rescate.(ver propuestas B-2, B-3 y B-4)
3. Definición de los Organismos Públicos y/o Privados dedicados a detectar la funcionalidad y capacidad estructural de las instalaciones de salud, vías de comunicación y líneas vitales (agua, gas, energía eléctrica, cloacas) de la provincia de Mendoza. La información obtenida y procesada por ésos organismos además de no tener carácter privado (para evitar que se lucre con ella) se deberá utilizar para establecer hipótesis de desastre y ajustar políticas de operación.
4. Formulación de convenios de cooperación regional y/o internacional de acción recíproca para casos de desastre. La implementación de estos tipos de convenios tienen dos (2) componentes de aseguramiento:

1. Una directa que resulta de la ayuda que se recibiría en caso de un desastre natural, ya sea sismo, inundación, fuego, etc.
2. Una indirecta, también provechosa, derivada del trabajo en casos de desastres reales en otras regiones, que resulta ser la experiencia que adquieren los agentes destinados a tales operativos. Dicha experiencia puede ser transferida al resto de la población por medio de cursos, ateneos, conferencias, etc. Los agentes pueden ser profesionales, personal de organismos públicos nacionales, provinciales o municipales, estudiantes avanzados, etc.

B- Seguridad En este frente se deben atacar los criterios de seguridad (estructural, social, económica, financiera, etc.) ante eventos sísmicos. Se ha de buscar que la población sea consiente de la seguridad, sienta y transmita confianza y tranquilidad, perciba orden (durante y después del evento) y estabilidad, por lo cual se propone:

1. Definir, transmitir y revisar permanentemente los procedimientos antivandálicos y los planes de respuesta en contingencia. Esto quiere decir, ajustar y coordinar las políticas de trabajo de los distintos cuerpos de policía, bomberos, gendarmería, etc.; a modo de no superponer esfuerzos que reducirían la eficiencia de sus acciones posterior al desastre.
2. Definir criterios de reubicación de la población después del sismo y antes de la reconstrucción.
3. Realizar simulacros con transmisión en vivo y en diferido. Estas transmisiones permitirían revisar en detalle y con calma los errores, además de inculcar nuevas variables cognoscitivas.
4. Fijar los procedimientos para que exista una retroalimentación con la población, de forma tal que la misma conozca información sísmica, emita opinión y solicite explicaciones.
5. Fijar la legislación necesaria para la creación de tribunales de verificación de proyectos y cálculos de obras civiles.
6. Definir una legislación que actualice en forma automática el catastro sísmico de la provincia.
7. Fijar legislación sobre mantenimiento de obras civiles construidas con anteriores códigos o sin códigos de construcciones sismorresistentes.
8. Definir procedimientos y estándares técnicos mínimos para otorgar financiación para los mantenimientos de obras civiles. Con estos criterios, el IPV podría hacer frente a las reparaciones del 20% de las viviendas mal ejecutadas, según los mismos datos oficiales.
9. Legislar sobre las pautas del coseguro ingenieríl de obras civiles.
10. Desarrollar la legislación de solidaridad financiera, por la cual las entidades financieras que operen en Mendoza deberán congelar las deudas de todos sus clientes por un tiempo mínimo de un (1) año y que comprueben que han sufrido daños severos provocados por sismos de una magnitud igual o superior al 50% de la magnitud estimada por el código en vigencia.

C- Comunicación y coordinación. Durante y después de un sismo, la transmisión de información es fundamental para el funcionamiento de cualquier plan de contingencia. Si en algún punto, existen medidas proteccionistas, sectarias, elitistas, clasistas, o cualquier forma de segregación socio-económica, la planificación ante la emergencia será inútil. La conciencia pública se puede estimular proporcionando adecuada información al público acerca de las alternativas ante la contingencia. La información juega un papel importante al definir los alcances de los ajustes. Además, obsérvese que la transmisión de la información no se debe concebir como una acción posterior al desastre, en estado de crisis, muy por el contrario, es más importante previo al mismo, como plan estratégico de capacitación comunitario a fin de actuar sobre las variables cognoscitivas. Para este frente se propone:

1. Definir la entidad pública o crear un organismo colegiado del cual emanen las normativas básicas de construcción, sea el código de edificación o el de construcción sismorresistente. La determinación de normas constructivas y códigos de edificación, con una clara definición de sus detalles, con posibilidad de retroalimentación entre los profesionales, de actualización rápida y permanente, se traduciría en una herramienta invalorable para las construcciones futuras.
2. Confección y difusión de mapas de amenaza.
3. Determinación de los criterios de capacitación que la sociedad requiere de los profesionales habilitados para trabajar en la provincia de Mendoza, con un muy claro análisis y acotación de incumbencias académicas. En este caso, sería menester analizar si existe legislación nacional, provincial o municipal que introduzca incumbencias no adecuadas al nivel de capacitación y responsabilidad que se exige de los profesionales de la Ingeniería Civil.
4. Fomentos para la realización de foros, conferencias, intercambio de experiencias. Estos fomentos no deben entenderse como erogaciones directas del presupuesto provincial, sino más bien como exenciones impositivas o créditos fiscales a las empresas auspiciantes.

D- Experiencia. Este frente debe rescatar las experiencias vividas en otras regiones del globo y capitalizarlas en la región, con la respectiva adaptación de los profesionales locales. Las acciones de este frente deberían abordar:

1. Planificación territorial.
2. Normalización sobre criterios mínimos de control de calidad de materiales, ya sea en obra o en laboratorios reconocidos, que abarquen desde el estudio de los suelos hasta los criterios para fijación de revestimientos verticales de paramentos exteriores.
3. Formulación de criterios técnicos mínimos para entrega de créditos hipotecarios para la construcción de obras nuevas. Independientemente que el crédito sea otorgado por una entidad privada, se pueden establecer pautas mínimas que ayuden a las diversas entidades a ponerse en un pie de igualdad (para favorecer dichos créditos) a la vez que puede ser un medio para que se realice una evaluación de la vulnerabilidad de las construcciones y que la misma sea presentada en el catastro de riesgo sísmico. Esta exigencia podría ser equivalente a la obligación de sellar un contrato. Mucho más para las entidades públicas que financian construcciones, como es el caso del IPV.
4. Formulación de criterios para el fomento dirigido a PYMEs y cooperativas, especialmente para aquellas que incursionan en la construcción de viviendas o componentes constructivos a ser utilizados en zona sísmica. Estos fomentos pueden ser equivalentes a planes nacionales tales como el FONTAR.
5. Definir los planes sociales que se relacionen con los eventos sísmicos catastróficos en los siguientes campos: salud, higiene, vivienda, educación y medicina laboral.

E- Perfeccionamiento. En este frente se deben analizar todas las acciones que tiendan a invertir hacia el futuro, tales como:

1. Fomento para la investigación en todos los aspectos relacionados con desastres naturales.
2. Fomento para el desarrollo y la capacitación de empresas familiares.
3. Fomento para realizar y/o completar estudios superiores de especialización o postgrado, especialmente en áreas sensibles al riesgo sísmico.
4. Fomento para empresas que realicen divulgación sobre peligros sísmicos, de forma tal de acelerar el cambio de las variables cognoscitivas de la población.

8. Conclusiones Generales

Después de analizar el difícil tema del ajuste al riesgo sísmico se infiere:

1. Los procesos de ajuste al riesgo sísmico requieren de un tratamiento integral debido a la diversidad de los problemas que interactúan.
2. Es necesario que la Provincia de Mendoza disponga de un organismo constitucional que aborde los temas inherentes al riesgo sísmico, basado sobre todo en la amenaza permanente del sismo potencialmente destructivo y al incremento del riesgo sísmico de las zonas habitadas. Los fondos necesarios para el funcionamiento de tal organismo constitucional pueden provenir de un coseguro relacionado a la vulnerabilidad de la construcción.
3. Tanto el gobierno provincial (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial) como los municipios requieren de un organismo que los asesore con el fin de organizar su ajuste al riesgo sísmico, fundamentalmente debido a las presiones derivadas de la crisis económica nacional.
4. El gobierno provincial debe invertir en la capacitación general de la población orientada a mejorar su respuesta involuntaria ante un sismo destructivo y a modificar las variables cognoscitivas de comportamiento. Es muy importante emprender una política de divulgación de los derechos que poseen los consumidores a fin que sirva de motor para aumentar las exigencias en la calidad de las construcciones civiles.
5. Es urgente contar con planes de contingencia sísmica y con un catastro sísmico provincial actualizado con el fin de asegurar que los organismos de ayuda puedan desarrollar sus actividades en forma rápida y segura.
6. Las investigaciones, los desarrollos tecnológicos y los acuerdos internacionales deben ser favorecidos a fin de promover el perfeccionamiento de los profesionales locales y mantener actualizado el código de construcción sismorresistente, disminuyendo la vulnerabilidad de las construcciones y con ello el riesgo sísmico local.
7. Se deben promover todos los criterios económicos y financieros que faciliten la construcción de obras civiles seguras y salubres.

Equipo de colaboradores: El autor de este trabajo agradece muy especialmente a todo su equipo de colaboradores, todas personas muy honestas, capacitadas e interesadas por la seguridad de sus congéneres:

• Ing. Manuel E. Espinosa.
• Dr. Ing. Walter Curadelli.
• Ing. Paula Chávez.

9. Bibliografía

1. Terremotos, evaluación y mitigación de su peligrosidad, UNESCO 1978, ISBN 92-3-301451-7 y 84-7031-155-7, Editorial Blume.
2. Elementos de Ingeniería Sísmica, Belés, A; Ifrim, M y Yagüe, A, Editorial Omega, 1975, ISBN 84-282-0416-0
3. Mitigación de desastres en las instalaciones de salud. Evaluación y reducción de la vulnerabilidad física y estructural. OPS/OMS, 1993, ISBN 92-75-32099-3.
4. Responsabilidad de los profesionales de la construcción por ruina, Inés Molina, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 1988, ISBN 950-569-022-3.
5. Inspecciones especiales del hormigón exigidas por el código, del Ing. John Paul Gille, del ACI y extraído de la revista Ingeniería Estructural Nº11, página 39, de la publicación de la Asociación de Ingenieros Estructurales de 1997.
6. Cálculo diferencial e integral, vol II, de N. Piskunov, 1980, pág 431 (convolución matemática de dos funciones).
7. Terremotos, evaluación y mitigación de su peligrosidad, Capítulo 15: Implicaciones sociales y administrativas. Protección, socorro y rehabilitación, por Jean Douard, UNESCO 1978, ISBN 92-3-301451-7 y 84-7031-155-7, Editorial Blume.

Abreviaturas

• ACI: American Concrete Institute.
• BOCA: Building Officials an Code Administrators, del National Building Code
• CIRSOC: Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles.
• CCSRM: Código de Construcciones Sismorresistente de Mendoza.
• DAH:Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios.
• FIDES: Fondo de Inversión y DEsarrollo Social. Fondos administrados por el IPV y por los Municipios de Mendoza.
• FONTAR:Fondo Tecnológico Argentino.
• ICBO: International Conference of Building Officials, que desde 1927 redacta y promueve el código UBC.
• IPV: Instituto Provincial de la Vivienda. Organismo dependiente del Gobierno de la Provincia de Mendoza.
• ITIEM: Instituto Técnico de Investigaciones y Ensayos de Materiales, organismo actualmente dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo.
• OMS:Organización Mundial de la Salud.
• ONU: Organización de las Naciones Unidas.
• OPS:Organización Panamericana de la Salud.
• PYMEs:Pequeñas y Medianas Empresas.
• UBC: Uniform Building Code, del ICBO
• UNESCO:Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Resumen Ante una propuesta de trabajo del H. Senado de la Provincia de Mendoza, se ordenan algunos criterios y se presenta la estructura básica de un plan de actividades que, a criterio del autor, considera las interacciones más importantes que regularían el ajuste humano a una situación de desastre como es un sismo destructivo. Es importante recalcar que el plan que se presenta al final se basa en una división en cinco frentes de trabajos, a partir de un hecho comprobado desde hace más de cuarenta años, por el cual, todo ser humano que vive situaciones extremas, se comporta como un ser satisfaciente o limitadamente racional, con una fuerte predisposición a colocar restricciones cognoscitivas en sus interpretaciones. La adopción de esta metodología de división pretende ordenar las actividades desde las más básicas a las más sublimes, desde el punto de vista del afectado durante un sismo destructivo, individuo principal a quien se dedica este trabajo.

Summary In front of a work proposal of the Senate of Mendoza, the author assort some criterias and presents the basic structure of activities that considers the most important interactions than regulate the human adjustment to a disaster situation as well as a destructive earthquake. It is important to emphasize that the activities presented is based on a division on five project fronts, as of a fact proven from the decade of 1960's, by the which, all human being that lives extreme situations, is behaved as an individual finitely rational, with a strong bias to put cognitive restrictions on their interpretations. The adoption of this division methodology intends to order the activities from the most basic to the most sublime, from the point of view of the affected during a destructive earthquake, principal individual to who is devoted this work.

Autor:

Zaradnik,R