Caso minero: La Oroya – Peru

Historia

La Oroya se encuentra ubicada a 3750 msnm en la cuenca alta del río Mantaro, provincia de Yauli, Departamento de Junín, a 176 km al este de Lima. Tiene una población de 33,043 habitantes. En esta zona se ubica el Complejo Metalúrgico de La Oroya, que es administrado por la empresa Doe Run Perú, propiedad del Grupo Renco, de origen norteamericano (Anteriormente estuvo a cargo de la Cerro de Pasco Cooper Corporation, y luego de Centromín Perú).

La Oroya lleva una larga historia de metalurgia. En 1922, la empresa americana Cerro de Pasco Corporation empezó las actividades metalúrgicas. En 1974, el estado peruano se encargó con la organización de dichas actividades a través de la empresa estatal Centromin Perú, para aceptar la privatización de la empresa en 1993 por Doe Run Perú (DRP), la cual sigue ser la empresa encargada de las actividades metalúrgicas hoy en día. Cuando DRP compró la empresa metalúrgica de La Oroya, también heredó el PAMA, o Plan de Adecuación y Manejo Ambiental, de los previos dueños, Centromin. DRP tenía que cumplir con las acciones descrito en el PAMA entre 2006, pero ya en 2004 anunció que no podría cumplir con este plan y pidió una ampliación del PAMA, la cual DRP otorgó en 2006. De hecho, DRP usó una táctica de intimidación para generar apoyo para su pedido. Diciendo que la empresa iba a  desaparecer si no ampliaron el PAMA, la empresa ha usado a los pobladores (organizando festividades cada aniversario de la empresa), los trabajadores (diciendo que van a perder su trabajo) y el alcalde (pagándole) para influenciar la decisión del ministerio de Energía y Minas. Otra vez, 2009, la DRP pidió una ampliación del PAMA al estado peruano, y la otorgó por otro 30 meses. Pero, perdió fondos importantes de inversión y no podía continuar sus actividades metalúrgicas. Además, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía expulsó la DRP de dicha sociedad. Ahora, los problemas financieros parecen resueltos con la nueva promesa de inversión por p arte de la empresa Suiza Glencore.

El Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)

El PAMA es el programa que contiene las acciones e inversiones necesarias para incorporar a las operaciones minero-metalúrgicas los adelantos tecnológicos y/o medidas alternativas que tengan como propósito reducir o eliminar las emisiones y/o vertimientos para poder cumplir con los niveles máximos permisibles establecidos por la autoridad competente. En tal sentido, el PAMA constituye un instrumento de gestión ambiental exigible para aquellas empresas que venían operando al momento de entrada en vigencia del reglamento para la protección ambiental en la actividad minero-metalúrgica en 1993.

El plazo para la aprobación de los PAMA era de 60 días, el cual fue posteriormente modificado a 120 días. De existir observaciones, estas deben absolverse en un plazo de 60 días. Las modificaciones de los PAMA deben presentarse ante la DGAAM.

El contenido del PAMA se compone de:

• Declaración de la política de la empresa sobre el cuidado del ambiente, que constituye el marco contextual del PAMA.

• La identificación y reconocimiento de los impactos que causan y de las actividades que les dan origen.

• Acciones específicas que la empresa ejecutará, asignándole a cada acción los tiempos de cumplimiento y recursos, humanos, materiales ó económicos necesarios, para su cumplimiento.

De acuerdo a lo establecido por la normatividad, los PAMA aprobados en el sector minero tienen un plazo de cumplimiento de entre cinco y diez años, por lo que considerando el transcurso del tiempo, los plazos de ejecución ya se encuentran vencidos a la fecha. Existen algunos casos en los cuales se ha prorrogado el cumplimiento del PAMA, como en el de la empresa de Doe Run.

PAMA DOE RUN:

Este consiste en que el complejo metalúrgico en La Oroya construya plantas que permitan disminuir las emisiones contaminantes producidas por su fundición y refinería.

Los proyectos del PAMA

• Circuito de cobre de tratamiento de agua planta de EE.UU. ($ 3,09 M)

• Agua de Residuos Industriales de Planta de tratamiento de dólares EE.UU.(39 M)

• Manejo de escoria del sistema y la eliminación segura EE.UU. ($ 9,71 M.)

• Huanchán remediación de residuos de volcado de EE.UU. ($ 1,07 M)

• El trióxido de arsénico depósito de actualización en el Vado de dólares EE.UU. (2,42M)

• La actualización de la fianza en ferritas Huanchán EE.UU.($ 2,10 M)

• Los residuos domésticos de actualización de descarga – Cochabamba EE.UU. ($ 2,64M)

• Monitoreo / Aerofotografía estación de EE.UU. ($ 0,63 M.)

• Plantas de ácido sulfúrico .EE.UU.($ 152 * M)

El PAMA no está concluido hasta la fecha, a pesar de que DRP tuvo más de 10 años para ejecutarlo, En ese lapso ha habido 3 modificaciones y dos prórrogas. La primera de ellas fue en mayo del 2006, donde se le concedió una prórroga de 2 años y 10 meses para culminar su planta de ácido sulfúrico. La segunda ampliación se la otorgó el Congreso de la República en octubre del 2009, por 30 meses para que cumpla su PAMA y la construcción de la misma planta. Por tercera vez, DRP viene solicitando una nueva ampliación de su PAMA y viene buscando aliados en algunos congresistas para volver a operar sin garantizar las mínimas condiciones ambientales.

Parámetros – El Plomo en la Oroya

La historia de Doe Run en el pequeño pueblo de Herculaneum, Missouri, donde la compañía tiene una fundición de plomo, no es menos controvertida. Cuando en 2001 los valores de plomo en la sangre de los niños comenzaron a subir, el gobierno ordenó a Doe Run reducir las emisiones de su chimenea y renovar la tierra de los jardines de las casas aledañas a su planta, entre otras medidas de protección de la población.

Así, en los últimos dos años la compañía ha cumplido con los estándares nacionales de calidad de aire. Un panorama bien diferente al de Perú, donde la fundición de La Oroya arroja a la atmósfera alrededor de dos toneladas de plomo por día, de acuerdo con documentos de la empresa. Esto es menos plomo que lo que respiraban los oroyinos cuando la planta estaba en manos del gobierno peruano, pero es una cifra 29 veces mayor que la emisión de plomo en la planta de Missouri. En el Peru, La Oroya (Junin) el plomo perjudica el desarrollo cognitivo, genera hiperactividad y déficit de atención, además de acelerar los problemas de desnutrición. Las personas de la tercera edad son afectadas debido a sus bajas defensas y en los trabajadores también se presentan problemas neurológicos, parálisis de algunos nervios, presión arterial alta, daño a los riñones.

La Blacksmith Institute los años 2006 y 2007 han realizado investigaciones sobre las ciudades más contaminadas del mundo y llegó a la conclusión que la Oroya se halla entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo y Environmental Graffiti el 2008 lo considera como una las 5 ciudades más contaminadas también del mundo: plomo en sangre en niños de la Oroya Antigua 53.7 ug/dl (DIGESA 1999) embarazadas 39.49 ug/dl (UNES 2000), niños al nacer 19.06 ug/dl, y 39 ug/dl en trabajadores (Doe Run 2003). Máximo aceptado de plomo en sangre 10 ug/dl; actualmente la Academia de Pediatría de USA considera como máximo permitido 0 ug/ dl. También es fuente de contaminación el plomo que se halla concentrado en el suelo; se estima que en el suelo de la Oroya el plomo tiene una concentración de 50,000 patículas por millón / kg de suelo; máximo permitido entre 300 a 400.

Cuando la Oroya estaba en manos de Centromin eliminaba solamente por la chimenea más grande de 167.500 metros de altura en promedio por día y toneladas: bióxido de azufre 1000, plomo 2500, arsénico 2500, cadmio 80, material particulado 50 y así sucesivamente, más 24,000 de gases tóxicos producto de la combustión incompleta del carbón, sin contar lo que se elimina por el incinerador industrial y por las 94 chimeneas pequeñas que se calcula 15,000 (PAMA El Complejo Metalúrgico de la Oroya, 1996): suman en total 45,000 toneladas día. Doe Run envía cada 3 meses las concentraciones de los metales pesados al Ministerio de Energía y Minas y con estos datos Cederstav ha demostrado que la contaminación se ha incrementado; por ejemplo el bióxido de azufre se ha elevado a cerca del 300% por aumento de la producción (Cerderstav. La Oroya no Espera, 2002).

La Asociación Interamericana del Ambiente dice que la calidad ambiental de la Oroya se ha deteriorado severamente desde que Doe Run se hizo cargo y la misma empresa declara que las concentraciones de los gases de metales pesados se ha incrementado en el aire: plomo 1160 %, cadmio 1990 % y arsénico 606 % (Portugal C y Cols. Los Humos de Doe Run, 2003)

Actualidad del caso Oroya

Según el famoso y exclusivo ranking de Multimillonarios del Mundo que publica la revista Forbes, el neoyorquino Rennert es el número 189, y entre los ricos de los Estados Unidos, es el 59.

La publicación calcula en 5 mil 400 millones de dólares la fortuna de este hombrede 77 años, nacido en Brooklyn.

Pero esa fortuna no le alcanzaría a Rennert para pagar una eventual indemnización de 29 mil millones de dólares para los 1.300 niños afectados por las emisiones venenosas del complejo metalúrgico de La Oroya controlado por su empresa Doe Run.

Si llegara la hora de hacer esos pagos, Rennert ya planeó que sean otros los que desembolsen esos 29 mil millones, mientras Doe Run continúa en La Oroya facturando 1.500 millones de dólares anuales en ventas. Rennert sabe hacer fortuna con el dinero de otros.

CASO SIMILAR A LA OROYA:

El jurado de la Corte de San Luis, Misuri, en Estados Unidos, sancionó a los propietarios de la fundición de plomo de Herculaneum –entre quienes se encuentra la compañía Doe Run– a pagar 358,5 millones a favor de 16 niños dañados por la contaminación. Esto quiere decir que cada familia de los menores norteamericanos deberá recibir 22,4 millones de dólares.Es decir, estaban más preocupados en incrementar sus ingresos que en la salud de los menores, envenenados por plomo, arsénico y cadmio. El mensaje del jurado de San Luis es clarísimo y directo para todas las compañías como Doe Run: los que contaminan y envenenan a los ciudadanos, y esconden o manipulan las evidencias con el propósito de no perder sus ganancias deben ser sancionadas con el mayor rigor. Por eso, al enterarse de que existen 1.300 casos documentados de niños menores de 10 años de La Oroya contaminados por las emanaciones del complejo metalúrgico de Doe Run, bajo administración de Ira Rennert, este ofrecería US$ 100 millones como indemnización para todos ellos.

El problema es que esa cifra significa que se pagaría 76 mil dólares a cada niño oroyino envenenado por Doe Run. Ni siquiera es el uno por ciento de la indemnización de cada menor de Misuri, que es de 22,4 millones.

Es seguro que las autoridades judiciales peruanas notarán la gran diferencia entre lo que Rennert pagará a los menores estadounidenses y lo que pretendería abonar a los niños de La Oroya.

La lógica más elemental indica que Doe Run debería desembolsar lo mismo.

Ante esa eventualidad, naturalmente, Ira Rennert, un viejo zorro de la acumulación de capital, ha previsto no pagar él solo a los 1.300 niños oroyinos si llegara la hora de hacerlo por mandato judicial. Según el Plan de Reestructuración que ha elaborado Doe Run para continuar controlando el complejo metalúrgico de La Oroya, y que debería ser aprobado por la Junta de Acreedores de la compañía, las indemnizaciones serán honradas por el Estado peruano. No Ira Renner ni ningún otro miembro de su familia sino todos los peruanos. Como se sabe, la compañía matriz de Doe Run, Renco Group, plantea salvar al complejo metalúrgico de La Oroya con una primera inyección de 65 millones de dólares de un total de 200 millones de dólares de inversión. Pero bajo la condición de que el Estado peruano pague a los envenenados por la contaminación desde 1997, el año en que la empresa de Doe Run asumió la conducción de La Oroya. Como puede notarse, lo que busca Rennert con su Plan de Reestructuración es protegerse no solo ante las demandas por daños que se interpongan ante la justicia peruana sino también ante la de Misuri, donde ya recibió una sanción para pagar 22,4 millones de dólares a cada niño envenenado por la fundición de Herculaneum, que maneja Doe Run. En la corte de San Luis, Misuri, ya existe en giro una demanda presentada por los abogados de 35 niños de La Oroya contra Doe Run.

De hecho, después de que se conoció que la empresa de Rennert tendrá que pagar 358,5 millones a 16 niños contaminados, en setiembre último los abogados del multimillonario pidieron a la justicia de San Luis suspender el juicio para ventilar el caso de los menores de La Oroya. La solicitud se sustenta en que Rennert quiere que primero se resuelva la demanda internacional arbitral que interpuso su compañía Renco contra el Estado peruano, con el objetivo de que asuma la responsabilidad económica de la contaminación del complejo metalúrgico de La Oroya. Esto significa que Rennert busca con las más diversas fórmulas endilgar al Estado peruano el pago de las indemnizaciones por daños que alcanzaría los 29 mil millones de dólares y de esta manera continuar al frente del complejo de La Oroya.

Conclusiones

• 1. Según el Ministerio de Salud (MINSA), el 99.1% de los niños oroínos tienen promedios altos de plomo en sangre, 33.6 ug/dl (microgramos por decilitro) que atacan directamente al cerebro, sobrepasando los límites máximos permisibles de la Organización Mundial de la salud (OMS), que son 10 ug/dl.

• 2. La calidad del aire en La Oroya, realizado por DIGESA: el resultado de SO2 sobrepasó el Estándar de Calidad de Aire – ECA (365 ug/m3) en gran magnitud llegando a los 1786.24 ug/m3.

• 3. La Oroya es el único lugar de América del Sur que ocupa un puesto entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo junto a Chernobyl en Ucrania. Siendo el promedio de vida de una persona en la Oroya es de 40 años.

• 4. El Estado peruano en el caso de La Oroya (a través del CONAM, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, Gobierno Regional de Junín y Gobierno Local), no ha tenido la capacidad de ejercer el principio de autoridad e implementar una efectiva gestión ambiental para el control de los factores que generan riesgos en la salud de los pobladores de La Oroya, ni de minimizar los riesgos ambientales derivados de la actividad metalúrgica de Doe Run Company siendo el principal causante de contaminación en dicha zona.

Recomendaciones

• 1. Remover la tierra contaminada con plomo en el suelo, la cual es una acción demostrada científicamente para reducir el plomo en suelos contaminados históricamente.

• 2. El Ministerio de Energía y Minas deberá exigir a la empresa Doe Run Perú que cierre o encapsule completamente los depósitos de concentrados y depósitos de escorias, los cuales en la actualidad se encuentran al aire libre y representan una fuente grave de contaminación.

• 3. EL OSINERGMIN deberá fiscalizar el cumplimiento estricto del PAMA para lo cual se requiere contar con un equipo especializado de primer nivel. Adicionalmente, debe contratar a una empresa fiscalizadora internacional independiente para realizar una auditoría anual 2007 a 2009 para garantizar los resultados de una eficaz fiscalización de los compromisos del Complejo Metalúrgico y que ésta sea pagada por la empresa Doe Run Perú.

Referencias bibliográficas

RED UNIENDO MANOS PERÚ, 2007. Solidarizando la globalización para un mundo justo y sostenible. http://www.manosperu.org/es/leer.php/126

COOPERACCION, 1997. Asociación solidaria para el desarrollo. Visita a la Oroya minería y metalurgia en Junín.

http://www.cooperaccion.org.pe/derechos-colectivos/visita-a-la-oroya-mineria-y-metalurgia-en-junin.html

RPP. NOTICIAS. Actualidad – económica- sección. Viernes 13 de abril del 2012. http://www.rpp.com.pe/2012-04-13-doe-run-una-historia-de-contaminacion-y-acuerdos-incumplidos-noticia_471544.html

Anexos

DOE RUN: UNA HISTORIA DE CONTAMINACIÓN Y ACUERDOS:

Viernes, 13 de abril 2012 — 1:49 pm

En 1997 la empresa gana la privatización de Centromin Perú y desde entonces tuvo una serie de encuentros y desencuentros con el Estado por el incumplimiento de su contrato, sobre todo en las adecuaciones ambientales.

La junta de acreedores de Doe Run decidió la liquidación en marcha para esta empresa, decisión que se toma luego de casi tres años de paralización en las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, pues en agosto del 2009 la empresa se declara en insolvencia y entra en reestructuración en Indecopi. 

¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a que La Oroya esté en la situación en la que se encuentra en estos momentos? La historia comienza en 1997, año en que Doe Run gana el concurso de privatización de la empresa estatal Metaloroya, parte de Centromin Perú, con un pago de US$121.5 millones por sus acciones. 

Uno de los compromisos que asume Doe Run con la adquisición del Complejo de La Oroya es el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que presentó Centromin. Sin embargo la empresa pide al Estado la ampliación de los plazos para el cumplimiento de este programa los cuales se dieron el 2006 y 2009.

Doe Run asegura que ha cumplido con creces sus obligaciones ambientales, pues el PAMA de Centromín contemplaba inversiones por US$107 millones en manejo ambiental y que ellos han invertido US$313 millones en 15 años. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no acepta esta posición principalmente porque la Fundición -si se pusiera hoy en marcha – volvería a contaminar el aire de La Oroya. 

Por lo tanto, lo que el Estado considera que es una deuda que le tiene Doe Run, se convirtió en una contingencia fuerte de la empresa. Este problema financiero se complicó en el 2009, cuando los bancos BNP Paribás, el Banco de Crédito y el Standart Bank le suspenden a Doe Run Resources un crédito bancario de US$ 75 millones.

Ese mismo año, los acreedores de Doe Run y varias empresas mineras ofrecen avalar un crédito de US$175 millones para que Doe Run reanude sus actividades a cambio de que ponga todas sus acciones como garantía de su cumplimiento del PAMA.

En julio de ese año, el ministerio de Energía y Minas (MEM) advierte que procederá al cierre del complejo de La Oroya si Doe Run no presenta una propuesta viable para salir de la crisis financiera que atraviesa y un mes después la empresa se declara en insolvencia y entra en reestructuración. En paralelo, los trabajadores acuerdan suspender sus labores por un periodo de 90 días y recibir sólo el 63% de su sueldo con el objetivo de presionar al Gobierno para que amplíe por 30 meses el plazo dado a la empresa para ejecutar el PAMA. En respuesta, el Congreso prorroga por 30 meses el plazo para que Doe Run culmine su PAMA, que vencía en octubre de ese año.

La situación se hace más tensa en el 2010, donde el MEM retiene US$ 14 millones que Doe Run había comprometido a través de una carta-fianza bancaria, hasta garantizar que la empresa cumpla con su plan ambiental y la SNMPE acuerda expulsarlo del gremio a por no encontrar en ésta voluntad para solucionar sus problemas y cumplir sus compromisos.Sin embargo Doe Run presenta un nuevo plan de cuatro puntos en el que solicita al Gobierno que modifique el contrato de privatización de la fundición de La Oroya del año 1997, para "blindarse" ante cualquier denuncia sobre responsabilidad ambiental.

Por ello, el Gobierno peruano acusa a la empresa de poner en riesgo, con una nueva propuesta, el reinicio de las operaciones en el complejo metalúrgico de La Oroya y el MEM informa el vencimiento del plazo para que Doe Run reanude sus operaciones en el complejo de La Oroya y presente los documentos que acreditan el financiamiento del plan ambiental en dicha localidad.Durante el 2011, Indecopi trabajó para reconocer las deudas de Doe Run y convocar a la junta de acreedores, quienes en enero del 2012 decidieron que la empresa continúe administrando el Complejo de La Oroya bajo la condición de presentar un plan de reestructuración que sea viable tanto en temas ambientales como financieros. 

Así, llegaron las reuniones de esta semana, en medio de críticas por parte del ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, y que finalmente llevaron a que se entre en un proceso de liquidación en marcha, donde Doe Run aún tiene una ligera esperanza, pues si presenta un plan que convenza a los acreedores en los próximos 30 días podría volver a administrar La Oroya.

Autor:

Jilder Michael Castillo Cabrera