Inversiones efectivas de las ONGD para mejorar los estándares de salud y educación en las zonas marginales

Inversiones efectivas de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) para mejorar los estándares de salud y educación en las zonas marginales de Lima Metropolitana

LUGAR DONDE SE VA A DESARROLLAR LA TESIS

Lima – Perú

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Antecedentes bibliográficos

Los antecedentes son los siguientes:

Ballón (2005), en su investigación denominada: "Organizaciones No gubernamentales, sociedad civil y desarrollo"; establece los desafíos que deben superarse para realizar una adecuada cooperación entre las entidades privadas y la sociedad civil para determinar el desarrollo. Establece como se financian e invierten las ONGD como parte para concretar su actividad.

Beaumont (1996), en su trabajo: "Algo de Estado, algo de empresa". Las Organizaciones No Gubernamentales en el Perú de los noventa. El autor establece la participación del Estado y las entidades privadas en el desarrollo comunitario de diversos objetivos. Se refiere a la participación de la cooperación técnica internacional gestionada por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para promover el desarrollo de las zonas marginales, como forma de apoyar al Estado en su objetivo por superar la problemática socioeconómica.

Bedregal (2003), en su trabajo de investigación denominado: "La cooperación internacional y el trabajo de las ONGDs en el Perú". El autor diagnostica y pronostica la gestión de la cooperación técnica internacional por parte de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD-PERU), en ese contexto hace referencias a las fuentes de financiamiento e inversiones que llevan a cabo para realizar los programas sociales a su cargo.

Caravedo, Baltasar y Pillado (2003), en su trabajo denominado: "Cooperación internacional, ONGDs y desarrollo". Los autores analizan la gestión de la cooperación técnica internacional en el desarrollo de los sectores de menores recursos de nuestro país por parte de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. Destacan la inversión en capital de trabajo y activos de capital que disponen estas entidades para concretar los programas sociales que les transfiere el Estado.

Giesecke, Alberto (2005), en su trabajo denominado: "Consideraciones para el impulso de las ONGDs como factores de desarrollo. Algunas reflexiones". El autor realiza una serie de reflexiones en relación a la gestión de la cooperación técnica internacional por parte de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. Al respecto señala la participación en programa de ayuda social en salud, educación, derechos humanos y otros.

Hernández (2004) en su trabajo denominado: "Control de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para la eficacia de la Cooperación Técnica Internacional", concluye en la falta de control por parte del estado, la sociedad civil y las mismas Organizaciones No Gubernamentales de desarrollo en la gestión de la cooperación técnica internacional, lo cual origina el uso inadecuado de los recursos recibidos de los gobiernos y entidades internacionales. El autor realiza una serie de aportes para mejorar esta situación que perjudica a los sectores socioeconómicos de mayor pobreza y marginación.

Decreto Legislativo No. 719- Ley de Cooperación Técnica Internacional; establece las normas generales a las que se sujeta la Cooperación Técnica Internacional (CTI) que se gestiona a través de los organismos del Sector Público en sus niveles Central, Regional y Local; así como por Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo del Sector Privado.

El Decreto Supremo No. 015-92-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo No. 719 Ley de Cooperación Técnica Internacional, establece que la Cooperación Técnica Internacional, tiene como fundamento el derecho al desarrollo y está enmarcada en las prioridades de los planes de desarrollo de corto y mediano plazo y es complementaria al esfuerzo nacional; se ejecuta en forma de programas, proyectos y actividades que tiene alcance nacional, sectorial, regional, subregional y local.

La Ley No. 27692, crea la Agencia Peruana de Cooperación Internacional- APCI, como Organismo Público Descentralizado (OPD) adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. Entidad con personería jurídica de derecho público y con autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa, cuyo funcionamiento se rige de acuerdo a la Ley de Cooperación Técnica Internacional.

La Ley No. 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, en su Artículo 4to, se refiere al "Control de recursos y bienes del Estado fuera del ámbito del Sistema: "Las entidades que, en uso de sus facultades, destinen recursos y bienes del Estado, incluyendo donaciones provenientes de fuentes extranjeras cooperantes, a entidades no gubernamentales nacionales o internacionales no sujetas a control, se encuentran obligadas a informar a la Contraloría General, sobre la inversión y sus resultados, derivados de la evaluación permanente que debe practicarse sobre tales recursos. Dichos recursos y bienes serán administrados por los beneficiarios de acuerdo a la finalidad o condición de su asignación, para cuyo efecto se utilizarán registros y/o cuentas especiales que permitan su análisis específico, asimismo, en sus convenios o contratos se establecerá la obligación de exhibir dichos registros ante la Contraloría General, cuando ésta lo requiera. Los órganos del Sistema deberán prever los mecanismos necesarios que permitan un control detallado, pudiendo disponer las acciones de verificación que correspondan".

Delimitación de la investigación

Esta investigación estará delimitada de la siguiente manera.

DELIMITACION ESPACIAL

Se desarrollará en el Distrito de San Juan de Miraflores con el apoyo de 05 ONGD con las cuales se van avanzando las coordinaciones para que faciliten información.

DELIMITACION TEMPORAL

Esta investigación comprenderá datos de salud y educación del año 2000 al 2009 inclusive.

DELIMITACION SOCIAL

Como parte de la investigación se establecerá relaciones con funcionarios y trabajadores de la unas 05 ONGD que se viene coordinando, así como con pobladores del Distrito de San Juan de Miraflores que es donde se ha ubicado las deficiencias en la salud y educación.

Planteamiento del problema

En este trabajo la problemática está identificada en la falta de mejora de los estándares de salud y educación que tienen las zonas marginales de Lima Metropolitana; debido a causas que son de orden económico y social.

La salud y educación son problemas que se manifiestan con mayor incidencia en las denominadas zonas marginales de Lima Metropolitana, lo que afecta el desarrollo y la vida de los niños, jóvenes y personas mayores de estas zonas geográficas de la capital peruana. Al respecto se ha determinado que sólo una cuarta parte de la población tiene un seguro de salud: 20.1% en ESSALUD (seguro público); 2% en seguros privados y 1.3% en la sanidad militar o policial; habiendo decaído la cobertura discretamente en la última década. Esto ocurre debido a la gran informalidad en el empleo y a la pobreza extendida, porque el aseguramiento depende de contribuciones en la planilla de pago de los empleadores. Actualmente el sistema de salud peruano es fragmentado, desorganizado e injusto, organizado en función de la condición social de los grupos sociales, existiendo atención y gastos marcadamente diferenciados y una gran iniquidad en la distribución del subsidio público, que margina a los grupos más desposeídos; lo que obedece a un estado excluyente que establece categorías de ciudadanos con derechos diferenciados. El problema de la exclusión en salud es también compartido en otras zonas como educación. La salud de la población peruana es un reflejo de su realidad social: se ha alcanzado una importante mejora en algunos indicadores de salud del país, sin embargo, las grandes diferencias que enmascaran los promedios nacionales ocultan las inequidades existentes en la salud. La mayor o menor probabilidad de muerte y enfermedad está en función de factores como el estrato socioeconómico, la condición de pobreza, el género y el nivel educativo en que se encuentren las personas.

Diversas investigaciones del Ministerio de Educación coinciden en señalar que dos de los problemas más importantes continúan siendo la inequidad en el acceso y la baja calidad de la educación. Por ejemplo, a pesar de que la cobertura a nivel de educación primaria llega al 96,1%, esta se reduce hasta 85% en educación secundaria, y baja inclusive hasta el 62% en educación inicial; peor aún, diferenciando por severidad de pobreza, se aprecia que la cobertura en educación inicial es aún critica en el caso de la pobreza extrema, llegando apenas al 43%. Por otro lado, solo una pequeña proporción de los estudiantes logra alcanzar el nivel de aprendizaje suficiente en matemáticas (15,1%), y comprensión de lectura (9,6%) que corresponden al grado que cursan. Si se considera que el tema del rendimiento escolar es de mediano plazo, se debe aprovechar la actual situación financiera de la economía para poner en marcha una reforma educativa integral que priorice la equidad, calidad de la educación e infraestructura.

• PROBLEMA PRINCIPAL

¿De qué manera las inversiones efectivas pueden facilitar la mejora de los estándares de salud y educación en las zonas marginales de Lima Metropolitana?

• PROBLEMAS ESPECÍFICOS

• 1. ¿De qué modo las decisiones de financiamiento de las ONGD pueden facilitar una vida saludable en las zonas marginales de Lima Metropolitana?

• 2. ¿De qué forma las decisiones de inversión de las ONGD pueden facilitar una educación para el desarrollo en las zonas marginales de Lima Metropolitana?

Marco teórico de la investigación

• INVERSIONES EFECTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO.

Según Ballón (2005), la Ley No. 27692, crea la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), como Organismo Público Descentralizado adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual constituye un pliego presupuestal. La APCI, tiene personería jurídica de Derecho Público y goza de autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa. Rige su funcionamiento de acuerdo a la Ley de Cooperación Técnica Internacional. La APCI tiene su sede en la ciudad de Lima, y ha establecido oficinas en el territorio de la República. Para sus acciones en el exterior se apoya en las misiones peruanas y en la infraestructura del Ministerio de relaciones Exteriores. La APCI, es el ente rector de la cooperación técnica internacional y tiene la responsabilidad de conducir, programar, organizar y supervisar la cooperación internacional no reembolsable, en función de la política nacional de desarrollo, en el marco de las disposiciones legales que regulan la cooperación técnica internacional. Cumple sus funciones basada en la eficiencia, la transparencia y la concertación entre los actores públicos y la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales. La APCI, Conduce y actualiza el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) Nacionales receptoras de CTI, el Registro Nacional de entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX), y el Registro de Donaciones conforme a la Ley de CTI.; y, otras relacionadas.

Según Beaumont (2006), las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo son instituciones privadas sin fines de lucro que cuentan con una estructura y política de dirección autónoma, independiente del Gobierno y de las instituciones estatales, así como de las Agencias Gubernamentales de Cooperación y de los propios beneficiarios. Dichas instituciones privadas pueden adoptar personería jurídica según el Código Civil (Decreto Legislativo Nº 295), Sección Segunda Personas Jurídicas, como Asociaciones o Fundaciones. De acuerdo a este marco jurídico, su estructura orgánica se ajusta a lo señalado en el Código Civil. El objetivo de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo es ejecutar proyectos o programas de desarrollo que busquen reducir los niveles de pobreza que afectan a la mayoría de los peruanos, así como, fomentar mecanismos de participación de la población beneficiaria en la identificación, diseño de objetivos e implementación de los proyectos que ejecutan en zonas prioritarias de acuerdo a la política nacional de desarrollo y a los programas regionales o locales.

Según Bedregal (2003), los antecedentes de la creación del registro de las ONGD se remontan a la dación de la Ley de Cooperación Técnica Internacional (Decreto Legislativo N° 719-91-PCM), que crea el Registro Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo receptoras de cooperación técnica internacional, al cual se accede cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley (Decreto Supremo N° 015-92-PCM). Con la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, Ley N° 27692, del 12 de abril de 2002, la APCI, como ente rector de la cooperación técnica internacional, asumió la función de conducir y actualizar el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. La inscripción en el Registro de la APCI, les permite a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo gozar de los beneficios como la devolución de impuestos del IGV e IPM por adquisiciones efectuadas con recursos de la cooperación técnica internacional, previo registro del Plan Operativo del programa, proyecto o actividad y la presentación de la opinión favorable del Sector y/o Región (dependiendo del ámbito geográfico del proyecto); la adscripción de expertos y voluntarios en el marco de un proyecto de cooperación técnica y otros beneficios según las normas legales vigentes, emitidas para este efecto. De la misma manera, la inscripción en el Registro de la APCI, implica el compromiso de presentar el Plan Anual de Actividades para el año en inicio, cualquier modificación en la programación de actividades o del presupuesto, la nómina del Consejo Directivo y/o domicilio legal, al igual que la información pertinente sobre la ejecución y/o finalización de los proyectos o programas por fuentes de financiación, de las actividades realizadas y las metas alcanzadas durante el año anterior. La inscripción en este Registro tiene una vigencia de dos años, pudiendo ser renovada por períodos similares, siempre y cuando las instituciones cumplan con los requisitos que establece la Ley. El incumplimiento de la presentación de los Informes y el Plan Operativo Anual, será motivo de la suspensión temporal de los beneficios y exoneraciones que se hubieran otorgado, hasta la reparación de la omisión. Toda información falsa o dolosa proporcionada por las ONGD en función de los Registros, queda sometida a las sanciones que señala el derecho penal peruano. Las sanciones serán aplicadas, previa notificación y descargo de la persona jurídica afectada.

Según De Belaúnde y Parodi (1998), las inversiones que lleve a cabo la ONGD, se llevarán a cabo a partir de la cooperación técnica que reciba de países y entidades cooperantes. La Cooperación Técnica, es la ayuda destinada a apoyar países en desarrollo, mediante la transferencia de técnicas, tecnologías, conocimientos, habilidades y experiencias, en determinadas zonas donde un país o una fuente tengan un mayor nivel de desarrollo. Este tipo de cooperación se hace bajo la modalidad de proyecto. Los proyectos incluyen los recursos necesarios para la asistencia técnica, los equipos y la capacitación o entrenamiento de nacionales. Los expertos son profesionales con un alto nivel técnico y científico. Los motivos de este intercambio pueden ser compartir experiencias y conocimientos, capacitación de grupos de personas, asesorar la ejecución de un proyecto o brindar asesoría a una entidad. La asistencia técnica por vía de los voluntarios tiene como objetivo ayudar al desarrollo económico o social de otro país, mediante la promoción y la participación de jóvenes extranjeros motivados en colaborar en este sentido o bien con la colaboración de voluntarios Senior.

Giesecke (2005), indica que las inversiones que lleven a cabo las ONGD, se concretarán como consecuencia de recibir el financiamiento correspondiente a través de la cooperación financiera, la misma que es la cooperación ofrecida por algunas fuentes mediante la asignación de recursos financieros o fondos, con el objeto de apoyar proyectos de desarrollo. Se divide en reembolsable y no reembolsable. La Cooperación Financiera Reembolsable se desarrolla bajo condiciones de interés y de tiempo más favorables. Es considerada por los cooperantes internacionales como otro tipo de cooperación, aunque se trata de créditos blandos. La Cooperación Técnica No Reembolsable es aquella en la que no hay reintegro de recursos monetarios. En algunos casos los recursos se han empleado también para adquisición de material y equipos, o la financiación de estudios de preinversión y factibilidad.

Hennin (2003), indica que la cooperación internacional no oficial es otorgada por las Organizaciones No Gubernamentales de carácter privado, sin ánimo de lucro (ONGD) y, por lo general, es ofrecida a instituciones del mismo carácter en los países en desarrollo. A nivel académico, también cabe destacar la cooperación entre universidades en el mundo, a través intercambios de profesores, investigaciones conjuntas, semestres compartidos y otras modalidades, que se llevan a cabo por medio de convenios interuniversitarios. La cooperación con este tipo de fuentes no es coordinada por la APCI.

Según Hernández (2004), en la cooperación internacional los aportes de las fuentes se asignan de acuerdo con las alternativas de solución a las necesidades y problemas concretos planteadas en los proyectos o programas. En ocasiones algunos cooperantes ofrecen montos de cooperación, los cuales deben entenderse más como una voluntad de colaboración que como cifras exactas a incluir en los proyectos. Por lo anterior, es conveniente que el costo del proyecto presentado corresponda a proyectos realistas, racionales y sostenibles. La ayuda internacional por lo general no se entrega en dinero sino en especie, mediante la provisión de recursos humanos y la transferencia de tecnologías para los proyectos específicos. En caso de existir aportes en dinero, los recursos ingresan al presupuesto de la entidad ejecutora.

Meléndez y Zegarra (2003), indican que en el marco del Reglamento de la Ley de Cooperación Internacional; los recursos de Cooperación Técnica Internacional, se ejecutan según su contenido y finalidad, en las siguientes modalidades: Asesoramiento, Capacitación, Servicio de Voluntarios, Donaciones, Fondos de Contravalor. ASESORAMIENTO.- Se otorga o recibe mediante técnicos o profesionales con alto nivel de especialización y calificación para la ejecución de programas, proyectos o actividades de desarrollo. Las acciones están dirigidas a facilitar la solución de problemas científicos y tecnológicos, así como la transferencia e intercambio de conocimiento. CAPACITACIÓN.- Es una acción educativa de perfeccionamiento y/o adquisición de nuevos conocimientos que tiene por objeto la especialización de recursos humanos del país en el extranjero y de extranjeros en el país, tendiente a lograr su eficiente participación en el proceso de desarrollo y es proporcionada mediante cursos y otras modalidades de diferentes niveles, se realiza integral y permanentemente. SERVICIO DE VOLUNTARIOS.- comprende las acciones de profesionales y/o técnicos que, sin propósito de lucro, colaboran en la ejecución de programas, proyectos o actividades de desarrollo, en los que el país estime conveniente su participación. DONACIONES.- Es la transferencia a título gratuito de dinero, bienes o servicios, a favor del gobierno central, regional y/o local, así como de entidades e instituciones extranjeras de cooperación técnica Internacional y organizaciones no gubernamentales de desarrollo receptoras de cooperación técnica internacional, destinados a complementar la realización de un proyecto de desarrollo. FONDOS CONTRAVALOR.- Los fondos de contravalor son recursos que se originan en la modalidad de donación y su monetización aplicados para financiar actividades, proyectos o programas cuyo objetivo es complementar y contribuir al esfuerzo nacional, apoyando la ejecución de actividades, programas o proyectos prioritarios para el desarrollo del país.

Noriega y Saravia (2004), indican que a partir de los Planes Nacionales de Desarrollo, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, determina en el marco de las Prioridades Nacionales, las prioridades para la Cooperación Técnica Internacional, las que orientan la priorización de programas, proyectos y actividades que involucran CTI, a fin de incorporar al Programa Nacional de Cooperación Técnica. Respecto de la programación, las necesidades de desarrollo tienen preeminencia sobre la capacidad operativa. Las instituciones responsables de la programación son las siguientes: a) La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), encargada de elaborar el Programa Nacional de Cooperación Técnica Internacional en base a los Programas Regionales, Sectoriales y de las Universidades, así como de las solicitudes de las entidades del nivel central que no estén incluidas en dichos programas, en el marco de las prioridades contempladas en los planes de desarrollo; b) Las Dependencias de Cooperación Técnica Internacional de los Ministerios u Organismos Públicos Descentralizados del nivel central o los específicos, para los proyectos de carácter sectorial-nacional; los que deben ser previamente coordinados con los gobiernos regionales; c) Las Secretarías correspondiente de los gobiernos regionales, para los proyectos interregionales, regionales y subregionales, elaborando para tal fin el Programa Regional de Cooperación Técnica Internacional; d) Los Municipios Provinciales, para los proyectos de los Gobiernos Locales de cada uno de sus distritos, que para tal fin elaboran el Programa Local-Provincial; e) La Asamblea Nacional de Rectores, para los proyectos de las Universidades del país, que para tal fin elabora el Programa de la Universidad Peruana, f) El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), encargado de formular el Programa Nacional de Capacitación y Estímulos Educativos. En síntesis, la Cooperación Técnica Internacional se canaliza a través de programas. Estos programas son los siguientes: Programa Local-Provincial (PLCT), Programa Regional de Cooperación Técnica Internacional (PRCT), Programa Sectorial de Cooperación Técnica Internacional (PSCT), Programa de las Universidades (PUCT) y Programa Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCT).

Noriega y Saravia (2004), indican que de acuerdo con el Reglamento de la Ley de CTI, las Secretarías Regionales, identifican, analizan y priorizan las solicitudes de cooperación técnica internacional de programas o proyectos que operan en el ámbito de la Región y armonizan los Programas Locales-Provinciales de su ámbito, todo lo cual incorporarán al Programa Regional de Cooperación técnica Internacional (PRCT), que es aprobado anualmente por la Asamblea Regional mediante resolución regional y luego, remitido a la APCI. Los Gobiernos Locales-Provinciales; identifican, analizan, priorizan y programan las solicitudes de programas, proyectos y/o actividades que operan en el ámbito de los Gobiernos Locales de la Provincia. El Programa Local-Provincial (PLCT) será aprobado anualmente por acuerdo del Consejo Provincial y remitido a la Secretaría Regional correspondiente. El Organo Sectorial respectivo, identifica, analiza, prioriza y canaliza las solicitudes de programas, proyectos y/o actividades que involucran cooperación técnica internacional que operan en su ámbito, incluyendo las solicitudes generadas por las Instituciones Públicas Descentralizadas correspondientes al Sector y las incorpora al Programa Sectorial de Cooperación Técnica Internacional (PSCT). Será aprobado anualmente por Resolución Ministerial y remitido a la APCI. Cada Universidad elabora las solicitudes que involucran cooperación técnica internacional en base a las prioridades de desarrollo de la región en la que está ubicada. La Asamblea Nacional de Rectores, prioriza y canaliza las solicitudes de programas, proyectos y/o actividades que involucran cooperación técnica internacional de las Universidades y las incorpora en el Programa de las Universidades (PUCT), que será aprobado anualmente por Resolución de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y remitido a la APCI. Las solicitudes de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), sobre programas, proyectos y/o actividades que involucran cooperación técnica internacional y que operan en el ámbito de una Región, son presentadas a la Secretaría regional correspondiente del Gobierno regional, las que luego de ser analizadas y priorizadas, son incorporadas al Programa Regional de Cooperación Técnica Internacional. Las solicitudes de las ONGD, de programas, proyectos y/o actividades que involucran cooperación técnica internacional y que tienen un ámbito nacional, según su naturaleza es presentada al Sector correspondiente. Luego de ser analizadas y priorizadas son incorporadas al Programa Sectorial de Cooperación Técnica Internacional. En los niveles nacional, regional y local, con la finalidad de coordinar la compatibilidad con las prioridades de los planes de desarrollo y las formas de programación, y otras etapas, de programas, proyectos y/o actividades que involucran cooperación técnica internacional, las ONGD concertarán acciones con los respectivos órganos responsables de la cooperación técnica internacional. El respectivo órgano responsable de la programación, de programas y/o proyectos, emitirá opinión técnica dentro de un plazo que no excederá los 45 días calendario, contados a partir de la fecha de recepción de la correspondiente solicitud. Si la entidad solicitante no hubiera cumplido con presentar la información completa, será notificada para que proceda a la subsanación de las omisiones. Será denegada la solicitud de las entidades que no cumplan con hacerlo en el plazo de 15 días calendarios contados a partir de la recepción de la referida notificación. Con los Programas Regionales y Sectoriales de Cooperación Técnica y de la Asamblea Nacional de rectores, las solicitudes de las entidades públicas que no constituyan sectores de la administración Pública o que siéndolo, no dependen administrativamente de ningún Sector, la APCI compatibiliza, prioriza y formula el Programa Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCT). Las solicitudes que se generan por emergencia o calamidades nacionales son incorporadas en forma oportuna al PNCT. En forma excepcional, podrán ser incorporadas al PNCT, las solicitudes que respondan a las prioridades nacionales y que sean aprobadas por Resolución Jefatural de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Los programas o proyectos referidos a defensa y seguridad nacional, son remitidos por los ejecutores de estas actividades, directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores para su gestión.

Según Van Horne (2005), las decisiones de inversión, son probablemente las mas importantes de una entidad. El presupuesto de inversiones, que es su resultante final, representa la decisión de utilizar ciertos recursos para la realización de ciertos proyectos cuyos beneficios se concretarán en el futuro. Como los beneficios futuros no pueden conocerse con certeza, todo proyecto de inversión involucra necesariamente un riesgo, y en consecuencia debe evaluarse en relación con el rendimiento y el riesgo, y en consecuencia debe evaluarse en relación con el rendimiento y el riesgo adicionales que, presumiblemente, se acumularán a los ya existentes, porque estos son los factores que afectan la valuación de mercada de la entidad. La decisión de invertir involucra la de modificarla, o sea, la de reubicar recursos cuando un activo deje de justificarse económicamente. Las decisiones de inversión determinan el monto final de los activos de la entidad, su composición y la calidad e intensidad del riesgo institucional. Además de seleccionar inversiones nuevas, una entidad debe manejar con eficiencia los activos que ya posee. El gerente financiero tiene diversos grados de responsabilidad operativa sobre ellos. Debe ocuparse mas del manejo de los activos corrientes que de los fijos. Aunque el gerente financiero tiene poca o ninguna responsabilidad operativa respecto de los activos fijos, es responsable del monto y destino de los recursos empleados en estos, puesto que interviene en la preparación del presupuesto de inversiones, que implica la evaluación y aceptación o rechazo de cada proyecto.

Flores (2004-a), congruente con Caravedo y Pillado (2003), indican que la gestión de las inversiones se inicia con la presentación de la solicitud al organismo responsable correspondiente, del programa, proyecto y/o actividades que involucra Cooperación Técnica Internacional, continúa la negociación con la fuente cooperante y finaliza con la suscripción del Convenio o Intercambio de Notas, o la denegación de la propuesta. En la negociación con las Fuentes Cooperantes, de solicitudes de programas, proyectos y/o actividades que involucran Cooperación Técnica Internacional, se presentan aquellas que figuran en el Programa Nacional de Cooperación Técnica Internacional. Dichas solicitudes constituyen documentos oficiales e incluyen los términos de referencia iniciales de cada programa o proyecto. En la negociación de las acciones de Cooperación Técnica Internacional se utilizan los siguientes instrumentos: i) Convenios o Acuerdos Básicos, del Gobierno Peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Fuente Cooperante, con la previa opinión Técnica de la Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional (APCI); ii) Los Convenios y/o Acuerdos específicos de la fuente cooperante con las entidades promotoras del proyecto, se suscriben en el marco del Convenio base; iii) Otros Instrumentos Legales de Negociación que el Ministerio de Relaciones Exteriores estime conveniente. El Gobierno Peruano, con cada Fuente Cooperante, negocia la programación de los recursos que ella pone a disposición del país para un periodo determinado. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional, revisan los proyectos en ejecución y presentan los nuevos requerimientos. Los programas, proyectos y/o actividades de la Cooperación Técnica Internacional se hacen efectivos a través de las Unidades Ejecutoras de los Sectores Público y/o privado, en este último caso a través de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. En los proyectos que involucran Cooperación Técnica Internacional, la administración está sujeta a las normas nacionales, ordinarias y especiales vigentes y a las que se dicten para mejorar su eficiencia. Está sujeta a auditoria interna y externa. Las mismas que a la fecha no se aplica.

• MEJORA DE LOS ESTANDARES DE SALUD Y EDUCACION EN LAS ZONASS MARGINALES DE LIMA METROPOLITANA

Bellido (2005), indica que en la última década han confluido distintas tendencias que cuestionan la manera tradicional de abordar las decisiones de inversión. Por una parte, la preocupación por la Responsabilidad Social Empresarial ha impulsado a las empresas a integrar las variables sociales y medioambientales en las operaciones del negocio y a mantener un diálogo más fluido con sus diferentes grupos de interés (clientes, empleados, proveedores, etc.). Por otra, en el sector de la filantropía surge con fuerza un nuevo perfil de donante que asume riesgos similares al del inversor. Se trata tanto de personas como de instituciones, que buscan emparejar sus motivaciones sociales con la búsqueda de cierta rentabilidad económica. Esas tendencias han impulsado la creación y desarrollo de distintos instrumentos o fondos de inversión caracterizados por el uso de criterios sociales y medioambientales (fondos éticos o, más propiamente, fondos socialmente responsables). Por último, en el campo del Desarrollo ha surgido una nueva corriente que está rebatiendo la manera tradicional de abordar la solución de muchos problemas sociales. Este nuevo enfoque, conocido comúnmente como "la base de la pirámide", defiende que los pobres pueden ser clientes excelentes, y que el secreto está en que las empresas mediante la innovación desarrollen productos y servicios para esos miles de millones de personas que se encuentran en la "base de la pirámide". Entre los ejemplos más significativos se encuentran las "microfinanzas", una tecnología crediticia, desarrollada en sus orígenes por algunas ONGDs, que ha conseguido hacer accesibles los productos financieros a los más pobres e interesar a la banca convencional y los fondos de inversión en esta nueva "industria". Todos estos ejemplos muestran el creciente interés de la sociedad por los temas sociales y medioambientales. Esto plantea a las empresas importantes retos y oportunidades, tanto en el diseño de sus productos como en el desarrollo de sus operaciones, si quieren conectar con esas nuevas sensibilidades y responder adecuadamente a un perfil nuevo de "inversor", que quiere conciliar su motivación financiera y sus intenciones altruistas.

Según Bardales (2006)[1], en el Perú hasta la década del setenta existía exclusión de servicios de salud de amplios sectores de la población, como consecuencia de su marginación ciudadana, ya que fue a finales de esa década en que se instituye la universalidad de los derechos ciudadanos en la Constitución Política del Perú. Incluso la Constitución vigente es contradictoria e insuficiente en la institución de derechos en salud; así, establece que la seguridad social es universal pero a la vez progresiva y que el Estado sólo garantiza el libre acceso a los servicios, restringiendo la ciudadanía a una condición de clientes de servicios en un libre mercado, sin instaurar el derecho a la atención de salud. Es por ello, que el desarrollo de los servicios primarios recién se inicia desde esa década; sin embargo, un serio problema era la escasez de personal en los establecimientos rurales, especialmente de profesionales, debido a la falta de asignación de plazas; los establecimientos funcionaban con personal no profesional y con poco entrenamiento. Es recién en la década del noventa que se dota de profesionales a estos establecimientos; sin embargo, la cobertura de atención primaria ha crecido lentamente, con limitaciones en los ámbitos rurales a pesar de la importante expansión de infraestructura producida. Sólo una cuarta parte de la población tiene un seguro de salud: 20.1% en ESSALUD (seguro público); 2% en seguros privados y 1.3% en la sanidad militar o policial; habiendo decaído la cobertura discretamente en la última década. Esto ocurre debido a la gran informalidad en el empleo y a la pobreza extendida, porque el aseguramiento depende de contribuciones en la planilla de pago de los empleadores. A este problema hay que agregar que sólo el 57% de los asegurados en ESSALUD usa sus servicios de atención ambulatoria. Por su lado, las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), de carácter privado y creadas en 1998 con la "modernización de la seguridad social", tienen una cobertura insignificante (1.3%). En 1998, el gasto total del sector salud fue de US $ 2,651.2 millones, representando US $ 100 por habitante y el 4.4% del PBI, menor al promedio de América Latina y el Caribe (7.2%). Sin embargo, este gasto no es equitativo; así, mientras que ESSALUD asigna US $ 108 por asegurado, los seguros privados efectúan un gasto de US $ 200. Del total del gasto, 63% se dedica a servicios de salud, 32% a medicamentos y 5% a inversión. La distribución por prestador fue la siguiente: 27.9% en el Ministerio de Salud; 0.4% en otro servicio público; 25.1% en ESSALUD; 3.8% en la sanidad militar y policial; 20.3% en el sector privado y 22.5% en las farmacias.

Según Bardales (2006)[2], actualmente el sistema de salud peruano es fragmentado, desorganizado e injusto, organizado en función de la condición social de los grupos sociales, existiendo atención y gastos marcadamente diferenciados y una gran iniquidad en la distribución del subsidio público, que margina a los grupos más desposeídos; lo que obedecía a un estado excluyente que establecía categorías de ciudadanos con derechos diferenciados. El problema de la exclusión en salud es también compartido en otras zonas como educación, justicia y demás derechos de carácter social y político. Esta organización del sistema de salud tiene consecuencias importantes: Existe una importante derivación del subsidio público hacia los otros subsectores: el 21.5% de los asegurados en ESSALUD, el 29.3% de los asegurados de pólizas privadas individuales, el 14.2% de los de póliza privada colectiva y el 13.5% de los de la sanidad militar y policial usan los servicios del MINSA. Los servicios del MINSA constituyen el principal proveedor para todos los grupos socioeconómicos, especialmente de los más pobres (quintiles I, II y III), siendo para el más pobre casi el único. ESSALUD cubre a los quintiles III, IV y V, al igual que los establecimientos privados. Existe un serio problema de acceso a servicios de salud para los pobres, en especial en zonas rurales, pese a tener mayores necesidades de salud por presentar mayor morbimortalidad, debido a su escasa capacidad adquisitiva y la carencia de un seguro de salud. Sin embargo, el acceso a los hospitales del MINSA es perverso: éste se incrementa de acuerdo al nivel de ingreso, mientras que disminuye para la atención primaria. En la práctica existen dos modelos de atención: uno basado en atención primaria para los más pobres y otro hospitalario de mayor gasto y que concentra la mayor parte del subsidio público para la población de ingresos medios y altos. Así, el 75% del subsidio al quintil de mayores ingresos de las zonas urbanas es para atención hospitalaria, siendo mayor que el otorgado a las zonas rurales.