Agricultura sostenible como opción de desarrollo para el sector rural en Colombia (página 2)

Debilitamiento notable de la comunidad rural. Expresado en el debilitamiento de las solidaridades colectivas y comunitarias como estructura de la sociedad rural.

Relaciones de propiedad en las que se incorpora la propiedad financiera e industrial en las áreas rurales y actividades agropecuarias. Con lo que el papel central de las relaciones de propiedad como elemento dinamizador del cambio rural pierde importancia. Si bien no desaparece el conflicto por la tierra, ahora se entreteje con otras complejidades.

• Política comercial agrícola de transición

(.) es decir, una política que permita pasar de una agricultura protegida y aislada de las señales de precios internacionales, a una agricultura abierta con capacidad de competir en el mercado mundial (Bejarano 1998b, 7)

Los cambios enfrentados por el sector, producto del ordenamiento comercial internacional fundamentado en el libre comercio y la integración de las economías, así como la tercerización de las actividades económicas en el sector rural obligaron giros importantes en el papel del Estado en un escenario de apertura comercial. Su presencia se redujo sustancialmente, al tiempo que la producción se exponía a la competencia internacional y a una política de subsidios agrícolas en los países industrializados (Bejarano 1998c).

En este marco de transición identifica Bejarano (op. cit.) dos elementos al analizar el problema: la gradualidad del proceso y la asimetría entre modernización e intervención. El primero, "la gradualidad en el proceso de internacionalización de la agricultura" fue ignorado por la política gubernamental en la década de los noventas. Y el segundo, "la asimetría fundamental entre los objetivos de modernización y de fomento y la reducción creciente de los instrumentos de acción del propio Estado" se sentenció de tal manera que las consecuencias de carácter distributivo, hablando en términos de economía política, marcaron las mutabilidades en las que se sustentan la crisis de la economía y la disolución de la comunidad rural en la primera década del presente siglo.

Desde este punto de vista, las dificultades del proceso de modernización de la agricultura llevan a esperar que la gradualidad se garantice por medio de intervenciones transitorias del Estado hasta lograr la necesaria productividad del sector para enfrentar la competencia internacional. Y a la vez, se aceptaría, la señalada asimetría se mantendrá por un largo tiempo ya que los países desarrollados seguirán protegiendo a sus agricultores, mientras los cambios en el Estado colombiano le impedirán contar con los recursos para hacer lo propio; y, de hacerlo con un sector, en medio de una economía abierta, obligará a los consumidores a pagar un precio alto por los productos protegidos (Bejarano, 1998c).

• Economía política de la transición

La política comercial (.) apunta en esencia a definir la distancia entre los precios internacionales y los precios internos de los bienes comerciables (.), en consecuencia, decide a corto plazo sobre los aumentos de la producción y de la productividad, sobre los impactos sociales y sobre las nuevas condiciones de desempeño de la agricultura. Se asocia a la reducción de la incertidumbre de los productores y a la estabilización de los precios; decide, sobre los aspectos concernientes a la seguridad alimentaria en el corto plazo. (.) dados sus efectos sobre la producción, el empleo y los ingresos rurales, está, de manera directa, asociada a factores tales como la estabilidad política y social y a las condiciones de gobernabilidad de las áreas rurales. (Bejarano 1998c, 19)

En cuanto a los precios relativos, Bejarano señala que los efectos sobre un aumento de la producción, en el caso de un precio alto, se da debido a la sensibilidad de los productos a los cambios de precio, y si existe la expectativa de que dicho precio se mantenga se dará un aumento mayor vía cambio tecnológico. Los ingresos y egresos del gobierno se alterarán, en el corto y largo plazo, dado que las políticas de precios son subvenciones o impuestos a los productos. De la misma manera los precios de productor y consumidor afecta el ingreso agrícola. Al igual que pueden generar desplazamiento de recursos de un sector a otro.

Siguiendo la teoría económica convencional se muestra, Bejarano (1997c), que el supuesto objetivo del precio "único" de referencia al que debería conducir el comercio internacional, en busca del cuál se estructuran las políticas de precios, no es logrado. La estabilización de mercados y de ingresos de algunos productores, o por la asignación de recursos o abaratamiento de costos; como primera causa. Diferenciales en los costos de comercialización interna dada la debilidad de las instituciones de mercado; en segundo lugar. Y, las imperfecciones en las estructuras de mercado. Dichas circunstancias, identificadas en la transición de agriculturas protegidas a abiertas en países en desarrollo, consideradas en su conjunto perturban el crecimiento global, crean desventajas competitivas e impiden la formación de precios domésticos transparentes y competitivos.

A este respecto identifica cuatro hechos estilizados a considerar en el estudio de las políticas agrícolas de economías como la colombiana. La protección busca estimular el crecimiento vía sustitución. Mantenimiento de tasas de cambio sobrevaluadas. Gravámenes a bienes agrícolas, e intento de reprimir los precios al productor (Bejarano 1998c).

Esta identificación de elementos de economía política finaliza con una perspectiva en que el profesor Bejarano (1998c), retomando a Anne Krueger y Jagish Bhagwati, recomienda para el análisis de la evolución de los regímenes de comercio exterior cinco fases propuestas: la primera se caracteriza por unos controles comercial y de cambios razonablemente uniformes y lineales; en la segunda estos controles se hacen más complejos y sus consecuencias económicas generan reacciones; lo que da paso a una tercera fase de reforma a fondo; subsiguiente una considerada como periodo en el que la liberación existe simultáneamente a los controles; y la fase cinco muestra pocos controles comerciales y del tipo de cambio, un período de alto grado de apertura.

• Desarrollo institucional en el marco de las reformas

Relacionado con la política comercial agrícola de transición se encuentra la adecuación del entramado institucional a las nuevas condiciones del sector agrícola abierto a la competencia internacional. A este respecto, en varios de los trabajos, en particular los preparados para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, se centra Bejarano en la consideración de las instituciones y su relación con las políticas agrícolas; que le condujo a incorporar el análisis institucionalista.

Al respecto identifica un nuevo escenario internacional para la producción agrícola. Los bienes elaborados, de mayor valor agregado, toman un peso importante en el conjunto del comercio mundial en sustitución de los bienes primarios. Otro cambio determinante se da con las reformas en los países en desarrollo: corrección de la sobrevaloración del tipo de cambio, reducción del control de capitales y privatizaciones; mientras que en los países desarrollados los subsidios a los productores agrícolas van ganando arraigo político. Entroncado a lo anterior, los nuevos instrumentos institucionales a nivel internacional buscan organizar el comercio mundial. Y la natural consecuencia, acuerdos regionales de comercio (Bejarano 1998b). Finalmente a estos cambios agrega algunas consideraciones entre la relación del comercio internacional y las restricciones de naturaleza ambiental; que para la época, 1998, presentaban el reto de incorporar objetivos de sostenibilidad a las políticas agrícolas con su necesaria concreción institucional.

Ahora en el plano interno, las transformaciones las analiza partiendo de la consideración de los sesgos que las políticas proteccionistas adoptadas en los países en desarrollo ocasionaron sobre la agricultura. Con efectos discriminatorios: contra la producción de bienes comercializables, y dentro de estos, contra las exportaciones, y de estas, las de origen agrícola, y a favor de los cultivos alimenticios (Bejarano 1998b). Lo que en conjunto provocó notables distorsiones de los precios en perjuicio de la agricultura y acarreó una deficiente asignación de recursos. Otros cambios en el contexto económico de la transición hacia una agricultura abierta están asociados a la reducción, incluidos subsidios y estímulos, del gasto gubernamental de la actividad agrícola y la retirada de agencias estatales de los mercados de insumos y productos, dando paso a los privados. Y, la determinación de los precios de los alimentos por el mercado y los precios internacionales; con las consabidas consecuencias al enfrentar la competencia internacional.

• Economía política del desarrollo institucional

"La oferta de innovación institucional depende decisivamente de la estructura de poder o del desequilibrio existente entre los grupos de interés creados en una sociedad" (Bejarano 1998b, 48). La posibilidad que un cambio institucional ocurra no depende, únicamente, del beneficio que éste dé al conjunto de la sociedad. En términos institucionalistas los "empresarios políticos", del bloque dominante, implementarán una innovación institucional en la medida que esta les reditúe en prestigio y apoyo político, de lo contrario no lo harán. Se puede concluir, entre el costo marginal de la movilidad de los recursos y el rendimiento privado de los "empresarios políticos" se define relativamente el óptimo social.

De lo anterior se desprende que en un contexto de reformas de política agrícolas hacia una liberalización, el fortalecimiento de las instituciones es determinante. Quizás las diferencias al respecto con países desarrollados se encuentre asociado a la existencia de grupos de interés que tienen poder de "cabildeo" frente a los hacedores de las políticas para el sector. El clima político y el clima institucional se entrecruzan a la hora de las definiciones; lo que presenta sus particularidades en un país en desarrollo con un insuficiente progreso institucional agrícola y conflictos sociales. En fin, los desafíos en lo interno están en mejorar "la economía política de la política agrícola" y aumentar "la capacidad de reforma institucional interna".

• Elementos de la nueva economía institucional para el estudio del problema agrario en Bejarano

La ingente búsqueda por comprender el problema agrario llevó a Chucho Bejarano a intentar caminos alternativos, no preconcebidos como señala uno de sus contemporáneos, en teoría económica. Ahora se verán específicamente los conceptos del neoinstitucionalismo a los cuales acudió. Implementando como metodología la comparación con lo estudiado por otros autores se indagará por la pertinencia de los mismos en el análisis actual del problema agrario en Colombia.

Será necesario advertir que el enfoque analítico adoptado por los nuevos institucionalistas no pretende un nuevo tipo de teoría, sino más bien introducir un mayor detalle institucional en el análisis de las actividades económicas, reconociendo que el análisis neoclásico típico es demasiado abstracto y no proporciona orientaciones prácticas para muchos problemas actuales de interés que conciernen a los formuladotes de políticas públicas y que omite la importancia de las instituciones, sin advertir que cada regla de juego, cada estructura organizacional determinada, afecta a los incentivos y el comportamiento[1]

De los trabajos revisados se puede concluir que la postura del profesor Bejarano se mantuvo a medio camino entre el estudio del mercado, en una acepción heterodoxa, y el de las instituciones que lo cohesionan. Se aborda la economía política de los derechos de propiedad y los costos de transacción como un acercamiento al estudio de la situación actual y el camino de transformación de la tenencia de la tierra. Sin profundizar en la realidad del mercado de tierras, se consideran tres elementos determinantes: la acción colectiva, la avidez por la renta y la negociación voluntaria. Que junto a la economía política de los derechos de propiedad y de los costos de transacción conforman la mirada institucionalista que se ha rastreado en los trabajos del doctor Bejarano.

• Derechos de propiedad

Hoy en día no existe en el sector rural colombiano una institución que tenga más vigencia, que más contribuya a definir su ordenamiento social, económico y político y que menos se adecué a las necesidades de desarrollo y que por tanto sea un generador primordial de conflicto, que la de los derechos de propiedad (Bernal 1998, 32).

La necesidad de definir claramente los derechos de propiedad para el funcionamiento organizacional de la economía es fuente, según Bejarano, de demoras y diversas descomposturas en el funcionamiento del mercado. Para el caso, la definición de derechos de propiedad en el sector agrario va de la mano con el fortalecimiento de las instituciones que lo garantizan. Al respecto Bernal (1998, 8) señala que

"Para una sociedad rural como la colombiana, en donde amplias regiones tienen una estructura institucional precaria y los costos de transacción son demasiado altos, la definición adecuada de los derechos de propiedad así como su protección no sólo tiene importancia económica, sino que tiene indudable repercusión en la formación de las relaciones sociales y la organización política".

El argumento anterior significaría que el problema agrario, en una mirada neoinstitucional, puede entenderse en primera medida como desajustes del funcionamiento del mercado de tierras. Al respecto Machado identifica algunos obstáculos: influencia de las políticas macroeconómicas sobre los precios de la tierra, el rezago catastral y tributario, y la carencia de un sistema de información sobre precios y mercados (Machado 1999b).

Tal cambio de perspectiva no deja de lado que relacionado a los derechos de propiedad están los altos niveles de renta y el uso especulativo de la tierra, y como tal son las bases sobre las que se ha formado históricamente el orden social; que a su vez sustenta el sistema político que entronca un tipo de relaciones, no sólo de producción, como rasgos inmanentes de una sociedad regional.

• Costos de transacción

Surgidos de la exclusión, los costos de comunicación e información, los costos del desequilibrio (Bejarano 1999b) son abordados de manera sencilla en el interesante trabajo de Claudia Rincón, del cual Chucho junto con Álvaro Balcázar fueron jurados, en el que se indaga por: ¿qué se compra?, ¿dónde se compra? y, ¿a que precio se compra? (Rincón 1997).

La tierra es un bien heterogéneo dependiendo de características geográficas, de calidad del suelo, infraestructura, entre otras. Lo cual demanda del potencial comprador poseer la información respectiva, tratando de dilucidar otras cuestiones como conflictos por el predio, restricciones al uso de esa tierra y el agua, hasta las relaciones con la vecindad; ocasionando costos de transporte y de consecución de información. En síntesis, superar la información asimétrica aumenta los costos de transacción (Rincón 1997).

Para que un agente venda y el otro compre se requiere la coincidencia de beneficios esperados y expectativas en términos netos. Ahora bien, ¿cómo se fija el precio? Siguiendo a Rincón, los agentes toman como referencia transacciones recientes de predios vecinos o similares. Este mecanismo tan cotidiano genera diferencias en las expectativas, dadas las características de la transacción, que a su vez generan costos de negociación que se suman a los costos de transacción.

Adicional, Rincón identifica los costos de formalización de contratos de compra-venta que deben incluir los gastos notariales, pago de impuestos, inscripción en el registro público y desplazamiento a las oficinas oficiales. La mayoría de los costos descritos son fijos para cualquier transacción, lo que ocasiona que proporcionalmente adquirir un pequeño terreno tenga costos de transacción sustancialmente más altos que uno grande.

De lo anterior se concluye que "Los costos de transacción frenan la dinámica del mercado de tierras disminuyéndole las posibilidades de compra a los pequeños y medianos productores y, a los inversionistas se les hace más atractiva la participación en otros mercados" (Rincón 1997, 37). Es evidente la importancia del aporte de este análisis para la problemática agraria que junto a otras consideraciones puede dar luces a la dinámica del movimiento en la adquisición de tierras en las últimas dos décadas.

• Economía política de los derechos de propiedad y costos de transacción

Algunos autores señalan que en Colombia la propiedad en muchas zonas esta ligada a condiciones de prestigio y poder, lo cuál está asociado a lo que antes se describió como obstáculos para el funcionamiento del mercado de tierras (Machado 1999b). Además, siguiendo el mismo trabajo, las transferencias, incluso la captura y protección, de derechos de propiedad tienen un carácter local. Caracterización que se explica porque se "supone relaciones de confianza y parentesco, por la presencia de conflictos de orden público en muchas regiones, por la acción que ejerce sobre la demanda el dinero del narcotráfico o por los altos costos de transacción que resultan de las particiones de grandes predios en pequeñas parcelas" (op. cit., 80).

Alrededor de la regulación de los derechos de propiedad vale la pena extraer del mismo estudio algunas de las dificultades para la operación de la negociación voluntaria[2]"una oferta restringida de tierras derivada de la presencia de derechos de posesión ambiguos sobre la tierra, la presencia de productores sin título, o de predios no registrados en los catastros municipales. De otro lado, un elevado número de aspirantes a tierra, en un buen porcentaje ubicados en las cabeceras municipales e incentivados por el alto valor del subsidio previsto en la Ley 160/94" (op. cit., 80).

Diagnóstico

• La tenencia de la tierra y el problema agrario

Lo que en este trabajo se ha denominado como tenencia de la tierra corresponde a la definición, protección y acceso a los derechos de propiedad sobre predios rurales con fines de explotación económica, subsistencia y construcción de comunidad. Tal cambio de perspectiva no desconoce que las tensiones alrededor del acceso a la tierra hayan jugado un papel determinante en la formación y posterior transformación de nuestra ruralidad. Retomando las concepciones de Bejarano, se procura explotar su enfoque para identificar las nuevas complejidades que hacen parte del problema hoy.

Tendencia regresiva de la concentración – consideraciones institucionales

Como instrumento se usa el conocido índice de Gini en su evolución nacional y regional. Sin olvidar las diferencias metodológicas[3]apelamos a los cálculos realizados por Claudia Rincón en su citado trabajo; en el anexo se presenta la tabla 6 de información base.

Las comparaciones temporales del índice de Gini[4]dejan ver que al revisar el latifundio en manos privadas se llega a un 88.0% en 1997, con el cuidado que tiene Claudia Rincón al excluir las tierras de resguardo y reservas indígenas como forma de aislar la adjudicación de la mayoría de resguardos a comunidades (ver anexo tabla 7). Siendo evidente que la concentración de la tierra aumento en la última década del siglo. De la misma manera el aumento en las regiones, exceptuando centro oriente, esta asociado a la adquisición de tierras por parte del narcotráfico aumentando los precios y los costos de producción, además de la violencia, argumenta Rincón (1998). Respalda su afirmación en la relación que existe entre la proporción por región de municipios con influencia del narcotráfico y los datos presentados en la tabla 1.

La relación de la concentración y el aumento neto del área de tierra en explotación se puede corresponder mediante los índices de Lorenz[5]que se presentan en la tabla 2. No se puede olvidar que el área cosechada aumento sustancialmente durante la década de los ochenta (ver gráfica 1 anexo). Por cuestión de espacio sólo se enuncia esta relación.

• Estructura de la tenencia de la tierra – consideraciones de calidad y rentabilidad

Continuando con las consideraciones alrededor de la tenencia de la tierra, es claro que la cantidad de tierra es un indicador del problema agrario, mas sería unilateral considerarlo como el único o determinante. Desde los economistas clásicos, con el concepto de renta, hasta hoy las teorías al respecto han aportado y a la vez controvertido. Como se señaló antes, otros aspectos de carácter financiero e institucional deben ser considerados al estudiar la estructura de tenencia de la tierra.

A continuación se analiza la distribución de los predios teniendo en cuenta criterios de productividad y calidad a partir de datos cuantificados en Unidades Agrícolas Familiares – UAF[6]como método comparativo se presenta nuevamente el índice de Gini calculado en relación a dicha unidad y ajustes de otras metodologías como el avalúo catastral.

Partiendo de un promedio nacional en el tamaño de la UAF[7]la información de la tabla 4 permite señalar que en términos globales la tenencia de la tierra considerando la calidad y productividad de la misma no ha variado considerablemente de la década de los sesenta a finales de siglo. La concentración de la tierra es alta y ha aumentó en la última década del siglo. Hay que reconocer que, si bien la tendencia no varia, al considerar las características de calidad y productividad los índices de concentración sobre la tierra (mostrados en la tabla 1) varían en proporciones importantes.

Sin importar cuál sea la metodología utilizada el resultado frente a la concentración de la tierra nos conduce a la misma conclusión. El Banco Mundial (2004)[8] se basa en cálculos más refinados y encuentra el coeficiente de Gini a partir del área bruta, y simultáneamente considera el avalúo catastral como un indicador más confiable para hacer la medición en lugar de la UAF. De la misma manera los datos desagregados dejan ver una tendencia afín a la mostrada por Claudia Rincón, aunque los coeficientes tienen variaciones específicas (tabla 9 en anexo).

Se desprende de la comparación anterior, la concentración de la tierra es menor si se consideran variables como productividad del suelo y acceso a mercados. Lo que insinua características de subutilización en el caso de las grandes propiedades y de sobreexplotación en las pequeñas. Pero se puede decir que además de las tensiones propias de los derechos de propiedad sobre la tierra, otros elementos como infraestructura, acceso a crédito o control sobre precios, se avizoran como parte de los determinantes de las relaciones de propiedad en lo rural. Aun por demostrar quedan los elementos relacionados con el precio de la tierra en el mercado, para lo cual el avalúo catastral utilizado en los cálculos no arroja indicios claros.

Una mirada más concreta a las estadísticas sobre la pequeña propiedad, a partir de los datos observados para 1997, en los que el 97.06% de los propietarios posee el 34.47% del total de la superficie en comparación al 40.74% que poseían en 1960, abre el interrogante sobre el proceso del minifundio en Colombia a lo largo de segunda mitad del siglo. Los diferentes procesos de fragmentación ubican un contexto en el que la explotación ha degradado los recursos de la tierra y no ha contribuido a un mejoramiento sustancial de la productividad. A lo anterior se le agrega los altos precios de las pequeñas propiedades, con fines de vivienda y recreo, en zonas cercanas a los centros urbanos o regiones turísticas. Esta peculiaridad, designada por algunos como "chaletización", hace parte de la tercerización de los usos de la tierra rural. Al respecto del minifundio, Machado (1998, p 188) señala que la característica principal es la baja rentabilidad del negocio, un ambiente social y político desfavorable para la permanencia de los productores en el sector rural, la falta de unas reglas de juego claras y permanentes para la inversión en el campo, el debilitamiento de los programas de desarrollo rural y el cierre de oportunidades de acceso a activos productivos y tecnología.

Tabla No 4

Tomado de Rincón (1997, 26)

* Corrección del total nacional excluyendo los resguardos indígenas

**Los datos nominales se encuentran en la tabla 8 del anexo

Ahondando más en las relaciones de propiedad de las pequeñas unidades debe mostrarse de acuerdo a las particularidades de cada región que la extensión como criterio es poco ambigua. En departamentos con poco uso agropecuario, un minifundio puede incluso componerse de 500 hectáreas; como lo establecen algunas estadísticas para la amazonía. En estos casos el determinante en el problema de la tenencia esta más en relación a condiciones de calidad y posibilidades de explotación productiva, y de manera estructural con el contexto institucional para las actividades económicas.

Por otra parte en las regiones donde lo predominante es la pequeña propiedad el minifundio puede incluso llegar a ser menor a 3 hectáreas. La tabla 5 deja ver que de un total de 9.135.854 hectáreas, 1.520.009 (16.6% del área total minifundista) de estas se encuentra altamente fragmenta en 1.602.706 pequeños predios menores a 3 hectáreas. Es decir, en promedio para este rango cada predio es menor a 1 hectárea, lo que llevo a la definición de microfundio[9]Al respecto es pertinente señalar que la distribución a perce no soluciona el problema de la tenencia, pero también es aventurado afirmar que dicha distribución límite sea la causa de la baja productividad de la agricultura.

Retómese nuevamente las estadísticas en términos de UAF para aclarar este punto. Machado señala que para los veinte departamentos donde el minifundio tiene importancia el 87.7% de los predios del minifundio es catalogado como microfundio; un total de 1.892.089 predios con la mitad del ingreso de subsistencia. Y, 270.469 (12.5%) predios cuentan entre ½ y una UAF.

Conclusiones

• Efectos en el sector de la política comercial agrícola de transición

Los precios relativos ante un aumento de la producción aumentan debido a la sensibilidad de los productos, y si existe la expectativa de que dicho precio se mantenga se dará un aumento mayor vía cambio tecnológico. Los ingresos y egresos del gobierno se alterarán, los precios de productor y consumidor afecta el ingreso agrícola y generan desplazamiento de recursos de un sector a otro.

El objetivo del precio "único" de referencia al que debería conducir el comercio internacional no es logrado. Posibles causas: estabilización de mercados y de ingresos de algunos productores, asignación de recursos o abaratamiento de costos. Pueden considerarse los diferenciales en los costos de comercialización interna dada la debilidad de las instituciones de mercado. Estas circunstancias consideradas en su conjunto perturban el crecimiento global, crean desventajas competitivas e impiden la formación de precios domésticos transparentes y competitivos.

Como punto partida para ulteriores análisis "Es necesario aumentar la capacidad de análisis de las relaciones entre la agricultura y la macroeconomía, mejorar la capacidad de diálogo y negociación con los decisores de política general". Frente a la implementación de reformas de política se "necesita mejorar su conocimiento sobre los efectos (.) en los consumidores y especialmente en los grupos vulnerables". "Incorporar metas de seguridad alimentaria y una amplia capacidad institucional para examinar de manera permanente el comportamiento de los mercados mundiales de alimentos" (Bejarano 1998b). Agrega que la liberación de la agricultura demanda un tratamiento equilibrado con los otros sectores de la economía.

• "Instituciones alternativas" como gestión sui géneris de los costos de transacción en Colombia

Pásese a estudiar una particularidad en la economía política de los costos de transacción. De un lado la existencia de unos costos de transacción derivados de la violencia social, que crea indefinición en los derechos de propiedad y de su protección, de la protección de la vida misma de las personas, de la inexistente confianza y un entorno institucional no propicio. Y, de otro lado, el crecimiento continuo y aumento de la eficiencia. Aclarando que de estas dos apreciaciones no se puede generalizar para todas las regiones o intentar estandarizar sus implicaciones.

Las transformaciones del entorno para el campo colombiano han sido abordados por varios estudios incluidos algunos de Bejarano, otros de la Misión Rural en particular el citado (Bernal, 1998) y muchos otros abordados desde un enfoque que integra otras disciplinas. Bernal señala tres elementos a estudiar: los arreglos privados, credibilidad de los compromisos e irremediabilidad.

"Ante el fracaso del entorno institucional de jure, los productores han llegado a un arreglo privado con los agentes violentos, instituciones de facto. El bien transado es la seguridad" (op. cit., 17) y continua señalando que esta ley de contrato tiene un carácter de obligatoriedad impuesta por el actor que posea el monopolio de la fuerza. Es más o menos claro que la credibilidad en estos arreglos privados depende de un juego de intereses políticos y económicos. Y, no es nada claro que la única alternativa (irremediabilidad) viable superior a estos costos haya sido la formación de grupos de seguridad privada.

Alrededor de esta gestión sui géneris de los costos de transacción, Bejarano (et al 1997a) citado por Bernal (1998, 19) "considera que en la sociedad colombiana hay un proceso de acomodamiento para convivir con la inseguridad y hay una disposición a pagar. La carencia de información (o su asimetría, se debería agregar) no permite a los diferentes autores profundizar sobre la racionalidad individual implícita en la decisión, ni sobre los "arreglos" institucionales que demanda".

Queda, pues, abierta la pregunta, no sólo para economistas, sino necesariamente para sociólogos, politólogos y teóricos del conflicto, de si estos arreglos privados son eficientes para el conjunto de la sociedad y el Estado; o más bien se ha tratado de una alternativa superior que en el mediano y largo plazo a redundado en una redefinición de los derechos de propiedad en amplias regiones del país.

• "Buscadores de renta", Acción Colectiva y Avidez por la Renta

El término de "buscadores de renta" caracteriza el comportamiento de estos grupos en la medida que su decisión por inversiones no productivas y su poder de lobby conduce frecuentemente a que las decisiones de política agropecuaria incentiven la avidez por la renta mediante las continuas intervenciones del Estado a través de restricciones en mercados específicos. "En este sentido en un país en desarrollo, las condiciones no son favorables para la acción colectiva de los campesinos. Por el contrario, gremios rurales especializados en un producto capital intensivo en los que el número de miembros es lo suficientemente pequeño para que cada uno obtenga una parte significativa del beneficio que produzca la acción colectiva, podrán inducir la acción colectiva sin dificultad excepcional"[10].

Puede considerarse un caso en el que evidentemente la decisión no es del mercado sino se trata de una elección pública, y como parte de las restricciones a la elección racional, la acción de la elección racional colectiva no maximiza la totalidad de la utilidad privada (Bernal 1998, siguiendo a Wiesner). Pero más allá, las rentas se originan en las restricciones que en forma de cuotas, regulaciones, tarifas, precios de sustentación entre otros, ocasionan impactos sectoriales positivos pero negativos a nivel agregado[11]

Son varios los autores que coinciden en que la agricultura colombiana es un ejemplo en el que la estructura de instituciones determina la asignación de recursos tanto de los privados como del Estado. La competencia por las rentas entre los gremios agropecuarios no siempre está en el circuito legal, muchas de las veces se expresa en las formas de soborno, la corrupción, el clientelismo, el contrabando, el lavado de capitales y la "persuasión" armada. La avidez por la renta muestra diferencias en la acción colectiva, evidencia la estructura de clases en el campo y la estructura de relaciones que subyace en la sociedad rural colombiana.

• La encrucijada de los pequeños productores

Las cifras mostradas, se dan en un contexto de conflicto interno con su principal escenario operacional en lo rural, sugieren que el motivo de la concentración está lejos de ser la mayor rentabilidad o la expansión de la economía agrícola. Más bien se trataría de la existencia de "instituciones atípicas" relacionadas al control territorial y a la existencia de "buscadores de renta" que apelan a los capitales ilícitos para aumentar el tamaño de sus propiedades y la proporción de sus rentas. "La mencionada tendencia regresiva en la distribución de la propiedad no tiene otra explicación que la permanencia de la tierra como un activo de reserva de valor que anhela permanentemente la búsqueda de rentas institucionales, y el uso de la tierra como un activo de poder regional y local que genera dividendos políticos" (Machado 1998, 82)

La presencia regional del minifundio[12]en concordancia a los índices de concentración regional de la tabla 1 arroja una conclusión: existe una alta polarización en la tenencia de la tierra, es decir las medianas propiedades han sido subdivididas en minifundios y en otros casos han sido absorbidas por la gran propiedad terrateniente.

Las anteriores reflexiones respecto al minifundio dibujan al campo colombiano con alto número de pequeños productores con ingresos tan bajos que no superan la línea de pobreza; conclusión obvia. Pero más allá, este universo campesino tiene un significado importante en la estructura económica de la agricultura y de los municipios en torno a las cuales gravita. Reconociendo también las peculiaridades del sistema descentralizado y la existencia de poderes regionales, unas veces en pugna con el Estado y otras en contubernio, configuran una atmósfera en la que el incipiente desarrollo institucional esta lejos de garantizar los derechos y la existencia misma de las poblaciones. Finalmente pude señalarse: el enfoque comúnmente usado de proceso de urbanización de la sociedad colombiana merece ser resignificado junto a la categorización de economías campesinas; ya que dicho análisis no es suficiente para descubrir la trama de relaciones de poder que sostienen el dominio político y explotación económica en el que emerge la comunidad rural.

Recomendaciones

• Necesidad del desarrollo sostenible

"Es el desarrollo que atiende a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de atender a sus propias necesidades" (Bejarano 1998a, 10). De esta definición el profesor Bejarano destaca que las necesidades presentes son las de los más pobres, de manera predominante, y, las limitaciones que la definición integra implícitamente están dadas por la tecnología y la habilidad en la organización social.

Aunque no se trata de discernir sobre la complejidad, ambigüedad según otras apreciaciones, del concepto de desarrollo sostenible; sí es necesario plantear que Bejarano, siguiendo a otros autores como Jacobs, lo cataloga de "concepto contestable"[13] y asume su significado esencial. Esto es, inclusión de consideraciones ambientales en la determinación de la política económica; compromiso ineludible con la equidad: distributiva, internacional en la conservación de recursos e intergeneracional; resignificación de bienestar económico a la conciliación con el medio ambiente y con la existencia plena de las comunidades. En esta visión holística se enmarca la agricultura sostenible como opción de desarrollo.

Otro de los rasgos en esta noción de desarrollo sustentable, también definido así, es la integración de varias disciplinas para su operativización. La maximización del bienestar desde la economía, la integración del subsistema ecológico para la estabilidad del sistema global aportado por la ecología, y los patrones de organización social en busca de soluciones viables como tarea de la sociología (Bejarano 1998a)[14]. Esta definición de desarrollo sostenible lleva una alta potestad de alternativas a la política económica global.

• Los mercados agrícolas y su urgente dinamización

Es útil señalar que "en realidad gran parte de los fracasos de las reformas, al menos en lo concerniente a la liberalización de estos mercados, puede atribuirse a que las condiciones institucionales en que operan los mercados agrícolas en los países en desarrollo están insuficientemente desarrolladas o simplemente no existen" (Bejarano 1998b, 17). Sin duda para el caso colombiano el escenario es más complejo, dadas las condiciones sociales y políticas en las que la dinámica de la tenencia de la tierra se ha dado históricamente; pero no se puede desconocer que en alguna medida las políticas de tierras y los cambios institucionales pudieron aportar al funcionamiento, o por lo menos a la formalización, de las transacciones de predios rurales.

No se trata únicamente de minimizar los costos de transacción que se estudiaron. Como tampoco se trata de aumentar la productividad en los medianos y pequeños predio en el conjunto de la agricultura colombiana. La recomendación se dirige a la consideración y reconocimiento de los otros valores asociados a las condiciones de existencia de las mismas comunidades. El concepto de economías campesinas, por centrar en criterios puramente económicos ha desconocido los valores propios de otras formas de vida rural y social; no es un asunto de teoría de la economía agraria, sino del conjunto de las investigaciones de las ciencias sociales.

Sin embargo en términos de política pública para el desarrollo sostenible en el campo colombiano debe considerarse la necesidad de una reformulación en la tributación de la tierra con características progresivas e incluyentes, desde lo cultural. Siguiendo a Claudia Rincón, la creación de un sistema de registro de la propiedad de la tierra que actualice y modernice la institucionalidad al respecto, sistema que debe considerar el principio de respeto a los derechos ancestrales y restitución de derechos sobre las tierras a las comunidades afectadas. La regularización y titulación de las mejores hechas por ocupantes de las tierras, lo que exige un amplio movimiento de investigación en torno al proceso reciente -últimas tres décadas- del cambio abrupto en la propiedad de las tierras en zonas estratégicas de la geografía nacional. Finalmente un verdadero programa en el que las zonas de reserva campesina sean tratadas bajo criterios de protección al medio ambiente y la garantía de existencia a las comunidades históricamente asociadas a ellos.

Bibliografía

Banco Mundial (2004). Colombia: una política de tierras en transición. Edición Electrónica CEDE 2004 – 29.

Bejarano, Jesús Antonio (1998a). Desarrollo sostenible: un enfoque económico con una extensión al sector agropecuario. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, IICA. Bogotá.

Bejarano, Jesús Antonio (1998b). Desarrollo institucional y la política agrícola. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, IICA. Bogotá.

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Anexo

Autor:

Wilson Quijano Salamanca

Dr. Orlando Gutiérrez Rozo (Docente Asesor)

Universidad Nacional de Colombia – Bogotá

[1] Williamson O.E. (1973) citado por Bejarano (1999b, 11)

[2] Del estudio desarrollado por Manuel Rojas en los municipios piloto: San Benito, Montelíbano y Puerto Wilches. En Machado (1999b)

[3] Respecto las diversas observaciones en cuanto a la metodología para el cálculo del índice de Gini para Colombia se pueden consultar Rincón (1997), Machado (1998), Banco Mundial (2004) entre otros.

[4] El índice de Gini mide el grado de concentración de la propiedad rural al comparar el porcentaje de área acumulada por un determinado porcentaje de propietarios. La equidistribución de la propiedad corresponde a un índice igual a 0.5 y entre más cerca de 1 (100%) se encuentre mayor es el grado de concentración (Machado 1998).

[5] Miden la desigualdad relativa, más bien que la concentración (Machado 1998)

[6] La UAF expresa el área mínima que debe tener una explotación para sostener una familia, de acuerdo con el tipo de producción predominante en la zona, una tecnología media, las condiciones de mercado y la infraestructura y vías de comunicación (Rincón op. cit.). Sin embargo hay discrepancias con otros autores respecto a si esta consideración reconoce realmente las potenciales diferencias entre tierras, además de la metodología para establecer las mediciones. El Banco Mundial por ejemplo toma la UAF como el área de tierra que, para unas condiciones agroecológicas dadas, puede generar ingresos de tres salarios mínimos (Banco Mundial 2004). La mayoría de estudios cuantitativos al respecto se basan en los datos proporcionados por el IGAC sobre zonas homogéneas geoeconómicamente. María José Pérez. "Distribución de la Tierra y su potencial productivo" DNP, Bogotá 1996. Jaramillo. "El Mercado Rural de Tierras en América Latina: Hacia una Nueva Estrategia B." Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 1998. Luís Lorente, et al "Distribución de la propiedad rural en Colombia 1960-1984".CEGA, Ministerio de Agricultura.

[7] Claudia Rincón toma un tamaño de la UAF promedio departamental para el total nacional de 50 hectáreas, en aproximación al hallado por Maria José Pérez. De 66.66 Ha. Los pequeños propietarios son los considerados aquí entre 0 y 100 hectáreas, los medianos entre 100 y 500 hectáreas y los grandes propietarios los que poseen más de 500 hectáreas (op. cit.). Es importante anotar que esta aproximación y rangos de comparación son útiles para esta mirada global, pero desconocen las numerosas diferencias entre departamentos y regiones. Para una mirada más detallada se remite al estudio de Absalón Machado "La cuestión agraria en Colombia a fines del milenio" (1998) y los referenciados en la cita anterior.

[8] El estudio del Banco Mundial (2004, 15) tuvo acceso a los datos de 2,68 millones de parcelas rurales del registro catastral del IGAC que cuenta con información para todos los departamentos. La utilización de los datos requirió de varios ajustes. Las 2,68 millones de propiedades en la base fueron reducidas a 2,3 millones al excluir: (a) 348.000 propiedades rurales dedicadas a actividades no agropecuarias; (b) 47.000 propiedades públicas; (c) 8.400 propiedades de comunidades indígenas y negritudes; y (d) 1.824 valores extremos cuyos avalúos eran menores a 1 centavo por hectárea o mayores a 10 millones de pesos por metro cuadrado. De estas, 359.484 propiedades contaban con descripciones claras y únicas de sus características físicas. Al interpretar estos resultados es necesario tener en cuenta la cobertura limitada del catastro en algunos departamentos.

[9] Se define como microfundio los predios que tienen una extensión equivalente a ½ UAF o menos (Machado op. cit.)

[10] Olson, Mancur. 1990, citado en Bernal (1998, 9).

[11] Concluye Martin Rama (1993) citado por Bernal (1998)

[12] En el anexo la tabla 10 se muestran los datos regionales de la distribución del minifundio y los departamentos considerados.

[13] Un concepto que permite diversas interpretaciones o concepciones, que a pesar de los conceptos básicos compartidos suscita profundos debates sobre su comprensión e implicación de política.

[14] En este concepto como en sus referencias críticas a la noción de progreso (en las que sigue a Immanuel Wallersntein) sólo expresa su autonomía intelectual. Wallerstein señala que si alguna ruptura importante ha habido en el pensamiento social reciente es que la historia no es lineal, que no va necesariamente de lo atrasado a lo moderno, de lo rural a lo urbano, que hay multiplicidad de direcciones en la flecha de la historia. Citado por Bejarano (1998h, 11). Dicha crítica que no se encuentra desarrollada en los trabajos del profesor Bejarano, es un punto de partida para repensar el problema agrario en el siglo XXI.