Burton Clark, en su capítulo sobre VALORES, menciona la COMPETENCIA como un elemento de relevancia dentro del sistema universitario. La educación superior debe ser una fuente constante de conocimientos, producción y gestión, entre otras cosas, de personas bien preparadas para tal fin.
Cuando pensamos en las décadas del 70 y 80, propias de gobiernos militares en América Latina, ponemos en duda la competencia de estas autoridades en el área de la educación superior. "Zapatero a tus zapatos" es el dicho de la calle que más se asemeja a la idea de que las Fuerzas Armadas sólo deben tener influencia en el campo de la defensa de la nación y nada más.
La propuesta de Clark para la optimización del aparato educativo: dividir el poder, apoyar la diversidad y legitimar el desorden, lógicamente y a primera instancia parece no tener cabida en un marco de autoritarismo militar. Citándolo directamente, "al ser un servicio público (la universidad), por sostenerse con fondos públicos, no se puede negar que el gobierno influya sobre el sistema" (pag.179). Y nos preguntamos: ¿Qué tipo de influencia beneficiosa, educativamente hablando, puede provenir de la rama de la Defensa?
Brunner, por su lado, al analizar la evolución de América Latina durante los ’80, llama a ésta "la década perdida"(pag.162). Desde el punto de vista social, el decrecimiento de la actividad económica combinado con altas tasas de desempleo y de inflación, significó un aumento de la pobreza, entre otras cosas, un debilitamiento del sector público y una disminución del gasto social. Desde el punto de vista político, América Latina experimentó una transición de poderes militares gubernamentales a períodos democráticos en su mayoría tentativos, inestables, y de relativa eficacia dado el deterioro económico ya presente y aumentado.
América Latina se enfrenta en esta década ante la gran hazaña de reconstrucción económica y reorganización del establecimiento democrático, con todo lo engorroso que ello implica después de años de represión y autoritarismo.
Dadas las circunstancias, no es posible mantener el modelo del Estado benevolente y todopoderoso, lo cual es, de acuerdo con Clark, "ineficaz". El Estado ya no está en condiciones de financiar una enseñanza superior, que a esta altura del siglo, ya se hallaba masificada.
Sorprendentemente, y a modo de ejemplo elogioso, el caso de la Universidad en Chile ha sido un modelo de reorganización y cambio positivo, y, de acuerdo con Levy (1986), "para la educación chilena, la década del ’80, pese al autoritarismo, estuvo lejos de ser una década perdida."
A continuación haremos un resumen de los cambios más importantes efectuados en la Universidad Chilena durante la época del gobierno militar, cuestión que, personalmente, me ha dado mucho que pensar y ha provocado un pequeño debilitamiento de viejos prejuicios basados en la experiencia de la República Argentina.
He abocado mi análisis de la información presentada por Cristián Cox a las áreas que más llamaron mi atención: el financiamiento y la incorporación del sector privado como respuesta a la demanda del mercado en el sistema Chileno.
LOS MILITARES EN LOS AÑOS 70 Y 80.
Las Fuerzas Armadas gobiernan Chile durante dos décadas. La del ’70 estuvo marcada por un proceso de "purga" de elementos nocivos para el nuevo régimen. Como resultado – y esto nos es familiar como testigos, víctimas o participantes del proceso militar argentino – académicos de peso e investigadores dejaron el país ya que sus vidas estaban en peligro al no simpatizar con el poder reinante. Desaparecen, por supuesto, los centros de estudiantes como fuentes de poder. Esto es lo que llamamos "la universidad vigilada".
Sin embargo, el régimen de intervención de las universidades vivirá en una crisis de legitimidad permanente, expresada en forma silenciosa por los académicos en un primer momento, y manifestada en forma abierta años después, primero por los estudiantes y luego por los mismos académicos, y finalmente vivida como desafío institucional a la autoridad, hacia el final de los años ochenta.
En contraste, y aquí comienza la época productiva en la educación superior en Chile, y no así en nuestro país, los años 80 son fundacionales de un nuevo orden. Los militares Chilenos parecen haber estado de acuerdo con la idea de Clark de "multiplicidad y variedad", lo cual en cierta medida es loable, dadas las circunstancias.
Recordemos que Clark insiste que "mientras que el monopolio agudiza la estrechez, la multiplicidad tenderá a producir mayor variedad, tanto en los tipos institucionales como las formas académicas: diversidad de estrategias…" "… la multiplicidad y diversidad implica mayores posibilidades de fuentes de apoyo y supervisión más variadas que reflejen una realidad múltiple y versátil".
Veamos los cambios producidos: durante la década de los 80 Chile pasa, de tener 8 universidades, a 60, 82 institutos profesionales y 156 centros de formación técnica. El mercado pasa a tener un papel de importancia, y las universidades privadas, tan prestigiosas como las públicas, descongestionan las universidades financiadas por el Estado.
Sorprendentemente, el sistema Chileno, en contraste con otros, exhibe una gran homogeneidad entre las instituciones públicas y las privadas.
Estas aparecen mayormente después de las medidas tomadas a partir del ’81, cuando se autoriza la creación de nuevas instituciones, teniendo al sector privado como actor.
El sector privado, entonces, a partir de allí, va a descansar exclusivamente en su capacidad de captar recursos en el mercado de la demanda estudiantil.
El Estado deja de ser la entidad "benevolente" a expensas de sus propios recursos, y ha traspasado gran parte del costo de la educación al estudiantado a través de aranceles, fundamentados en que a ella asisten mayoritariamente sectores que puede pagar por la misma.
De no ser así, el no pago por estos sectores implicaba, como es ahora en nuestro país, que estos estudiantes fueran subvencionados a través del gasto público por los sectores de menores recursos.
Cabe mencionar aquí la opinión de William Experton, especialista en educación del Banco Mundial, quien considera que el actual sistema de financiamiento público de la universidad en la Argentina es inequitativo, al beneficiar a los estudiantes de mayores ingresos, mientras que los de menos ingresos "contribuyen más a la educación del total".
El consultor señala que "habrá que reformar las fuentes de financiamiento, de modo que no sólo el Estado sino los estudiantes y las empresas tomen su parte". (Diario Ambito Financiero, 7 / 10 / 99).
La Universidad pública, y esto como una reflexión personal, puede verse de dos maneras: como una manifestación de "igualdad de oportunidades" o como una "injusticia" hacia muchos miembros de la comunidad nacional que no tienen acceso a la educación superior y, sin embargo, pagan por ella a través de impuestos. Esto no es una declaración contundente, sino que es un hecho abierto para el debate.
La Universidad en Chile se caracteriza por la selectividad, lo cual parecería contribuir con el prestigio de sus instituciones. Aquellas con financiamiento público mantienen un grado considerable de selectividad educativa, a través de las condiciones de ingreso, a las cuales no cualquier egresado de nivel secundario sin sólida formación puede acceder.
Las privadas, por sus costos mantienen un alto grado de selectividad social. Nosotros podemos preguntarnos: ¿Es positiva esta discriminación para la sociedad en general?
Por otro lado, un buen mecanismo puesto en práctica a partir de 1981 fue el de "crédito fiscal" para los alumnos de menores recursos. Esta fue una de las ideas presentadas en su programa de educación superior por Domingo Cavallo, del partido Acción por la República, quienes propusieron arancelamiento a los más pudientes y becas por mérito y pobreza para garantizar igualdad de oportunidades (Propuesta gubernamental para el área educativa del ya mencionado partido). El crédito fiscal en Chile se reembolsa al Estado una vez comenzado el ejercicio profesional. Cavallo no especifica reembolso, lo cual no significa que no sea el caso.
Es llamativa e interesante la introducción de mecanismos competitivos en el financiamiento público de la Universidad en Chile. Hay "aportes directos" y "aportes indirectos". Los primeros son definidos por el Estado en base a cuotas históricas de las instituciones. Los segundos son aportes a las instituciones que se operan a través de la demanda.
El aporte fiscal indirecto corresponde a una suma por alumno matriculado y varía de acuerdo a los puntajes obtenidos en la prueba nacional de ingreso (mérito). En consecuencia, la institución que atrae a mayor cantidad de alumnos con buen puntaje, recibe un aporte indirecto fiscal mayor.
Esto es un desafío para los alumnos así también como para las instituciones. Ambas partes dejan de ser pasivas y meras receptoras de aportes del Estado, sino que deben "ganárselo", ¿No es esta una característica de nuestra sociedad moderna y competitiva? Como dice Miguel Punte, Gerente General de Recursos Humanos de la Organización Techint: "Estamos viviendo el síndrome de Cáritas: Más por menos, o con suerte, más por igual".
Como fue presentado en el párrafo anterior, la presión por generar recursos de fuentes alternativas a las transferencias estatales directas, ha significado el mayor cambio en las estrategias de desarrollo de las universidades durante la última década, forzándolas a introducir racionalizaciones al menos parciales en su funcionamiento, a abrirse a las demandas del medio social y a valorizar sus actividades al ponerlas en el mercado.
Con respecto a las actividades de investigación, es interesante mencionar la nueva modalidad de financiamiento a la que se recurre. Se asignan los recursos a través de la competencia de los investigadores en concursos anuales de proyectos de carácter nacional. Los proyectos son evaluados por pares en base a su calidad intrínseca y mérito de sus postulantes – lo cual en teoría parecería ser la manera más justa de determinar calidad, pertinencia, necesidad y capacidad por parte de personal académico competente y no de autoridades ajenas a la investigación.
Otro desarrollo importante se presenta en una organización más flexible de la formación de pregrado, donde se evita una especialización temprana. El movimiento hacia el establecimiento de ciclos básicos en las dos universidades líderes del sistema, así como en algunas de las privadas de elite, responde a desarrollos propios de las relaciones entre conocimientos y cambios en la cultura y en la sociedad. Esto evita los altos costos sociales y personales de las decisiones prematuras y equivocaciones de los jóvenes al elegir carreras "de por vida", como ocurre en nuestro país, a los 17 años.
Para concluir, hemos visto el cambio importante que experimentó la educación superior chilena en la década del 80, como el resultado de políticas gubernamentales cuya ejecución contó con recursos de poder sin precedentes en el país – autoritarismo militar – propios del régimen y con tiempos lo suficientemente largos como para enraizar los cambios más importantes en las instituciones y las prácticas de los actores relevantes. La política central tuvo una dirección desreguladora y liberal en sus orientaciones fundamentales.
Finalmente, la década del 90 se abre en Chile con un sistema diversificado y con mejor capacidad de respuesta a las demandas de la sociedad; cuyas fuentes y modalidades de financiamiento se han diversificado y han establecido condiciones para un más exigente uso de recursos.
Las bases de un nuevo equilibrio han sido establecidas, en que a diferencia del pasado, se combinan las contribuciones especializadas de la profesión académica, el gobierno y los mercados. Una combinación más rica y eficiente que las del pasado. Ahora Chile podrá abordar problemas pendientes en el sistema educativo, entre ellos: la calidad y equidad de la educación superior, así también como su baja cobertura, la estrechez de sus postgrados, su alta selectividad social, etc.
Lo interesante de este caso, como ya fue anteriormente mencionado, es que, pese al autoritarismo del régimen militar, la educación superior Chilena fue beneficiada por un buen trabajo en los años 80, década perdida para otras naciones en este campo.
Clark, Burton. El sistema de Educación Superior. Nueva Imagen.
Universidad Autónoma Metropolitana. México, 1983.
Brunner, José Joaquín. Educación Superior en América Latina: Cambios y
Desafíos. Fondo de Cultura Económica. Santiago de Chile, 1992.
Cox, Cristian. Políticas de Educación Superior en Chile. Santiago de Chile, 1992.
Diario Ámbito Financiero. Bs. As. , 7 / 10 / 99 (pag. 12): Universidad: el Banco Mundial pide arancel.
Lic. MARISA OLGA LÓPEZ
Tecnología Educativa . UTN, Argentina