De alta política en seguridad vial para decisores dominicanos

La mitigación o erradicación de los efectos dañinos productos de malas políticas públicas del desplazamiento humano es un proceso continuo que depende sobre todo de la voluntad política que integre los diversos sectores nacionales.

Los partidos políticos es obvio que en la República Dominicana influyen en las decisiones más dominantes y determinantes que tienen que ver con el desarrollo de nuestra sociedad reflejado en las Cámaras Legislativas.

El proceso al que hicimos alusión en el primer párrafo se denomina seguridad vial, el cual puede ser implementado para lograr los objetivos, según las buenas prácticas en otras latitudes, solamente si es sostenible y sustentable, esto es, sea un tema de ESTADO.

También los estudios conocidos, revelan que no solo es rentable políticamente a los líderes que la promueven, sino que es rentable en lo económico, por cuanto se dice que por cada dólar invertido en la prevención de los siniestros viales se estaría ahorrando 25 dólares por cada víctima bajo el criterio anterior.

Las investigaciones más recientes nos dicen que entre el 3% y el 4% del PIB de un país se gastan en estos menesteres de siniestralidad en las vías.

Los costos en vidas, bienes, servicios, en salud y en daños ambientales son incuantificables por el momento, pese a que FundaReD y CNSS con informaciones primarias estiman costes entre 2.21% y 4% del PIB, en tanto, la OMS advierte que algunas naciones alcanzan el 5% de su PIB, lo cual hace pensar en el gran costo social que se está acumulando en el Estado.

El Presupuesto General del Estado para el 2016 aprobado por las Cámaras Legislativas ascendió a 663 mil 558 millones de pesos basado en un PIB de cerca de 69 mil millones de dólares para una tada de cambio promedio de 47.21 y que entendemos, no incluye partidas en materia de seguridad vial.

Ha de inferirse entonces, que los gastos por inseguridad viaria alcanzarían un óden superior a los 130 mil millones de pesos dominicanos el próximo año.

Se trata de una cifra para poner a pensar a cualquier persona que con un mínimo de conciencia social acerca de la problemática lo mueva a reflexión. Si ejerce la política con mayor razón al vincular el tema al desarrollo sostenible que demandamos.

Los diagnósticos refieren al país como de alto riesgo en el tránsito comparable con los peores a nivel global. Los números de víctimas inaceptables del subregistro de AMET superan las 12,000 personas al año, situación inevitable pese a las atenciones del Nuevo Sistema 9-1-1 que funciona en el Gran Santo Domingo nada más, significando que solo hasta el momento el plan está diseñado para el 51% de los lesionados generados por esta causa en todo el territorio nacional y que por cierto actúa despúes de materializado el hecho trágico.

Políticas oficiales serias de contiengencia preventiva deben desarrollarse para enfrentar los índices de siniestralidad que se estiman en la República Dominicana tomando en cuenta que sin un organismo rector único responsable de su diseño y ejecutoria esto jamas sería posible lograr exitosamente.

Las cifras de los indicadores y el crecimiento de la población, el parque vehicular, la red viaria rápida y el espacio urbano, son componentes que acompañado con el mal corportamiento de los usuarios ponen en crisis la seguridad vial en la República Dominicana, amén del colapso de la ciudad por el caos en el sistema de transporte y el tránsito, y el sistema de autoridad vigente.

Estadísticas inconsistentes

La falta de un organismo que haga acopio de los registros de casos y víctimas por siniestros de tránsito hacen que las estadísticas con que contamos sea deficiente y no fiable.

Consecuentemente, las decisiones basadas en estos datos se alejan de la verdad y de lo científico, ya que son de subregistros que no comtemplan las fatalidades por la misma causa después de la tragedia, incluso los que mueren en el trayecto hacia el centro de atención.

Esta debilidad en el sistema actual en la República Dominicana solo puede ser corregida con la creación por ley de un Observatorio de Datos sobre Seguridad Vial manejado por el Órgano Rector de la Seguridad Vial, no por otra institución parte del problema para que los datos no puedan ser manipulables. Ya que se trata de un proceso "dinámico y permanente" respaldado por un modelo de seguimiento de la estrategía adoptada y sustentada por un programa presupuestario riguroso.

Este mismo proceso no vasta sustentarlo económicamente, sino tambien fortalececer esta base de sustentación con elementos que no son tan tangibles. Me refiero a aspectos morales y éticos, tanto para el manejo administrativo como lo que representa y significa la vida del ser humano propiamente expuesta a graves peligros y riesgos en las vías públicas.

De forma que tendríamos serias debilidades en los resultados por no tomar en cuenta estimaciones de la mortalidad por desplazamiento:

a) Una tasa de mortalidad por el subregistro de Amet que es la conocida. Sin sumar:

b) Una tasa de mortalidad por deficiencia en la conciliación con otros organismos

c) Una tasa de mortalidad por debilidad en el asentamiento de las informaciones.

Y, d) Una tasa de mortalidad por los decesos después del incidente hasta los 30 días posteriores.

Teoría de la consustancialidad

Hemos planteado una teoría que pudiera explicar mejor como fundamento para el entendimiento de la seguridad vial como política pública.

Para nadie es un secreto que la actividad de desplazarse del ser humano es una necesidad para su desarrollo. De igual menera las sociedades así lo conciben en el orden jurídico para el desenvolvimiento cultural, comercial, económico, educativo y social.

La seguridad en el desplazamiento por tierra ocupa un espacio en la agenda política, de forma especial en las últimas décadas en los gibiernos con instituciones organizadas.

Los medios a utlizarse y el marco legal que permite movilizarse el ser humano han sido objetos de fuertes debates. Transitar es un derecho fundamental, no obstante debe ser regulado, bajo normativas claras.

El transporte, el tránsito y la movilidad han de entenderse como actividades consustanciales por tener elementos comunes para darse, a saber: El ser humano, la vía terrestre, el medio de transporte, el medioambiente y el sistema de autoridad.

La ineficiencia en las políticas públicas para el manejo de estos temas lo hacen convertirse en factores de riesgo que generan la Inseguridad en la circulación.

Las medidas estratégicas implementadas para revertir estos factores de riesgo son llamadas Seguridad Vial. Pero para que ésta sea eficiente y eficaz, dichas iniciativas deben ser sostenibles como política de Estado. Para tal efecto, con la voluntad política y la participación integral de los diversos actores de la sociedad solo puede hacer posible lograr avances sustanciales.

Aspecto institucional

La crisis mundial de la seguridad vial fue evidenciada en un Informe publicado por la OMS y el Banco Mundial en el 2004, anteriormente reconocida esta crisis por Naciones Unidas mediante Resolución en Asamblea General 57/309, del 22 de mayo de 2003. Para después proclamar el mejoramiento de la misma, también por Resolución 60/5 del 1 de diciembre de 2005.

El informe recomienda la creación de un organismo rector de la seguridad vial por país Parte de Naciones Unidas, habriendo alternativas que ha generado el debate de dos corrientes de pensamiento. Uno, de que el ógano rector tenga autonomía y el otro, que sea el tema manejado de acuerdo a las condiciones nacionales existentes por una institución burocraticamente posible.

Por años ha prevalecido la segunda modalidad sin que los resultados hallan sido favorables. Razón por la cual, paulatinamente la primera opción esta siendo mejor valorada y considerada en la actualidad por los resultados conocidos, gracias a los intercambios de conociientos y la globalización de las informaciones.

El último caso es el de Colombia que preservó un modelo que calificamos de fallido porque ha tenido que promulgar una nueva ley para crear un ente regulador independiente y sus fondos de financiamiento bien identificados para que no sean utilizados en otras prioridades.

Por otro lado, condiciones muy específicas son señaladas para que pueda funcionar una institución de seguridad vial con las siguientes caacterísticas:

a) Tener autonomía financiera, administrativa y gerencial.

b) Ser autosuficiente, esto es, bajo un modelo autárquico.

c) y, tener autoridad y liderazgo.

Para lo cual se requeriría contar, con:

1:- Una plataforma orgánica con recurso humano multidisciplinario y tecnologías actualizados de última generación.

2.- Una plataforma de financiamiento para sustentar los proyectos y la estructura funcional.

3.- Un plan integral, estratégico y nacional aprobado por la sociedad sobre la base de una plataforma jurídica.

Sin éxito, la OMS ha promovido que la seguridad en el tránsito sea un tema llevado por el órgano que regula la Salud Pública por ser el fenómeno de la inseguridad vial un problema de salud, calificado incluso de epidémico; sugerencia poco práctica porque estas instituciones se sumergen bajo presión en otros temas para ellas más relevantes. Como en el caso de la situación de los mosquitos en la República Dominicana.

La seguridad vial se soporta en la ciencia y en la praxis

Con la seguridad vial se busca transformar el comportamiento de los usuarios de las vías caracterizado por el desorden, la inobservancia a las normas de convivencia saludable, el irrespeto al sistema de autoridad cuando nos desplazamos en la red viaria. Para ello se aplica EDUCACIÓN VIAL.

El ser humano de hoy como pasa mucho tiempo usando el sistema vial; de hecho muchas personas tiende a pasar más tiempo a bordo de un vehículo que en su propio hogar.

Y con ese estilo de vida la salud se deteriora y produce tambien perjuicios a otros.

Una ciencia que sirve de apoyo a los avances en seguridad vial es la ergonomía, en la cual interfieren multiples disciplinas del saber para mejorar la interacción del ser humano con el medio de transporte y el medioambiente.

Sirven de instrumento para fortalecerla, la medicina, la ingeniería, la arquitectura, el diseño, la psicología, la kineseología, la fisiología, etc. Tambien los estudios de recursos humanos y organizacional sirven de herramientas a la ergonomía.

El desarrollo de las tecnologías automotriz tiene que ver mucho con esta ciencia y en especial las innovaciones en dispositivos de seguridad.

La República Dominicana no es fabricante de vehículos, al ser importador tiene que revisar seriamente las normativas en el proceso de comercialización de esos productos que garanticen la seguridad de los usuarios. Y las autoridades correspondientes ser más drásticas en la legislación de ciertos ensamblajes y de los ingresos por Aduana de los vehículos y equipos.

El intercambio de experiencias y conocimientos de buenas prácticas de políticas públicas e identificación de los últimos estudios en la materia resultan ser muy gratificantes en los avances para los gobiernos que procuran el mejoramiento de la seguridad vial y el fortalecimiento de un nuevo nicho de turistas.

La seguridad vial como tema transversal

La Estrategia Nacional de Desarrollo aprobada en enero de 2012 con el No. 1-12, plantea políticas transversales a tomarse en cuenta en todos los ejes temáticos hasta el 2030 en la República Dominicana.

De manera que pudiera ser una aspiración nacional, que la seguridad vial sea parte de la agenda de desarrollo como tema transversal y un compromiso de Estado dentro de los Pactos Nacionales que contempla la ley.

Este planteameinto no es desatinado, ya lo habia sugerido el Ex Presidente Oscar Arias de Costa Rica en el 2006 a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, así como algunos organismos multilaterales. Zapatero en algún momento también lo refirió, incluso inició el proceso del Pacto por la Seguridad Vial en España.

Lo que habría que tener claro es que la finalidad de un Órgano Rector Único de Seguridad Vial es para diseñar, elaborar, planificar y dirigir políticas públicas de un país como un gestor de la seguridad vial garantizando que ésta sea sostenible y sustentable para salvaguardar el respeto a la ley de seguridad vial y los procedimientos establecidos en la materia, fiscalizando las instituciones integradas al sistema.

Es a través de este organismo que se "conocen los procesos o la forma de actuar en cada caso", y aplicando un sistema de gobernanza transversal ante la ciudadanía.

En otras palabras, se convierte en un ente que rompe la inercia del Estado para centrar sus esfuerzos en reducir los accidentes y las tasas de mortalidad y morbilidad a consecuencia de las malas políticas en el desplazamiento humano. Y los reguladores del desplazamiento conjuntamente con los sectores de la sociedad entrarían al sistema como parte fundamental del problema.

Seguridad Vial. Un tema de Estado  

Si analizamos los términos de Seguridad Vial en el sentido etimológico podemos obtener el concepto más simple. Partiendo de que la primera palabra procedente del latín securitas se refiere a todo aquello exento de peligro, riesgo o daño. Mientras que vial es un término relativo a la vía del latín vialis. 

Por tanto seguridad vial supone la prevención de accidentes de tránsito con el objeto de proteger la vida de las personas. Este constituye el concepto más simple cuya incomprensión ha generado un problema que se ha convertido en una pandemia, luego se amplió a que también se protege la salud y los bienes. La salud, no solamente de los implicados en los incidentes, hoy día se incluyen las comunidades establecidas a lo largo de las rutas afectadas por los gases y ruidos emidos por los vehículos. Y en cuanto a las propiedades tampoco son únicamente los daños a éstas producto de los hechos violentos, no solos son perjudicadas vehículos sino además los inmuebles públicos y/o privados afectados.

La inseguridad en el desplazamiento humano está considerada un flagelo de orden mundial que genera cerca de un millón 300 mil víctimas fatales al año y un promedio de 35 millones de lesionados en igual período y que cuesta a nivel global alrededor de 2 billones de dólares.

Este es un fenómeno que calificamos como catastrófico para la humanidad por cuanto algunos tratadistas lo denominan Tsunami Silencioso.

Las investigaciones más recientes establecen que el problema no es tan simple como el concepto que dimos al principio. 

El ser humano, las vías, los medios de transporte, el entorno medioambiental, las autoridades y hasta el hecho de percistir una actividad ecónomica en crecieminto sin respeto a las normativas y a las autoridades conforman un sistema complejo que por el mal manejo de las políticas públicas de los gobiernos o del Estado se convierte en factores de riesgo que puede afectar la gobernanza, la gobernabilidad y la competitividad de una nación. 

Las infraestructuras viales desde su origen si bien están relacionadas al desarrollo comercial y cultural, no menos cierto que uno de sus principales objetivos fue alejar los cementerios de los centros urbanos, sin embargo, a lo largo de ellas se escenificaban las más sangrientas guerras de la historia desde hace poco más de 300 años antes de Cristo. Todavía en estos tiempos, parece que libramos una guerra cuyas consecuencias esta dejando víctimas incuantificables.

Los hechos de tráfico aparecen en los escritos desde el momento en que se inventan los vehículos de motor; al tiempo que avanza la industria automotriz se incrementan las muertes y traumatismos por esta causa.

Los combustibles, el ruido y la degradación de los materiales empleados para su fabricación, funcionamiento inadecuado y mantenimiento, convierten al medioambiente en un sistema vulnerable que afecta la salud de las personas. 

Que decir del sistema de autoridad a todos los niveles cuando la corrupción es su particularidad, la falta de transparencia y la ausencia de equidad. 

En cuanto al ser humano, este es el principal factor de riesgo en las vías, porque así como es de complicada la mente humana, así son de complicadas las causas multifactoriales de los mal llamados accidentes de tránsito.

Por qué mal llamado accidente de tránsito, porque las últimas investigaciones de las buenas prácticas de políticas públicas en materia de movilidad, confirman que estos pueden ser evitados en cerca de un 98%. Para lo cual, debe transformarse esencialmente el comportamiento, la educación y la cultura de los usuarios de las vías. 

Política generadora de empleos

El hecho de que la seguridad en la circulación ocupe un lugar preponderante en las políticas oficiales hace que la relación Estado-Sociedad-Gobiernos Municipales sea más armoniosa. Los planes de seguridad vial obligan la participación de los diferentes sectores sociales, politicos y empresariales.

Pero tambien, ha de motorizarse los organismos del Estado en procura de dismiuir al máximo las tasas de incidencia de tragedias, de mortalidad y morbilidad por tránsito.

Si la ley de seguridad vial contempla la educación vial obligatoria en el sistema nacional de enseñanza escolar ahora con la tanda extendida, quiere decir de la necesidad de mayores recursos humanos y tecnológicos para poder impartir la materia.

Este estudio, de la cantidad de maestros especializados por ese concepto, estaría pendiente en la República Dominicana.

La estructura de un nuevo Órgano Rector de la Seguridad Vial para la ejecución de los planes integrales es otro componente a evaluarse en ese sentido. En este aspecto, no deben tomarse decisiones aventureras, porque el funcionamiento de este tipo de organismo no es tan simple ni para postergarse en arreglos de entuertos encontrados.

Una ley dinámica obliga a constantes revisiones y reformas para garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad de dichas políticas.

Sumar adeptos a la causa requiere incorporar recursos al proyecto.

Como hemos visto, el desarrollo de la seguridad vial sostenible obedece a un complejo entramado organizacional y de objetivos en función del control "legal, eficiencia e incidencia del gasto público" (Beatriz Luceño Ramos. Economista).

Este último factor, hacen tímidos a los gobiernos por la tendencia a la frugalidad en el control y ahorro de los gastos en detrimento de la prevención de daños y preservación de la vida.

Acciones para salvar y proteger vidas

Los intereses económicos no ligan con la seguridad vial. Salvar y proteger vida lo enmarcan como un concepto surrealista y por eso las estadísticas se dejan subir hasta más no poder. Asímismo se piensa erróneamente que la seguridad vial ni deja votos ni deja dinero. Y que por demás es una utopía reducir a cero los fallecimientos en carretera.

Falsamente se presume de que los hechos trágicos en el tránsito son inevitables, que poco podemos hacer al respecto y que la ley 241 es más que suficiente.

Sin embargo, las estadísticas y los indicadores de siniestralidad revelan lo contrario.

Ya existen manuales de buenas practicas de políticas públicas para tales fines elaborados por orgaismos internacionales.

Naciones Unidas hace un gran esfuerzo por dar a conocer estos conocimientos y por eso ha declarado el Decenio de Acción Mundial para la Seguridad Vial 2011-2020.

República Dominicana pese a ser parte de este organismo mundial no se ha integrado a su Plan de Acción que pretende reducir en una década el 50% de las víctimas fatales con la implementación de determinados pilares estratégicos.

Entre tanto, si sumamos las vcítimas de lo que va de plazo por la ONU (11 de mayo de 2011), sumarían en nuestro país alrededor de 44 mil al cerrar el 2014.

Todo Órgano Rector de Seguridad Vial debe ser creativo en su accional, practicar la democracia participativa; ser auténtico y realista con objetivos alcanzables de acuerdo a los recursos que maneje y fundamentadas sus metas en evidencias científicas y en las tecnologías e innovación.

La seguridad vial en República Dominicana como chichigua en banda

De manera que el concepto de seguridad vial se va completando, que si bien la movilidad constituye una actividad fundamental para el desarrollo de la humanidad, la ineficiencia de las políticas públicas en ese sentido la convierten en una bomba detonante de impredecibles consecuencias en el orden social, económico, político, cultural, medioambiental, jurídico y hasta tecnológico.

Con todas estas implicaciones, es tarea del Estado intervenir oportunamente a partir de la siguiente reflexión:

– Respecto al análisis de política pública, Álvarez (1992) refiere que "las políticas públicas surgen como respuesta a diversas emergencias, producto de las demandas de grupos sociales con suficiente capacidad de presionar a los organismos públicos, o del mismo juego político al interior del Estado".

 - Desde una perspectiva histórico – crítico, la política pública constituye un proceso social resultado de una correlación de fuerzas (conflicto social), cuyos efecos, concecuencias e implementación pueden verse afectados por la lucha de intereses de los diversos actores, grupos y contextos.

De tal forma que seguridad vial se refiere al conjunto de políticas, estrategias, normas establecidas sin afectar el Estado de Derecho de las personas ni la Constitución de la República tendente a reducir o eliminar los factores de riesgo durante la movilidad propiciando un "estado de bienestar saludable" en la red vial.

• Los siniestros de tránsito son una forma de violencia a partir de la siguiente definición: "toda fuerza o condición que impida, limite o distorsione la actividad de un organismo en pos de la satisfacción de sus necesidades. Tanto en plano físico, como psicológico, cualquier acto o manipulación sobre una persona o un grupo para limitar o impedir la satisfacción de sus necesidades, es violencia. Mientras la violencia  es individual  y esporádica  no altera los perfiles sociales ni alarma a nadie. Pero, cuando la violencia se hace endémica, todo el mundo se siente amenazado y la sociedad entra en crisis". (La Violencia: Aproximaciones Biopsicológicas. Dr. Augusto V. Ramírez). 

Cuando los actos de violencia se extienden a todos los niveles y ocupan todos los medios informativos parece no haber políticas públicas. En cambio, muchas improvisaciones alejadas de la planificación matizan el ambiente. Otras, son muy buenas porque impactan positivamente, pero son inoportunas y pasajeras.

Cuidado con las Leyes nuevas en seguridad vial

Cualquier iniciativa presentada a la sociedad nacional a fin de mermar las graves consecuencias de la violencia en las vías, por la desesperación que impera en la ciudadanía toda propuesta nos luce bien y creemos que será la gran panacea.

Los países de ingresos altos desarrollan políticas conforme a la corriente de que toda decisión de políticas públicas incide en la seguridad vial, pero toma en cuenta: primero, un análisis objetivo de la problemática; segundo, desarrollar un modelo de integración público-privado, y finalmente, tomar las experiencias de los países paradigmas en la materia.

Líderes mundiales, de la talla de Bill Clinton, Putin, Kofi Annan, Carter, Tony Blair, Oscar Arias, José Luís Rodríguez Zapatero, Michelle Bachellet, Desmond Tutu, Sonia Gandhi, Lord Robertson of Port Ellen, Ban ki-moon, los Kirchner, Barak Obama, Manuel Santos Calderón, Raúl Castro, Lula da Silva, Mujica, entre otros, se suscriben no de manera fortuita para promover y sustentar que la seguridad vial sea un tema de Estado.

En el caso de Latinoamérica y el Caribe, según la CEPAL, posee el 8% de la población mundial, también tiene el 14% de los vehículos del mundo, sin embargo, genera el 13% de las muertes por accidentes de tránsito.

Pero cuando nos vamos al plano nacional, nos damos cuenta, que del total de las defunciones en esa región, se produce alrededor del 3% en la República Dominicana con solo el 0.34% del campo vehicular.

Un país con una población cercana a los 10 millones, tiene una tasa de motorización social igual a un vehículo por cada 2.91 habitantes, estimado para el 2014; en donde más del 53% del campo vehicular es de motocicletas.

A esta calamidad tenemos que añadir, que en la República Dominicana se tiene acumulado con los factores de ajuste y otras consideraciones, el total de víctimas de tránsito entre el 2011 – 2014 asciende a 43,612.

Como observamos en el gráfico anterior de la evolución de tasa de mortalidad se produjo un descenso importante en el 2012 por el impacto de las inversiones de infraestructuras viales en todo el país, recuperándose al año siguiente y volviendo a experimentar una caida en el 2014 para colocarse en 39.4 óbitos por cada cien mil poblador, esto último como reacción a los esfuerzos del Sistema 9-1-1 combinado con iniciativas en ingeniería de obras públicas. Mas, la inestabilidad reflejada en la curva es por la insostenibilidad y reforzamiento de los planes.

Debilidades del sistema actual de seguridad vial

Como debilidades del tema de seguridad vial en nuestro país, se identifica lo siguiente:

• No existe un marco legal legislativo sobre seguridad vial.

• No se contempla incluir en la Estrategia Nacional de Desarrollo como tema transversal.

• No existe un Observatorio de Datos fiable

• No existe un órgano rector único que diseñe, elabore, dirija y someta las políticas públicas del Estado o del gobierno.

• No existen laboratorios de homologación y certificaciones de dispositivos de seguridad vial.

• No se implementan auditorías de carretera.

• No se contempla presupuesto ni financiamiento a los fines de elaborar y ejecutar un Plan Estratégico e Integral a nivel nacional ni regional ni siquiera municipal.

Por lo que se estima, que al terminar el 2016, las víctimas fatales de tránsito superarán las 20 mil en tan solo cuatro años; en esta segunda década del siglo se proyecta de no hacerse nada al respecto, que concluirá con centenares de familias afectadas, muchas de las cuales caerán en la pobreza extrema y el Estado dominicano habrá de gastar por este concepto, cientos de mil de millones de pesos para cuando cierre el 2020.

Herramientas de soporte de la Seguridad Vial

El Órgano Rector Único de la Seguridad Vial debe estar revistido de autoridad y liderazgo. Autosuficiente financieramente e independencia gerencial y administrativa para poder desarrollar sus proyectos que responderían a las políticas oficiales. Ello tambien significaría, inversión en tecnologías de última generación y en técnicos actualizados multidisciplinarios.

Entre las herramientas imprescindibles para su soporte DE CUALQUIER ORGANISMO EFECTIVO DE SEGURIDAD VIAL, habría de tener a su cargo el Observatorio de Datos de Seguridad Vial, las Auditorías de Carretera, los Laboratorios de Homologación y Certificaciones; los sub-Consejos relativos al tema, Las Mesas de Trabajo para las Reglamentaciones y Normativas; Publicidad, Competitividad, Tecnologías, Innovación y Emprendimiento, etc.

Política de desarrollo de la infraestructura vial en República Dominicana. Competitividad turística y seguridad vial

Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo entre el 2004 y el año subsiguiente, titulado El BID: Estrategia de País con República Dominicana, describe con mucha claridad la situación económica del país sugiriendo un plan a desarrollarse soportado en tres pilares con el objetivo de reducir la pobreza acrecentada en el gobierno del cuatrienio anterior, a saber: Competitividad, Gobernanza y pilar Social.

Este plan, entre muchos otros aspectos, destaca la necesidad de una mejor inversión en infraestructuras viales, reconociendo que el país cuenta con un sistema viario de tamaño considerable con relación a las demás naciones de la región, observando una vulnerabilidad ante desastre por lo que recomienda una mejor planificación con la participación del sector privado.

Conforme a estas consideraciones a partir de la línea de acción base que sustentan los ejes temáticos fundamentales del estudio mencionado, pensamos que tienen sentido los decretos 336-05 y 403-05 sobre la creación del Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas, así como también la Ley que crea el INDETUR tres años después.

No es un secreto que la competitividad turística implica una fuerte inversión en obras de desarrollo y mantenimiento de las vías turísticas con la participación coordinada de los sectores público y privado. Que a la Gobernanza agregaríamos la gobernabilidad, ya que tanto los traumatismos a consecuencia de los incidentes de tránsito como la mala condición de las vías generan sosiego y perturbación de la paz social, además de pobreza.

Correspondiendo a los conceptos generales emitidos por los organismos internacionales, a partir del 2005 la República Dominicana se ha avocado a ejecutar obras fundamentales para su desarrollo a nivel nacional, por lo que hace acopio también, a formar un portafolio importante para rehabilitar mediante programas de asfaltado y reconstrucción; incluyendo la realización de grandes proyectos como soluciones viales en centros urbanos y en el interior tomando como norte que estas actuaciones representan un sostén del desarrollo de nuestra economía.

La seguridad vial constituye uno de los elementos integrales para el fortalecimiento del desarrollo sostenible.

Propiciar un panorama de desarrollo del sector turístico vinculado o en armonía con posibles planes de seguridad vial debe responder necesariamente a una política de Estado acertada de grandes esperanzas, ya que el turismo no es menos cierto, es un aporte importante a la economía nacional que no debe descuidarse.

Sin embargo, ha de destacarse la grave situación que se presenta en las estadísticas de siniestralidad en las vías cuando se reportan en República Dominicana para el 2010 la pérdida de vidas de itinerantes extranjeros de diferentes nacionalidades ascendente a una cifra superior a 530 víctimas entre lesionados y fallecidos, donde más de la mitad son nacionales haitianos y que se presume no son turistas.

No solo la Organización de las Naciones Unidas se ha convertido en un formidable actor de la seguridad vial en el mundo, también los organismos crediticios multilaterales y bilaterales han creado plataforma para fortalecer los planes de preservación de la vida de los usuarios en carreteras al establecer protocolos y guías de apoyo a proyectos de infraestructura atendiendo a los factores de riesgo de la seguridad vial.

En los últimos años ha tomado fuerza una propuesta para que los proyectos de obras viales bajo financiamiento de los organismos citados anteriormente, incluyan en sus partidas un de 5%a un 10% de sus presupuestos a los planes de seguridad vial. El objetivo se sintetiza para los que hablamos de humanización de las carreteras, que es hacer de esta un camino seguro.

Asumir la Seguridad Vial como Objetivo País

La integración al sistema de gestión de seguridad vial de múltiples organismos del Estado y privados conlleva al desarrollo de actividades internacionales que fomentan a un turismo de convención especializado.

Pues, el intercambio de conocimiento debe primar en la agenda de estas políticas que pudiera convertir de acuerdo a los logros de los objetivos, a que la República Dominicana tenga la seguridad vial como marca país.

Nunca los indicadores de siniestralidad bajan con rapidez, responde a un proceso lento de concienciación social y política. De transformación de una cultura generacional y de readecuación no solo de las leyes y su aplicación sino además de la inversión en los diferentes factores de riesgo.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo predominantes nacionales en las vías son bien definidos: Humano, Vialidad, Medios de Transporte, Medioambiente, Sistema de Autoridad, y otro final que estamos ponderando en los últimos años, se trata de la actividad económica.

A mayor movilidad por actividad comercial o vacacional mayor número de víctimas y siniestros viales.

Un Órgano Rector de la seguridad Vial deberá establecer cuáles serán los actores del tema de mayor importancia acorde con los factores de riesgo para poder desarrollar las áreas y líneas de acción del plan integral y estratégico.

El tema de la vialidad obviamente será tratado con el MOPC, el que tiene que ver con los medios de transporte y el tránsito, según el nombre propuesto deberá ser EL INTRANT, y así con cada una de las entidades de acuerdo al ámbito de su competencia.

Un nuevo y no tan extraño factor de riesgo

En los estudios que hemos publicado desde el 2010 extrañamente surge un nuevo factor de riesgo en el desplazamiento que debe ser objeto de ponderación exhaustiva.

Se trata de la actividad económica propiamente dicha que de forma lógica en tiempos de asuetos se manifiesta claramente con el aumento de las casos trágicos y sus secuelas en víctimas.

Ahora llama la atención cuando por lo contrario se sufre una baja significativa cuando se produce una crisis económica en un país.

En Estados Unidos se vivió esta situación cuando la crisis moviliaria lo azotó y luego se recuperó con las iniciativas legislativas de Recuperación y Estímulo Económico presentado por el Presidente Barak Obama.

En la UE también vimos cómo incidió la crisis en su economía que todavía impera en la tasa de mortalidad por siniestros de tránsito.

Los menos afectados por la fortaleza de sus instituciones de seguridad vial fueron Francia, España y Portugal. Pero lo único que explicó el descrecimiento de la mortalidad en los demás países de la región, según el informe de la Comisión Europea, fue la crisis económica que hizo cambiar ciertos hábitos de consumo y diversión de los europeos.

Un ente regulador de la seguridad vial debe emplearse a fondo precisamente en las fechas de mucha circulación comercial para no dejar un saldo trágico.

¿Qué hacer en República Dominicana?

– En primer lugar, entender que se trata de un problema complejo: socio-económico-cultural y jurídico; con un impacto muy negativo en lo referente al medio ambiente y a la salud. Algo todavía no comprendido en su totalidad porque es generado por el desplazamiento humano.

– En segundo término, identificando los factores de riesgo que predominan, diseñar estrategias integrales que puedan ponerse en marcha armoniosamente con todos los actores de la vida nacional mediante un Örgano Rector con autonomía, autoridad y autogestión.

-Tercero, teniendo el concepto claro del problema, planteando soluciones que tomen en consideración las experiencias de buenas prácticas de políticas públicas de otras latitudes y las recomendaciones de los organismos especializados en seguridad vial, para que basados en los diagnósticos objetivos, científicos y confiables, empecemos a tomar decisiones a partir de que la Seguridad Vial debe ser un tema de Estado, con su propia identidad.

Proyecto del INTRANT contraviene organismos especializados en Seguridad Vial

Las recomendaciones relativas a la seguridad vial emitidas por los organismos especializados, son obviadas en la propuesta legislativa actual que busca regir el desplazamiento de los ciudadanos en la red viaria.

El Proyecto de Ley de Movilidad, Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial evidencia la gran crisis de valores institucionales en que está inmerso el país, caracterizada por el protagonismo, el afán de manejar recursos, y el Poder.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte –INTRANT-, de aprobarse el Proyecto de Ley que supedita la Seguridad Vial, sería la institución reguladora del desplazamiento terrestre y los medios a utilizarse; forzosamente dirigiría el proceso de frenar primero, disminuir después y, finalmente, evitar los riesgos a los usuarios de las vías mediante la aplicación de políticas eficientes y eficaces.

Sería también la que reciba los recursos, los manejaría a su discreción, lo mismo que las decisiones del día a día, y los temas claves del plan estratégico e integral. Administraría los resultados de la gestión y los proyectos; se autoevaluaría, se fiscalizaría, se supervisaría y rendiría cuentas en materia de seguridad vial, sin que nos demos cuenta que además es la responsable de las políticas del tránsito y el transporte, que a fin de cuentas si lo hace mal se reflejaría en incidentes y víctimas de tránsito.

O sea, concentraría los esfuerzos en el trabajo de análisis de institucionalidad: inspección, vigilancia y control de las normativas de seguridad vial y manejo patrimonial de las informaciones.

Colombia era así hasta hace poco tiempo; se dio cuenta y corrigió esos entuertos porque los resultados fueron contraproducentes. Desde el pasado año está experimentando un muevo modelo más ajustado a la realidad.

Las autoridades decisorias de República Dominicana tienen un desafío inminente ante la sociedad con respecto a la mejora de la seguridad vial.

Es por eso que con una iniciativa legislativa se pretende comenzar un proceso que revierta los altos niveles de las estadísticas que nos colocan en los primeros lugares del ranking mundial.

Sin embargo, quizás por falta de información, el modelo considerado en la pieza en Comisión resulte inadecuado, sin tomar en cuenta las experiencias de buenas prácticas de otros países de la región.

Tal es el caso especifico del sistema implementado en Colombia, cuyos resultados no fueron los más recomendados, razón por la cual, fue preciso abortarlo e implementar uno nuevo, mediante la Ley 1702 del 27 de diciembre de 2013, con la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial que establece una nueva estructura institucional y técnica para la gestión de la políticas públicas en la materia y asigna recursos específicos a través del creado Fondo Nacional de Seguridad Vial para su implantación, y que sustituiría un viejo modelo fracasado.

Los estudios, 20 en total, de la Contraloría General de la República y del Banco Mundial y el Global Road Safety Facility, determinaron serias debilidades en el modelo vigente hasta ese momento, donde el tema de seguridad vial estaba a cargo del Ministerio de Transporte.

Entre otras, se evidenció falta de control. "El estudio destaca algunas otras debilidades del sistema de seguridad vial en Colombia:

– Falta de normas de seguridad para la infraestructura o la señalización.

– Falta de control en el otorgamiento de licencias y matriculación de los carros.

– Fallas en la metodología de educación en seguridad vial.

– Falta de coordinación en el manejo de la información sobre seguridad vial.

La principal recomendación del estudio del Banco Mundial es la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Vial que sea independiente y que responda a una clara política de Estado. La nueva entidad, propone el estudio, debería tener suficiente autonomía para tomar acciones directas en los aspectos claves mencionados arriba."

España se le parece en cierto modo, pese ser un modelo mundial en políticas de seguridad vial. Sin embargo, empezaron los cuestionamientos, desde que a principio de 2015 se manipularon las informaciones del Observatorio de Datos, según la sociedad española y los partidos políticos, sus principales aliados en la aplicación del plan integral conjuntamente con los medios de comunicación y el sector privado productivo.