El éxito económico de China no debe hacernos olvidar que la cuestión del Estado de Derecho sigue vigente en ese país. China sigue siendo un país sometido a la "dictadura del proletariado" en el cual la realidad del poder político sigue estando en manos del Partido Comunista Chino. Sin embargo, desde la apertura económica iniciada por el Presidente Deng Xiaoping en los años 80, el Derecho vuelve a ocupar un lugar destacado en la organización de la sociedad china.
Es un hecho importante sabiendo que las dos grandes escuelas chinas que han influido el desarrollo del Derecho a lo largo de su larga historia -es decir: el confucianismo por una parte y el legalismo por otra-, no le prestan una función principal en la organización social. Más bien, la educación y el poder absoluto de un emperador son las dos figuras sobre las cuales se organiza la sociedad.
Sólo a partir del final de los años 70, se reconsideró el Derecho como un instrumento al servicio del despegue económico. Más en particular, el reconocimiento en la Constitución del principio de "Estado de derecho socialista" como pilar fundamental de la República Popular de China fomentó la racionalización del sistema jurídico chino, gracias no sólo al resurgimiento de unas instituciones casi desaparecidas sino también a todo un nuevo bloque legislativo. Más recientemente, la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio (2001) empujó a la adopción de todo un arsenal legislativo con el fin de cumplir con sus nuevas obligaciones. Quizás ahora mismo, se pueda definir a China como un "Estado regido por el Derecho"
Es evidente que la reciente revisión de la Ley Orgánica de las Cortes Populares participa de la racionalización del poder judicial. Y también lo es, de la misma manera, respecto a las lagunas que ponen en peligro su independencia y, por ende, su eficacia.
Según la Ley Orgánica de las Cortes Populares de la República Popular de China6, las cortes populares locales, las cortes militares y las otras cortes especializadas así como la Corte Suprema ejercen el poder judicial, el artículo 3 de la Ley Orgánica precisa que la tarea de las cortes populares es la de decidir casos civiles y penales con el fin de garantizar la dictadura del proletariado, mantener el sistema legal socialista y el orden público, proteger la propiedad socialista que pertenece al pueblo entero, la propiedad colectiva que pertenece al pueblo trabajador y la propiedad privada legítima de los ciudadanos, los derechos de la persona y democráticos de los ciudadanos, y de asegurar el progreso suave de la revolución socialista y de la construcción socialista en el país. Las cortes populares, en todas sus actividades, educan a los ciudadanos en la lealtad a su patria socialista y en la observancia voluntaria de la Constitución y de las leyes.
De acuerdo con la Constitución de la República Popular China, la estructura estatal central de China está compuesta por seis órganos principales: la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente, el Presidente de Estado, el Consejo de Estado, la Comisión Militar Central, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema.
El Presidente de Estado, el Consejo de Estado, la Comisión Militar Central, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema son decididos por la Asamblea Popular Nacional y responden ante ella y su Comité Permanente.
Los tribunales populares son los órganos de juicio del Estado. El Estado instituye el Tribunal Popular Supremo, y las provincias, las regiones autónomas y los municipios bajo jurisdicción central instituyen los tribunales populares superiores, bajo los cuales existen los tribunales populares intermedios y los tribunales populares de base.
El Tribunal Popular Supremo es el órgano de juicio supremo del Estado, que responde e informa de su labor ante la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente. De acuerdo con la ley, el Tribunal Popular Supremo ejerce el poder de juicio supremo de manera independiente, sin tolerar la intervención de ningún organismo ejecutivo, organización social o individuo.
Según lo prescrito en la Constitución y la ley, el Tribunal Popular Supremo tiene tres funciones principales: 1) Dar vista a los casos de importancia nacional, los casos de apelación en los que las partes están disconformes con los veredictos o fallos de los tribunales superiores, y los casos que el Tribunal Popular Supremo considere deben ser vistos por él. 2) Supervisar el trabajo de juicio de los tribunales populares locales de los diversos niveles, los tribunales militares y otros tribunales especiales y revocar sus veredictos si los considera erróneos, decidir interrogatorios u ordenar la reapertura de procesos. 3) Hacer interpretaciones judiciales sobre la aplicación concreta de la ley en el desarrollo del juicio, interpretaciones estas que deben ser aplicadas en todo el país.
El 11 de marzo de 2003, Xiao Yang, Presidente del Tribunal Popular Supremo, presentó el informe de labor ante la I Sesión de la X Asamblea Popular Nacional. Durante el mandato de cinco años de la IX Asamblea Popular Nacional, bajo la supervisión de la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente, el Tribunal Popular Supremo se esforzó por llevar a la práctica "la imparcialidad y la eficiencia" como tema de trabajo de los tribunales e hizo nuevos progresos en todos sus trabajos.
En los pasados cinco años, el Tribunal Popular Supremo dio cierre a un total de 20.293 casos de toda índole, para un aumento del 46% en comparación con el quinquenio anterior; y los tribunales populares locales de los diversos niveles y los tribunales populares especiales concluyeron un total de 29,6 millones de casos de toda índole, para un aumento del 22%.
En los pasados cinco años, los tribunales populares dieron por terminados más de 2,83 millones de casos penales de primera instancia, para un aumento del 16% en comparación con el lustro anterior, y sentenciaron a 3,22 millones de delincuentes, para un aumento del 18%; concluyeron 23,62 millones de casos civiles, para un aumento del 20%; y cerraron 26.399 casos relacionados con el exterior, para un aumento anual progresivo del 4%.
A tenor del principio "un país, dos sistemas" y de las Leyes Fundamentales de Hong Kong y Macao, el Tribunal Popular Supremo acordó arreglos para la encomienda mutua de documentos judiciales civiles y comerciales y para la ejecución recíproca de laudos de arbitraje entre el interior del país y la Región Administrativa Especial de Hong Kong y acordó arreglos para la encomienda mutua de documentos judiciales civiles y comerciales y para la entrega recíproca de evidencias entre el interior del país y la Región Administrativa Especial de Macao, impulsando de este modo la asistencia judicial entre el interior del país y las dos regiones. Aparte de ello, el Tribunal Popular Supremo elaboró las "Estipulaciones sobre el reconocimiento por los tribunales populares de los veredictos civiles de los tribunales pertinentes de la región de Taiwán", promoviendo así el intercambio de visitas del personal y el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre la isla y la parte continental de la patria.
En los pasados cinco años, los tribunales de todo el país concluyeron 66.757 casos de protesta presentados por los organismos fiscalizadores según el procedimiento de supervisión sobre el juicio. De entre estos casos, 14.956 tuvieron cambios de veredicto a fuerza de la razón de protesta sostenible, 5.011 fueron devueltos para procesos nuevos debido la disponibilidad de pruebas nuevas o a los hechos no claros expuestos en los veredictos originales, 24.797 fueron concluidos con los acuerdos entre las partes interesadas a través de la mediación y por su propia voluntariedad o mediante reconciliación, 20.107 fueron mantenidos según la ley debido a sus veredictos originales correctos, y 1.886 fueron cancelados porque los organismos fiscalizadores retiraron sus protestas.
El Tribunal Popular Supremo fortaleció el trabajo de interpretación judicial, asesoró y supervisó a los tribunales populares de los diversos niveles en el uso de las leyes aplicables, y mantuvo la unificación del sistema legal. En los pasados cinco años, el Tribunal Popular Supremo elaboró 170 interpretaciones judiciales, aumentando en casi dos veces el número registrado en el quinquenio anterior. Revisó y enmendó oportunamente más de 2.000 interpretaciones judiciales y otros documentos reglamentarios no concordes con las reglas de la Organización Mundial del Comercio y los compromisos asumidos por el país, y publicó ante la sociedad 177 interpretaciones judiciales abrogadas.
El Presidente del Tribunal Popular Supremo es elegido por la Asamblea Popular Nacional, dura cinco años en su cargo por cada periodo de mandato, y no puede tener más de dos mandatos seguidos. La I Sesión de la X Asamblea Popular Nacional, celebrada el 16 de marzo de 2003, eligió a Xiao Yang Presidente del Tribunal Popular Supremo de la República Popular China.
Las fiscalías populares son los órganos estatales de supervisión de la aplicación de la ley. El Estado instituye la Fiscalía Popular Suprema, y las provincias, las regiones autónomas y los municipios bajo jurisdicción central instituyen las fiscalías populares superiores, bajo las cuales existen las fiscalías populares intermedias y las fiscalías populares de base.
La Fiscalía Popular Suprema es el órgano fiscalizador supremo del Estado. Responde e informa de su labor ante la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente. Según la ley ejerce de manera independiente el poder de fiscalía supremo, libre de la injerencia de cualquier organismo ejecutivo, organización social o individuo.
De acuerdo con lo estipulado en la Constitución y la ley, la atribución principal de la Fiscalía Popular Suprema consiste en dirigir el trabajo de las fiscalías populares locales de los diversos niveles y de las fiscalías especiales; dar por ley vista directa a los casos penales de desfalco, soborno, infracción de los derechos democráticos de los ciudadanos y prevaricato, formalizar estos casos para la investigación y decidir si es necesario presentar acusaciones; ejercer según la ley la supervisión jurídica sobre los juicios y las investigaciones de los tribunales en relación con los casos penales; examinar y aprobar según la ley los arrestos y las acusaciones relacionados con los delitos penales importantes; practicar la supervisión jurídica del desarrollo del juicio de los casos penales; interponer, según la ley, ante el Tribunal Popular Supremo protestas contra los veredictos y fallos erróneos de los tribunales populares de las diversas instancias que hayan entrado en efecto; practicar por ley la supervisión de las actividades desarrolladas en las prisiones y reformatorios; hacer interpretaciones judiciales de los problemas relativos a las leyes de aplicación concreta surgidos en la labor fiscal; y organizar las gestiones de los organismos fiscalizadores con el exterior y desarrollar la asistencia judicial pertinente.
El 11 de marzo de 2003, el Presidente de la Fiscalía Popular Suprema Han Zhubin presentó el informe de labor en nombre de la FPS ante la I Sesión de la X APN. En los cinco años del mandato de la IX APN, bajo la supervisión de la APN y su Comité Permanente, la FPS persistió en el principio de "aplicar la ley con imparcialidad, fortalecer la supervisión, tratar los casos según la ley, administrar el trabajo de fiscalía con rigurosidad y servir a la situación en su conjunto", y cumplió concienzudamente la atribución conferida por la Constitución y la ley, haciendo aportes positivos a la modernización socialista.
En los pasados cinco años, los órganos fiscalizadores aprobaron arrestos de 3.601.357 sospechosos de delitos penales y presentaron acusaciones contra 3.666.142 personas, para un aumento del 24,5% y otro del 30,6%, respectivamente, en comparación con el quinquenio anterior; instruyeron e investigaron 207.103 casos de delitos en los cargos tales como el desfalco, la malversación, el soborno y el prevaricato, incluyendo 5.541 casos importantes que implicaban cada uno más de un millón de yuanes, en los que estaban involucrados 12.830 funcionarios de nivel distrital (o de división) y superior. Desde el año 2000, en colaboración con los departamentos de seguridad pública, desplegaron la campaña de persecución y apresaron a 5.115 sospechosos fugitivos que habían cometido delitos en sus cargos. A través del tratamiento de tales casos, recuperaron las pérdidas económicas directas del Estado en más de 22.000 millones de yuanes.
Se reforzó la supervisión sobre los pleitos y se esforzó por salvaguardar la imparcialidad de la justicia y la dignidad del sistema legal. Con respecto a los casos que debían ser instruidos por los organismos de investigación pero que no lo estaban, los organismos fiscalizadores hicieron instruir según la ley 36.955 bajo su supervisión; con respecto a las personas que debían ser arrestadas y transferidas para la acusación pero que no estaban, decidieron según la ley arrestar a 50.863 más y procesar a 25.297 más; decidieron según la ley no aprobar 466.357 arrestos y 106.715 procesos que no reunían los requisitos de arresto y proceso legales; y presentaron por escrito 61.162 opiniones para la corrección de la violación de la ley en las investigaciones y los juicios, salvaguardando de este modo los derechos e intereses legales de las personas involucradas en el proceso.
En los pasados cinco años, la FPS firmó convenios de cooperación con los órganos judiciales de 55 países, mejoró el mecanismo de trabajo para la colaboración en la investigación de casos con los departamentos pertinentes de las regiones de Hong Kong y Macao, auspició la Conferencia de Procuradores Generales de los Países de Asia y Europa y la Conferencia de Procuradores Generales de los Países de la Organización de Cooperación de Shanghai, promoviendo así la cooperación judicial internacional en la lucha contra el crimen de terror y el crimen organizado transnacional. Por otro lado, la FPS elaboró 132 interpretaciones judiciales y revisó cabalmente las interpretaciones judiciales y documentos reglamentarios promulgados desde la proclamación de la Nueva China.
A los tribunales en china les falta la independencia suficiente para llegar a ser un sistema judicial maduro, sustentando lo dicho por las relaciones ambiguas que los tribunales mantienen con el Partido Comunista, dentro y fuera de las cortes. El Partido se ocupa de forma general de asuntos de política y de "educación ideológica". En todos los tribunales existen así comités del Partido que controlan sus actividades desde adentro: Grupo del Partido, Órgano institucional del Partido y célula del Partido. Estos dos últimos comités se dedican a la gestión de los miembros del Partido dentro del propio tribunal, bajo las instrucciones del Grupo de Partido. Es responsable del trabajo ideológico, de la difusión y de la aplicación de las políticas del Partido así como de tareas represivas en contra de los rebeldes del Partido. No interviene en principio en las sanciones impuestas a los jueces que no cumplen con sus obligaciones profesionales. Sólo intervendrá en los propios casos, si el comité judicial no alcanza una decisión en un caso complicado. En este caso, su decisión será la definitiva y el comité judicial tendrá que seguir su opinión. En realidad, las interferencias con el Partido provienen más de fuera, en particular del Comité Político-Legal. Este Comité tiene un papel relevante en los asuntos ideológicos, es decir, en implementar las directrices políticas que debe seguir el tribunal correspondiente.
Finalmente, la falta de independencia se manifiesta también en las relaciones entre tribunales y, en particular, entre tribunales superiores y tribunales inferiores. De forma general, la Ley de las Cortes Populares en su artículo 16 establece que "el trabajo judicial de las cortes populares de nivel inferior está sujeto a supervisión por parte de las cortes populares de nivel superior". Esto se traduce de distintas maneras y en distintos momentos de la carrera judicial. Primero, con ocasión del nombramiento de un juez, el artículo 14 de la Ley de Jueces permite que una corte superior pida a una corte inferior que revoque el nombramiento de un juez si resulta que no cumple con los requisitos legales para serlo. Luego, en el transcurso del trabajo judicial, los presidentes de las cortes superiores pueden pedir formalmente a las cortes inferiores que reexaminen un caso en el cual se encuentran "errores en la determinación de los hechos y en la aplicación del derecho". Además, existe también una costumbre extendida entre las cortes inferiores de pedir opinión a la corte superior para dar solución a casos complicados, con el fin de evitar que un juez de primera instancia sea castigado por "mal juzgar" un caso.
A pesar de las buenas intenciones demostradas por la Corte Suprema o el Partido Comunista por racionalizar el poder judicial chino, el camino por recorrer parece todavía muy largo. Por eso, se explica que, siguiendo la tradición confucionista, la resolución no jurisdiccional de conflictos se presente como una vía muy utilizada en China.
Autor:
Jorge Argoud