Las maras: ¿Neoterrorismo, amenaza global o funcionales al sistema? (página 2)

Los jóvenes centroamericanos veían salir a sus países de la Guerra Fría, que se había trasladado de Europa del Este a las selvas nicaragüenses, salvadoreñas, y guatemaltecas. Las maras comenzaron a reproducirse como hormigas carnívoras. Las maras fueron ganando cada vez más terreno y comenzaron a ser utilizadas por los grandes carteles del narcotráfico para sus operaciones de traslado y distribución de drogas. Esa es hoy la principal fuente de ingresos. Aunque también obtienen divisas cobrando el impuesto revolucionario:

1) A las empresas de transporte público, 2) A los distribuidores de alimentos, 3) Los comercios y 4) A los propios vecinos.

Ante el peso social de las maras algunos gobernantes optaron por establecer marcos jurídicos y mecanismos legaloides para combatir este fenómeno, tales como las leyes antimaras en el Plan Mano Dura, que no son otra cosa que reacciones ciegas frente a un fenómeno que debería analizarse desde perspectivas socioculturales.

El tratamiento del tema es muy complejo y no tiene una solución sencilla, pues tiene como base la creciente exclusión que sufre una enorme cantidad de personas, sin oportunidades de trabajo, educación, salud y desarrollo.

El crecimiento de las maras tiene como contraparte el aumento de las remesas que envían los centroamericanos que viven en el exterior, que a la fecha se ha convertido en el principal flujo económico que sostiene las economías locales.

Mientras que los conflictos militares en Centroamérica y los flujos de migración entre Centroamérica y los Estados Unidos jugaron un papel en su surgimiento, el relativamente reciente y rápido crecimiento de las pandillas centroamericanas puede ligarse a las políticas de deportación y anti-inmigración de los Estados Unidos y las políticas anti-pandillas/mano dura (Plan Escoba, Guatemala; Plan Mano Dura, El Salvador; Libertad Azul o Cero Tolerancia, Honduras) en Centroamérica. Las políticas de mano dura, al encarcelar a miembros de las pandillas, aumentan el riesgo de que los jóvenes se involucren en las actividades de pandillas en las prisiones.

En particular, las políticas de mano dura que han llevado a cabo ciertos gobiernos de Centroamérica han tenido consecuencias negativas, como el recrudecimiento de la violencia entre y hacia los jóvenes, además de ser en la mayoría de los casos contraproducentes. Las respuestas hacia las pandillas y hacia la violencia juvenil en la sub-región necesitan ser integrales, incluir prevención, rehabilitación y reinserción, así como tener un enfoque de seguridad que garantice la aplicación de la ley.

Conclusiones

Cuando las guerras en América Central cesaron a principios de los 1990, Estados Unidos empezó un programa de deportación generalizada de estos jóvenes pandilleros criminalizados a sus países de origen, países que no tenían nada que ofrecerles y ninguna capacidad para controlar el delito. "Los acuerdos de "paz" de América Central no trajeron ningún desarrollo económico, sino sólo más libre comercio, un mercado negro de armas enormes, y decenas de miles de ex guerrilleros y soldados desempleados con los que el narcotráfico hizo su agosto.

Tal como la política de deportación en masa de los 1990 amplió la estructura pandillera de Los Ángeles de vuelta a América Central, así las políticas de "cero tolerancia" adoptadas por los Gobiernos aterrorizados de El Salvador y Honduras en el 2002–03 han exportado a miles de maras a Guatemala, México y de regreso a Estados Unidos.

Estas pandillas de jóvenes pobres que cruzan fronteras, funcionan como brazo armado del tráfico ilegal de armas y drogas. Los traficantes de emigrantes los usan para aterrorizar, mutilar o asesinar a quienes no pagan sus deudas.

Con tatuajes espantosos que los distinguen y usando señas satánicas, como parte de su formación sectaria, han adoptado el método de decapitaciones como represalia.

La estructura organizativa y la disposición a cometer crímenes de parte de las maras las convierte en la materia prima para el crimen organizado, que utiliza estas estructuras operativas para el tráfico de drogas, robo de vehículos, secuestros, asesinatos por encargo y otros delitos.

Asimismo, tiene la organización completa para integrarse en apoyo de agrupaciones terroristas.

La trasnacionalización de las maras ha convertido a las maras en un problema de seguridad nacional para los países de Norte y Centroamérica, con amenaza de expandirse hacia el sur.

Las maras se ven como un mal en sí mismas, que puede ser extirpado de la sociedad, cuando se trata de un síntoma que debe ser abordado desde sus orígenes tanto para combatirlo como para evitar que se extienda, afirman algunos especialistas.

Es necesario que los países de la región ejecuten a corto plazo acciones sociales frente a la pobreza y a la marginalidad, con el fin de buscar detener el crecimiento de la cantidad de jóvenes que se insertan en las maras.

Las maras son un reflejo del olvido de los gobiernos anteriores de los problemas sociales de las clases más pobres, que sólo son atendidos cuando afectan a los estratos pudientes o cuando el mal afecta a intereses fuera de la región.

Además, la investigación indica que los esfuerzos por tratar el problema desde un enfoque de seguridad nacional son menos fructíferos que aquellos que atienden el fenómeno como un problema social, basado en las fallas (legales y económicas) estructurales del Estado.

Desde una perspectiva política, las pandillas juveniles son consideradas un grave problema de seguridad pública en Guatemala, Honduras y El Salvador. La existencia de una minoría de vínculos reales y "ficticios" (creados por los medios de comunicación) con el narcotráfico y el crimen organizado significa que las pandillas juveniles, aunque no sean fácilmente clasificadas como una forma de crimen organizado, se están criminalizando y son percibidas como una nueva modalidad de éste.

Debido a influencias transnacionales (migración y deportación) y a problemas locales de gobernabilidad en América Central, las pandillas juveniles se han convertido en un asunto de seguridad pública a nivel nacional y transnacional.

Es claro que los flujos de migración transnacional son reales: hay altos niveles de movilidad de población entre Centroamérica, México y los Estados Unidos (esto debido en gran parte a la precaria situación económica centroamericana y las mejores oportunidades económicas que representa el norte); desastres naturales tales como huracanes han destruido comunidades y fomentado la movilidad; y las políticas anti-pandillas y anti-inmigrantes de Estados Unidos han resultado en el encarcelamiento de muchos pandilleros y a su vez fomentado población en "reversa", de Estados Unidos hacia Centroamérica. Todos estos factores nos podrían dar la impresión de que las pandillas poseen altos niveles de integración transnacional, pero tal aseveración no es correcta.

Aunque existe evidencia de que algunas clicas, y algunos ex pandilleros si desarrollan lazos con el crimen organizado, esto no parece ser la regla, sino la excepción.

Algunos datos de la situación en Guatemala sirven para entender mejor la relación entre pandillas, crimen organizado y narcotráfico.

Mientras los datos nacionales muestran un incremento en el número de homicidios entre 2000 a 2004, las tasas más altas se registran en los partes de Guatemala donde hay menor presencia de pandillas y más presencia de crimen organizado y narcotráfico. Esto sugiere que, aunque la violencia relacionada con las pandillas es un problema, no está tan relacionada al crimen organizado y al narcotráfico como los medios de comunicación y el Estado antes aseguraban.

Es importante reconocer que los miembros de las pandillas no solamente actúan con violencia, sino que también son víctimas de ésta. Además de ser blancos de otras pandillas rivales, los jóvenes son victimados por el sistema judicial y la policía.

Por ejemplo, en el caso de Guatemala, las autoridades han justificado la limpieza social, ejecuciones extrajudiciales, y la violación de los derechos de los jóvenes retenidos por hasta seis meses sin ser procesados o sin un procedimiento legal. Además hay policías corruptos que extorsionan a los miembros de las pandillas y participan en la venta o renta de armas.

En alguna forma, la policía ha pasado a ser parte del problema de las maras, participando en sus actividades criminales.

En general, las maras deben ser vistas como una amenaza a la seguridad de la juventud centroamericana (involucrada o no en pandillas), al ser ésta la víctima de la violencia asociada a las actividades de las pandillas.

Autor:

Ganduglia Eugenio Martín

Analista en Inteligencia Estratégica

ESPECIALIZACIÓN

Materia: SEMINARIO DE PROBLEMAS ESTRATÉGICOS CONTEMPORÁNEOS

Trabajo Práctico

Fecha: 26 de diciembre de 2007