Un modelo para armar: áreas prioritarias e investigación en universidades nacionales (Argentina)

En las últimas décadas, la producción de conocimiento científico y tecnológico se considera estratégica para los fines del desarrollo y un instrumento clave para redefinir las relaciones sociales en términos de crecimiento económico e inclusión social. En la Argentina, el sector científico y tecnológico alcanza actualmente un inusitado estímulo y una creciente expansión. En el plano universitario, los cambios repercuten –entre otras dimensiones– sobre los lineamientos y orientación de la investigación. En este escenario, el objetivo general del escrito procura analizar el surgimiento reciente de distintos instrumentos de orientación de la investigación con incidencia en el ámbito de las universidades nacionales y paralelamente, indagar y comparar las lógicas de orientación de la investigación en las instituciones seleccionadas a través de instrumentos propios de financiamiento. Una de las hipótesis que guía el trabajo afirma que, en un escenario de corrientes múltiples de políticas de fijación de áreas prioritarias en los últimos años, algunas universidades nacionales promueven la orientación de la investigación, a través de lógicas diversas y en un marco dinámico, situacional y pragmático.

Palabras clave: investigación; universidad; políticas; áreas prioritarias; lógicas institucionales

Presentación

En la última década surge como cuestión problematizada en el campo de la Educación Superior y de la Ciencia y la Tecnología, el debate en torno a la implementación de áreas prioritarias y/o estratégicas para la promoción de la investigación en las universidades nacionales. Por un lado, la temática forma parte de las agendas político-públicas de múltiples organismos de gobierno y resulta observable en la proliferación de diversas iniciativas y dispositivos de financiamiento que procuran orientar la investigación hacia áreas consideradas relevantes para el desarrollo. Por otra parte, desde el plano institucional, la adopción de áreas prioritarias por parte de las universidades nacionales alcanza una creciente notoriedad tanto en el proceso de toma de decisiones como en la puesta en práctica de una política determina- da. De allí que el estudio de esta temática revela, además, las interacciones complejas entre las políticas públicas de educación superior y las de ciencia y tecnología –entendidas como cursos de acción gubernamental referidos a problemas del sector a nivel central– y las políticas de investigación implementadas por las universidades, en tanto decisiones que éstas llevan a cabo en el marco de su autonomía.

En el campo nacional de los estudios sobre universidad y políticas públicas, la temática planteada cobra en los últimos años creciente interés (Unzué y Emiliozzi, 2013). A su vez, un estudio reciente sobre las políticas científicas en las universidades nacionales argentinas sostiene la debilidad de las políticas de ciertas universidades para orientar la investigación (Vasen, 2013). No obstante, una revisión de algunos casos nacionales revela que las instituciones despliegan lógicas diversas. Mientras algunas se ajustan a los criterios mencionados anteriormente, otras generan propuestas y alternativas para la orientación de la investigación que logran no sólo reconfigurar su autonomía sino también mediar los lineamientos que promueve en buena medida el crecimiento del sector.

En este escenario, el objetivo general del escrito procura mapear el surgimiento reciente de distintos instrumentos de fijación de áreas prioritarias de la investigación con incidencia en el ámbito de las universidades nacionales y paralelamente, indagar y comparar las estrategias de orientación de la investigación en las instituciones seleccionadas. Para ello, por un lado, se exploran los planes recientes de política científica nacional, las bases y resultados de diversos instrumentos de financiamiento orientado por parte de las agencias públicas de promoción de la investigación. Por otra parte, se indagan ciertas características organizacionales de la investigación en las universidades nacionales seleccionadas, las estructuras institucionales en torno a la fijación de áreas prioritarias y/o estratégicas, las características de las normativas y los dispositivos que orientan la investigación, junto con las áreas acordadas y los criterios de evaluación para orientar la investigación.

Una de las hipótesis que guía el trabajo afirma que, en un escenario de corrientes múltiples de políticas de fijación de áreas prioritarias en los últimos años, algunas universidades nacionales promueven la orientación de la investigación, a través de lógicas diversas y en un marco dinámico, situacional y pragmático.

Universidad, investigación y sociedad: la gran transformación del conocimiento

En las últimas décadas, la producción de conocimiento científico se considera estratégica para los fines del desarrollo y un instrumento clave para redefinir las relaciones sociales en términos de crecimiento económico e inclusión social. Las economías basadas en el conocimiento hacen de la innovación su fuente principal de legitimación. Por lo tanto, se valoriza tanto el conocimiento explícito desarrollado de manera formal o informal a través de la investigación y el desarrollo, como el conocimiento tácito, vale decir, los saberes socialmente pertinentes para la solución de problemas especí ficos (Gurrutxaga, 2006).

Algunos enfoques entienden que las transformaciones en curso constituyen una «segunda revolución» que sigue a la configuración de la Universidad de Berlín como institución de investigación a principios del siglo xix1. El giro implica la «traducción de la investigación en productos y nuevos emprendimientos» (Etzkowitz, Webster y Healey, 1998: 1). El llamado modelo de la «Triple Hélice», desarrollado por Etzkowitz y Leydesdorff (1997), por ejemplo reformula el papel de la investigación dentro de la tríada universidad-industria-gobierno: postula el entrecruzamiento y hasta la dilución de los límites entre ellos y vaticina el crecimiento de un modelo de innovación en espiral que interrelaciona cuestiones prácticas y teóricas en los intersticios de las rígidas demarcaciones del pasado. En esta línea, los estados nacionales dejan de ser actores exclusivos en la definición de las políticas públicas universitarias: las organizaciones financieras internacionales, las instituciones supraestatales o regionales, las instancias de poder político local y el mercado profesional en sus diversas configuraciones, se constituyen en agentes importantes del proceso de diseño e implementación de las reformas de la educación superior. No obstante, esta visión manifiesta un sesgo co-evolutivo y auto-organizado que en alguna medida reduce la comprensión de la complejidad y diversidad de las vinculaciones entre los distintos elementos intervinientes (Shinn, 2002).

Como parte de una nueva fase en el modo de producción de conocimiento, algunos analistas plantean el acercamiento entre investigación pura e investigación aplicada, entre contexto de descubrimiento y contexto de aplicación (Gibbons, et al., 1997). Tales concepciones toman distancia de los modelos de innovación que consideran a la ciencia básica como el ante- cedente indiscutible de la investigación aplicada, pues critican su linealidad y carencia de fundamentos. En su lugar, proponen asociaciones múltiples y complejas entre ciencia y tecnología y el reforzamiento de ambas en el plano de la innovación comercial y la competitividad económica (Etzkowitz y Leydesdorff, 1997; Gibbons et al., 1997).

Tales redefiniciones suponen el pasaje desde un modelo de ciencia básica libre de constricciones e inspirado en la curiosidad individual, hacia otro caracterizado por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (tics) y sustentado en actividades colectivas que contribuyen a la innovación industrial y la competencia científica (Slaughter y Rodhes, 2004). En ese plano, el modelo de la «Nueva Producción de Conocimiento» distingue dos modalidades: la clásica, basada en las disciplinas, la especialización científica y la distancia entre los contextos de descubrimiento y de aplicación; y la nueva, cuyos rasgos principales son el contexto de aplicación, la transdisciplina, la orientación a la resolución de problemas y la comprensión de «sistemas complejos» (Gibbons, et al., 1997).

De acuerdo con este modelo, la resolución de problemas es la única guía pertinente para la actividad científica; se desarrolla en el marco de agrupamientos no jerárquicos, heterogéneos y transitorios, en oposición a los territorios disciplinares e institucionales (Gibbons, 1997:8). El conocimiento cobra la forma de «saber hacer», se valora por su utilidad, se rige por la urgencia y la necesidad, y reúne actores con saberes teóricos y prácticos quienes poseen una gran movilidad. Los grupos incluyen actores extra-cien- tíficos que participan en la formulación de los problemas y en las prácticas de producción de conocimiento. En efecto, según esta corriente, la incorporación de conocimientos de los decisores políticos, los empresarios, los expertos y otros portadores de saber, garantiza la rapidez y funcionalidad de las actividades en virtud de la importancia concedida a los «contextos de aplicabilidad» (Gibbons, 1997: 14). Los vínculos entre los distintos actores adoptan la forma de redes más o menos articuladas (Gibbons, 1997) que constituyen un sistema de investigación, antes que una comunidad científica (Vessuri, 1997). No obstante, varios de sus críticos advierten sobre el carácter prescriptivo, antes que descriptivo, de sus hallazgos (Shinn, 2002; Pestre, 2005) e indican que el nuevo modo de producción de conocimiento encierra un contenido cuasi-político (Shinn, 2002).

En el cruce de las diversas interpretaciones, también se plantea que la investigación tiende a concebirse como commodity, vale decir, una mercancía o bien de consumo valorizado en sentido propio (Aronson, 2009). Su dinámica estaría regida por la complejidad en el marco de una ciencia posnormal que amplía los niveles de incertidumbre y aumenta los requerimientos de negociación y deliberación entre múltiples actores2. Otros planteos, en cambio, afirman que la ciencia siempre fue commodity, lo que sirvió de basamento para su consolidación en términos de empresa profesional autónoma (Wittrock, 1985). Por consiguiente, la cuestión central radica en saber si la configuración de interacciones entre las comunidades académicas y una multitud de agrupaciones gubernamentales, industriales y sociales, está experimentando un cambio de tal magnitud que permite afirmar taxativamente que la investigación ha cobrado un formato diferente (Ibíd.: 157).

En el plano universitario, los cambios repercuten sobre los procesos de producción y transmisión del conocimiento. Dado que las universidades son consideradas fuentes inestimables de conocimiento, se las exhorta a establecer nuevas relaciones con su entorno. Las alteraciones que afectan la organización y finalización de la ciencia académica contemporánea, influyen en las universidades, pues éstas se parecen cada vez más a espacios donde se practica la investigación y no tanto la ciencia en su sentido tradicional; progresivamente, se estrechan las relaciones entre científicos y tecnólogos (Vessuri, 1997:48).

Otros autores del campo de estudios sobre ciencia y tecnología, incorporan la noción de «utilidad social» de la investigación científica, un factor presente desde siempre que forma parte de las normas y las prácticas propias de la ciencia clásica (Vacarezza y Zabala, 2002:10). El término alude a «las estrategias que se proponen los investigadores en el intento de transformar los resultados de sus investigaciones en bienes útiles para un mercado de conocimientos» o, en otros términos, «a la percepción de utilidad en tanto atribución de uso» (Ibíd.: 11 y 34). Desde una perspectiva más interpretativista que contextual, suponen que el despliegue de intereses y estrategias de posicionamiento en el campo, junto con la búsqueda de credibilidad o de capital simbólico «están hoy en día más asociados a los objetivos utilitarios del conocimiento como dimensión explícita de los investigadores» (Ibíd.: 25). Con todo, la investigación científica parece ajustarse a un proceso

heterogéneo de ingeniería desarrollado en múltiples y diversos marcos institucionales. Por tanto, las interacciones cada vez más complejas entre ciencia académica y desarrollo económico-social generan una multiplicidad de motivaciones, intereses, normas, intercambios y valores que resultan en nuevas configuraciones institucionales y en interrelaciones diversas entre los actores involucrados.

Expansión de las políticas de fijación de áreas prioritarias para la investigación científica en la Argentina

En la Argentina, a partir de la década de 1990, las políticas de Ciencia y Tecnología (cyt) dan un importante giro en la gestión del sector en nuestro país, observable a partir de la introducción de las nociones de «innovación» y de «sistema nacional de innovación» (sni)3. Conjuntamente, se crean progra- mas y estructuras institucionales, entre los que destaca la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (anpcyt), dependiente de la Secreta- ría de Ciencia y Tecnología (secyt). Uno de los criterios de intervención que destaca en el sector es la política de creación de fondos focalizados: en el marco de la anpcyt, en 1997 se conforman el Fondo Tecnológico Argentino (fontar) y el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (foncyt); en 2004 se impulsa el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (fonsoft); y en 2009 se inaugura el Fondo Argentino Sectorial (fonarsec). Con relación al desarrollo de la investigación científica y la formación de recursos humanos en las universidades nacionales, las líneas de financiamiento del foncyt de la anpcyt alcanzan una fuerte presencia en las instituciones, a través del financiamiento de becarios y subsidios para la promoción de la investigación.

A finales de los años 90, los organismos nacionales y provinciales de promoción de la actividad científica y tecnológica reformulan su programación y funcionamiento, estableciendo como un requisito de apoyo a dichas actividades la existencia de criterios de prioridades regionales y sectoriales. A su vez, en 1997, el Consejo Interuniversitario Nacional (cin) considera que

«en un mundo que se globaliza, su desarrollo requiere cada vez más del aporte científico y tecnológico de las instituciones universitarias» y por tanto, impulsa a que se organicen las actividades en ciencia y tecnología en base a prioridades que contemplen las necesidades del desarrollo económico y el progreso social del país (Acuerdo Plenario 244/97).

A nivel mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco- nómico (ocde) promueve, desde comienzos del siglo xxi, la planificación estratégica de la investigación en las universidades a través de la fijación de áreas estratégicas. En un documento elaborado por el Programa de Management Institucional en Educación Superior de dicho organismo, se afirma que los grandes cambios en el plano de la investigación adoptan dos direcciones: más posibilidades de alianzas y asociaciones transfronterizas y mayores incentivos para la innovación (Connell, 2004). Ante la creciente competencia entre universidades por captar investigadores y recursos y los altos costos de la investigación en ciertas áreas, los especialistas de la ocde recomiendan la definición de áreas estratégicas. Paralelamente, toman en cuenta que la fijación de prioridades nacionales e internacionales en investigación científica define y moldea la toma de decisiones en el plano institucional. Por ello, destacan que «el movimiento de devolución de responsabilidades a las instituciones combina la supervisión estratégica en el ámbito nacional/estatal con una mayor autonomía institucional y rendición de cuentas» (Connell, 2004: 34).

A comienzos del siglo xxi, la apertura de un nuevo ciclo político en América Latina promueve cambios en las corrientes políticas educativas, científicas y tecnológicas: en principio, una mayor presencia del Estado. En nuestro país, la continuidad de ciertas políticas en torno a la innovación, refuerza la propuesta de ligar dicha noción con la apropiación social del conocimiento científico, a lo que se agrega la definición de prioridades y orientaciones estratégicas. En ese plano, una de las principales directrices –observable en los documentos gubernamentales– gira alrededor de la identificación de prioridades y orientaciones hacia áreas estratégicas (Versino, 2007). Los documentos Bases para un Plan Estratégico de Mediano Plazo en Ciencia, Tecnología e Innovación (secyt, 2005) y el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación «Bicentenario» (2006-2010) se inscriben en esta tendencia. Así, surgen algunos instrumentos de financiamiento desarrollados por la anpcyt, entre los que se encuentran los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados (pict-o)4 y más tarde la línea Proyectos Áreas Estratégicas (pae), actualmente sin vigencia5. Al respecto, si bien estas líneas de financiamiento no se encuentran exclusivamente direccionadas hacia las universidades nacionales, encuentran en ellas a uno de sus principales socios, constituyendo una fuente financiadora de suma importancia y un instrumento posible para la orientación institucional de la investigación.

Asimismo, el Consejo Universitario Nacional (cin), en asociación con la anpcyt, lanza los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados (pict-o-cin), los cuales perduran durante dos convocatorias y luego se discontinúan6. Cabe destacar que para la fijación de las áreas, el cin realiza talleres en los distintos Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior (cpres), donde se discuten y desagregan líneas de investigación7. La propuesta contempla la construcción de redes de alcance regional, el carácter interdisciplinario de los proyectos y una ejecución de los mismos en un plazo de un año. Los criterios de evaluación siguen los de otros pictos, en cuanto a acreditación y evaluación por pares8.

A partir de 2008, con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (mincyt), la focalización de las políticas públicas de cyt cobra mayor relevancia9. En esa línea, el «Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Argentina Innovadora 2020, 2012-2015», del mincyt propone fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a fin de «seguir formando recursos humanos de alta calidad, aumentar el acceso de conocimientos disponibles y despertar vocaciones científicas en niños y jóvenes» e «impulsar la innovación del sector productivo para la inclusión social y el fortalecimiento del Estado» a través del desarrollo de una cultura emprendedora y de la innovación (Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Argentina Innovadora 2020, 2012: 13-16). El documento plantea «focalizar sus intervenciones en aquellos tópicos donde la ciencia y la tecnología han abierto nuevas oportunidades, aún no del todo aprovechadas» (Plan 2020: 22) y busca que las políticas públicas del área promuevan «transformaciones más trascendentes asegurando federalizar el impacto de la innovación» (Ibíd.). Como resultado de diversas instancias de consulta y la participación de distintos actores, se establecen seis grandes temas: agroindustria, ambiente y desarrollo sustentable, desarrollo social, energía, industria y salud. Conjuntamente, se identifican treinta y cuatro Núcleos Socio Productivos Estratégicos (nspe) hacia donde orientar la investigación y el desarrollo científico y tecnológico.

Proliferación de programas e instrumentos de orientación de la investigación

Al avanzar en el análisis de la difusión e implementación de las áreas prioritarias para la investigación científica, el modelo de las «corrientes múltiples» (Kingdon, 2003) resulta interesante para explicar cómo en condiciones de ambigüedad (muchas formas de pensar sobre las mismas circunstancias y cosas) y a partir de una coyuntura política favorable, se diseñan políticas públicas con base en una misma agenda de problemas y en paralelo a la toma de decisiones en diversas esferas y niveles de gobierno (Zahariadis, 2010).

Tanto es así que desde organismos intermedios y de coordinación se desarrollan recientemente distintas convocatorias tendientes a acompañar la definición de prioridades y orientaciones estratégicas para la investigación científica. A través del análisis de las características del Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (pict); los Proyectos de Investigación Orientada (pio) y los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (pdts) se busca comprender algunos de los lineamientos de la política de focalización de la cyt desde el nivel central y su alcance en las universidades nacionales. Para ello, se consideran las siguientes dimensiones de estudio: la institucionalidad; los destinatarios y actores involucrados; los dispositivos y criterios de evaluación; los propósitos y las lógicas de conocimiento; el financiamiento y las áreas y temáticas seleccionadas.

En relación con la institucionalidad, los pict son un instrumento de financia- miento del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (foncyt) de la anpcyt, del mincyt, los que cuentan con una línea específica orientada a proyec- tos de investigación científica y tecnológica en temas estratégicos identificados en el Plan Argentina Innovadora 2020. Los pio resultan de acuerdos específicos entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet) y una contraparte asociada, por ejemplo una universidad nacional. Hasta el 2014, cuatro casas de estudio han utilizado este instrumento: las Universidades Nacionales de Jujuy, Santiago del Estero, General Sarmiento y Entre Ríos. Por su parte, los pdts adoptan el modelo de ideas-proyecto de Investigación y Desarrollo (i+d) y resultan de una asociación entre el cin y el conicet.

Tomando en cuenta la relación entre los actores involucrados, en los tres instrumentos existe una asociatividad entre la institución beneficiaria y la subsidiaria (pict-anpcyt), el aportante-demandante (pdts) o bien, co-financiamiento (pio-conicet-Universidad). Para el caso de los pict, se busca fortalecer a distintas generaciones de científicos, al incluir entre los destinatarios de la convocatoria a un equipo de trabajo, un investigador joven o equipo de trabajo en formación en instituciones públicas o privadas. Los pio procuran en parte robustecer los recursos científicos propios al atraer a grupos de investigación conformados por investigadores de cualquier institución del Sistema Científico y Tecnológico Nacional que cuenten con un número mínimo de tres investigadores miembros de la Carrera de Investigador del conicet. Por su parte, los pdts amplían la convocatoria al conjunto de docentes-investigadores, de al menos dos instituciones universitarias públicas, pertenecientes al mismo o a diferentes cpres10.

Con respecto a los dispositivos de evaluación y sus criterios, en los tres casos se incluye la evaluación por pares disciplinares y/o especialistas en las temática de investigación. Los pio y pdts establecen, además, una comisión de gestión o ad hoc conformada por las partes involucradas en el subsidio (demandantes-aportantes; Conicet y contraparte) y en este último caso, también se integra a un representante de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de cada cpres.

Por otra parte, los pict (Plan Argentina Innovadora 2020) y los pio incorporan criterios de pertinencia y relevancia. En el primer caso, los mismos se definen a partir de la justificación de la temática seleccionada, el impacto social, económico, productivo de los resultados del proyecto, la razonable distribución de los subsidios entre las distintas regiones geográficas del país y el equilibrio entre las diferentes temáticas estratégicas11. De acuerdo al foncyt, la evaluación de los pict se dirime en base al mérito de los mismos y de la aplicación de los criterios de pertinencia12. Por el contrario, los pio fijan la pertinencia y relevancia en torno al tema propuesto. Es más, sólo en una convocatoria específica se hace hincapié en valorar positivamente «el potencial de transferencia de los conocimientos» (pict-ungs). Sin embargo, el criterio de pertinencia y relevancia obtiene el mayor puntaje: cuarenta por ciento de la calificación final; seguido por la calidad, treinta por ciento; los antecedentes, veinte por ciento y la viabilidad, diez por ciento.

Con respecto a los propósitos y las lógicas de conocimiento, los pict promueven la generación de nuevos conocimientos a través de áreas-problema definidas por el documento del «Plan Argentina Innovadora 2020». En sintonía, los pio buscan una mayor comprensión y atención a las problemáticas que enfrenta el país para su desarrollo. Por su parte, la propuesta de los pdts hace mayor hincapié en la relación entre universidad, sector productivo y sociedad. Corresponde señalar que en los tres instrumentos se busca la producción de conocimiento inter, multi y/o transdisciplinario (llama la atención el uso indiferenciado y confuso de las tres propuestas de investigación) y en el caso de los pdts, se destaca específicamente la orientación aplicada. Sin embargo, los pict no descartan el enfoque disciplinar y además contemplan la distribución regional equitativa de los proyectos.

Por su parte, el tiempo de financiamiento de los proyectos es similar en los tres casos: alcanzan una duración de uno a tres años y los montos son bastante similares entre los pict y los pio, siendo los pdts levemente más restringidos económicamente, al situarse alrededor de un treinta por ciento por debajo de las líneas de mayor financiamiento de los dos primeros.

Finalmente, un relevamiento de las áreas y temáticas escogidas en las convocatorias pict 2014 «Argentina 2020, Temas Prioritarios», pio 2014 y pdts 2014, desplegado en el Gráfico 1, muestra su distribución por grandes áreas de conocimiento.

Al analizar los temas priorizados entre las Universidades Nacionales y el conicet en las convocatorias pio (Gráfico 2), se observa una distribución más equitativa entre dos grandes áreas de conocimiento: 33,3% de los proyectos corresponden a las ciencias sociales y humanas y otro 33 % a las exactas y naturales. Le siguen las ciencias biológicas con un 19% y en menor medida, en un 15% las agrarias y las ciencias médicas y de la salud13. De todas formas, cabe aclarar que buena parte de los temas estratégicos seleccionados, como medioambiente y alimentos, promueven un abordaje inter- disciplinar, a lo que se suma el carácter aplicado de las temáticas escogidas. Con respecto al instrumento de financiamiento pict2014, corresponde señalar que en la convocatoria global se adjudicaron 1046 proyectos, los cuales corresponden a las siguientes categorías: alrededor de un 80% en Temas Abiertos, 16% en Temas Estratégicos «Argentina 2020», y un 4% entre Multidisciplinarios, Internacionales «Raíces» y Proyectos Interdisciplinarios de Impacto Internacional14. En la convocatoria más numerosa, Temas Abiertos, el criterio de aprobación de proyectos privilegió en un 28 % al área de las ciencias biológicas, seguido de cerca en un 27% por las tecnológicas, en un 17,5% más distante a las ciencias exactas y naturales, luego en un 15,5% a las sociales y humanas y por último, con un 12%, las ciencias médicas y de la salud. En ese marco, en particular los proyectos adjudicados en Temas Estratégicos «Argentina 2020» se distribuyeron por área de conocimiento de la siguiente manera: 50,6% para las tecnológicas, 17, 6% para las ciencias biológicas, 14,4% para las ciencias médicas y de la salud, 11,4 % para las exactas y naturales y 6% para las ciencias humanas y sociales.

Del análisis surge que en la línea de financiamiento pict 2014 resultan predominantes los proyectos de investigación seleccionados en las áreas biológicas y tecnológicas, estas últimas aún con mayor protagonismo en la convocatoria en Temas Estratégicos «Argentina 2020». Por su parte, como se desprende del Gráfico 2, la temática estratégica privilegiada ha sido la agroindustria con un 38% de los proyectos otorgados, seguida por salud y ambiente y desarrollo sustentable con alrededor de un 20% de propuestas adjudicadas. Del total de las 106 Ideas-Proyecto aprobadas en la convocatoria pdts, prevalece en un 36,7% el área de las tecnologías, seguido por un 21% en las ciencias sociales y humanas, 17% en las ciencias médicas y de la salud y en menor medida, 13,2% en las agrarias y 12,1 % en las exactas y naturales. Con todo, tanto en la convocatoria pio-conicet como en la de pdts resulta más equitativa la distribución de proyectos por áreas de cono- cimiento aunque en éstos últimos sobresalen levemente los proyectos en el área de la tecnología sobre las ciencias sociales y humanas y las exactas y naturales15. Dicha área es predominante en la convocatoria pict Temas Estratégicos «Argentina 2020».

Gráfico 1. Proyectos adjudicados pict 2014, pio 2014 y pdts 2014, por grandes áreas de conocimiento*

*En los proyectos pict 2014, las tecnológicas se desagregan en: Informática de las Comunicaciones y Electrónica, Agraria y Forestal, Pecuaria y Pesquera, del Medio Ambiente, en Alimentos, Energética, Minera Mecánica y de Materiales y en Química; mientras que en los pdst engloban a las Ingenierías y otras Tecnológicas.

Fuente: Elaboración propia en base a Resultados de la Convocatoria pict 2014 «Argentina 2020 Temas estratégicos», anpcyt; pio 2014-conicet, unju, unse, ungs, uner y Resultados Ideas-Pro- yecto aprobadas pdts 2014.

Gráfico 2. Proyectos adjudicados pict «Argentina 2020», por temáticas estratégicas*

*La convocatoria pict 2014 reagrupó los temas estratégicos del Plan «Argentina 2020» en las 5 cate- gorías que se despliegan en estegráfico. Elaboración propia en base a resultados de la Convocatoria 2014 pict, anpcyt.

Lógicas institucionales de orientación de la investigación: los casos de las Universidades Nacionales de Córdoba, Litoral, Río Cuarto y Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

Desde la recuperación democrática y la normalización institucional de la década de 1980, en las universidades de más larga tradición prevalece –en líneas generales– una política de amplia autonomía, donde los grupos de investigación consolidados moldean las agendas y convocatorias institucionales de investigación en función de sus propios intereses y prioridades. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la mayor parte de los recursos financieros para la actividad provienen de agencias nacionales y extranjeras, por lo que existe una fuerte penetración de criterios extrainstitucionales en la definición de parámetros y dinámicas para la actividad de cyt.

Algunos especialistas destacan que la definición de áreas prioritarias supone, a pesar de su complejidad, la conformación de mecanismos de incentivos concretos para el direccionamiento de las acciones de los universi- tarios, constituyéndose en uno de los principales dispositivos de inducción de líneas de desarrollo a partir de políticas públicas (Unzué y Emiliozzi, 2013). Otros autores, en cambio, señalan la pervivencia del papel predominante de la comunidad científica en la determinación de prioridades y estrategias, en virtud de su centralidad en tanto «principales actores del subsistema: destinatarios, gestores, beneficiarios, expertos y evaluadores de la política oficial» (Versino y Roca, 2010: 8)16.

Desde un plano institucional, las universidades nacionales en la Argentina asumen tradicionalmente las prioridades investigativas existentes como da- das y han desplegado escasos mecanismos para direccionarla. Esta lógica propicia la atracción e incorporación de un amplio espectro de equipos e investigadores individuales aunque existe cierta dispersión y también superposición de los recursos, junto con una percepción meramente disciplinar y por lo tanto, algo fragmentada sobre la pertinencia de las investigaciones (Becher, 1984). Sin embargo, en los últimos años surgen también desde las universidades diversos esfuerzos por orientar la investigación científica a partir de recursos financieros propios. Así, se despliegan políticas y/o dispositivos de orientación, donde se seleccionan algunas temáticas, con- centrándose los recursos humanos y económicos en áreas competitivas.

En el marco de este último grupo de universidades, un primer relevamiento panorámico hace foco en el estudio de los casos de la Universidad Nacional de Córdoba (unc), del Litoral (unl), de Río Cuarto (unrc) y del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (unnoba). Cabe recordar que la Universidad de Córdoba tiene sus orígenes en el período colonial, se nacionaliza en 1856 e ingresa a la primera modernidad a través del movimiento conocido como Reforma Universitaria de 1918. Asimismo, la Universidad Nacional del Litoral se crea en 1919, en parte como resultado del clima de época reformista y con una fuerte impronta regional. Por su parte, la Universidad Nacional de Río Cuarto surge en 1971, en el marco de una política nacional de expansión de instituciones universitarias con un fuerte carácter regional y descentralizador. Cabe destacar que en el transcurso de esta investigación, particularmente entre fines de 2014 y principios de 2015, la unrc lleva a cabo una importante reforma de su Sistema de Ciencia y Tecnología, la cual resulta relevante para los propósitos de la presente investigación. Mientras que la creación de la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires en 2002, puede considerarse una de las expresiones más tardías del segundo ciclo de mayor expansión universitaria iniciado en el país durante la década de 1990. Si bien el proyecto de la universidad se aprueba en un escenario sociopolítico y gubernamental distinto, incorpora varias de las ideas sobre el modelo de universidad emprendedora e innovadora, con énfasis en el territorio y las problemáticas locales, propias del período anterior (Rovelli, 2012).

A su vez, cada una de estas cuatro instituciones despliega distintas políticas de orientación de la investigación, entendidas de manera dual: como lógicas que orientan la acción de los actores y conjunto de lineamientos organizacionales que consolidan las lógicas emergentes (Bastedo, 2007: 308)17. Para indagar esta última dimensión, se explora el tamaño de la masa crítica o base pesada (Taylor, 2006; Clark, 1998) a través de la cantidad de docentes-investigadores, la complejidad institucional del área de cyt y los estilos de gestión mediante el análisis de las estructuras y el tipo de gestión de la investigación. Como indicador del primer punto, se toma en cuenta el número de docentes-investigadores en el Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores del Ministerio de Educación de la Nación18. Así, a los fines de esta investigación, se considera que cuentan con limitada base pesada aquellas instituciones que tienen menos de 500 docentes-investigadores en el proince; mediana las que poseen entre 501 y 1.500 y amplia las que reúnen entre 1.501 y 2.50019. Para medir la complejidad se considera la cantidad de unidades de investigación (Institutos, Centros y Laboratorios) mientras que para examinar los estilos de gestión, se explora el carácter centralizado o descentralizado de las estructuras institucionales y activo o pasivo de la administración de la investigación20. Al respecto, en las universidades nacionales antes que un expandido laissez faire, pueden observarse estilos más activos o pasivos en la gestión de la actividad científica. Un estilo activo involucra el apoyo e incentivo a la investigación con identificación directa de las áreas a desarrollarse y la disponibilidad de recursos financieros para mantenerla (Taylor, 2006:17). Por el contrario, un estilo más pasivo tiende a depender de la planificación y el financiamiento externo –estatal, privado y/o internacional– y de sus ciclos de ampliación y retracción. La universidad puede apoyar el sector pero en definitiva, los investigadores se sostienen por sus propios esfuerzos (Taylor, 2006: 17).

Cuadro 1. Características organizacionales de la investigación científica

en las universidades seleccionadas

Fuente: Elaboración propia en base a información estadística y documentación institucional de las casas de estudio seleccionadas.

A partir del relevamiento realizado en las universidades, sintetizado en el Cuadro 1, surgen los siguientes datos organizacionales que inciden de manera distinta en las lógicas de orientación de la investigación. En 2011, la unc cuenta más de 2000 docentes-investigadores (d-i), por lo que tiene una amplia base pesada de investigadores; la unl y la unrc reúnen 939 y 902 d-i respectivamente por lo que poseen una base mediana mientras que la unnoba, al contar sólo con 33 d-i, tiene una limitada masa crítica (spu, 2012). Por otra parte, en las cuatro universidades la actividad científica y tecnológica cobra centralidad aunque en distinta medida. Si analizamos la cantidad de centros, laboratorios e institutos de investigación, la unc reúne 85, la unl posee 60, la unrc agrupa 23 y la unnoba concentra 4. Por lo tanto, la complejidad institucional del área científica se estima alta, media, baja y micro en cada universidad, respectivamente. No obstante, es posible que la complejidad institucional de la unrc se expanda en virtud de la reciente reforma de su sistema de Ciencia y Tecnología, la cual promueve la creación de nuevas formas organizativas de las actividades científicas-tecnológicas, a través de la conformación de Institutos de Investigación propios y/o de dependencia múltiple y de carácter interdisciplinario en la universidad (Res. 74/15).