Trayectoria de la Política Pública de Seguridad y Defensa

3. César Gaviria Trujillo

HIPÓTESIS:

La democracia pretendió acabar con la violencia ampliando los márgenes de participación ciudadana, en el Derecho al control político, en el contexto nacional, mientras que en la arena internacional, una visión realista pone en relevancia la caída práctica y, por ende, teórica, del socialismo real, que generó la distensión del conflicto Este – Oeste, lo cual constituyó la búsqueda de que los actores violentos se vieran deslegitimados por completo, obligándolos indirectamente a negociar, sin olvidar que la fuerza es condición necesaria para que el diálogo sea útil, pues, a través del diálogo y de la construcción de una nueva Colombia que sea incluyente de la diversidad se puede construir la paz, siempre que se aplique el imperio democrático de la ley, pues, la democracia es el único medio para plasmar las ideas, cuyo Derecho tienen todos los ciudadanos que respetan la libertad del pueblo, con lo cual puede considerarse que el orden a la obediencias de las leyes, por parte de todos, cancela la esclavitud de la violencia.

1. CESAR GAVIRIA TRUJILLO.

1.1 Contexto Nacional e Internacional.

Las doctrinas de Seguridad y Defensa en el contexto internacional, se han modificado paralelamente a los acontecimientos que suscitan relaciones de poder. En el escenario de la post-guerra fría, el debate gira alrededor de variados temas como el nuevo papel de la ONU, la Rusia post-soviética, la autodeterminación de los pueblos, la guerra antiterrorista, el fundamentalismo islámico y el papel de la seguridad nacional como una doctrina. Igualmente, se alteran las relaciones de poder, la forma como ellas se perciben en todas las latitudes, en un mundo que ha dejado la bipolaridad a un lado.

El papel de la ONU, entendido como organismo de mediación, e intervención, en los conflictos bélicos, así como su humanitaria misión de ayuda en sectores distintos del militar, desembocó en cuestionamientos como: ¿En realidad la ONU es efectiva? ¿Debe tener mayor autonomía y debe dejar de depender de los Estados? ¿Ha de constituirse en un futuro como un gobierno mundial? Estos debates tienden a plantear el cambio de las relaciones de poder al interior de la ONU, que debía reflejarse en su accionar externo; y a repensar su funcionamiento administrativo y político, pues los conflictos interestatales son mínimos, mientras que el tema más preocupante, para la época postsoviética, hacen referencia a los Conflictos Intraestatales.

Del mismo modo, se pensó que debía ampliarse el número de miembros del Consejo de Seguridad, e incluir a países como Brasil, Sudáfrica e India, o, por el contrario, hacer que entidades supranacionales (UE, OEA, OUA, CEI) tengan voz y voto en dicho consejo.

Los discursos sobre "seguridad colectiva", entendido este término como sinónimo de seguridad internacional, se debaten dentro de la posición de no injerencia y soberanía versus injerencia en la búsqueda de un equilibrio.

Siguiendo con esta reflexión, se hace muestra, con vasto margen de credulidad, la relación entre el Principio de Autodeterminación de los pueblos y la seguridad colectiva, ello no en contraposición al Principio de la Nacionalidad. Es decir, con la derrota del socialismo real proliferaron, en este nuevo mundo, toda una serie de nacionalismo, etnias, religiones, y en fin cualquier cantidad de culturas, que habían estado subyugadas por los regímenes socialistas. Aún cuando estas culturas lograron constituir sus propios Estados Nacionales, ello no fue óbice para que muchas naciones quedaran en el intermedio de las fronteras internacionales. Junto con ello, éstas Naciones fueron objeto de múltiples ataques, denominados limpieza étnica, lo cual genera inestabilidad y conflictos potenciales. Con todos los nacientes Estados, que llegan a un número aproximado de 200, se evidencia una proliferación de sistemas políticos, que en su interior no han logrado consolidarse. El debate sobre la Autodeterminación no propone que cada nación cree su propio Estado, sino que se garanticen los derechos democráticos de las minorías étnicas dentro de cada sistema político.

Estos debates hacen referencia, de manera directa e indirecta, a la Tercera Ola Democratizadora que se vivió, no sólo en los países que se liberaron del socialismo, sino también en otras latitudes como Latinoamérica. Así, puede citarse el caso Colombiano, en el cual se habían frustrado las reformas constitucionales desde 1971, y el espíritu, que residía en la población, de que se realizara la Reforma Política e Institucional, a través de la Reforma Constitucional, no constituía sino el firme deseo de ampliar la democracia y la participación política.

Pues, luego de la reinserción de grupos guerrilleros, en el periodo del Presidente Virgilio Barco Vargas, la hipótesis de democratizar para luchar contra la violencia asumió una nueva vitalidad en distintas arenas como la política y académica.

Dentro del tema de Seguridad y Defensa, dentro del contexto nacional, se planteaba la "falta de un manejo integrado en los asuntos de seguridad", en tratándose de temas tan variados como las finanzas públicas, el medio ambiente, o la relación de coordinación entre los distintos organismos gubernamentales.

1.2 Programas de los Candidatos.

1.3 Discurso de Posesión de Cesar Gaviria Trujillo y Estrategia Nacional contra la Violencia.

Dentro de este periodo las §1. Amenazas, Riesgos y Vulnerabilidades se sustentan, más que en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Estrategia Nacional contra la Violencia, ello en razón a que en el primer documento no se evidencia alguna referencia al tema de la política de seguridad y defensa, tan sólo se proyectan la medidas que deben adoptarse para lograr que el país tenga una "economía más eficiente y productiva".

Tal vez, puede pensarse, que la relación existente entre la política de Seguridad y Defensa con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo: "La Revolución Pacífica", se relacionan en la eventual protección de las obras de infraestructura de transporte y de extensión de los servicios públicos domiciliarios, para efecto de que la política de apertura comercial sea exitosa.

Ahora bien, puede indicarse que las amenazas, riesgos y vulnerabilidades atentan contra las bases, valores y principios tutelares de la sociedad, la democracia y la libertad, pues, aquellos problemas se considerar claramente contrarios a las disposiciones constitucionales de la Carta de 1886.

Dichas amenazas y vulnerabilidades pueden señalarse de manera elucidante, según se adapten a los siguientes factores o condiciones de violencia: (1) la impunidad, (2) las manifestaciones violentas manadas de "factores estructurales de tipo socioeconómico o sociopolítico", (3) la intimidación y la violación de los derechos humanos, (4) el bajo o inexistente "cubrimiento institucional del Estado", (5) la suplantación ilegítima de las funciones estatales, (6) la falta de seguridad pública según las condiciones de cada región, (7) la necesidad de preservar la paz en "zonas tradicionalmente pacíficas", (8) la cultura de intolerancia que deriva en la necesidad de promover canales de convivencia democráticos, (9) la necesidad de prevenir "la extensión de los conflictos" tanto cuantitativa como cualitativamente, (10) considerar a la guerrilla como obstáculo real para la consolidación del "proceso democrático colombiano", (11) el accionar de los grupos armados que ha "recurrido al terrorismo y a métodos semejantes a los de la delincuencia", (12) la resolución de conflictos políticos por medio violentos y no democráticos, (13) el incremento de la guerrilla en la participación de delitos como secuestro y extorsión, (14) la falta de un manejo integrado en los asuntos de seguridad y, por último, pueden indicarse algunos hechos que manifiestan la amenaza a la seguridad, como son: (15) la voladura de oleoductos y puentes, así como el daño a las carreteras, (16) se han quemado, violentado y dañado los bienes de pequeños propietarios, empresarios medianos y transportadores, (17) se han volador torres de transmisión y suministro de energía eléctrica, (18) se han contaminado los ríos, (19) se ha derramado petróleo en las cuencas hidrográficas por atentados terroristas, (20) se acabó con la vida de "seis niños patrulleros que colaboraban en la organización de una carrera de bicicletas, y (21) las bombas y el sabotaje destruyen a "los pobres y los empobrecen más".

Estos factores cualitativos de violencia, aún cuando patentizan una realidad, pueden verse más clarificados cuantitativamente. En el cuadro Nº 1 se identifican las regiones más afectadas en homicidios en los años 1989 y 1990; en el cuadro Nº 2 se identifican los delitos contra la vida e integridad personal de los años 1989 y 1990; en el cuadro Nº 3 se identifican las acciones armadas de la Guerrilla (Farc y Eln) para los años 1989 y 1990; finalmente, en el cuadro Nº 3 se identifican los índices de secuestro para 1989 y 1990.

Fuente Cuadro Nº 4: DIJIN, citado por la Estrategia Nacional contra la Violencia Pp. 41.

Por último, puede mencionarse que las muertes por razones políticas presentan un total de 3.760 para el año de 1991, "cifra que está por encima del promedio de 3.500 de los cuatro años anteriores."

Por esta vía es menester adentrarnos en el §2. Tamaño y Complejidad del Problema, pues, éste puede hallarse inmerso en varios ámbitos, en primer lugar, en el sentimiento colectivo de los ciudadanos, pues, "hay colombianos que piensan que existe una violencia justificable, o que al oponerse a un tipo de violencia que consideran indeseable, toleran otra", y, en segundo lugar, en la práctica de la defensa de la democracia, pues, "en Colombia hay unos diez mil asentamientos humanos. Durante los periodos electorales se cubren cerca de 3 mil. Y lo mismo sucede con la presencia de las autoridades civiles o con los servicios mínimos del Estado."

Vistas así las cosas, el contexto nacional fue influenciado por el internacional a partir de varios ámbitos, los cuales se sustentan en que: (1) la "lucha armada ha caído en evidente obsolescencia", (2) el proceso de democratización colombiana, que desemboco en la creación de la Asamblea Nacional Constituyente y posterior entrada en vigencia de la Constitución Política, ponen en evidencia la fragilidad de explicar la violencia por las "supuestas deficiencias del régimen democrático", en (3) lugar, la "descentralización política" y administrativa, plasmada en la Constitución del 91, permite espacios nuevos de participación ciudadana, así como redefine los derechos de 1. y 2. generación, y, por primera vez, se consignan los Derechos de Tercera Generación.

Es decir, la complejidad del problema se da en el sentimiento colectivo de los colombianos que toleran algún margen de violencia indeseable, en la situación fáctica que no permite cubrir todos los asentamientos humanos en el país y, por último, el hecho de que ya no existe razón suficiente para la lucha armada, ni teórico, ni práctico, pues, es impensable que la guerrilla pudiera tomarse el poder.

Ahora bien, no sólo las amenazas, riesgos y vulnerabilidades son factores que influyen en el §3. Ingreso de la Política a la Agenda Pública, en tanto, que existen otros elementos como son: en primer lugar, el contexto internacional, tanto en sus cambio reales como en la variación de los discursos, representados, en este orden, por: las "grandes transformaciones políticas en el mundo socialista", la defensa de principios esenciales de convivencia pacífica, definidos en aras de "la libre determinación de los pueblos, la no injerencia en asuntos internos de otros Estados, los instrumentos de solución pacífica de conflictos y el pluralismo político" y la creciente relevancia entre el diálogo Norte-Sur a raíz de la distensión en el conflicto Este-Oeste.

En segundo lugar, la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente permitió que se ampliara la democracia en Colombia, permitiendo una serie de mecanismos de participación ciudadana que hacen inaceptable las vías de hecho, y, en tercer lugar, el cambio del concepto de seguridad, pues, la defensa de la nación no debe recaer sólo en la Fuerza Pública, por el contrario, debe existir una coordinación entre las autoridades civiles y militares, pues, la harmonía en los estamentos del Estado mejora las condiciones de seguridad del país.

En la formulación de la política pública se encuentran relacionados distintos §4. Actores, como son los gobernadores, intendentes, comisarios, alcaldes y jefes de policía en el nivel local deben actuar por intermedio de los Consejos Seccionales de Seguridad, lo cual les exige una coordinación en todas sus funciones tendientes a mitigar las amenazas latentes.

También debe existir coordinación entre: El Ministerio de Gobierno, Gobernadores, Alcaldes, Ministerio de Defensa, Agricultura, Minas y Energía, Educación, Comunicaciones, Obras Públicas, y la Consejería Comunicaciones. Además de la Guerrilla (Nacional) con grupos como las FARC y el ELN; Estos grupos guerrilleros sustentan algunas posiciones, relativas a la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente, pues, asumen que quienes conformen dicha Asamblea, aunque existía una mínima posibilidad de que los grupos guerrilleros pudieran hacer parte en ella, deben "derogar lo viejo" para solucionar la crisis política. Es decir, lo que se evidencia de las FARC es el deseo de que se cambie la constitución y, con ella, las instituciones políticas, pero no se evidencia un compromiso serio en la búsqueda de la Paz, ni en la reinserción.

Siguiendo este orden de ideas, puede indicarse que la §5. Población Objeto, relativa a quienes se benefician, se refiere a: las "organizaciones cívicas y la comunidad en general", a los ciudadanos en especial las capas más pobres de la población, los "entes locales y seccionales", y se beneficia las personas en la protección de su libertad.

Finalizando este acápite, puede señalarse las §6. Alternativas de Respuesta a la problemática se enmarca en variadas posibilidades que están todas concatenadas. En primer lugar, se pensó que las reformas políticas eran la alternativa más clara para poner fin a "graves crisis sociales y políticas caracterizadas por una alta presencia de formas violentas", en segundo lugar, las alternativas se situaban en considerar: (1) si el Estado asumía la seguridad de la nación, o (2) si quien debía encargarse de la seguridad eran los entes territoriales, pues, la seguridad tenía particularidades regionales, o (3) si se debían conjugar los esfuerzos entre el Estados y los Entes Territoriales, así como entre las autoridades civiles y militares para alcanzar mayores grados de seguridad. Fue evidente que, en el Gobierno del Presidente César Gaviria, se adoptó ésta última.

Ello se evidencia cuando se establece: a) la estimulación de la participación ciudadana en los planes que atañen a la seguridad de los departamentos, b) el fortalecimiento institucional en ámbitos de Justicia, Fuerza Pública, Derechos Humanos, rehabilitación social y económica. c) el objetivo de evitar la duplicidad de esfuerzos y lograr una coordinación de los organismos encargados de la seguridad, y d) un instrumento, paralelo a la Estrategia Nacional contra la Violencia, como es el Plan Nacional de Rehabilitación que se fundamenta en la resolución pacífica y democrática de conflictos, y en la presencia del Estado en zonas alejadas.

Edgar Eduardo Manrique Muñoz

Trabajo Presentado al Curso de Políticas Públicas de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.