Unas de las formas que Estados Unidos tiene para realizar su contraofensiva es la "Alianza para el Progreso" que intenta ser una reedición de lo que fue el "Plan Marshall" para la recuperación económica de Europa después de la guerra. Consiste en una amplia política de créditos, condicionados de una u otra manera, para lograr que los países latinoamericanos sean dependientes de los Estados Unidos y de esta manera lograr una influencia política decisiva en estos países. La lógica de esta política se sustentaba en el hecho de que el gobierno de Estados Unidos había llegado a la conclusión de que los procesos revolucionarios tendientes a una transformación radical de las sociedades se debía a la extrema pobreza que azotaba a las poblaciones mayoritarias de estas sociedades.
En ese contexto, los proyectos de transformación revolucionaria encontraban un ambiente propicio para desarrollarse, sumando militantes a su causa justamente en los sectores más empobrecidos de la población. Había pues que atenuar esa situación y el modo que adoptaron para hacerlo era una vasto programa de asistencia económica que intentara elevar el nivel de vida de las poblaciones. Naturalmente, los receptores de los créditos debían alinearse, en el contexto internacional, con la posición estadounidense en la confrontación contra la potencia socialista que paulatinamente iba avanzando su influencia en regiones cada vez más amplias del globo.
La alianza para el progreso no fue, sin embargo, lo que se esperaba. Si bien hubieron créditos destinados a la infraestructura económica de estos países, una gruesa parte de las inversiones provenían de empresas privadas que se dirigían a los sectores primarios de las economías con el propósito de extraer materias primas destinadas a la exportación. De esta manera, la "Alianza para el progreso" no fue una plan alternativo de desarrollo para estos países, sino más bien un fortalecimiento de su carácter monoproductor.
Por otro lado, Estados Unidos aprovechó los convenios de asistencia económica con los países latinoamericanos para realizar "Dumping" en sus economías. La política del "Dumping" es una política típica de las potencias en sus relaciones con países subdesarrollados. Consiste en deshacerse de su producción agrícola excedentaria para que no cause bajas de precios en su mercado interno y enviarla, como asistencia económica, al país subdesarrollado con el que tiene acuerdos de cooperación económica. De este modo, se ha protegido a sus productores internos a la vez que ha causado la quiebra de los productores de productos agrícolas del país subdesarrollado donde se colocó la producción excedentaria, dado que produciendo los mismos productos, a los campesinos pobres no les es posible competir con una producción que llega en calidad de préstamos.
Por estas razones, la "Alianza para el Progreso" estaba destinada a fracasar. La situación de extrema pobreza persistía con la misma crudeza en los países donde se la implementó y, los efectos políticos de esta desesperante situación se dejaron sentir con la radicalización de las masas que veían en la Revolución cubana una alternativa de desarrollo y a los grupos radicalizados y sus proyectos revolucionarios como una posible solución a sus problemas.
De esta forma, y ante el fracaso de la "Alianza para el Progreso", Estados Unidos generó una nueva estrategia para detener la revolución amenazante en Latinoamérica. Esta ves se trataba de la cooperación militar. Es así que los Estados Unidos iniciarían amplios programas de asesoramiento militar con todos los países de Latinoamérica. En este marco se crea el T.I.A.R. (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) que implicaba, entre otras cosas, cursos de entrenamiento militar para oficiales de ejércitos latinoamericanos en bases norteamericanas en el canal de Panamá (entre 1950 y 1968 se formaron en estas escuelas 46.479 oficiales latinoamericanos, 2.196 de ellos eran bolivianos). Este entrenamiento militar incluía formación ideológica y es en este marco donde se crea la "Doctrina de Seguridad Nacional".
Esta doctrina, en términos generales, significa que los ejércitos latinoamericanos tienen el rol de defender a sus patrias contra un enemigo muy peculiar. El enemigo tiene origen externo, pero tiene la particularidad de penetrar en los países y provocar la subversión por dentro destruyendo de este modo a la nación. Se trata de un plan del comunismo internacional –ése es el enemigo- por dominar el mundo. De este modo, los militares latinoamericanos dejan de ser entrenados guerras convencionales, para entrenarlos en técnicas antisubversivas.
La política del T.I.A.R. encontró un apoyó entusiasta entre la oficialidad de los ejércitos latinoamericanos, puesto que les aseguraba un fortalecimiento financiero y, además, les abría la posibilidad de jugar un rol político en sus sociedades. El carácter conservador de la oficialidad fue reforzado mediante la inculcación sistemática de la doctrina de "Seguridad nacional" en la que habían encontrado un justificativo institucional para su intervención en la vida política de sus sociedades. De esta manera, las condiciones estaban dadas para el establecimiento del ciclo militar.
2. La primera fase del ciclo militar y la radicalización de la escena política.
En 1964 se establecerán las primeras dictaduras militares con estas nuevas características. En abril, los militares brasileros a la cabeza del Mariscal Castello Branco, tomaron el poder mediante un golpe militar que ponía fin a los gobiernos de inspiración populista de Quadros y Goulart que habían proclamado una política independiente de Estados Unidos a la vez que entablaban contactos con los países socialistas de Europa y con la Cuba de Castro.
La situación se tornaba preocupante para los sectores conservadores, puesto que sectores políticos aún más radicalizados habían lanzado guerrillas en el campo con el propósito de imitar la revolución cubana. Según esos sectores conservadores, el gobierno populista no tendría ni la fuerza, ni la voluntad para combatirlas. De este modo, los militares, armados ideológicamente con la "Doctrina de Seguridad Nacional", tuvieron el ambiente propicio para iniciar su protagonismo en la vida política del país e instaurar una dictadura militar.
El nuevo gobierno, emitió "actas constitucionales" permitiendo al régimen reprimir las protestas sociales sin necesidad de tribunales civiles y prohibiendo la actividad de los partidos políticos (a excepción de ARENA –Alianza Renovadora Nacional- que promovía el apoyo al régimen). La represión política se agudizó cuando el régimen creo los "escuadrones de la muerte" que le permitía eliminar a sus opositores y negar su responsabilidad en esos hechos.
En noviembre de ese mismo año, el general Barrientos en Bolivia encabezaba otro golpe de estado bajo la misma orientación de los militares brasileros. El recién comenzado tercer gobierno de Paz Estensoro, del cuál Barrientos era su Vice-presidente, había dejado atrás las políticas radicales de comienzos de la década del 50 de la célebre Revolución Nacional y paulatinamente se había acercado a los Estados Unidos recibiendo asesores norteamericanos para ejecutar políticas anti-inflacionarias, así como privatizadoras del petróleo. Por eso, el gobierno de Paz Estensoro no era hostil a Estados Unidos, pero se presentaba como un gobierno débil ante un movimiento minero cada vez más radicalizado y organizado en milicias obreras armadas.
Este movimiento obrero -inicialmente el sustento de la Revolución Nacional de 1952- había transitado hacia una radicalización de sus posiciones al ver la marcha contraria que llevaba el gobierno y se veía ahora fuertemente influenciado por los partidos comunista y trotskista. En ese contexto y, ante la creciente rivalidad con Paz Estensoro, Barrientos tuvo la coyuntura propicia para iniciar su golpe militar, entrando con su ejército a los campamentos mineros y desarmando a las milicias obreras. Al igual que sus pares brasileños, declaró ilegales a los partidos políticos y a toda la institucionalidad democrática.
Los regímenes de Castello Branco y de Barrientos, sin duda alguna, constituyen una primera etapa en el ciclo militar. Sin embargo, todavía este ciclo no había llegado a su fase más representativa. Para que eso ocurriera, el clima político se polarizaría mucho más a fines de los 60 y comienzos de los 70.
Son varios factores los que llevaran a la radicalización política de la escena internacional. Seguramente, el más destacado entre todos ellos es la guerra de Vietnam. Allá, Estados Unidos había aumentado su presencia militar hasta llegar al medio millón de marines y, pese a eso no podía contener a la guerrilla del Viet Cong que , a pesar de los bombardeos con Napalm y a la quema indiscriminada de aldeas campesinas, no podía detener el avance impetuoso de los comunistas hacia Hanoi. Entre tanto, la opinión pública internacional y no menos el movimiento pacifista dentro de los Estados Unidos, criticaba la política intervencionista del gobierno norteamericano.
Otro foco de polarización se presentó en China, donde se realizaba la Revolución Cultural, presentando una arremetida de sectores radicales que intentaban renovar un socialismo que, a su juicio, se había estancado dando nuevas inspiraciones revolucionarias a todos sus adherentes en el mundo entero.
Eso pudo verse claramente en las grandes manifestaciones de protesta en mayo de 1968 en Paris, donde se presentó el paro de trabajadores industriales más grande que había ocurrido en algún país occidental a lo largo de toda la historia y que además estaba acompañado con gigantescas protestas estudiantiles que consideraban que había llegado el momento de derribar el sistema capitalista.
La influencia de estas protestas llegó pronto a América Latina y tuvo un trágico desenlace en la ciudad de México, donde fueron acribillados cientos de estudiantes universitarios en la plaza de Tlatelolco cuando realizaban una impresionante manifestación contestataria.
Por otro lado, los sectores conservadores tuvieron una clara muestra, no sólo de la influencia ideológica de la Revolución cubana, sino también del apoyo material militar a las guerrillas, cuando apareció un foco guerrillero comandado por el mismo Che Guevara en las selvas del sudeste boliviano.
Finalmente, los sectores radicales en Latinoamérica no sólo arreciaban su lucha contra los regímenes aliados de Estados Unidos, sino también habían tenido la fuerza para tomar el poder en algunos países y comenzaban a estrechar sus lazos con los estados del campo socialista amenazando seriamente con sacar a América Latina de la zona de influencia norteamericana. Eso había sucedido en Chile, donde el socialista Salvador Allende había ganado las elecciones y luego de asumir el poder nacionalizó la industria del cobre y la empresa telefónica ITT de propietarios estadounidenses.
También en el Perú, el general Velasco Alvarado, conduciendo un grupo de militares populistas, después de tomar el gobierno nacionalizó empresas extranjeras en el sector hidrocarburífero y minero además de lanzar una reforma agraria. En Bolivia también gobernaba otro militar nacionalista, el general Juan José Torrez, que re-nacionalizó las minas y permitió la instalación de la Asamblea Popular, una especie de parlamento obrero que se proponía instaurar el socialismo en el país.
3. La etapa dura de las dictaduras militares.
La situación se presentaba realmente preocupante para la política estadounidense puesto que América Latina amenazaba con extraerse de su influencia y esto, en el contexto de la guerra fría y la pugna de las potencias por ganar esferas de influencia, era algo que no lo podían tolerar. Había llegado pues la hora de sentar mano dura y de imponer su influencia en estos países.
La participación activa de Estados Unidos en los golpes de estado ya va saliendo a la luz pública poco a poco con la desclasificación de los archivos de su departamento de Estado, pero era algo que se notaba claramente con el reconocimiento y la cooperación que la potencia del norte realizó con las dictaduras militares.
De este modo, en Agosto de 1971 el coronel Hugo Banzer Suárez derroco al general Torréz en Bolivia en un sangriento golpe de Estado en el que se combatió durante varias horas en la ciudad de La Paz. Fue durante el gobierno de Hugo Banzer cuando la "Doctrina de Seguridad Nacional" se constituyó en el verdadero espíritu detrás de los métodos represivos. Todos sus opositores políticos, especialmente aquellos que tuvieron algo que ver con la Asamblea Popular y con el ELN (Ejercito de Liberación Nacional –fundado por el Che Guevara), sufrieron la persecución, el encarcelamiento, la tortura, el asesinato, el confinamiento y el exilio.
La represión que se desató no tuvo paralelos en la historia del país. Los perseguidos y prisioneros políticos fueron tratados como enemigos en un estado de guerra, conforme a lo establecido en la doctrina de seguridad nacional. Los centros de interrogatorio y campos de concentración se multiplicaron en Achocalla, Alto Madidi, la isla de Coati, Viacha, Chonchocoro, etc. Se creó el Departamento de Orden Público (DOP) como ente encargado de realizar la represión política, constituido por paramilitares que reclutaban su personal entre el hampa (el "mosca" Monroy, "Mister Atlas", etc) y entre criminales de guerra nazis (Klaus Barbie).
La tortura se institucionalizó en los centros penitenciarios de tal modo que los torturadores recibían "instrucción" extranjera para el desempeño de su triste labor. Se calcula que entre octubre del 71 y 1977 la dictadura habría asesinado a 200 personas, habrían sido encarceladas 14.750 personas por "ofensas contra el régimen".
Otras 19.140 fueron obligadas a salir al exilio de modo directo. La represión no sólo se centró en opositores políticos y dirigentes sindicales, sino que periodistas, abogados, religiosos fueron reprimidos por realizar su labor de un modo que el gobierno consideraba "subversivo". El régimen también se ensañó contra los parientes de los opositores encarcelándolos y torturándolos para dar con el paradero de los perseguidos o conseguir alguna delación que ellos consideraban importante.
Del mismo modo, en septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet llevó a cabo un golpe de Estado contra el presidente de Chile Salvador Allende, después de una terrible etapa de desestabilización de su régimen. El golpe fue uno de los más sangrientos de toda la historia del continente, pues se procedió a bombardear el palacio de la Moneda donde resistía el presidente negándose a renunciar. Los militares sólo pudieron hacerse del poder cuando el cuerpo ya sin vida de Allende fue sacado del palacio de Gobierno.
El nuevo régimen declaró que el estado de sitio impuesto debía entenderse como un "estado de guerra", tal como lo había postulado la "doctrina de seguridad nacional". Entonces se ensañó la furia de los golpistas contra los sectores populares que intentaron una defensa en las barriadas y las fábricas. Los militares ocuparon todos los lugares donde se intentó una resistencia, causando una cantidad asombrosa pero indeterminada de muertos y, como las cárceles fueron insuficientes para albergar a todos los detenidos se improvisó el estadio nacional como campo de concentración.
La dictadura pudo consolidarse mediante los métodos más brutales que se pueda imaginar, para lo que se utilizó a la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional chilena) como organismo encargado de organizar y ejecutar las persecuciones, detenciones, interrogatorios y torturas.
Todas las instituciones democráticas fueron suspendidas y el gobierno asumió todas las funciones incluso las judiciales para las que utilizó a tribunales militares bajo la autoridad directa de la Junta militar. Los medios de comunicación fueron obligados a hacer cadena junto con las emisiones oficiales de la junta cerrando paso a cualquier tipo de información que no fuera autorizada por los gobernantes. De este modo, la represión se extendió durante los siguientes años. Las detenciones a los opositores eran con frecuencia realizadas durante horas de la noche sin que hubieran testigos de los hechos por los que el gobierno no se responsabilizaba generando así una nueva forma atrabiliaria de represión política: la categoría de desaparecidos. Los resultados de esas desapariciones eran, en la gran mayoría de los casos, ejecuciones sumarias por parte de los organismos de seguridad. Eso fue demostrado fehacientemente con el descubrimiento de una fosa donde se encontraron los cadáveres de 20 opositores políticos en Piragua, como resultado de una operación del régimen denominada la "caravana de la muerte". Esta no fue más que una de las operaciones de detención clandestina y ejecución sumaria de las muchas que llevaría a cabo el régimen.
En 1976, el turno de experimentar una dictadura militar de este nuevo tipo le tocaría a la Argentina, cuando la presidenta María Estela Martínez vda. de Perón fuera derrocada por el general Jorge Videla. Las posiciones políticas en este país se habían radicalizado con el surgimiento de dos organizaciones guerrilleras, una de tipo castrista, el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y los Montoneros de corte populista. Los militares consideraron que el gobierno peronista era incapaz de enfrentar el reto de desarticular estos grupos subversivos y, entonces, interrumpieron el proceso democrático para generar lo que luego se denominaría "La guerra sucia".
Este proceso tiene su lógica en el hecho de que los grupos guerrilleros habían desarrollado un nuevo tipo de lucha guerrillera en las ciudades. Entonces, la represión encontró su forma más eficaz en la política de las desapariciones forzadas que ya se estaban implementando en Chile. En Argentina, la exacerbación del secuestro de opositores políticos cobró dimensiones inauditas, pues no sólo eran secuestrados los opositores propiamente dichos, sino también todas sus familias, incluidos los niños.
Como consecuencia de esta aberración, muchos niños fueron entregados en adopción o apropiados por los mismos ejecutores de los secuestros. Crecieron ignorando su verdadera identidad. Mientras tanto, las madres de los secuestrados generaron un movimiento para el esclarecimiento de los hechos que sólo pudo tener alguna repercusión cuando los golpistas dejaron el poder en 1983. La cantidad de desaparecidos en Argentina ha sido estimada en 30 mil personas, lo que da una indicación aproximada de una sociedad que vivió bajo el terror impulsado desde el mismo aparato estatal.
También surgió otra dictadura en Uruguay cuando el Presidente Bordaberry clausuró el congreso en 1973 declarando estado de guerra ante la insurgencia de la guerrilla urbana de los "Tupamaros". En 1975 el general Morales Bermúdez derrocaría a Velasco Alvarado en el Perú revirtiendo las medidas nacionalistas del régimen anterior. Del mismo modo, en Brasil sucesivos golpes de Estado arreciarían la represión ya iniciada por regímenes militares la década anterior: en 1969, Emilio Garrastazu Medici; en 1974, Ernesto Geisel y en 1979 Joao Baptista Figueredo. Finalmente en el Paraguay no hubo necesidad de realizar un golpe de Estado puesto que la dictadura de Alfredo Stroessner tenía larga data en este país desde 1954.
Finalmente, las dictaduras militares instauraron un programa de coordinación entre ellas para que la represión desatada contra sus opositores no cesara ni siquiera fuera de sus respectivas fronteras. De este modo, mediante el "plan cóndor" los regímenes militares se prestaron mutua colaboración en la triste tarea de entregar a los perseguidos que habían logrado huir a los países vecinos, ni siquiera sospechando que los servicios represores tuvieran este tipo de colaboración. El carácter delincuencial de este plan iba, sin embargo, mucho más allá de la simple entrega de los exiliados políticos. También encontraron la muerte varios exiliados de las dictaduras a manos de sus "servicios de seguridad" que actuaban impunemente en los países vecinos con la complicidad y el apoyo logístico pleno del régimen local . De este modo, fueron asesinados el expresidente boliviano, Juan José Torres y el general institucionalista chileno Carlos Prats en la Argentina. Pero, ni siquiera la fuga fuera de la región, donde campeaban las dictaduras militares, daba seguridad a los enemigos de estas. De este modo el ex ministro de Allende, Orlando Letelier fue asesinado nada menos que en Washington.
4. Caracterización de las dictaduras.
El ciclo militar que se instauró en el continente durante las décadas de los 60 y 70 puede ser sintetizada mediante una serie de características:
1. Los regímenes militares fueron producto de la necesidad que tenía la potencia del hemisferio, Estados Unidos, de evitar que la potencia rival en la guerra fría pudiera adquirir esferas de influencia en el continente. Por este motivo, Estados Unidos, mediante sus embajadas, sus inversionistas (como el caso de la telefónica ITT en Chile) y su servicio de inteligencia C.I.A. no sólo estimularon , sino que participaron activamente en los golpes de Estado y en la consolidación de las dictaduras. De este modo, la injerencia extranjera en la región nunca antes había tenido una expresión tan clara como ésta. El resultado obvio de esta situación fue la alineación política de las dictaduras en el contexto internacional a favor de los Estados Unidos.
2. Los regímenes militares actuaron inspirados en una doctrina política particular que definía un estado de guerra interno cuyos enemigos eran partidos y organizaciones políticas radicales: la doctrina de seguridad nacional.
3. Los procesos democráticos fueron interrumpidos mediante la suspensión de todas sus instituciones, además de la violación de todos sus principios.
4. los regímenes militares instauraron un verdadero Terrorismo de Estado, que implicaba la utilización de todo el aparato estatal para la represión extrajudicial más brutal que tenga memoria la historia de estos países.
5. Los regímenes militares instauraron un programa de colaboración para la represión política inédito en la historia: el plan cóndor.
6. Las políticas económicas de las dictaduras abrieron paso a la inversión extranjera, revirtieron las medidas nacionalistas instauradas durante los procesos populistas, adoptaron una política de endeudamiento extremo con la banca privada internacional y liberalizaron los mercados.
BIBLIOGRAFÍA
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LECHNER, Norbert; Estado y Política en América Latina, Edit. Siglo XXI, México., 1981;
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Carlos Alberto echazú Cortéz
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