Proceso social y político acaecido en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron el derrocamiento de Luis XVI, perteneciente a la Casa real de los Borbones, la abolición de la monarquía en Francia y la proclamación de la I República, con lo que se pudo poner fin al Antiguo Régimen en este país. Aunque las causas que generaron la Revolución fueron diversas y complejas, éstas son algunas de las más influyentes: la incapacidad de las clases gobernantes —nobleza, clero y burguesía— para hacer frente a los problemas de Estado, la indecisión de la monarquía, los excesivos impuestos que recaían sobre el campesinado, el empobrecimiento de los trabajadores, la agitación intelectual alentada por el Siglo de las Luces y el ejemplo de la guerra de la Independencia estadounidense. Las teorías actuales tienden a minimizar la relevancia de la lucha de clases y a poner de relieve los factores políticos, culturales e ideológicos que intervinieron en el origen y desarrollo de este acontecimiento.
Las razones históricas de la Revolución
Más de un siglo antes de que Luis XVI ascendiera al trono (1774), el Estado francés había sufrido periódicas crisis económicas motivadas por las largas guerras emprendidas durante el reinado de Luis XIV, la mala administración de los asuntos nacionales en el reinado de Luis XV, las cuantiosas pérdidas que acarreó la Guerra Francesa e India (1754-1763) y el aumento de la deuda generado por los préstamos a las colonias británicas de Norteamérica durante la guerra de la Independencia estadounidense (1775-1783). Los defensores de la aplicación de reformas fiscales, sociales y políticas comenzaron a reclamar con insistencia la satisfacción de sus reivindicaciones durante el reinado de Luis XVI. En agosto de 1774, el rey nombró controlador general de Finanzas a Anne Robert Jacques Turgot, un hombre de ideas liberales que instituyó una política rigurosa en lo referente a los gastos del Estado. No obstante, la mayor parte de su política restrictiva fue abandonada al cabo de dos años y Turgot se vio obligado a dimitir por las presiones de los sectores reaccionarios de la nobleza y el clero, apoyados por la reina, María Antonieta de Austria. Su sucesor, el financiero y político Jacques Necker tampoco consiguió realizar grandes cambios antes de abandonar su cargo en 1781, debido asimismo a la oposición de los grupos reaccionarios. Sin embargo, fue aclamado por el pueblo por hacer público un extracto de las finanzas reales en el que se podía apreciar el gravoso coste que suponían para el Estado los estamentos privilegiados. La crisis empeoró durante los años siguientes. El pueblo exigía la convocatoria de los Estados Generales (una asamblea formada por representantes del clero, la nobleza y el Tercer estado), cuya última reunión se había producido en 1614, y el rey Luis XVI accedió finalmente a celebrar unas elecciones nacionales en 1788. La censura quedó abolida durante la campaña y multitud de escritos que recogían las ideas de la Ilustración circularon por toda Francia. Necker, a quien el monarca había vuelto a nombrar interventor general de Finanzas en 1788, estaba de acuerdo con Luis XVI en que el número de representantes del Tercer estado (el pueblo) en los Estados Generales fuera igual al del primer estado (el clero) y el segundo estado (la nobleza) juntos, pero ninguno de los dos llegó a establecer un método de votación.
A pesar de que los tres estados estaban de acuerdo en que la estabilidad de la nación requería una transformación fundamental de la situación, los antagonismos estamentales imposibilitaron la unidad de acción en los Estados Generales, que se reunieron en Versalles el 5 de mayo de 1789. Las delegaciones que representaban a los estamentos privilegiados de la sociedad francesa se enfrentaron inmediatamente a la cámara rechazando los nuevos métodos de votación presentados. El objetivo de tales propuestas era conseguir el voto por individuo y no por estamento, con lo que el tercer estado, que disponía del mayor número de representantes, podría controlar los Estados Generales. Las discusiones relativas al procedimiento se prolongaron durante seis semanas, hasta que el grupo dirigido por Emmanuel Joseph Sieyès y el conde de Mirabeau se constituyó en Asamblea Nacional el 17 de junio. Este abierto desafío al gobierno monárquico, que había apoyado al clero y la nobleza, fue seguido de la aprobación de una medida que otorgaba únicamente a la Asamblea Nacional el poder de legislar en materia fiscal. Luis XVI se apresuró a privar a la Asamblea de su sala de reuniones como represalia. Ésta respondió realizando el 20 de junio el denominado Juramento del Juego de la Pelota, por el que se comprometía a no disolverse hasta que se hubiera redactado una constitución para Francia. En ese momento, las profundas disensiones existentes en los dos estamentos superiores provocaron una ruptura en sus filas, y numerosos representantes del bajo clero y algunos nobles liberales abandonaron sus respectivos estamentos para integrarse en la Asamblea Nacional.
El inicio de la Revolución
El rey se vio obligado a ceder ante la continua oposición a los decretos reales y la predisposición al amotinamiento del propio Ejército real. El 27 de junio ordenó a la nobleza y al clero que se unieran a la autoproclamada Asamblea Nacional Constituyente. Luis XVI cedió a las presiones de la reina María Antonieta y del conde de Artois (futuro rey de Francia con el nombre de Carlos X) y dio instrucciones para que varios regimientos extranjeros leales se concentraran en París y Versalles. Al mismo tiempo, Necker fue nuevamente destituido. El pueblo de París respondió con la insurrección ante estos actos de provocación; los disturbios comenzaron el 12 de julio, y las multitudes asaltaron y tomaron La Bastilla —una prisión real que simbolizaba el despotismo de los Borbones— el 14 de julio.
Antes de que estallara la revolución en París, ya se habían producido en muchos lugares de Francia esporádicos y violentos disturbios locales y revueltas campesinas contra los nobles opresores que alarmaron a los burgueses no menos que a los monárquicos. El conde de Artois y otros destacados líderes reaccionarios, sintiéndose amenazados por estos sucesos, huyeron del país, convirtiéndose en el grupo de los llamados émigrés. La burguesía parisina, temerosa de que la muchedumbre de la ciudad aprovechara el derrumbamiento del antiguo sistema de gobierno y recurriera a la acción directa, se apresuró a establecer un gobierno provisional local y organizó una milicia popular, denominada oficialmente Guardia Nacional. El estandarte de los Borbones fue sustituido por la escarapela tricolor (azul, blanca y roja), símbolo de los revolucionarios que pasó a ser la bandera nacional. No tardaron en constituirse en toda Francia gobiernos provisionales locales y unidades de la milicia. El mando de la Guardia Nacional se le entregó al marqués de La Fayette, héroe de la guerra de la Independencia estadounidense. Luis XVI, incapaz de contener la corriente revolucionaria, ordenó a las tropas leales retirarse. Volvió a solicitar los servicios de Necker y legalizó oficialmente las medidas adoptadas por la Asamblea y los diversos gobiernos provisionales de las provincias.
La redacción de una constitución
La Asamblea Nacional Constituyente comenzó su actividad movida por los desórdenes y disturbios que estaban produciéndose en las provincias (el periodo del 'Gran Miedo'). El clero y la nobleza hubieron de renunciar a sus privilegios en la sesión celebrada durante la noche del 4 de agosto de 1789; la Asamblea aprobó una legislación por la que quedaba abolido el régimen feudal y señorial y se suprimía el diezmo, aunque se otorgaban compensaciones en ciertos casos. En otras leyes se prohibía la venta de cargos públicos y la exención tributaria de los estamentos privilegiados.
A continuación, la Asamblea Nacional Constituyente se dispuso a comenzar su principal tarea, la redacción de una Constitución. En el preámbulo, denominado Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano, los delegados formularon los ideales de la Revolución, sintetizados más tarde en tres principios, "Liberté, Égalité, Fraternité" ("Libertad, Igualdad, Fraternidad"). Mientras la Asamblea deliberaba, la hambrienta población de París, irritada por los rumores de conspiraciones monárquicas, reclamaba alimentos y soluciones. El 5 y el 6 de octubre, la población parisina, especialmente sus mujeres, marchó hacia Versalles y sitió el palacio real. Luis XVI y su familia fueron rescatados por La Fayette, quien les escoltó hasta París a petición del pueblo. Tras este suceso, algunos miembros conservadores de la Asamblea Constituyente, que acompañaron al rey a París, presentaron su dimisión. En la capital, la presión de los ciudadanos ejercía una influencia cada vez mayor en la corte y la Asamblea. El radicalismo se apoderó de la cámara, pero el objetivo original, la implantación de una monarquía constitucional como régimen político, aún se mantenía.
El primer borrador de la Constitución recibió la aprobación del monarca francés en unas fastuosas ceremonias, a las que acudieron delegados de todos los lugares del país, el 14 de julio de 1790. Este documento suprimía la división provincial de Francia y establecía un sistema administrativo cuyas unidades eran los departamentos, que dispondrían de organismos locales elegibles. Se ilegalizaron los títulos hereditarios, se crearon los juicios con jurado en las causas penales y se propuso una modificación fundamental de la legislación francesa. Con respecto a la institución que establecía requisitos de propiedad para acceder al voto, la Constitución disponía que el electorado quedara limitado a la clases alta y media. El nuevo estatuto confería el poder legislativo a la Asamblea Nacional, compuesta por 745 miembros elegidos por un sistema de votación indirecto. Aunque el rey seguía ejerciendo el poder ejecutivo, se le impusieron estrictas limitaciones. Su poder de veto tenía un carácter meramente suspensivo, y era la Asamblea quien tenía el control efectivo de la dirección de la política exterior. Se impusieron importantes restricciones al poder de la Iglesia católica mediante una serie de artículos denominados Constitución civil del Clero, el más importante de los cuales suponía la confiscación de los bienes eclesiásticos. A fin de aliviar la crisis financiera, se permitió al Estado emitir un nuevo tipo de papel moneda, los asignados, garantizado por las tierras confiscadas. Asimismo, la Constitución estipulaba que los sacerdotes y obispos fueran elegidos por los votantes, recibieran una remuneración del Estado, prestaran un juramento de lealtad al Estado y las órdenes monásticas fueran disueltas.
Durante los quince meses que transcurrieron entre la aprobación del primer borrador constitucional por parte de Luis XVI y la redacción del documento definitivo, las relaciones entre las fuerzas de la Francia revolucionaria experimentaron profundas transformaciones. Éstas fueron motivadas, en primer lugar, por el resentimiento y el descontento del grupo de ciudadanos que había quedado excluido del electorado. Las clases sociales que carecían de propiedades deseaban acceder al voto y liberarse de la miseria económica y social, y no tardaron en adoptar posiciones radicales. Este proceso, que se extendió rápidamente por toda Francia gracias a los clubes de los jacobinos, y de los cordeliers, adquirió gran impulso cuando se supo que María Antonieta estaba en constante comunicación con su hermano Leopoldo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Al igual que la mayoría de los monarcas europeos, Leopoldo había dado refugio a gran número de émigrés y no había ocultado su oposición a los acontecimientos revolucionarios que se habían producido en Francia. El recelo popular con respecto a las actividades de la reina y la complicidad de Luis XVI quedó confirmado cuando la familia real fue detenida mientras intentaba huir de Francia en un carruaje con destino a Varennes el 21 de junio.
Radicalización del gobierno
El 17 de julio de 1791 los sans-culottes (miembros de una tendencia revolucionaria radical que exigía la proclamación de la república) se reunieron en el Campo de Marte y exigieron que se depusiera al monarca. La Guardia Nacional abrió fuego contra los manifestantes y los dispersó siguiendo las órdenes de La Fayette, vinculado políticamente a los feuillants, un grupo formado por monárquicos moderados. Estos hechos incrementaron de forma irreversible las diferencias existentes entre el sector burgués y republicano de la población. El rey fue privado de sus poderes durante un breve periodo, pero la mayoría moderada de la Asamblea Constituyente, que temía que se incrementaran los disturbios, restituyó a Luis XVI con la esperanza de frenar el ascenso del radicalismo y evitar una intervención de las potencias extranjeras. El 14 de septiembre, el rey juró respetar la Constitución modificada. Dos semanas después, se disolvió la Asamblea Constituyente para dar paso a las elecciones sancionadas por la Constitución. Durante este tiempo, Leopoldo II y Federico Guillermo II, rey de Prusia, emitieron el 27 de agosto una declaración conjunta referente a Francia en la que se amenazaba veladamente con una intervención armada. La Asamblea Legislativa, que comenzó sus sesiones el 1 de octubre de 1791, estaba formada por 750 miembros que no tenían experiencia alguna en la vida política, dado que los propios integrantes de la Asamblea Constituyente habían votado en contra de su elegibilidad como diputados de la nueva cámara. Ésta se hallaba dividida en facciones divergentes. La más moderada era la de los feuillants, partidaria de la monarquía constitucional tal como se establecía en la Constitución de 1791. El centro de la cámara acogía al grupo mayoritario, conocido como el Llano, que carecía de opiniones políticas definidas pero que se oponía unánimemente al sector radical que se sentaba en el ala izquierda, compuesto principalmente por los girondinos, que defendían la transformación de la monarquía constitucional en una república federal, un proyecto similar al de los montagnards (grupo que por ocupar la parte superior de la cámara, recibió el apelativo de La Montaña) integrados por los jacobinos y los cordeliers, que abogaban por la implantación de una república centralizada. Antes de que estas disensiones abrieran una profunda brecha en las relaciones entre los girondinos y los montagnards, el sector republicano de la Asamblea consiguió la aprobación de varios proyectos de ley importantes, entre los que se incluían severas medidas contra los miembros del clero que se negaran a jurar lealtad al nuevo régimen. Sin embargo, Luis XVI ejerció su derecho a veto sobre estos decretos, provocando así una crisis parlamentaria que llevó al poder a los girondinos. A pesar de la oposición de los más destacados montagnards, el gabinete girondino, presidido por Jean Marie Roland de la Platière, adoptó una actitud beligerante hacia Federico Guillermo II y Francisco II, el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano, que había sucedido a su padre, Leopoldo II, el 1 de marzo de 1792. Ambos soberanos apoyaban abiertamente las actividades de los émigrés y secundaban el rechazo de la aristocracia de Alsacia a la legislación revolucionaria. El deseo de entablar una guerra se extendió rápidamente entre los monárquicos, que confiaban en la derrota del gobierno revolucionario y en la restauración del Antiguo Régimen, y entre los girondinos, que anhelaban un triunfo definitivo sobre los sectores reaccionarios tanto en el interior como en el exterior. El 20 de abril de 1792 la Asamblea Legislativa declaró la guerra al Sacro Imperio Romano.
La lucha por la libertad
Los ejércitos austriacos obtuvieron varias victorias en los Países Bajos austriacos gracias a ciertos errores del alto mando francés, formado mayoritariamente por monárquicos. La posterior invasión de Francia provocó importantes desórdenes en París. El gabinete de Roland cayó el 13 de junio, y la intranquilidad de la población se canalizó en un asalto a las Tullerías, la residencia de la familia real, una semana después. La Asamblea Legislativa declaró el estado de excepción el 11 de julio, después de que Cerdeña y Prusia se unieran a la guerra contra Francia.. Se enviaron fuerzas de reserva para aliviar la difícil situación en el frente, y se solicitaron voluntarios de todo el país en la capital. Cuando los refuerzos procedentes de Marsella llegaron a París, iban cantando un himno patriótico conocido desde entonces como La Marsellesa. El descontento popular provocado por la gestión de los girondinos, que habían expresado su apoyo a la monarquía y habían rechazado la acusación de deserción presentada contra La Fayette, hizo aumentar la tensión. El malestar social, unido al efecto que generó el manifiesto del comandante aliado, Charles William de Ferdinand, duque de Brunswick, en el que amenazaba con destruir la capital si la familia real era maltratada, provocó una insurrección en París el 10 de agosto. Los insurgentes, dirigidos por elementos radicales de la capital y voluntarios nacionales que se dirigían al frente, asaltaron las Tullerías y asesinaron a la Guardia suiza del rey. Luis XVI y su familia se refugiaron en la cercana sala de reuniones de la Asamblea Legislativa, que no tardó en suspender en sus funciones al monarca y ponerle bajo arresto. A su vez, los insurrectos derrocaron al consejo de gobierno parisino, que fue reemplazado por un nuevo consejo ejecutivo provisional, la denominada Comuna de París. Los montagnards, liderados por el abogado Georges Jacques Danton, dominaron el nuevo gobierno parisino y pronto se hicieron con el control de la Asamblea Legislativa. Esta cámara aprobó la celebración de elecciones en un breve plazo con vistas a la constitución de una nueva Convención Nacional, en la que tendrían derecho a voto todos los ciudadanos varones. Entre el 2 y el 7 de septiembre, más de mil monárquicos y presuntos traidores apresados en diversos lugares de Francia, fueron sometidos a juicio y ejecutados. Los elementos desencadenantes de las denominadas 'Matanzas de Septiembre' fueron el temor de la población al avance de los ejércitos aliados contra Francia y los rumores sobre conspiraciones para derrocar al gobierno revolucionario. Un ejército francés, dirigido por el general Charles François Dumouriez, obtuvo una importante victoria en la batalla de Valmy frente a las tropas prusianas que avanzaban hacia París el 20 de septiembre.
Un día después de la victoria de Valmy se reunió en París la Convención Nacional recién elegida. La primera decisión oficial adoptada por esta cámara fue la abolición de la monarquía y la proclamación de la I República. El consenso entre los principales grupos integrantes de la Convención no fue más allá de la aprobación de estas medidas iniciales. Sin embargo, ninguna facción se opuso al decreto presentado por los girondinos y promulgado el 19 de noviembre, por el cual Francia se comprometía a apoyar a todos los pueblos oprimidos de Europa. Las noticias que llegaban del frente semanalmente eran alentadoras: las tropas francesas habían pasado al ataque después de la batalla de Valmy y habían conquistado Maguncia, Frankfurt del Main, Niza, Saboya y los Países Bajos austriacos. Sin embargo, las disensiones se habían intensificado seriamente en el seno de la convención, donde el Llano dudaba entre conceder su apoyo a los conservadores girondinos o a los radicales montagnards. La primera gran prueba de fuerza se decidió en favor de estos últimos, que solicitaban que la Convención juzgara al rey por el cargo de traición y consiguieron que su propuesta fuera aprobada por mayoría. El monarca fue declarado culpable de la acusación imputada con el voto casi unánime de la Cámara el 15 de enero de 1793, pero no se produjo el mismo acuerdo al día siguiente, cuando había de decidirse la pena del acusado. Finalmente el rey fue condenado a muerte por 387 votos a favor frente a 334 votos en contra. Luis XVI fue guillotinado el 21 de enero.
La influencia de los girondinos en la Convención Nacional disminuyó enormemente tras la ejecución del rey. La falta de unidad mostrada por el grupo durante el juicio había dañado irreparablemente su prestigio nacional, bastante mermado desde hacía tiempo entre la población de París, más favorable a las tendencias jacobinas. Otro factor que determinó la caída girondina fueron las derrotas sufridas por los ejércitos franceses tras declarar la guerra a Gran Bretaña, las Provincias Unidas (actuales Países Bajos) el 1 de febrero de 1793, y a España el 7 de marzo, que se habían unido a la Primera Coalición contra Francia. Las propuestas de los jacobinos para fortalecer al gobierno ante las cruciales luchas a las que Francia debería enfrentarse desde ese momento fueron firmemente rechazadas por los girondinos. No obstante, a comienzos de marzo, la Convención votó a favor del reclutamiento de 300.000 hombres y envió comisionados especiales a varios departamentos para organizar la leva. Los sectores clericales y monárquicos enemigos de la Revolución incitaron a la rebelión a los campesinos de La Vendée, contrarios a tal medida. La guerra civil no tardó en extenderse a los departamentos vecinos. Los austriacos derrotaron al ejército de Dumouriez en Neerwinden el 18 de marzo, y éste desertó al enemigo. La huida del jefe del ejército, la guerra civil y el avance de las fuerzas enemigas a través de las fronteras de Francia provocó en la Convención una crisis entre los girondinos y los montagnards, en la que estos últimos pusieron de relieve la necesidad de emprender una acción contundente en defensa de la Revolución.
El Reinado del Terror
El 6 de abril, la Convención creó el Comité de Salvación Pública, que habría de ser el órgano ejecutivo de la República, y reestructuró el Comité de Seguridad General y el Tribunal Revolucionario. Se enviaron representantes a los departamentos para supervisar el cumplimiento de las leyes, el reclutamiento y la requisa de municiones. La rivalidad existente entre los girondinos y los montagnards se había agudizado durante este periodo. La rebelión parisina, organizada por el periodista radical Jacques Hébert, obligó a la Convención a ordenar el 2 de junio la detención de veintinueve delegados girondinos y de los ministros de este grupo, Pierre Henri Hélène Marie Lebrun-Tondu y Étienne Clavière. A partir de ese momento, la facción jacobina radical que asumió el control del gobierno desempeñó un papel decisivo en el posterior desarrollo de la Revolución. La Convención promulgó una nueva Constitución el 24 de junio en la que se ampliaba el carácter democrático de la República. Sin embargo, este estatuto nunca llegó a entrar en vigor. El 10 de julio, la presidencia del Comité de Salvación Pública fue transferida a los jacobinos, que reorganizaron completamente las funciones de este nuevo organismo. Tres días después, el político radical Jean-Paul Marat, destacado líder de los jacobinos, fue asesinado por Charlotte de Corday, simpatizante de los girondinos. La indignación pública ante este crimen hizo aumentar considerablemente la influencia de los jacobinos en todo el país. El dirigente jacobino Maximilien de Robespierre pasó a ser miembro del Comité de Salvación Pública el 27 de julio y se convirtió en su figura más destacada en poco tiempo. Robespierre, apoyado por Louis Saint-Just, Lazare Carnot, Georges Couthon y otros significados jacobinos, implantó medidas policiales extremas para impedir cualquier acción contrarrevolucionaria. Los poderes del Comité fueron renovados mensualmente por la Convención Nacional desde abril de 1793 hasta julio de 1794, un periodo que pasó a denominarse Reinado del Terror.
Desde el punto de vista militar, la situación era extremadamente peligrosa para la República. Las potencias enemigas habían reanudado la ofensiva en todos los frentes. Los prusianos habían recuperado Maguncia, Condé-Sur-L'Escaut y Valenciennes, y los británicos mantenían sitiado Tolón. Los insurgentes monárquicos y católicos controlaban gran parte de La Vendée y Bretaña. Caen, Lyon, Marsella, Burdeos y otras importantes localidades se hallaban bajo el poder de los girondinos. El 23 de agosto se emitió un nuevo decreto de reclutamiento para toda la población masculina de Francia en buen estado de salud. Se formaron en poco tiempo catorce nuevos ejércitos —alrededor de 750.000 hombres—, que fueron equipados y enviados al frente rápidamente. Además de estas medidas, el Comité reprimió violentamente la oposición interna.
María Antonieta fue ejecutada el 16 de octubre, y 21 destacados girondinos murieron guillotinados el 31 del mismo mes. Tras estas represalias iniciales, miles de monárquicos, sacerdotes, girondinos y otros sectores acusados de realizar actividades contrarrevolucionarias o de simpatizar con esta causa fueron juzgados por los tribunales revolucionarios, declarados culpables y condenados a morir en la guillotina. El número de personas condenadas a muerte en París ascendió a 2.639, más de la mitad de las cuales (1.515) perecieron durante los meses de junio y julio de 1794. Las penas infligidas a los traidores o presuntos insurgentes fueron más severas en muchos departamentos periféricos, especialmente en los principales centros de la insurrección monárquica. El tribunal de Nantes, presidido por Jean-Baptiste Carrier, el más severo con los cómplices de los rebeldes de La Vendée, ordenó la ejecución de más de 8.000 personas en un periodo de tres meses. Los tribunales y los comités revolucionarios fueron responsables de la ejecución de casi 17 mil ciudadanos en toda Francia. El número total de víctimas durante el Reinado del Terror llegó a 40.000. Entre los condenados por los tribunales revolucionarios, aproximadamente el 8% eran nobles, el 6% eran miembros del clero, el 14% pertenecía a la clase media y el 70% eran trabajadores o campesinos acusados de eludir el reclutamiento, de deserción, acaparamiento, rebelión u otros delitos. Fue el clero católico el que sufrió proporcionalmente las mayores pérdidas entre todos estos grupos sociales. El odio anticlerical se puso de manifiesto también en la abolición del calendario juliano en octubre de 1793, que fue reemplazado por el calendario republicano. El Comité de Salvación Pública, presidido por Robespierre, intentó reformar Francia basándose de forma fanática en sus propios conceptos de humanitarismo, idealismo social y patriotismo. El Comité, movido por el deseo de establecer una República de la Virtud, alentó la devoción por la república y la victoria y adoptó medidas contra la corrupción y el acaparamiento. Asimismo, el 23 de noviembre de 1793, la Comuna de París ordenó cerrar todas las iglesias de la ciudad —esta decisión fue seguida posteriormente por las autoridades locales de toda Francia— y comenzó a promover la religión revolucionaria, conocida como el Culto a la Razón. Esta actitud, auspiciada por el jacobino Pierre Gaspard Chaumette y sus seguidores extremistas (entre ellos Hébert), acentuó las diferencias entre los jacobinos centristas, liderados por Robespierre, y los fanáticos seguidores de Hébert, una fuerza poderosa en la Convención y en la Comuna de París.
Durante este tiempo, el signo de la guerra se había vuelto favorable para Francia. El general Jean Baptiste Jourdan derrotó a los austriacos el 16 de octubre de 1793, iniciándose así una serie de importantes victorias francesas. A finales de ese año, se había iniciado la ofensiva contra las fuerzas de invasión del Este en el Rin, y Tolón había sido liberado. También era de gran relevancia el hecho de que el Comité de Salvación Pública hubiera aplastado la mayor parte de las insurrecciones de los monárquicos y girondinos.
La lucha por el poder
La disputa entre el Comité de Salvación Pública y el grupo extremista liderado por Hébert, concluyó con la ejecución de éste y sus principales acólitos el 24 de marzo de 1794. Dos semanas después, Robespierre emprendió acciones contra los seguidores de Danton, que habían comenzado a solicitar la paz y el fin del reinado del Terror. Georges-Jacques Danton y sus principales correligionarios fueron decapitados el 6 de abril. Robespierre perdió el apoyo de muchos miembros importantes del grupo de los jacobinos —especialmente de aquéllos que temían por sus propias vidas— a causa de estas represalias masivas contra los partidarios de ambas facciones. Las victorias de los ejércitos franceses, entre las que cabe destacar la batalla de Fleurus (Bélgica) del 26 de junio, que facilitó la reconquista de los Países Bajos austriacos, incrementó la confianza del pueblo en el triunfo final. Por este motivo, comenzó a extenderse el rechazo a las medidas de seguridad impuestas por Robespierre. El descontento general con el líder del Comité de Salvación Pública no tardó en transformarse en una auténtica conspiración. Robespierre, Saint-Just, Couthon y 98 de sus seguidores fueron apresados el 27 de julio de 1794 (el 9 de termidor del año III según el calendario republicano) y decapitados al día siguiente. Se considera que el 9 de termidor fue el día en el que se puso fin a la República de la Virtud.
La Convención Nacional estuvo controlada hasta finales de 1794 por el 'grupo termidoriano' que derrocó a Robespierre y puso fin al Reinado del Terror. Se clausuraron los clubes jacobinos de toda Francia, fueron abolidos los tribunales revolucionarios y revocados varios decretos de carácter extremista, incluido aquél por el cual el Estado fijaba los salarios y precios de los productos. Después de que la Convención volviera a estar dominada por los girondinos, el conservadurismo termidoriano se transformó en un fuerte movimiento reaccionario. Durante la primavera de 1795, se produjeron en París varios tumultos, en los que el pueblo reclamaba alimentos, y manifestaciones de protesta que se extendieron a otros lugares de Francia. Estas rebeliones fueron sofocadas y se adoptaron severas represalias contra los jacobinos y sans-culottes que los protagonizaron.
La moral de los ejércitos franceses permaneció inalterable ante los acontecimientos ocurridos en el interior. Durante el invierno de 1794-1795, las fuerzas francesas dirigidas por el general Charles Pichegru invadieron los Países Bajos austriacos, ocuparon las Provincias Unidas instituyendo la República Bátava y vencieron a las tropas aliadas del Rin. Esta sucesión de derrotas provocó la desintegración de la coalición antifrancesa. Prusia y varios estados alemanes firmaron la paz con el gobierno francés en el Tratado de Basilea el 5 de abril de 1795; España también se retiró de la guerra el 22 de julio, con lo que las únicas naciones que seguían en lucha con Francia eran Gran Bretaña, Cerdeña y Austria. Sin embargo, no se produjo ningún cambio en los frentes bélicos durante casi un año. La siguiente fase de este conflicto se inició con las Guerras Napoleónicas.
Se restableció la paz en las fronteras, y un ejército invasor formado por émigrés fue derrotado en Bretaña en el mes de julio. La Convención Nacional finalizó la redacción de una nueva Constitución, que se aprobó oficialmente el 22 de agosto de 1795. La nueva legislación confería el poder ejecutivo a un Directorio, formado por cinco miembros llamados directores. El poder legislativo sería ejercido por una asamblea bicameral, compuesta por el Consejo de Ancianos (250 miembros) y el Consejo de los Quinientos. El mandato de un director y de un tercio de la asamblea se renovaría anualmente a partir de mayo de 1797, y el derecho al sufragio quedaba limitado a los contribuyentes que pudieran acreditar un año de residencia en su distrito electoral. La nueva Constitución incluía otras disposiciones que demostraban el distanciamiento de la democracia defendida por los jacobinos. Este régimen no consiguió establecer un medio para impedir que el órgano ejecutivo entorpeciera el gobierno del ejecutivo y viceversa, lo que provocó constantes luchas por el poder entre los miembros del gobierno, sucesivos golpes de Estado y fue la causa de la ineficacia en la dirección de los asuntos del país. Sin embargo, la Convención Nacional, que seguía siendo anticlerical y antimonárquica a pesar de su oposición a los jacobinos, tomó precauciones para evitar la restauración de la monarquía. Promulgó un decreto especial que establecía que los primeros directores y dos tercios del cuerpo legislativo habían de ser elegidos entre los miembros de la Convención. Los monárquicos parisinos reaccionaron violentamente contra este decreto y organizaron una insurrección el 5 de octubre de 1795. Este levantamiento fue reprimido con rapidez por las tropas mandadas por el general Napoleón Bonaparte, jefe militar de los ejércitos revolucionarios de escaso renombre, que más tarde sería emperador de Francia con el nombre de Napoleón I Bonaparte. El régimen de la Convención concluyó el 26 de octubre y el nuevo gobierno formado de acuerdo con la Constitución entró en funciones el 2 de noviembre.
Desde sus primeros momentos, el Directorio tropezó con diversas dificultades, a pesar de la gran labor que realizaron políticos como Charles Maurice de Talleyrand-Perigord y Joseph Fouché. Muchos de estos problemas surgieron a causa de los defectos estructurales inherentes al aparato de gobierno; otros, por la confusión económica y política generada por el triunfo del conservadurismo. El Directorio heredó una grave crisis financiera, que se vio agravada por la depreciación de los asignados (casi en un 99% de su valor). Aunque la mayoría de los líderes jacobinos habían fallecido, se encontraban en el extranjero u ocultos, su espíritu pervivía aún entre las clases bajas. En los círculos de la alta sociedad, muchos de sus miembros hacían campaña abiertamente en favor de la restauración monárquica. Las agrupaciones políticas burguesas, decididas a conservar su situación de predominio en Francia, por la que tanto habían luchado, no tardaron en apreciar las ventajas que representaba reconducir la energía desatada por la población durante la Revolución hacia fines militares. Existían aún asuntos pendientes que resolver con el Sacro Imperio Romano. Además, el absolutismo, que por naturaleza representaba una amenaza para la Revolución, continuaba dominando la mayor parte de Europa.
El ascenso de Napoleón al poder
No habían pasado aún cinco meses desde que el Directorio asumiera el poder, cuando comenzó la primera fase (de marzo de 1796 a octubre de 1797) de las Guerras Napoleónicas. Los tres golpes de Estado que se produjeron durante este periodo —el 4 de septiembre de 1797 (18 de fructidor), el 11 de mayo de 1798 (22 de floreal) y el 18 de junio de 1799 (30 de pradial)—, reflejaban simplemente el reagrupamiento de las facciones políticas burguesas. Las derrotas militares sufridas por los ejércitos franceses en el verano de 1799, las dificultades económicas y los desórdenes sociales pusieron en peligro la supremacía política burguesa en Francia. Los ataques de la izquierda culminaron en una conspiración iniciada por el reformista agrario radical François Nöel Babeuf, que defendía una distribución equitativa de las tierras y los ingresos. Esta insurrección, que recibió el nombre de 'Conspiración de los Iguales', no llegó a producirse debido a que Babeuf fue traicionado por uno de sus compañeros y ejecutado el 28 de mayo de 1797 (8 de pradial). Luciano Bonaparte, presidente del Consejo de los Quinientos; Fouché, ministro de Policía; Sieyès, miembro del Directorio y Talleyrand-Perigord consideraban que esta crisis sólo podría superarse mediante una acción drástica. El golpe de Estado que tuvo lugar el 9 y 10 de noviembre (18 y 19 de brumario) derrocó al Directorio. El general Napoleón Bonaparte, en aquellos momentos héroe de las últimas campañas, fue la figura central del golpe y de los acontecimientos que se produjeron posteriormente y que desembocaron en la Constitución del 24 de diciembre de 1799 que estableció el Consulado. Bonaparte, investido con poderes dictatoriales, utilizó el entusiasmo y el idealismo revolucionario de Francia para satisfacer sus propios intereses. Sin embargo, la involución parcial de la transformación del país se vio compensada por el hecho de que la Revolución se extendió a casi todos los rincones de Europa durante el periodo de las conquistas napoleónicas.
Las transformaciones producidas por la Revolución
Una consecuencia directa de la Revolución fue la abolición de la monarquía absoluta en Francia. Asimismo, este proceso puso fin a los privilegios de la aristocracia y el clero. La servidumbre, los derechos feudales y los diezmos fueron eliminados; las propiedades se disgregaron y se introdujo el principio de distribución equitativa en el pago de impuestos. Gracias a la redistribución de la riqueza y de la propiedad de la tierra, Francia pasó a ser el país europeo con mayor proporción de pequeños propietarios independientes. Otras de las transformaciones sociales y económicas iniciadas durante este periodo fueron la supresión de la pena de prisión por deudas, la introducción del sistema métrico y la abolición del carácter prevaleciente de la primogenitura en la herencia de la propiedad territorial.
Napoleón instituyó durante el Consulado una serie de reformas que ya habían comenzado a aplicarse en el periodo revolucionario. Fundó el Banco de Francia, que en la actualidad continúa desempeñando prácticamente la misma función: banco nacional casi independiente y representante del Estado francés en lo referente a la política monetaria, empréstitos y depósitos de fondos públicos. La implantación del sistema educativo —secular y muy centralizado—, que se halla en vigor en Francia en estos momentos, comenzó durante el Reinado del Terror y concluyó durante el gobierno de Napoleón; la Universidad de Francia y el Institut de France fueron creados también en este periodo. Todos los ciudadanos, independientemente de su origen o fortuna, podían acceder a un puesto en la enseñanza, cuya consecución dependía de exámenes de concurso. La reforma y codificación de las diversas legislaciones provinciales y locales, que quedó plasmada en el Código Napoleónico, ponía de manifiesto muchos de los principios y cambios propugnados por la Revolución: la igualdad ante la ley, el derecho de habeas corpus y disposiciones para la celebración de juicios justos. El procedimiento judicial establecía la existencia de un tribunal de jueces y un jurado en las causas penales, se respetaba la presunción de inocencia del acusado y éste recibía asistencia letrada.
La Revolución también desempeñó un importante papel en el campo de la religión. Los principios de la libertad de culto y la libertad de expresión tal y como fueron enunciados en la Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano, pese a no aplicarse en todo momento en el periodo revolucionario, condujeron a la concesión de la libertad de conciencia y de derechos civiles para los protestantes y los judíos. La Revolución inició el camino hacia la separación de la Iglesia y el Estado.
Los ideales revolucionarios pasaron a integrar la plataforma de las reformas liberales de Francia y Europa en el siglo XIX, así como sirvieron de motor ideológico a las naciones latinoamericanas independizadas en ese mismo siglo, y continúan siendo hoy las claves de la democracia. No obstante, los historiadores revisionistas atribuyen a la Revolución unos resultados menos encomiables, tales como la aparición del Estado centralizado (en ocasiones totalitario) y los conflictos violentos que desencadenó.