Radiotelevisión española: Gran oportunidad para un auténtico servicio público (página 2)

Desde meses antes de publicar el Informe, pero sobre todo desde su entrega oficial, se desató una feroz campaña de ataques por parte de algunos medios de comunicación españoles (especialmente, los grupos de Planeta, Vocento, Berlusconi y El Mundo, del grupo Agnelli), de sus editoriales, tertulianos y columnistas, pero también de sus informaciones concertadas. El debate ciudadano era lógico por la naturaleza de los asuntos tratados, pero, en muchos casos, se constató una estrategia de descalificaciones absolutas, no ya al informe en sí, sino también y para mejor destruirlo, al prestigio y hasta al sentido común de los miembros del Consejo, pese al incontestable historial de muchos de ellos. Algunos diarios se dedicaron a mi persona en particular, para asegurar que no era periodista (tras doce años de profesión, veinticinco de profesor de comunicación y veinte de fundador-director de una revista de comunicación) o, al menos, que "no estaba en activo" (como asegura Varela), e incluso que no sabía nada de televisión (tras trece libros y cientos de artículos sobre la materia).

En la curiosa alianza de fuerzas organizada contra el Informe, se pudo verificar que, junto a la presencia de periodistas y medios de honda raigambre franquista, se situaban autores neoliberales extremistas que no ocultaban su burda idea de que -parafraseando un lema indigno- la mejor televisión pública era "la televisión pública muerta". En medio, se encontraban grupos multimedia frustrados que esperaban la subasta de los medios públicos. Pero los arietes fundamentales de esta campaña han sido economistas neoliberales "talibanes", y periodistas económicos que seguían una línea extremista, según la cual la razón económica y el mercado son la regla incontestable de todas las relaciones sociales. Para ellos, el 40 por ciento de la audiencia en manos del servicio público era una ofensa a la "libertad de mercado" (como indica Varela). Algunos periódicos y confidenciales digitales, incluyendo weblogs en España curiosamente dominados ideológicamente por la ultraderecha y, en términos económicos, por periodistas neoliberales que buscan las migajas de los grandes grupos, agitaron esta estela (entre ellos, el de Varela). En cambio, el despilfarro y los clientelismos políticos de las cadenas privadas abiertas, su violación sistemática de la normativa publicitaria europea, o su resistencia a apoyar la producción cultural española, no merecieron nunca su atención.

En realidad, esta falta de información, concertada en las secciones de noticias y de opinión, sobre el diagnóstico del Consejo, venía a avalar las grandes conclusiones iniciales del Informe, destacando por contraste el valor para un país democrático de medios públicos que garanticen una información veraz y plural, por encima de toda sospecha de intereses particulares.

Programación de calidad

El Informe está a disposición pública para comprobar su contenido (www.presidencia.gov.es, www.mpr.es/gabprensa, www.lamoncloa.es). Las actividades y misiones del servicio público ocupan más de 50 páginas de líneas maestras concretas que debe seguir el servicio público para definirse de forma integral -porque no cabe hablar de géneros privativos del servicio público o de la vertiente comercial-. Su oferta central contempla una programación de calidad, estética y ética, en todos los géneros y para todos los ciudadanos, pero con instrucciones concretas de atención especial a las minorías más inermes de la sociedad, y a los problemas sociales más candentes.

Además, se limita estrictamente la publicidad, para impedir que presione a la baja sobre los contenidos del servicio público. Y, en materia de producción, se busca potenciar la creación y la productividad interna, potenciando la descentralización territorial de acuerdo con las tradiciones y ventajas comparativas de cada centro regional, pero conciliando esta actuación con un papel más destacado en el fomento de la producción audiovisual independiente, del cine especialmente, y de las Industrias Culturales en general.

También se establece, por vez primera en España, la aplicación del derecho de acceso de los grupos sociales significativos por mandato de la Constitución (artículo 20.3) y nunca desarrollado, con un Consejo Asesor que orientará este derecho. Los propios informadores audiovisuales, organizados en Consejos de redacción y dotados de un Estatuto negociado, se encargarán de proteger la independencia informativa y editorial de los medios públicos.

RTVE en la era digital

Un capítulo completo se ocupa, en el Informe, del papel de RTVE en la era digital, del que se predica un rol de liderazgo estratégico, como puerta fundamental para lograr una Sociedad de la Información para todos los ciudadanos, especialmente en la radio y la televisión digital terrestre que, en ausencia de desarrollo e inversiones privadas, todos los agentes del sistema han caucionado, incluyendo la oferta de potentes servicios interactivos y un gran portal de servicio público en Internet.

Los organismos gerenciales de estas sociedades están minuciosamente pensados para impedir el intervencionismo gubernamental y las cuotas partidistas. Para ello, los ocho miembros del Consejo de Administración, elegidos a su vez por diversas instancias para garantizar su pluralismo (Parlamento, Consejo Audiovisual, sindicatos más representativos) deben tener perfiles profesionales incuestionables en comunicación, y gozar de mandatos irrevocables e improrrogables que refuercen su independencia. El papel del Parlamento es respetado, como representación genuina de los ciudadanos, pero los consejeros nombrados por él deben ser propuestos por la mitad de los grupos parlamentarios y elegidos por dos tercios de los votos, lo que hará imposible las cuotas partidistas. Finalmente, los directores generales deben ser nombrados y controlados en sus resultados por esos Consejos, tras una convocatoria pública, perdiendo así su actual carácter político.

Esta arquitectura de contrapesos y controles viene complementada esencialmente por un Consejo Audiovisual de ámbito estatal, demandado desde hace años pero todavía inexistente en España, caso insólito y único respecto a los otros 14 países de la Unión Europea. Autoridad plenamente autónoma, organizativa y financieramente, deberá controlar cada año el cumplimiento estricto de las misiones de servicio público, además de regular y vigilar el funcionamiento armónico de la radiotelevisión privada.

En el campo financiero, y tras la asunción de la deuda histórica de acuerdo con los compromisos gubernamentales con Bruselas, se propone un modelo estable y sostenible, con prohibición estricta de nuevo endeudamiento financiero. Así, y junto a la autolimitación paulatina de la captación de publicidad, se propone la asunción transparente por los presupuestos generales del Estado del coste neto del servicio público, en cantidades asumibles por España.

No es de extrañar que, frente a este contenido, algunos grupos mediáticos españoles mostraran su conciencia y voluntad de destrucción depredadora, a escala regional, de un modelo audiovisual europeo singular acorde con su modelo social. De ahí, la sordina puesta por muchos medios a la declaración solemne de la Unión Europea de Radiodifusión, que representada por los máximos directivos de la BBC, France Télévisions, ARD y ZDF de Alemania y la RAI, expresó en Madrid, en enero de 2005, su apoyo a la reforma de RTVE en España: la radiotelevisión pública europea, dijeron, juega "un papel vital para la democracia, la cohesión social, la diversidad cultural, el pluralismo y la construcción de un espacio de comunicación abierto a todos"; y esperaban en consecuencia que el proceso de reforma emprendido por RTVE "le permita reforzar su estatus y proyección como radiotelevisión de servicio público y propiciar una sociedad más democrática, libre y socialmente justa".

Una reforma profunda de RTVE y del sistema audiovisual completo

Sea por resignación ante la voluntad política o por cálculos oportunistas sobre la reforma, la mayor parte de los medios españoles ha aceptado en los últimos meses, con escasa reacción negativa, el plan integral de reforma del audiovisual planteado por el Gobierno. En efecto, el ejecutivo español ha anunciado ya la asunción de la deuda histórica de RTVE, y ha presentado al Parlamento un proyecto de ley de reforma de RTVE que recoge expresamente las recomendaciones sustanciales del Informe, ya en tramitación en el Congreso. En camino viene asimismo otro proyecto de Ley que instaura el Consejo Audiovisual Estatal, que vigilaría el cumplimiento de las misiones de servicio público, además de orientar y controlar el conjunto del audiovisual español, incluyendo el sector privado. Finalmente, un proyecto de Ley Audiovisual armoniza la regulación del sistema radiotelevisivo, hoy disperso en más de una docena de leyes contradictorias e inoperantes, con un Título (III) dedicado a delimitar el servicio público en todos sus ámbitos (estatal, regional y local).

Ciertamente, y pese a la inequívoca voluntad política del Gobierno a favor de la independencia y fortalecimiento del servicio público, no todo es perfecto en esos proyectos. La ampliación del Consejo de Administración (de ocho a 10 miembros) y el añadido de perfiles tecnocráticos (de gestión pública o privada) pueden reintroducir prácticas de cuoteos partidistas, aunque la mayoría reforzada parlamentaria lo haga más difícil. En otro orden, el anteproyecto de Consejo Audiovisual no contempla la capacidad plena de este organismo de conceder las licencias privadas de radio y televisión ("informes preceptivos, pero no vinculantes"), lo que seguiría situando a éstas bajo sospecha de clientelismo político. Pero hay esperanzas de limar estos aspectos en la tramitación parlamentaria. Y, por otra parte, sabemos que los modelos europeos más acrisolados de servicio público se consiguieron a través de diversas etapas y múltiples batallas prolongadas.

Como puede verse, el Informe del Consejo para la Reforma está lejos del cajón en que Varela lo ha encerrado. Pero, si en la política se ha dicho que no hay cosa peor que confundir los deseos con la realidad, en el periodismo y la investigación comunicativa esta contradicción entre intereses y deseos con las pruebas empíricas produce monstruos.

Integración del Consejo

El Consejo para la reforma de los medios de titularidad pública estuvo compuesto inicialmente por Emilio Lledó, como Presidente (Catedrático de Filosofía); Enrique Bustamante (Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad); Victoria Camps (Catedrática de Etica); Fernando Savater (Catedrático de Filosofía) y Fernando Lázaro Carreter (Presidente de la Real Academia Española).

Tras el fallecimiento de este último en plena campaña electoral, el Gobierno incorporó al Consejo a Fernando González Urbaneja, Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid. El "asesor financiero" propuesto por el Ministerio de Hacienda, como su propio título indica, no tenía derecho a voto.

Enrique Bustamante, español, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido vocal del Consejo para la Reforma de los medios públicos en España (abril de 2004 a febrero de 2005).Autor, entre otras obras, de La Televisión Económica (Gedisa.Barcelona, 1999, 2005).

Autor:

Enrique Bustamante

Revista Chasqui Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para

América Latina (CIESPAL) Email: chasqui[arroba]ciespal.net      info[arroba]ciespal.net Weblog: www.revistachasqui.blogspot.com Web: www.chasqui.comunica.org Web institucional: www.ciespal.net Quito – ECUADOR