Radiotelevisión española: Gran oportunidad para un auténtico servicio público

1. Antecedentes: La degradación histórica de la radiotelevisión pública en España
2. Una Comisión independiente para la reforma
3. Campaña feroz de ataques
5. Una reforma profunda de RTVE y del sistema audiovisual completo
6. Integración del Consejo

La larga y notable trayectoria de Chasqui exige una información fehaciente sobre un proceso emblemático de regeneración democrática del espacio público, como el que el Gobierno español ha emprendido con Radiotelevisión Española. Este texto no pretende por ello, fundamentalmente, replicar al de Juan Varela, publicado en el número 90 de esta revista ("RTVE: Rodríguez Zapatero y sus sabios se estrellan contra la televisión"), cuyas tergiversaciones, ocultamientos y frivolidades son de tal calibre que no merecen más atención que en tanto es una muestra de las posiciones neoliberales extremistas de algunos periodistas españoles, sino informar con datos comprobables por respeto a los lectores de Chasqui.

Antecedentes: La degradación histórica de la radiotelevisión pública en España

El examen de la situación actual de la radiotelevisión pública en España requiere un mínimo recordatorio de los principales antecedentes que explican su situación actual, y que contextualizan, por tanto, las grandes alternativas que enfrenta hoy la sociedad española.

A punto de cumplir, en 2006, el 50 aniversario de la aparición de la televisión en España, hay que recordar, en efecto, que RTVE nació como "televisión de régimen" de la dictadura franquista y no de Estado, en ausencia de toda filosofía de servicio público, con una emisión publicitaria sin limitaciones, sin concepción alguna de defensa de la cultura nacional y como instrumento de propaganda de un régimen autoritario. Sobre la huella influyente de estas hipotecas históricas, pueden identificarse en los 28 años de Constitución democrática nuevos errores acumulativos que nos conducen hasta la bancarrota reciente: el nombramiento gubernamental de los directores generales y las cuotas militantes de los partidos en el Consejo de Administración han determinado una gestión clientelar respecto del poder ejecutivo, marcada por la manipulación informativa y el descontrol gerencial; la financiación casi total por la publicidad condujo, desde 1990 con la competencia privada, al endeudamiento (avalado por el Estado) como vía preferente de financiación, oscura pero coherente con esa dependencia.

El resultado de tal desarrollo en el período democrático puede ser resumido así: Catorce directores generales en 25 años de Estatuto (teóricamente inamovibles por cuatro años) que constituyen todo un récord insoportable para cualquier gestión empresarial pública o privada (cinco solo en ocho años del PP en el Gobierno); ausencia de todo plan estratégico; un endeudamiento acumulado de dimensiones macroeconómicas; y una programación comercial-competitiva extrema en donde las señas de identidad del servicio público se habían difuminado. Unos rasgos que se extremaron bajo el mandato del Partido Popular, en donde el déficit (el coste del servicio público impagado) subió en unos 600 millones de euros por año, mientras que la manipulación informativa sistemática llegaba a su culminación con ocasión de las protestas masivas contra la guerra de Irak y los atentados del 11-M.

Una Comisión independiente para la reforma

En medio del acuerdo generalizado en los últimos años de que era necesario modificar legalmente el Estatuto de radio y televisión de 1980, los grandes partidos políticos prometieron en cada sufragio una reforma democrática que diera cumplimiento efectivo al servicio público, para olvidar inmediatamente el asunto en cuanto llegaban al poder. Estas circunstancias condujeron al líder del PSOE, en plena campaña electoral para la votación general del 14 de marzo de 2004, a garantizar su voluntad de hacer una reforma en profundidad de RTVE y de renunciar, por consiguiente, a su utilización partidista mediante el nombramiento de un Consejo independiente de los partidos que dictaminara la reforma. Posteriormente, y tras la victoria electoral socialista, el ya Presidente José Luis Rodríguez Zapatero cumplió su compromiso nombrando oficialmente al Consejo para la Reforma de los medios públicos (23 de abril, 2004) con un plazo legal de nueve meses para la entrega de un diagnóstico sobre la reforma de los contenidos del servicio público, la estructura jurídica y el modelo financiero de los medios de comunicación estatales.

Durante ese tiempo, el Consejo desarrolló sus trabajos a base de una amplia consulta a entidades sociales, con más de 80 propuestas recibidas, a la información actualizada proporcionada por las radiotelevisiones públicas de los grandes países europeos, a una copiosa documentación, y a consultas y debates con investigadores y expertos españoles reconocidos. Finalmente, el 21 de febrero de 2005, un día después del referéndum en España sobre la Constitución europea, el Consejo entregó oficialmente al Gobierno un Informe de 202 páginas, más nueve de un voto particular parcial sobre todo a las propuestas financieras, más abundantes anexos de dictámenes financieros y jurídicos y de propuestas sociales.

El voto particular, de nueve folios, del vocal F. González Urbaneja, se remitía a las propuestas societarias y financieras del experto financiero y, aunadamente, proponían segregar RTVE en dos sociedades, una totalmente mercantil que debía salir a Bolsa. Los cuatro miembros del Consejo rechazamos tajantemente esta solución de privatización salvaje del servicio público, idéntica a la que el Gobierno de Berlusconi propone en Italia para la RAI.

Campaña feroz de ataques