La apelación en materia laboral

Esta investigación ha pretendido analizar la figura jurídica de La Apelación, utilizando el método deductivo, partiendo de lo general a lo particular como manda dicho método; para lograr nuestros propósitos nos formulamos las siguientes preguntas, acorde con los objetivos de la investigación: ¿Cuáles son los antecedentes de la apelación?; ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la apelación?; ¿Cuáles son las condiciones de forma y fondo de la apelación? La investigación está estructurada de la forma siguiente, la presentación, un índice, una introducción, el desarrollo, el cual consta de cuatro capítulos, con sus respectivos sub-capítulos, una conclusión y la bibliografía. En cuanto al tema se trata de un recurso ordinario perteneciente al grupo de los recursos impugnativos el cual está constituido por el conjunto de medios impugnatorios incorporados en las leyes procesales civiles especialmente en el Código Procesal Penal como cuerpo normativo que contiene los principales medios de impugnación, del cual se van a servir otros ordenamientos legales afines como instrumento supletorio y administrador de la Ley Procesal, de este régimen se desprende el tema de la apelación, abordado en esta investigación. El cual se ha pretendido desarrollar dejando lo menos escollo posible en la intención de exponer y detallar el mismo.

Propósito General. Desarrollar la figura jurídica de la Apelación.

Objetivos Específicos.

• 1. Definir Antecedentes, conceptos, y evolución de la Apelación.

• 2. Determinar efectos y formas de La Apelación.

• 3. Investigar las condiciones de forma y fondo de La Apelación.

• 4. Establecer el procedimiento de La Apelación.

CAPITULO I:

Conceptos, definición, antecedentes y evolución de la apelación

• Conceptos y Definición.

La Apelación es el recurso que interpone la parte que se considera lesionada por una sentencia pronunciada en primer grado, en solicitud de que la sentencia contra la cual se recurre sea reformada o revocada. Este recurso tiene su fundamento en el doble grado de jurisdicción de aquellas sentencias susceptibles del mismo por mandato de la ley, haciendo abstracción de aquellas a las cuales se les ha negado esta facultad. El recurso de Apelación, así como todos los recursos ordinarios suspende la ejecución de los efectos de la sentencia, en principio de manara provisional, lo cual mantiene a salvo los derechos del o los afectados en prevención del caso que sea declarada nula, o se ordene el conocimiento de un nuevo proceso o cualquier otra medida, de las que la ley contempla. El recurso de Apelación pertenece al conjunto de los medios de impugnación, los cuales configuran los instrumentos jurídicos; Consagrados por las leyes procesales para corregir, modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones judiciales, cuando adolecen de deficiencias, errores, ilegalidad o injusticia. De los medios de impugnación, el recurso ordinario por antonomasia y que posee prácticamente carácter universal es el de apelación. En síntesis, el recurso de Apelación es el medio a través del cual, a petición de la parte agraviada por una resolución judicial, el Tribunal de Segundo Grado y colegiado, examina todo el material del proceso, tanto fáctico como jurídico, así como las violaciones del procedimiento y de fondo, lo que como resultado de esta revisión, confirma, modifica o revoca la decisión impugnada o bien ordena la reposición del procedimiento, cuando existen motivos graves de nulidad en el mismo. El recurso de apelación está sujeto a las formalidades establecidas en el Código de Procedimiento Civil, especialmente en los artículos 443 y siguientes.

1.2 Antecedentes y Evolución. Los recursos de impugnación y de ellos el principal la Apelación, fueron establecidos por el pueblo romano en su derecho, del cual los heredamos, estos recursos fueron introducidos por los romanos después de reformar su antiguo derecho galo germánico, el cual en su primitivo proceso, inicialmente con una idea insipiente de la justicia y producto de su integración social de innegable raigambre religiosa, no tenía cabida la apelación, pues el enjuiciamiento estaba dotado de un carácter infalible y a ávidas cuentas que era inspirado por la divinidad. Fue primero Teodocio, en su Código Teodiciano quien introdujo una figura parecida a la apelación llamada Ruego o Rogatio, pero es Justiniano quien lleva al Senado y luego introduce en su ensayo Pluri Luri Civilis o primer Código de Justiniano la figura Ruegun Apellatio. Para continuar con la génesis de los recursos impugnativos, se hará relación a la época de la república, como también a la del imperio romano que introdujeron las figuras, en especial la apelación para permitirle al recurrente reclamar una revisión y luego una anulación de las resoluciones estimadas injustas o carentes de legalidad. Durante ese mismo período se conoció en el procedimiento criminal y como una formalidad fija, el derecho de provocación, este consistía en la facultad de alzarse de la decisión de los Magistrados, ante los comicios, que tenían autoridad para anularla aunque esta era una figura que estaba sometida a ciertas reglas procesales que le daban un carácter limitativo y discriminatorio ya que solo podía interponerla quien perteneciera, por su clase, a los comicios, de ahí que un ciudadano únicamente podía deducirla si previamente se le reconocía el privilegio para ello. En los tiempos posteriores a las decisiones de los magistrados revestidos de poder constituyente, estaban sustraídas a la provocación, pues su mismo carácter no estaba sometido a la constitución dicho medio de defensa era concedido contra sentencias de muerte o contra las que condenaban a una pena pecuniaria que no traspasase los limites de la provocación. La decisión final, no obedecía a un procedimiento contradictorio propiamente, sino que el magistrado sentenciador presentaba su resolución para que la votara y confirmara la ciudadanía, que con anterioridad ya se había informado suficiente por efecto de las discusiones que había realizado con la comunidad. Este proceso teórica y prácticamente se estimaba como una instancia de gracia, es decir pedir clemencia sin desconocer la condena, por lo que no era admisible contra sentencias absolutorias dictadas en primer grado, pues el tribunal del pueblo estaba aun menos sometido a reglas jurídico procesales que el magistrado de primera instancia. Algunos autores, no ven en esta impugnación el antecedente remoto de los recursos impugnativos argumentando esencialmente, la ausencia de un órgano jurisdiccional de mayor jerarquía que el que emitía la resolución impugnada, encargado de revisar el fallo y resolver sobre su modificación o revocación, pues como se ha visto en la provocación, era el pueblo mismo el que se ocupaba de confirmar o modificar el fallo y no se contemplaba como una impugnación por órgano o por vía jurisdiccional. Al final de la República Romana, los recursos de los que disponían las partes eran: la in integrum restitutio; la revocatio in duplum y la apellatio. La integrum restitutio determinaba la nulidad de la sentencia, cuando en el litigio se dictaba un acto jurídico o se aplicaban inexactamente principios del derecho civil que afectaban a algunos de los contendientes por resultar injustos o inequitativos, o también cuando se hubiese sido víctima de dolo de intimidación o de un error justificable o se hubiese descubierto la existencia de un testimonio falso, en el que se hubiere apoyado la resolución. En estos casos había que solicitar la in integrum restitutio, es decir, la decisión en virtud de la cual el pretor, teniendo por no sucedida la causa de juicio, destruía los efectos poniendo las cosas en el estado que tenían antes. Las partes disponían de un año útil para interponer el recurso, contado a partir del momento que se descubriera la causa motivadora del mismo, término que Justiniano extendió a cuatro (4) años continuos, pero solo se ordenaba dar entrada a la demanda, después que el magistrado realizaba el examen del caso, cerciorándose que reunía todas las condiciones debidas. La revocatio in duplum, se interponía contra resoluciones dictadas con violación de la ley, buscando su anulación, pero si no era probada la causa de la anulación de la sentencia, al recurrente se le duplicaba la condena, de ahí el nombre de la impugnación. La Apelletio, su origen se encuentra en la ley Julia judiciaria del emperador Augusto, que autorizaba primero a apelar ante el prefecto, y de este ante el emperador, y preservaba el derecho de todo magistrado bajo la república de oponer su veto a las decisiones de un magistrado igual o inferior, anulándola o reemplazándola por otra sentencia; además admitía el efecto suspensivo o sea que impedía la ejecución de la sentencia impugnada, y los efectos que producía, como se afirma era confirmarla o revocarla para, en su caso, dictar una nueva, la cual tambien era apelable hasta llegar al último grado, teniendo en cuenta, que quien juzgaba en última instancia era el emperador. La persona que quisiera quejarse de la decisión de un magistrado, podía desde luego reclamar la intercepción del magistrado superior o apellare magistratum, de aquí procede la apelación. Con la aparición de la apellatio, es indudable que es el punto de partida o el origen de La Apelación, pues al agraviado se le otorgaba la potestad de quejarse ante el magistrado superior, para que por su conducto anulara el decisorio y juzgara de nuevo el asunto, de manera que la resolución impugnada era apelable ante el pretor y sucesivamente ante el perfecto del territorio, hasta llegar al emperador, por lo que se instituyeron tantas instancias con funcionarios figuraban en el organigrama de la justicia hasta llegar al emperador, en la inteligencia de que la unica resolución apelable era la sentencia. Pues bien, ya hemos visto los origenes de los recursos de impugnación de la sentencia en especial la figura de la apelación, se destacó sus origenes en el antiguo derecho romano que como todos sabemos este derecho fue luego recogido o anotado por los franceses en la recopilación del suyo, que es, de donde decora o deriva el nuestro es por cuanto, que estas figuras jurídicas están hoy presente en nuestro sistema doctrinal y procesal.

CAPITULO II:

Condiciones de forma y fondo de la apelación

El recurso de apelación lo interpone la parte que se ha considerada lesionada por una sentencia en primer grado en solicitud de que la sentencia contra la cual se recurre sea reformada o revocada. El recurso de Apelación, como la mayoría de los recursos y de los actos jurídicos está sujeto a condiciones de formas y de fondo las cuales serán cumplidas so pena de inadmisión por vicios de forma o de fondo.

2.1 Requisitos de Forma. Son requisitos de forma del recurso de apelación, que se interponga en el plazo legal correspondiente, que este dirigido ante el juez y jurisdicción competentes, que se hayan cumplido las formalidades de los actos; tanto los de citación y emplazamiento como los propios del recurso, así también deben cumplirse las condiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil y las leyes especiales que versan sobre el recurso.

2.2 Requisitos de Fondo. Son requisitos de fondo los concernientes a la fundamentación del recurso, es decir, deben indicarse los errores de hecho y de derecho que contiene la sentencia impugnada, precisándose la naturaleza del agravio producido, también debe contener la adecuación al interés y la legitimidad; la adecuación constituye una clara apreciación de los hechos, además las condiciones de calidad, interés y capacidad, pues estas son partes que deben bien observarse en cuanto a estos requisitos. Es importante señalar que la apelación como recurso ordinario para impugnar auto y sentencias está regido por principios específicos que orientan su actuación, entre los que se destaca dos que consideramos principales y son:

• El Principio tantum devolutum cuantum apellatum, este principio descansa sobre la base de la congruencia, significa que el órgano revisor Ad quem al resolver la apelación deberá pronunciarse solamente sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante en su recurso, es decir, que el tribunal de segunda instancia solo puede decidir y conocer aquellas cuestiones a las que ha limitado la apelación el recurrente, en consecuencia, no tiene más facultades de revisión que aquellas que han sido objeto del recurso, apuntan algunos doctrinarios que el tribunal superior no puede entrar en el examen de las cuestiones consentidas por las partes o que no han sido objeto del recurso de acuerdo a estas definiciones en doctrina se han establecido tres clases de incongruencias: la incongruencia ultra petita, surge cuando el juez concede a las partes más de lo pedido; la incongruencia extra petita, cuando el juez concede una pretensión diferente a la pedida por las partes; la incongruencia citra petita, sucede cuando el juez deja de pronunciarse sobre una o algunas de las pretensiones de las partes.

• El principio de prohibición de la reformatio in peius, este implica el impedimento del órgano revisor de modificar la resolución impugnada empeorando la situación del apelante, salvo que exista apelación o adhesión de la otra parte o sea el apelado este principio, prohíbe al Juez Ad quem pronunciarse en perjuicio del apelante y a lo sumo se limitará a no amparar su pretensión quedando su situación invariada. Esto se basa en la justificación, de que siendo la pretensión impugnativa diferente a la pretensión principal objeto de la demanda, que, el apelante trata de mejorar su situación frente a un pronunciamiento que le causó agravio, sería ilógico que su propia impugnación altere la decisión en su contra máxime si la otra parte la consintió.

Habiendo hecha las dos definiciones anteriores es pertinente hacer una breve definición de Avocación, que es fundamento de jerarquía y como en el recurso de apelación se produce efecto de avocación, se considera necesario hacer la definición. El efecto de avocación se funda en razones de orden jerárquico administrativo, que se cimienta en la base que la competencia del órgano superior comprende o contiene, en sí, la del órgano inferior. Es una técnico de transferencia de competencia, valida entre oréanos de una misma persona jurídica, que hace la relación de jerarquía. Cuando en segunda instancia se examina la decisión de la primera instancia con el objeto de decidir sobre la misma entonces podemos decir, que se ha producido avocación.

CAPITULO III:

Efectos de la apelación

Los efectos de la apelación están íntimamente relacionado al objeto y al fin de la misma, que consisten en conseguir la anulación de una resolución o revertirla pretendiendo un desagravio, reparando en lo posible los errores o vicios en que pudo incurrir un tribunal al resolver una controversia. Los efectos de la apelación se fundamentan en dos, que son el suspensivo y el devolutivo.

3.1 Efecto Suspensivo. El efecto suspensivo es el que produce la suspensión de la revolución de la sentencia impugnada, es decir detiene su eficacia jurídica hasta que el recurso sea resuelto quedando así suspendida su eficacia hasta tanto no quede firme la decisión del tribunal. Tienen efecto suspensivo las apelaciones de las sentencias definitivas o interlocutorias, que en los casos autorizados no se declaren con ejecución provisional, la ejecución de la sentencia indebidamente calificada en última instancia no podrá suspenderse sino en virtud del fallo del tribunal ante el cual se apele. El efecto suspensivo no tiene lugar cuando el tribunal haya ordenado la ejecución provisional de la sentencia.

3.2 Efecto Devolutivo. El efecto devolutivo depende en gran manera del alcance mismo del recurso es decir, si mediante este se solicita la revocación total de la decisión, entonces estamos frente al carácter devolutivo completo de proceso, lo que implica que la corte debe conocer en toda su extensión los puntos controvertidos planteados en primer grado; por otro lado, si la parte impugnada solo presenta su inconformidad en cuanto a uno o varios aspectos decididos en su contra, estamos frente a un recurso de apelación parcial, por lo que el tribunal de alzada no puede tocar los puntos no apelados, puesto que ambas partes le han dado aquiescencia, salvo que la parte recurrida haya incoado apelación incidental en su escrito de defensa.

CAPITULO IV: PROCEDIMIENTO DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación como ya señalamos antes se fundamenta en el doble grado de jurisdicción, se interpone después que se ha agotado la fase de primera instancia. La apelación es una vía ordinaria de recurso por medio de la cual se somete a un tribunal de grado superior la inconformidad o queja, a los fines que la misma sea revocada o reformada. Solamente puede apelar una sentencia quien o quienes hayan figurado como partes en el proceso judicial que produjo la misma.

4.1 Clases de Recursos. El recurso de apelación puede ser de dos tipos: principal o incidental.

4.1.1 Recurso Principal. El recurso principal se produce cuando una de las partes no conforme deposita ante la corte correspondiente una instancia o escrito de apelación ante de que cualquier otra parte envuelta en el litigio lo haya hecho.

4.1.2 La Forma Incidental. El recurso incidental es el que la parte recurrida interpone mediante su escrito de defensa, frente a las pretensiones del recurrente y tiene por objeto limitar e incidental los efectos de la apelación.

4.2 Forma y Plazo del Recurso. El recurso de apelación se interpone mediante escrito que se deposita en la secretaria de la corte, el mismo cumplir con todas las especificación establecidas para los escritos en materia civil que van desde las generales de la parte apelante con su respectiva constitución de abogado hasta las consideraciones de hecho y de derecho en que se fundamentan sus pretensiones. El plazo para interponer el recurso es de un mes contado a partir de la notificación de la sentencia, si se trata de materia sumaria, entonces el plazo varia pues el legislador estableció diez (10) días, este plazo es franco y se aumenta en razón de la distancia en proporciona de un día por cada 30 Km. O fracción de mas de quince; así mismo, no se cuentan los días laborables. El acto de notificación del recurso de apelación debe contener, las enunciaciones propias de los actos de emplazamientos en materia civil y debe ser notificado al domicilio real de la parte recurrida. Así como la enunciación del tribunal y de la sentencia apelada con la respectiva declaración sucinta de los hechos en que se fundamenta la apelación. A modo breve de conclusión, queremos dejar sentado que la apelación no debe ser solo vista como el ejercicio y uso del segundo grado de jurisdicción o instancia. La apelación, más que ser vista desde la óptica del segundo grado, habría que considerarla como el Zeus de los procesos agotados en primer grado y que como justicia ciega hace honor a Temis, ya que en su esencia procura proteger y equilibrar el derecho de las personas que de una u otra forma recurren a la justicia en busca o procura de soluciones justas o no lesivas. Los sustentantes de este ensayo jurídico no han pretendido plasmar, de ningún modo tesis absolutistas sino mas bien provocar o desencadenar inquietudes y participaciones, tanto sumatorias como aclaratorias, a los fines de engrosar los conocimientos tanto de si mismos como los de las personas que tomen parte del mismo de manera directa o indirecta.

Requisitos: 1-Requisitos generales de validez de los actos jurídicos: Cuando aquella realiza una liberalidad, no está sujeta a los requisitos de formas de las donaciones. Estos son el consentimiento, objeto y causa.

2- Requisitos individuales de validez de los actos jurídicos II.-) La promesa de hecho ajeno.

Concepto: A esta institución se refiere el Art. 1122 del Código Civil3. Se trata de aquellos casos en que una de las partes contratantes (denominada promitente), se compromete con la otra (acreedor o prometido) a que un tercero, de quien no es representante, dará, hará o no hará determinada cosa en su favor. Podemos afirmar entonces, que la promesa de hecho ajeno, no altera de ninguna forma las reglas generales de los contratos, ya que, a diferencia de la estipulación a favor de otro, donde el contrato genera ciertos efectos sobre el tercero beneficiario, no constituye una excepción al efecto relativo de éstos. En este caso, el tercero no contrae obligación alguna en virtud del contrato, principalmente porque no ha concurrido con su consentimiento. Como el artículo señala, el tercero sólo se obliga en virtud de su ratificación, que es el consentimiento con la obligación que se ha prometido por él, y sólo entonces nace su obligación, derivada de su propia voluntad.

Por la promesa de hecho ajeno sólo contrae obligación el que se comprometió a que un tercero haría, no haría o daría una cosa. Esta obligación del promitente es de hacer, y corresponde en definitiva a hacer que el tercero ratifique. En términos del profesor Abeliuk, esta institución sería, en consecuencia, una "modalidad especial de la prestación en la obligación de hacer, en que el objeto de ella es que el tercero acepte".4 Como hemos visto, en la promesa de hecho ajeno intervienen tres personas: promitente, quien contrae la obligación de hacer señalada; el prometido, y el tercero que será obligado una vez que ratifique. Y, al igual que en la estipulación a favor de otro, es indispensable que no medie representación, ya que en ese caso habría simple y directamente obligación para el representado.

Requisitos: La promesa de hecho ajeno, a diferencia de otras instituciones que se le asemejan, carece de solemnidades y es muy poco estricto en sus requisitos. No es posible establecer reglas generales, por lo que dependerán los requisitos del contrato de la especie de que se trate. Podemos decir entonces que es consensual, ya que el legislador no lo somete a ninguna solemnidad en especial. Respecto del tercero, deberá cumplir las exigencias necesarias para efectuar la ratificación; como la ley no ha definido en que consiste ésta, se ha fallado que "debe ser entendida en su sentido natural y obvio"5, y la constituirán "todos los actos del tercero que importen atribuirse la calidad de deudor que se le ha otorgado"6. La única imitación que han impuesto nuestros tribunales es que si la obligación versa sobre bienes raíces o derechos reales, la ratificación debe otorgarse por escritura pública.

Efectos:

1) Entre promitente y tercero: no hay efecto alguno, excepto lo que ellos hayan convenido para que el último ratifique.

2) Acreedor y el tercero: sólo tendrán lugar cuando éste ratifique. Dependerán de la clase de la obligación prometida (de dar, hacer o no hacer alguna cosa). Al otorgarse la ratificación, el deudor queda obligado como cualquier otro y procederá en su contra la ejecución forzada y la indemnización de perjuicio si no cumple.

3) Lo que nunca faltará en la promesa del hecho ajeno es la responsabilidad del promitente. Ya que contrae una obligación de hacer: obtener la ratificación.

Si el promitente no logra la ratificación, el acreedor no podrá obtener el cumplimiento forzado de la deuda, pues no habrá forma de exigir u obligar al tercero a que ratifique. Por ello es que el Art. 1450 da acción al acreedor para obtener que el promitente le indemnice los perjuicios del incumplimiento; es su único derecho.

Es posible que se presente una situación dudosa al respecto, en el caso de que la obligación prometida pueda cumplirse por el propio promitente u otro tercero distinto del ofrecido en el contrato. ¿Estaría en este caso el acreedor obligado a aceptar esa forma de cumplimiento? En primer lugar, podemos decir que no será lo frecuente, ya que por lo general se recurre a la promesa de hecho ajeno considerando una cualidad especial del tercero. Por otro lado, no sería posible obligar a aceptar otra forma de cumplimiento en virtud del Art. 1450 que categóricamente señala el efecto de la no ratificación, y el principio de la identidad del pago que consagra el Art. 1569 del Código Civil7: el acreedor no puede ser obligado a recibir otra cosa que la debida, y el pago debe hacerse "bajo todos los respectos" en conformidad al tenor de la obligación.

Respecto a los perjuicios que debe indemnizar el promitente en caso de no obtener la ratificación del tercero, pueden ser prefijados en el contrato en que se prometió el hecho ajeno mediante una cláusula penal. No hay inconveniente que en la promesa del hecho de tercero, las partes fijen de antemano el monto de la indemnización que pagará el promitente al acreedor si aquel no ratifica. Respecto a esto, el Art. 1536 inc. 2° del Código Civil8 establece que al prometer por otra persona, en caso de incumplimiento, valdrá la pena, aunque la obligación principal no tenga efecto por la falta del consentimiento de ese tercero.

Conclusión

La apelación más que vista desde la óptica del segundo grado habría que considerarla como la supervisora de los procesos agotados en primer grado grados en justicia y que siendo lo más objetivo posible funciona pretendiendo proteger el derecho de las personas en busca o procura de soluciones justas. Nosotros no pretendemos establecer de ningún modo que la apelación es infalible, sino mas bien crear la orientación entre nuestros compañeros y quienes lean este trabajo de la gran importancia de manejar este recurso para el desarrollo de nuestra carrera en el futuro y para el bien de nuestros futuros clientes.

Bibliografía

• Pérez Méndez, Artagnan (1989) Procedimiento Civil, 4ta. Edición taller Isabel La Católica 309, Santo Domingo, República Dominicana

• Vidal Piantini y Potentini, Salvador (2009) Código de Procedimiento Civil, 9na. Edicion Editora Solís, Moca, República Dominicana.

Anexos de un Recurso Apelación de un caso real: A LA MAGISTRADA JUEZA PRESIDENTA Y A LOS DEMAS JUECES QUE INTEGRAN LA CORTE DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SANTIAGO.

DE : R. G.

ABOGADO: ING.+LIC. YUNIOR ANDRÉS CASTILLO S.

CONTRA : Empresa LA PRECASA ABOGADO: LIC. PENÉLOPE SÁNCHEZ. ASUNTO : ESCRITO DE DEFENSA. REFERENCIA : RECURSO DE APELACIÓN DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, INTERPUESTO POR LA EMPRESA RECASA Y EL SR. JAIME REYES EN CONTRA DE LA SENTENCIA LABORAL No.143-2014, DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2014, RENDIDA POR LA PRIMERA SALA DEL JUZGADO DE TRABAJO DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO.

HONORABLES MAGISTRADOS: El abogado que suscribe, Licenciado ING.+LIC. YUNIOR ANDRÉS CASTILLO S., dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0000000-0, abogado de los Tribunales de la República, inscrito en el Colegio de Abogados de la República Dominicana con Matrícula No. 10872-666-15, con estudio profesional abierto en la segunda planta del edificio marcado con el número cuarenta y seis (46) de la calle Mella I, de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, donde mi representado hace formal y expresa elección de domicilio para los fines y consecuencias legales del presente escrito, actuando a nombre y representación del señor R. G. dominicano, mayor de edad, soltero, domiciliado y residente en la casa 27, No. 39, Carretera Duarte, Palmar, Villa González, tiene a bien exponer lo siguiente:

POR CUANTO: Que el señor CARLOS TORIBIO, mediante instancias de fechas 5 y 25 de enero del año 2001, respectivamente, presentó formales demandas en reclamación de prestaciones laborales, derechos adquiridos como consecuencia del despido injustificado de que fue objeto y por no pago y no inscripción en el I.D.S.S. y daños y perjuicios en contra de los recurrentes de la cual resultó apoderada la Primera Sala del Tribunal de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago.

POR CUANTO: Con motivo de dicha litis, la jueza apoderada dictó la Sentencia Laboral No. 143-2003, de fecha 09 de julio del año 2014, cuyo dispositivo copiado a la letra dice:

"FALLA:" PRIMERO: Se acogen las demandas incoadas por el señor R. G., en contra de la empresa LA PRECASA, con las excepciones precisadas, por reposar en base legal; consecuentemente, se declara resuelto el contrato de trabajo que los unía a las partes por despido injustificado;.———————————————————————– SEGUNDO: Se condena a la empresa LA PRECASA, a pagar a favor del señor R. G; lo siguiente: 1) La suma de cuatro mil quinientos ochenta pesos (RD$ 4,580.00), por concepto de 28 días de preaviso; 2) La suma de tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos (RD$3,435.00), por concepto de 21 días de auxilio de cesantía; 3) La suma tres mil pesos (RD$3,000.00), por concepto de parte proporcional del salario de navidad; 4) La suma de veinte y un mil seiscientos pesos (RD$21,600.00), en aplicación del artículo 95, ordinal 3º del Código de Trabajo; 5) La suma de veinte mil pesos (RD$20,000.00), monto a reparar los daños y perjuicios sufridos experimentados.———— TERCERO: Se ordena tomar en cuenta el valor de la moneda entre la fecha de la presente demanda y la del pronunciamiento de la presente sentencia, acorde con lo que especifica el artículo 537 del Código de Trabajo;—————————————————————— CUARTO: Se Condena a la empresa LA PRECASA, al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en provecho del LICENCIADO ING.+LIC. YUNIOR ANDRÉS CASTILLO S, abogado quien afirma estarla avanzando en su mayor parte.— Y POR ESTA NUESTRA SENTENCIA, ASI SE PRONUNCIA, ORDENA, MANDA Y FIRMA .————————————————————————————————– POR CUANTO: Inconforme con el referido fallo, en fecha 07 noviembre del 2003, la empresa Recasa y el señor Jaime Reyes, por conducto de su abogado constituido y apoderado especial depositó en la Secretaría de ese Honorable Tribunal el recurso de apelación en contra de la sentencia de referencia.

POR CUANTO: Mediante Acto No.3112-20143, de fecha 08 de octubre del año 2014, instrumentado por el Ministerial Juan Carlos José Peña, Alguacil Ordinario de Estrados de la Tercera Sala del Tribunal de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, actuando a requerimiento de la parte recurrida, le fue notificado a los recurrentes la sentencia objeto del presente recurso de apelación.

POR CUANTO: Mediante Acto No.788-2014, de fecha 19 de noviembre del año 2014, instrumentado por el Ministerial Heriberto Ant. Luna Espinal, Alguacil Ordinario de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, actuando a requerimiento de la Secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, le fue notificado al exponente el recurso de apelación de que se trata.

POR CUANT O: En fecha 04 de octubre del año 1999, el recurrido comenzó a prestar sus servicios de obrero, mediante contrato de trabajo por tiempo indefinido.

POR CUANTO: En fecha 07 de noviembre del año 2010, tuvo lugar la ruptura del contrato de trabajo como consecuencia del despido injustificado de que objeto el recurrido por parte de su ex-empleador.

POR CUANTO: A la fecha de la terminación de su contrato de trabajo el recurrido tenía una antigüedad de UN (1) AÑO, UN (1) MES Y TRES (3) DIAS, percibiendo una salario de R.D.$.900.00, semanales.

POR CUANTO: Por medio de esta instancia el recurrido presenta sus reparos al recurso de apelación antes indicado y deposita conjuntamente los documentos que hará valer en apoyo de sus pretensiones, siendo estos los siguientes:

1.-) Fotocopia de la certificación de fecha 22 de enero del año 2001, expedida por el I.D.S.S; 2.-) Fotostática del Poder de Cuota Litis de fecha 15 de Mayo del año 2001; 3.-) Fotocopia de la Sentencia Laboral No. 143-2003, de fecha 09 de julio del año 2003, rendida por la Primera Sala del Tribunal de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago; 4.-) Fotostáticas de las Actas de Audiencias Nos.3025 y 419, de fechas 18 de septiembre del 2001 y 7 de mayo del 2002, rendidas por la Primera Sala del Tribunal de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago; 5.-) Fotostáticas de las demandas introductivas de instancias de fechas 5 y 25 de enero del año 2001; 6.-) Fotostática del Acto No.3112-2003, de fecha 08 de octubre del año 2003, Instrumentado por el Ministerial Juan Carlos José Peña, Alguacil Ordinario de Estrados de la Tercera Sala del Tribunal de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago; POR CUANTO: El recurrido conforme a las disposiciones del artículo 544 y 631 del Código de Trabajo, se reserva el derecho de presentar en el futuro, cualquier documento que la actualidad no esté en su poder o que desconozca su existencia; POR CUANTO: En el conocimiento del presente caso, el tribunal a-quo hizo una correcta interpretación de los hechos y una buena aplicación del derecho en declarar injustificado el despido de que fue objeto el recurrido; además, condenando a los recurrentes a daños y perjuicios por los daños sufridos por el exponente por el no pago de sus derechos adquiridos y no inscripción en el Seguro Social tal y como consta en la sentencia antes mencionada, máxime, que su dispositivo se fundamento en los elementos de pruebas que fueron sometidos al debate; por lo que, procede ratificar en todas sus partes la sentencia recurrida.

POR CUANTO: Es un principio admitido por la ley, jurisprudencia y la doctrina, el amplio poder que se otorga a los jueces de trabajo en la ponderación y aceptación de las pruebas que son sometidas a su consideración.

POR CUANTO: La parte recurrida ofrece probar por ante esa Honorable Corte de Trabajo, todos y cada uno de los hechos que contestan el recurso de apelación interpuesto por las partes recurrentes y que justifican su escrito inicial de demanda y por ende la sentencia recurrida.

POR CUANTO: En virtud del artículo 130 del Código de Procedimiento Civil y 504 del Código de Trabajo, toda parte que sucumbe en una instancia debe ser condenada al pago de las costas del procedimiento y éstas distraídas en provecho de los abogados que afirman estarlas avanzando en su totalidad.

POR TODAS ESTAS RAZONES y por las que puedan ser suplidas por los Honorables Magistrados que integran la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el señor RENE GOMEZ, por conducto de infrascritos abogados, os ruega fallar:

PRIMERO: RECHAZAR en todas sus partes por improcedente, mal fundado y carente de base legal, el recurso de apelación depositado en fecha 07 de noviembre del año 2003, en la Secretaría de esta Corte de Trabajo por parte de la empresa LA PRECASA en contra de la Sentencia Laboral No. 143-2014, de fecha 09 de julio del año 2003, dictada por la Jueza Presidenta de la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago. En consecuencia, CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia recurrida.

SEGUNDO: CONDENAR al empresa LA PRECASA, al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción en provecho del Licenciado ING.+LIC. YUNIOR ANDRÉS CASTILLO S. abogado que afirma estarlas avanzando en su mayor parte o totalidad. BAJO LAS MAS AMPLIAS RESERVAS DE DERECHO.

Es de justicia lo que os pide y piensa merecer, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, Municipio y Provincia de Santiago, República Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de Enero del año dos mil catorce (2014).

"NO A LA CULTURA DEL SECRETO, SI A LA LIBERTAD DE INFORMACION"®

Autor:

Ing.+Lic. Yunior Andrés Castillo S.

www.edu.red/usuario/perfiles/ing_lic_yunior_andra_s_castillo_s/monografias

Página Web: yuniorandrescastillo.galeon.com

Santiago de los Caballeros,

República Dominicana, 2015.