Antecedentes históricos de la crisis del medio ambiente
Primeros pasos de la toma de conciencia: El llamado Club de Roma y la Conferencia de Estocolmo (1972).
A partir de los años 70, la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano (1972) marca el comienzo definitivo del acceso y manejo de los problemas ambientales por parte de la comunidad internacional, por lo que comienza a crearse una conciencia ecológica y en este caso, el llamado Club de Roma, contribuyó con sus publicaciones a difundir preocupación por el medio ambiente, ocupando un creciente espacio en la literatura científica donde quedó aclarada la esencia del problema ambiental como el peligro al agotamiento de recursos naturales no renovables, el arribo a una relación hombre–recursos naturales muy desfavorable, debido al crecimiento demográfico mundial especialmente de los países subdesarrollados, y la eventualidad de que el mundo llegue a niveles muy elevados de contaminación ambiental, entre otros males, como resultado de la puesta en práctica de modelos y estilos de desarrollo contrarios a la preservación del medio.
Para dar respuesta a esta incipiente preocupación por los problemas ambientales internacionales, fundamentalmente protagonizada por los países industrializados, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Vigésimo Tercer Período de Sesiones (1971), convocó a la celebración de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano. La Conferencia estuvo antecedida de dos sesiones preparatorias (una en marzo de 1971 y otra en febrero de 1972) y finalmente del 5 al 16 junio de 1972 se desarrolla con la participación de 113 países y una escasa presencia de jefes de Estado y gobiernos lo que no impidió que dicha Conferencia marcara un importante hito en el inicio del movimiento ambiental internacional.
Otros de los resultados de la Conferencia de Estocolmo es la designación del 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente y la expresa recomendación, ratificada posteriormente por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 2994, de 15 de diciembre de 1972, acerca de la creación del Programa de las Naciones Unidas para el medio Ambiente (PNUMA).
La Conferencia de Estocolmo ejerció una importante influencia sobre la opinión pública, al aumentar la conciencia y la comprensión de la fragilidad del medio ambiente en su relación con el hombre. Contribuyó al desarrollo de la educación ambiental, la difusión de informaciones y la capacitación (se produce a partir de ese momento el establecimiento de los primeros centros de capacitación ambiental en el ámbito nacional e internacional). Constituyó además, el punto de partida del desarrollo de numerosas legislaciones nacionales en materia de medio ambiente e impulsó la creación de ministerios, secretarías, comisiones y otras organizaciones a escala nacional particularmente dedicadas a la formulación y aplicación de las agendas ambientales. Esto también propició el desarrollo de nuevas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a todos los niveles, poniéndose en marcha diversos acuerdos internacionales importantes relativos a la cooperación en esta esfera.
La Conferencia de Estocolmo comenzó a mover la agenda ambiental internacional hacia los problemas de los países en desarrollo, los que aceptaron el proceso y lo apoyaron, así como trataron de, en lo adelante, elevar el perfil de los temas prioritarios y políticamente de mayor interés para los países más pobres. De ella se derivaron importantes encuentros internacionales, entre los que se destacan la Primera Conferencia Internacional del Agua, efectuada en Mar del Plata, Argentina, en 1975; la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, en Vancouver, Canadá, en 1976, y la Reunión de Naciones Unidas sobre Desertificación, en 1977.
Estocolmo identificó los principios básicos de la política y el derecho ambiental internacional, con lo que se sentaron las bases para su adecuación a las políticas nacionales.
A pesar de todo lo que significó esta Conferencia, el Plan de Acción propuesto fue incumplido como otros planes y programas, y, dada la insuficiente madurez de las relaciones de las relaciones internacionales en esta esfera, fue escaso su impacto en la comunidad internacional. Además, los principales indicadores ambientales continuaron su tendencia negativa después de Estocolmo. La deforestación, el agotamiento de la capa de ozono, la contaminación de las aguas, la degradación de los suelos y los fenómenos tendentes a la desertificación alcanzaron proporciones alarmantes en los años siguientes.
Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su resolución 38/161, de 19 de diciembre de 1983, estableció la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, a la cual encomendó la elaboración de un informe integral sobre las causas y consecuencias de la degradación ambiental en su relación con el desarrollo económico y social, y le pidió que identificara posibles vías de acción para mitigar y solucionar los principales problemas ambientales de la humanidad.
El informe de la Comisión, denominada Comisión Bruntdland, en honor de su presidenta, Gro Harlen Bruntdland, que en ese momento era ministra de Medio Ambiente de Noruega, posteriormente primer ministro de ese país, y en fecha más reciente Directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se presentó cuatro años más tarde (1987), bajo el nombre de "Nuestro futuro común", y se le reconoce como uno de sus principales resultados, la introducción y desarrollo del concepto de desarrollo sostenible.
Algunos de los elementos principales que caracterizan a este informe son los siguientes:
Se advertía que la humanidad debía cambiar sus modalidades de vida y de comercio, si no deseaba el advenimiento de una era con inaceptables niveles de sufrimiento humano y degradación ecológica.
Se señalaba que la economía mundial debía satisfacer las necesidades y aspiraciones legítimas de la población, pero que el crecimiento debía guardar consonancia con el carácter finito de los recursos del planeta.
Se exhortaba al inicio de una nueva era de desarrollo económico racional desde el punto de vista ecológico, y se declaraba que la humanidad contaba con la aptitud para lograr un desarrollo sostenible, definido como aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin socavar la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.[1]
Para el informe de la Comisión Bruntdland, alcanzar un desarrollo sostenible supone:
Un sistema político democrático que asegure a sus ciudadanos la participación efectiva en la toma de decisiones.
Un sistema económico capaz de crear excedentes y conocimientos técnicos sobre una base autónoma y constante.
Un sistema social que evite las tensiones provocadas por un desarrollo desequilibrado.
Un sistema de producción que cumpla con el objetivo de preservar el medio ambiente.
Un sistema tecnológico capaz de investigar constantemente nuevas soluciones.
Un sistema internacional que promueva modelos duraderos del comercio y las finanzas.
Un sistema administrativo flexible y capaz de corregirse de manera autónoma.
En cuanto a instrumentos legales internacionales se refiere, en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, pueden identificarse convenios y acuerdos que, desde el comienzo del siglo XX, se ocupan de manera más o menos directa de estos temas. La misma evolución del pensamiento internacional, que da origen a eventos de otra cualidad, como la Conferencia de Estocolmo, va propiciando el desarrollo de instrumentos legales más abarcadores que comienzan a reflejar la creciente preocupación por el deterioro del medio ambiente global, a saber:
1. La Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitad de aves acuáticas (Ramsar, Iran, 1971).
2. Convención sobre comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, CITES (Washington, D.C., 1973).
3. Convención sobre la conservación de especies migratorias de animales silvestres (Bonn, 1979).
4. El Convenio de Viena para la protección de la Capa de Ozono (1985) y el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (1987).
5. El Convenio de Basilea sobre el Control del Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos y su Eliminación (1989).
6. La Declaración de Nairobi de 1982.
7. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD, Río de Janeiro, 1992).
A pesar de los esfuerzos realizados por la comunidad internacional en esta etapa, los resultados no fueron alentadores pues los problemas ambientales continuaron agravándose cada vez más y lo veremos en lo adelante en los puntos que trataremos y en el nivel que adquirieron estos temas en las diferentes agendas internacionales y en las políticas nacionales asumidas por los países para atenuar los daños ocasionados al medio ambiente.
Como se puede observar, la problemática del agua aún era incipiente en esta etapa y no había adquirido la prioridad que posee en nuestros días, además, no se había tomado conciencia real de las consecuencias futuras.
Del Club de Roma a la Cumbre de Río (1992).
En 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su Resolución 44/228 convocó a la realización de una conferencia mundial sobre medio ambiente y desarrollo, paso que deriva de la maduración de las discusiones internacionales que, sobre todo a partir del informe de la Comisión Bruntdland, pusieron en evidencia una comprensión paulatina, pero constante, de las íntimas relaciones del desarrollo económico y social con el estado del medio ambiente.
Esta fue la antesala de lo que sería tanto la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD, Río de Janeiro, 1992)[2] como el incremento de las investigaciones y diagnósticos de la comunidad científica internacional sobre la situación del medio ambiente mundial y la evidencia de acusadas pautas de deterioro.
Los principales resultados de esta Cumbre Mundial se centran en la propia Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo[3]resultado de un complejo proceso negociador, en el que se llegó a "listar" más de 160 potenciales principios y se pretendió incluso materializar una especie de convención marco sobre medio ambiente y desarrollo. Esta Declaración permanece hoy como un referente constante en materia de derecho ambiental y ha contribuido de manera notable al desarrollo de sus principios en instrumentos legales globales, regionales y nacionales.
Por su parte, la Agenda o Programa 21 (Programa Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo) es un documento contentivo de un amplio catálogo de estrategias, programas y acciones orientados a detener e invertir los efectos de la degradación del medio ambiente, en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible al nivel mundial, regional, subregional y nacional.
La Agenda 21, principal producto del proceso de negociaciones internacionales previo y durante la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), resultó a la postre un magnífico esfuerzo que ha marcado de manera decisiva las negociaciones posteriores a esta Conferencia y las dotó de una cualidad superior. Los conceptos, metas y principios de la Agenda 21, recogidos en sus cuarenta capítulos continúan vigentes en lo esencial, por lo que fue expresión de la unidad de los países en desarrollo sobre puntos de vista fundamentales en su lucha por la equidad internacional, la denuncia de las desigualdades y la búsqueda de un nuevo orden más justo, en función de la integración de la protección del medioambiente al desarrollo económico y social de una manera sostenible.
La Agenda significó y significa además, un paso de avance en las percepciones, explicaciones y aproximaciones al desarrollo sostenible. No superada hasta el presente, es con seguridad el instrumento no vinculante con mayor influencia en las políticas ambientales y para el desarrollo sostenible, y, en definitiva, el principal referente de los resultados de la Cumbre de Río.
A esta Cumbre se le reconocen también otros resultados:
Convirtió los temas de medio ambiente y desarrollo en puntos clave de las agendas nacionales de los países y lleva a las esferas políticas la comprensión de la fragilidad del medio ambiente en su relación con el hombre.
En consonancia con lo anterior, produjo un amplio proceso de desarrollo de programas, planes y estrategias nacionales que adecuan la Agenda 21 a los más diversos contextos.
Por otra parte, propició el establecimiento y reforzamiento por muchos países de marcos políticos, institucionales y legales relativos al medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Contribuyó de modo decisivo al desarrollo de la ascendente espiral del incremento de la conciencia sobre la fragilidad de los ecosistemas y el medio ambiente general.
Albergó la apertura a la firma de importantes instrumentos jurídicos vinculantes, y es la base, de manera directa o indirecta, de la mayor parte de los que se desarrollan desde esa fecha.
Potenció el desarrollo a todos los niveles de nuevas organizaciones no gubernamentales.
Consagró, de modo definitivo, en la vida pública el concepto de desarrollo sostenible "lanzado" por la Comisión Bruntdland.
Teniendo en cuenta lo anterior así como la realidad de las actuales tendencias del desarrollo humano y considerando que en la generalidad de los procesos de este tipo siempre se derivan fracasos y obstáculos; puede advertirse que contrario a los propósitos de la CNUMAD, los años por venir van a estar caracterizados por:
La continuación de las tendencias negativas en la evolución del estado de los recursos naturales del planeta.
La falta manifiesta de los recursos financieros y las tecnologías necesarias, así como la escasa voluntad de los países desarrollados para revertir esta situación, como se pone claramente de manifiesto en el continuo declinar de la Ayuda Oficial al Desarrollo.
El incremento de los niveles de inseguridad alimentaria, particularmente en África.
La continuada tendencia hacia patrones de producción y consumo cada vez más insostenibles.
El incremento en la magnitud e impacto de los desastres causados por fenómenos naturales como resultado del incremento de las modificaciones antrópicas en el medio ambiente global.
Todo ello no quiere decir que el proceso preparatorio de la Cumbre de Río, y posteriormente la propia Conferencia, brindaron un importante impulso al desarrollo de nuevos instrumentos jurídicos internacionales de carácter vinculante en la esfera del medio ambiente y el desarrollo que, como rasgo general, se diferencian de los precedentes por tener objetivos más ambiciosos y transectoriales que apuntan hacia los principales problemas globales en estos campos.
Así mismo, el concepto de desarrollo sostenible logró una atención creciente y los convenios ganaron una dimensión mayor que viene a expresarse en la creciente aparición de aristas económicas y sociales.
Etapa posterior a la Cumbre de Río: Johannesburgo (2002)
Los diez años que siguieron a Río marcaron otra etapa cualitativa en la evolución internacional, regional y nacional de los problemas relacionados con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
La Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 26 de Agosto al 4 de Septiembre, 2002), se desarrolló en cumplimiento de la Resolución 199 del 55mo Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada en Diciembre del año 2000, mediante la cual se acordó realizar una evaluación de lo ocurrido en materia de desarrollo sostenible en el tiempo transcurrido desde la Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra, como también se le conoce.
Al respecto, la Asamblea General de las Naciones Unidas advirtió que el enfoque hacia esta Cumbre debía fundarse en la identificación de lo logrado en este lapso, pero en particular en las áreas que requiriesen de mayores esfuerzos para implementar la Agenda 21, ya mencionada anteriormente, y otros resultados de la Cumbre de la Tierra y advirtió que el proceso también debía resultar en un renovado compromiso político para alcanzar el desarrollo sostenible. De este modo se esbozaban los dos principales productos esperados de Johannesburgo: un Plan de Implementación y una Declaración Política.
Comienza a desarrollarse la Cumbre en la fecha prevista y dentro de los discursos de apertura sobresale el del presidente de Sudáfrica, señor Thabo Mbeki, quien caracterizó la creciente brecha entre ricos y pobres en el mundo como un "apartheid global".
De hecho, en esta Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, el agua fue un tema muy debatido, pues este recurso llegó a la magna cita con los alarmantes índices de alrededor de 1 100 millones de personas que no tienen acceso seguro a agua potable, a la vez que 2 400 millones carecen o poseen insuficientes instalaciones sanitarias, y más de 2, 2 millones de personas, fundamentalmente niños, mueren en los países en vías de desarrollo por el consumo de agua contaminada.
Tras largos y enconados debates, la Cumbre finalmente logró cumplir sus metas formales, al conseguir la aprobación del Plan de Implementación y la Declaración Política.
En lo que al Plan respecta, este contiene varios capítulos:
Introducción, Erradicación de la Pobreza, Modificación de las modalidades insostenibles de consumo y producción, Protección y gestión de la base de los recursos naturales para el desarrollo económico y social, El desarrollo sustentable en un mundo en vías de globalización, La salud y el desarrollo sustentable, Desarrollo sustentable de los pequeños Estados insulares en desarrollo, Iniciativas de desarrollo sustentable para África, Otras iniciativas regionales, Medios de ejecución y el Marco institucional para un desarrollo sustentable.
Por su parte la Declaración Política, denominada "Declaración de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible", no fue un documento negociado a fondo, en tanto la tardía culminación del plan de Implementación limitó de tal forma el tiempo que apenas hubo oportunidad para circularla para consultas informales.
La Declaración parte de establecer un nexo entre Estocolmo, Río y Johannesburgo. Identifica los retos que están ante la humanidad y confirma el compromiso de los países para con el desarrollo sostenible, pone énfasis en la importancia del multilateralismo y concluye con un llamado de acción.
En los resultados de Johannesburgo, cabe destacar, en primer término, que centrar la atención en el desarrollo sostenible es un aporte práctico de la Cumbre. Como resultado de ello, los temas sociales y económicos estuvieron muy presentes, lo que propició un balance mayor entre los llamados tres pilares del desarrollo sostenible, a saber, el económico, el social y el ambiental.
Otro aspecto en el que si bien la Cumbre no logró marcar un avance espectacular, sí logró confirmar importantes posiciones, es el referido al multilateralismo. Como ya se mencionó, el papel del multilateralismo, de las instituciones de las Naciones Unidas, e incluso de los gobiernos, estuvo bajo cuestionamiento en Johannesburgo. Por eso resulta muy importante que la Declaración Política aprobada haya expresado enfáticamente que el multilateralismo es el futuro y haya consagrado toda una Sección al desarrollo de esta idea.
Por otra parte, en una década durante la cual la globalización manejó las cartas del triunfo y prevaleció sobre el concepto de desarrollo sostenible, un mérito innegable de Johannesburgo consiste en haber colocado nuevamente el desarrollo sostenible en el centro de la atención global.
Tampoco puede perderse de vista que la Cumbre de Johannesburgo se desarrolló en un contexto político y económico internacional dramáticamente diferente al de Río en 1992. En Río había cierta euforia y optimismo sobre las potencialidades de la cooperación internacional y el logro de una voluntad política real para enfrentar de manera conjunta, entre el Norte y el Sur, los retos y desafíos que tenía ante sí la humanidad como consecuencia de la explotación irracional de los recursos naturales y la degradación medioambiental. El trasfondo político estaba marcado por las promesas y las ilusiones de un mundo diferente tras el fin de la Guerra Fría y de la confrontación Este-Oeste.
En Johannesburgo muchos de estos paradigmas habían cambiado o estaban siendo cuestionados por el Norte industrializado. El proceso de globalización, modelado y conducido bajo los esquemas neoliberales, alienta y promueve un patrón de desarrollo y modelos de producción y consumo que se contraponen radicalmente a los principios básicos que fueron recogidos en la Declaración de Río y en la Agenda 21.
No obstante, la Cumbre de Johannesburgo tuvo una connotación especial, que explica, en última instancia, el enorme interés y las expectativas que planteó. Por un lado cierra todo un decenio que se inició en Río de Janeiro (1992), a la que sucedieron otras grandes Conferencias Internacionales (Población y Desarrollo, derechos Humanos, Desarrollo Social, Mujer, Infancia, Racismo y Discriminación Racial, entre otras) y por otro lado abre el camino hacia una nueva agenda internacional basada en la revisión del cumplimiento de los compromisos y metas que aquellas se trazaron.
La Cumbre convocada bajo la premisa del desarrollo sostenible, sintetizó en este concepto, además, una visión más integral y abarcadora del desarrollo, sustentado en lo económico, lo social y la protección ambiental.
Sin embargo, como resultado de la fuerte confrontación Norte-Sur, así como por las propias limitaciones que impone la situación del mundo, no se podía esperar de Johannesburgo una solución a los problemas actuales, y menos aún compromisos concretos más allá de los alcanzados en Río, 1992. En suma, el contexto político y de poder en nuestros días, unido a la globalización neoliberal, conducida y protegida por el Norte desarrollado, se contrapone con muchos de los principios básicos recogidos en la Declaración y el Programa de Río, lo que se evidenció en el interés de los países industrializados por revisarla y adicionar nuevas condicionalidades. Lo que estaba entonces en juego para los países en desarrollo en Johannesburgo, era al menos preservar las conquistas de Río, 1992 y esto se logró.
Por su parte, el agua, se irá convirtiendo en obligado punto de referencia de las futuras reuniones mundiales donde se aborden los problemas globales que afectan a la Humanidad y la seguridad humana, y cada vez más ocupará un lugar central en estas discusiones.
El agua y los conflictos entre naciones
Evolución de la problemática del agua
"Una de las grandes contradicciones de la naturaleza humana es que apreciamos las cosas solo cuando escasean", estas declaraciones del subsecretario de Naciones Unidas a propósito de los problemas con el agua, describe fielmente el estado de las cosas. El tema del agua ha regresado a los primeros planos del interés internacional y la mayoría de los países lo tratan como un "recurso estratégico". De ahí el vaticinio que EE.UU y los demás países miembros del exclusivo Club del Grupo de los Siete (G-7), no desatarán las guerras en el 2015 por el petróleo, sino por el control del agua potable.
El agua cubre más del 70% de la superficie total del planeta. Un 97% es agua salada y tan sólo un 3% es agua dulce. El declive de los ecosistemas de agua dulce se está convirtiendo en un problema importante que puede ser causa de numerosos conflictos en y entre Estados, y que puede afectar a regiones donde este bien es escaso. Este recurso natural se encuentra al límite de su explotación, ya que, aunque es renovable, también es limitado y muy vulnerable a los efectos de la acción humana. Hasta ahora, como era considerado un recurso inagotable y con un acceso sólo limitado por las técnicas de ingeniería, ha sido sometido a prácticas de consumo irresponsables.
El consumo mundial de agua tuvo un vertiginoso crecimiento desde 1950. El aumento general del nivel de vida en todo el mundo hizo que la demanda de agua creciese más rápido que la población. El sector agrícola utiliza un 69% del agua, el industrial un 21%, en usos urbanos se emplea el 6% y las pérdidas de embalses se calculan en un 4%[4] (Ver Anexo No 1). El mayor porcentaje de utilización del agua, tendencia que va en aumento, se destina a la irrigación. Durante este siglo la cantidad de agua usada para el riego en la agricultura se ha multiplicado por diez. Es un proceso en el que se desperdicia mucha agua, ya que una gran parte no llega a su destino o resulta contaminada antes de volver al acuífero o al sistema fluvial superficial en donde se reintegra. También puede producir importantes daños ambientales, pero bien gestionado, si se evitan las pérdidas innecesarias, puede dar beneficios, ya que generalmente aumenta e intensifica la productividad de las cosechas. Durante los próximos 30 años, un 80% de los alimentos para el aumento de población previsto, provendrá de la agricultura irrigada. De los 5.600 millones de personas que constituyen la población mundial, más de 1.000 millones no tienen acceso a agua limpia y salubre, mientras que otros 1.700 millones carecen de acceso a medios de saneamiento adecuados.
Según la Organización Mundial para la Salud (OMS), en 1986, el agua insalubre causaba la muerte de 27.000 personas diariamente en el mundo. Veintiséis países, en su mayoría de África y Oriente Medio, aunque también algunos europeos como Holanda, son deficitarios en agua. Muchos de ellos poseen elevadas tasas de crecimiento demográfico, lo que agudiza sus problemas de suministro[5]En algunas regiones la disponibilidad de este recurso ya ha alcanzado la denominada barrera del agua, que define el uso mínimo aproximado del agua necesaria para un buen nivel de vida en una nación desarrollada moderadamente eficiente, estimado en 1.000 metros cúbicos por persona y año. Algunos países ven afectado su desarrollo industrial por la falta de agua dulce. En ocasiones esta escasez es la causa principal y única de su estancamiento económico. Este hecho aumenta las tensiones entre naciones con abundancia de agua y naciones con escasez. Redistribuir económicamente el agua, un recurso sin sustitutos, resulta difícil.
La denominada crisis del agua afecta especialmente a determinadas regiones del planeta, como el Norte de África, Oriente Medio, China. Se trata de una crisis con efectos locales, aunque con implicaciones en la seguridad y política regionales, que tiene impacto en zonas áridas o semiáridas, con un alto índice de crecimiento de población. Presenta un carácter multifacético, en el sentido de que, dependiendo del país o región de que se trate, variarán sus efectos: mientras en las mega ciudades del Tercer Mundo conlleva grandes problemas de saneamiento y salubridad de las aguas, en otros lugares más desarrollados frena o impide el crecimiento industrial. Implica grandes cambios sociales y pone a prueba la capacidad de las sociedades afectadas para adaptarse y resolver los prácticamente inevitables conflictos internos que surgirán como consecuencia del cambio.
El factor determinante es la escasez del recurso, pero también influyen otras circunstancias como la aridez del terreno, la sequía, la desecación de zonas húmedas o el aumento de demanda. Todos estos factores pueden actuar conjuntamente. Los dos primeros están relacionados fundamentalmente con el clima, mientras que en los últimos la acción humana resulta decisiva. Los países desarrollados y los no desarrollados se enfrentan a este problema de forma muy distinta: unos pueden hacer grandes inversiones en tecnología y gestionar modernos sistemas de tratamiento y reutilización del agua. Para otros, no hay otra posibilidad que limitar poco a poco el consumo de agua dulce hasta el máximo, lo que implica un desarrollo menor, o consumen agua ya utilizada sin depurar, con los riesgos que conlleva.
En otro orden de cosas las Naciones Unidas estiman que la desertificación reduce la fertilidad del suelo del planeta y provoca pérdidas de productividad que en algunas regiones pueden alcanzar el 50 %. Adicionalmente, amenaza la cuarta parte de las tierras totales del planeta así como la subsistencia de más de 1.000 millones de seres humanos en 100 países. Atenta contra el equilibrio macro-ecológico global -especies animales y vegetales que desaparecen- y presiona a comunidades enteras- en el 2004 se hablaba de 135 millones de personas que podrían verse obligadas a abandonar sus tierras a corto y mediano plazo.
Las consecuencias humanas de tal fenómeno van más allá de la simple radiografía productiva. Agrava la ya de por sí debilitada seguridad alimenticia; acrecienta el efecto del hambre y la pobreza; se perfila como fuente adicional de tensiones sociales, políticas y militares, factores todos que en un circuito infernal y cerrado provocarán, a su vez, más y más degradación ambiental. Un verdadero callejón sin salida…
"En la política del poder está la raíz del conflicto", afirma Gleick. Quien tiene el control sobre un recurso escaso, como el agua, tiene poder. De esta manera, este bien puede ser objetivo de acciones militares en disputas por el poder político y económico. Además, como el agua es un recurso que fluye y no respeta fronteras, suele ser un bien compartido por distintos actores y poderes.
El 47% de la extensión de tierra poblada en el planeta se sitúa en las cuencas de ríos internacionales y casi 50 países de los cuatro continentes tienen más de tres cuartos de su extensión total en dichas cuencas. Hay 217 cuencas internacionales, compartidas por varios países, incluyendo 57 en África y 48 en Europa[6]Esto quiere decir que casi el 40% de la población mundial vive alrededor de ríos internacionales. Dos mil millones de personas dependen de una cooperación, por ahora casi inexistente, que les asegure el suministro compartido de ese recurso vital. El agua dulce ha estado y está presente en numerosos conflictos entre países, ya sea como causa, medio o fin. "Luchamos por tener acceso al agua, usamos el agua como instrumento y arma de guerra, y tomamos como objetivos las instalaciones hidráulicas de nuestros enemigos".
Los conflictos por el agua
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en su Principio No 24 establece que: "La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En consecuencia, los estados deberán respetar las disposiciones del Derecho Internacional que protegen el medio ambiente en épocas de conflicto armado, y cooperar en su ulterior desarrollo según sea necesario".[7]
Por su parte la Agenda 21, el Programa de Acción surgido de la Conferencia de Río, en su capítulo 18, relativo a la protección de la calidad y suministro de agua potable, contempla como objetivos internacionales el suministro de agua potable de calidad y generalizado a todas las poblaciones del planeta.
Como instituciones y mecanismos internacionales, dentro del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, se creó la Unidad de Agua Potable, encargada de:
Promover la utilización y manejo integral del agua.
Mejorar la calidad ambiental e intensificar el desarrollo socio – económico ambientalmente sustentable de los recursos hídricos.
Promover talleres y cursos de capacitación, elaboración de materiales y difusión de tecnologías adecuadas para facilitar el uso y manejo sustentable e los recursos hídricos, fundamentalmente los compartidos internacionalmente.
Sin embargo, con el ánimo de promover instrumentos internacionales que protejan los recursos hídricos, y para ganar y generar instrumentos más amplios que sean obligatorios para los Estados, algo se ha hecho:
Reglas de Helsinki sobre los usos de las aguas de los ríos internacionales.[8] Sin que gocen de ninguna fuerza vinculante, el documento, que consta de 37 artículos, puede ser de utilidad para definir criterios generales que podrían ser asumidos por los Estados, relativos a: navegación, disminución de la contaminación, utilización de las aguas para riego, transporte de madera, etc…, en los ríos internacionales. En este sentido, en su artículo IV señala que: cada Estado–cuenca tiene derecho, dentro de su territorio, a una participación equitativa y razonable en los usos beneficiosos de las aguas de una cuenca hidrológica internacional. Bajo este contexto, se estaría hablando de un uso razonable de las aguas de dicha cuenca, a fin de asegurar la protección del derecho igualitario de todos los Estados cuenca a compartir las aguas.
Principios de conducta en materia ambiental para la guía de los Estados en la conservación y utilización armoniosa de los recursos naturales compartidos por dos o más Estados. Este instrumento, si bien no es de carácter obligatorio, resulta interesante destacar que fue adoptado en el seno del Consejo de Gobierno del PNUMA.
Las disposiciones adoptadas por las Naciones Unidas en Estocolmo en el año 1972 es la prueba del nacimiento de un derecho internacional del Medio Ambiente. Debido a que la guerra aumenta las probabilidades de causar daño al ecosistema, es legítimo pensar que suceda lo mismo en situaciones de conflictos armados. Fue por ello que la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de 1996 recordó la importancia que se le debía conceder a la protección del Medio Ambiente en período de conflicto. De esta forma el Agua gozaría de cierta protección gracias al estatuto otorgado al medio ambiente, en tanto que elemento indispensable del ecosistema. Es importante resaltar además que la lógica que impera para la protección del medio ambiente en período de conflicto armado es similar a la del régimen del agua.
Existen dos instrumentos fundamentales que de manera incidental protegen el recurso acuífero en caso de conflicto armado. Nos referimos al Protocolo I, en particular sus artículos 35, párrafo 3 y 55, que constituyen los elementos esenciales del régimen relativo al medio ambiente, así como la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles, del 10 de diciembre de 1976.[9]
En las disposiciones del Protocolo I, el artículo 35, párrafo 3 considera la protección del medio ambiente como tal, desde la perspectiva de los métodos y medios de guerra, pero no se trata sólo de proteger el medio ambiente natural contra el empleo de armas o técnicas dirigidas deliberadamente contra el medio, ni de proteger únicamente a la población y a los combatientes de los países en guerra contra todos los efectos de este tipo, sino de proteger el medio ambiente como tal, con todos los factores y elementos asociados a él. [10]
El artículo 55, por su parte, tiene como objeto la protección de la población civil, garantizar la salud o supervivencia de la población civil involucrada en los conflictos. Es por ello, que ambos artículos involucran implícitamente la protección del agua, a la vez que puede afirmarse que evita que el agua sea utilizada como objetivo y arma de guerra.[11]
Veamos el agua como elemento de conflicto:
– Agua como causa: la relación entre la disponibilidad de agua de un país, su población y el nivel de desarrollo deseado puede generar tensiones entre países con mayor o menor poder sobre este recurso.
– Agua como medio: cada vez es mayor la utilización de instrumentos no militares con fines bélicos. En la tentación de utilizar el agua de esta manera influye la mayor o menor vulnerabilidad de un país a la interrupción de su suministro, así como su situación.
– Agua como fin: cuanto mayor es la escasez de agua en una región o un país, mayor valor tienen sus sistemas de recursos hidráulicos como objetivos de agresión militar. [12]
Para valorar en qué medida un país es vulnerable a los conflictos que tienen su origen en la escasez de agua hay que tener en cuenta también sus posibilidades de suministro, su demanda, el origen del abastecimiento, la dependencia de energía hidroeléctrica y sistemas de riego, así como la solidez de su sistema político e institucional.
Es evidente entonces que hay muchos factores que nos sitúan ante un posible escenario de agotamiento de este recurso, como son:
El crecimiento poblacional desmedido. [13]
La sobreexplotación de los recursos acuíferos.
La falta de una conciencia ciudadana sobre el significado del agua.
Pudiéramos añadir a las crecientes tendencias de crecimiento demográfico y a las numerosas gargantas sedientas en el futuro debido a la propagación de las sequías por erosión, el aumento de la temperatura del planeta y otros desastres causados por el progreso de la Humanidad. Estos factores han incidido que en aquellos lugares donde el líquido vital escasea se han establecido focos de conflicto al no satisfacerse la demanda que todo grupo poblacional numeroso exige.
A medida que la población crezca y los recursos hídricos escaseen, los conflictos por el agua se intensificarán, a menos que se alcancen acuerdos internacionales para la gestión compartida de estos recursos. Como las más importantes cuencas fluviales del mundo atraviesan varios países, los acuerdos sobre gestión y protección de los recursos de agua dulce suelen darse a este nivel.
Entre los países desarrollados existe una mayor regulación, que ayuda a gestionar los eventuales conflictos, cuyo origen son disputas sobre los recursos. En los países en desarrollo, en cambio, ocurre lo contrario. Los Estados cuyo abastecimiento de agua depende únicamente de la buena voluntad de sus vecinos, al encontrarse la fuente del recurso fuera de sus fronteras, están en una posición débil a la hora de negociar acuerdos, sobre todo en situaciones de escasez. En la Unión Europea existen regulaciones en relación con los recursos hídricos compartidos, especialmente sobre la calidad del agua, que restringen los derechos de los países dentro de sus fronteras. El hecho de que en este espacio se acepte esta legislación transnacional restrictiva da esperanzas sobre la posibilidad de que iniciativas similares funcionen en otras áreas del mundo.
A escala global, las dificultades son mayores. Hasta ahora el Derecho Internacional Ambiental se ha ocupado de regular la protección de los recursos naturales a posteriori, es decir, trata de limitar los daños ecológicos que se derivan de conflictos o guerras. Ahora ya es necesaria la prevención. Al realizar una revisión cronológica de los instrumentos jurídicos que se han elaborado durante las últimas décadas, se aprecia un creciente interés por regular y proteger los ecosistemas de agua dulce. Algunos avances son los siguientes:
La Década Hidrológica Internacional, coordinada por la UNESCO, 1965.
En 1966 la Asociación de Derecho Internacional (ILA) elaboró las Normas de Helsinki, ya mencionadas anteriormente, y presentó unos principios generales de aplicación a los recursos hídricos, como el de equidad, sobre la utilización y reparto equitativo de los beneficios del agua.
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