Volvamos a 1985: Alan García creía que la inflación no se debía a una falta de oferta, sino más bien a que el Estado se había visto obligado a subir el precio de bienes y servicios básicos (en especial el de la gasolina) para pagar la deuda:
La existencia de un gran exceso de capacidad instalada en la industria peruana era en sí indicativo de que la demanda no era el problema. El Perú había sufrido en 1983 la peor recesión que se recordara, pero la inflación, en vez de caer, se había acelerado
A través de la reactivación de la economía nacional se esperaba salir de círculo vicioso heredado por Belaúnde y entrar a un círculo virtuoso: A más crecimiento económico, más recaudaciones tributarias. A más recaudaciones tributarias, más posibilidades de cubrir el déficit fiscal.
El Perú no estaba solo con este experimento heterodoxo. Casi al mismo tiempo, Argentina había implementado el Plan Austral, parecido en muchos aspectos al modelo peruano. Pero Argentina, a diferencia de Perú y Brasil con su Plan Cruzado de 1986, sí consultó previamente al FMI.
Primeros resultados de la política heterodoxa
En un comienzo, las medidas adoptadas dieron resultados positivos. Ya en septiembre de 1985, la inflación bajó a 3,5 % (comparado con 12,5 % en abril del mismo año). Hacia el segundo trimestre de 1986, la economía dio señales de clara recuperación. Los sectores que dependían de la demanda interna (manufactura, construcción, agricultura) crecieron, no así los sectores dedicados a la exportación (minería, pesca). En 1986, la economía creció 10 %. Fue el mayor crecimiento desde los años 50 .Pero también surgieron problemas que irían agravándose con el pasar del tiempo: A pesar de la reactivación económica, el Estado casi no percibía mayores ingresos:
Aunque en 1985 el déficit del sector público sólo había sido del 2,7 % del PBI, el nivel más bajo desde 1979, en 1986 una vez más llegó al 5,1 %. Esto no se debió a un aumento del gasto. De hecho, a pesar de su fama de ser una administración despilfarradora y populista, el gasto total (corrientes e inversiones) del sector público cayó del 49 % del PBI, en 1985, al 29 %, en 1986. Sin embargo, los ingresos corrientes totales también cayeron, del 46 % del PBI, en 1985, hasta 33 %, en 1986.
Otro problema consistía en que, después del gran crecimiento de 1986, la capacidad productiva de la modesta industria nacional estaba llegando a sus límites. Hacían falta inversiones para instalar nuevas capacidades y así continuar con la reactivación. Para ello, era necesario recurrir a inversiones y préstamos extranjeros.
El tercer problema, según Crabtree, era que la balanza comercial volvió a ser negativa hacia fines de 1986. Con la reactivación económica y el alza de sueldos, el Perú volvió a incrementar sus importaciones mientras que las exportaciones seguían siendo bajas. En diciembre de 1986, las reservas internacionales del Perú llegaban a 870 millones dólares comparados con 1,400 millones en marzo del mismo año. Esta falta de liquidez se debió, también, a que el Estado pagó a sus deudores bastante más que ese 10 % que García había anunciado, con bombos y platillos, el 28 de julio de 1985.
Finalmente, la poca confianza de la ciudadanía en el modelo económico de García condujo a que, hacia fines de 1986, muchos cambiaron sus intis por dólares temiendo – y, al mismo tiempo, originando – una devaluación del inti. Ya hemos visto que el paquete de medidas adoptadas por García incluía el congelamiento del tipo de cambio inti-dólar. Pero tal congelamiento tendía a ser artificial en tanto la demanda real de intis iba perdiendo cada vez más terreno frente al dólar. Este cambio se vio reflejado en la tasa de cambio libre, aquella de los cambistas de la calle, paralela al cambio oficial:
A fines de agosto de 1985, después de la devaluación inicial de 12 %, la tasa de cambio libre se había estabilizado en casi 17 intis por dólar. Solamente llegó a superar los 18 intis 14 meses después, en octubre de 1986, cerrando el año en 20 intis por dólar. Hasta octubre de 1986, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo varió entre 24,5 y 27 %. Sin embargo, ante el temor de una crisis en la balanza de pagos, junto con la pérdida de reservas a finales de 1986, el diferencial empezó a crecer. A fines de 1986, llegó a 43 %. En la primera mitad de 1987, el dólar paralelo se disparó de 20 a 40 intis y el diferencial con la tasa oficial superó el 100 %. Por lo tanto, se hizo evidente que el Banco Central ya no podía controlar el mercado del dólar, y con las reservas haciéndose más y más escasas, adquirir dólares fue de primordial importancia para el sector privado. Rápidamente el aumento del valor del dólar estaba escapando de todo control
La estatización de la banca: El punto de quiebre
Para Alan García, la renuncia de Alva Castro fue vista como una oportunidad de ganar aún mayor protagonismo. Fue en estas circunstancias que, según Crabtree, García empezó a idear su "más audaz medida", la misma que sería el punto de quiebre de su gobierno: La estatización de la banca privada. Pero la estatización no fue la única razón de la debacle:
Aun sin el intento de estatización, alguna que otra crisis económica habría, casi con certeza, surgido. Y tampoco fue el único factor que explica la erosión de la popularidad inicial del gobierno. La curva de aprobación popular de García demuestra que, a pesar de una ligera caída antes de mediados de 1987, el nivel de aprobación se desplomó en 1988 -entre mayo y octubre-, cuando el peso entero de las medidas económicas del shock cayó sobre la población.
Pero volvamos, por el momento, al intento de estatizar la banca privada: La medida fue anunciada el 28 de julio de 1987 en el tradicional mensaje a la nación. García explicó su medida con las desigualdades sociales y económicas en el Perú. Ya en 1982 había publicado un libro, El futuro diferente, en el que criticaba a los bancos privados por excluir del sistema de créditos a los sectores informales, campesinos así como las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Según García, era necesario "democratizar" el crédito y, dado que el sector privado no estaba dispuesto a asumir esa tarea, el Estado debía tomar las riendas.
Pero, según Crabtree, García también tuvo otros motivos: El primero habría sido netamente político, pues García estaba preocupado por la ligera caída en su nivel de aprobación y, con una medida tan radical, buscaba volver a ganar la confianza de los sectores populares. Además, su relación con el sector empresarial se había deteriorado considerablemente. García le reprochaba a ese sector el poco entusiasmo por invertir en el Perú y su preferencia por guardar los dólares en cuentas extranjeras y seguras.
También esta medida resultó ser improvisada. Nadie sabía, por ejemplo, si la estatización incluiría a las sucursales de bancos extranjeros en el Perú o a los bancos privados regionales. Pero el mayor error de García fue, según escribe Crabtree, creer que se ganaría el apoyo popular con esa medida. La respuesta no fue más que "tibia". Además, García subestimó la capacidad de respuesta de la derecha así como la oposición de la izquierda en el Congreso:
Cuando llegó el momento de votar en el Congreso, el esfuerzo de los senadores apristas para atenuar la medida fue notable. Mientras tanto, no se había llegado a ningún acuerdo previo con Izquierda Unida.. Estos se inclinaban a mirar con suspicacia la iniciativa de García, creyendo que su objetivo principal era serrucharle el piso a la izquierda. (…) Iba a volverse una larga batalla que empezó en el Congreso y siguió en los tribunales, donde la propuesta inicial de García fue paulatinamente reducida a una medida sin eficacia que finalmente resultó abandonada.
La respuesta política de la derecha al intento de estatización fue la creación del Movimiento Libertad con Mario Vargas Llosa a la cabeza. En 1988, el Movimiento Libertad se unió con el Acción Popular y el Partido Popular Cristiano en el Frente Democrático (FREDEMO) con miras a las elecciones de 1990.
1988 y 1989: Sin novedades en el frente
Al finalizar el año 1987, la crisis ya era evidente: La inflación empezó a galopar (114,5 % en diciembre del 1987), la producción – y, por consiguiente, la reactivación económica – se había estancado y la balanza de pagos tuvo, en 1987, un saldo negativo de 521 millones de dólares, el hueco más grande desde 1981. Consecuentemente, las reservas internacionales siguieron decayendo. A falta de dólares, el Banco Central se vio atado de manos en el control de la tasa de cambio (una demanda creciente de dólares se puede contrarrestar poniendo en circulación los dólares ahorrados).
Ya hemos visto que el Estado no recaudó más impuestos a pesar del crecimiento económico de 1986. Esa ineficacia tributaria, sumada a la inflación, contribuyó a agravar la situación en 1987 y 1988. Además, las empresas estatales como Electro Perú empezaron a hacer pérdidas mucho mayores que en los años previos.
Los hechos estaban dejando al Estado con cada vez menos margen de acción, convirtiéndolo en observador pasivo del desastre económico.
Obligado por las circunstancias a un cambio de rumbo, el gobierno recurrió, a fines de 1987, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM) en busca de préstamos. El experimento heterodoxo había llegado a su fin. En octubre de 1987, el gobierno procedió a devaluar el inti en 24 %. Los llamados paquetazos siguieron dándose, de forma periódica, hasta septiembre de 1988, llevando a una gran recesión económica. Pero García seguía sin aceptar la necesidad de una línea clara:
El proceso de toma de decisiones durante este período demostró una falta de coordinación y una pérdida de dirección. Mientras algunos miembros eminentes del equipo económico empezaron a aceptar -a regañadientes- la necesidad de un retorno a la ortodoxia como requisito para conseguir nuevos flujos de dólares, García se resistió a pagar el precio político. El resultado fue una serie de medidas tibias y términos medios (202).
El equipo económico de García -presidido por Gustavo Saberbein- intentaba persuadir a García de la necesidad de un shock ortodoxo: Déficit cero a través de aumentos fuertísimos de impuestos y tarifas y la eliminación de subsidios. Pero García, temiendo el costo político de tal decisión, sólo accedió a un camino medio sin resolver el problema de fondo: Un Estado en bancarrota (déficit fiscal) y una economía que importaba más de lo que exportaba (déficit comercial).
Los resultados están en la memoria colectiva de todos los peruanos: Inflación a niveles astronómicos, escasez de alimentos y otros productos básicos y el derrumbe de la aprobación de Alan García. Fue recién hacia fines de 1988 que García se convenció de la necesidad de una "guerra frontal" contra la crisis económica. El nuevo Ministro de Economía y Finanzas, Abel Salinas, tuvo la ingrata tarea de anunciar, ahora sí, el shock económico, el seis de septiembre de 1988.
El plan, denominado Plan Cero, contribuyó a generar una inflación aún mucho mayor, sobre todo en relación con los productos importadas. Así, por ejemplo, el precio de los productos farmacéuticos subió 600 % y el de la gasolina 400 %. Además, se eliminó el sistema del control de precios con excepción de 42 productos básicos.
Las esperanzas del APRA estaban ahora cifradas en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Si bien hubo conversaciones, el Perú no llegó a recibir préstamos. Ello se debió, también, a que el Perú aún adeudaba 600 millones de dólares al FMI y 400 millones al Banco Mundial.
A partir de septiembre de 1988, la inflación se convirtió en lo que los economistas denominan hiperinflación. Ese mes, los precios subieron 114 %. Fue el mes con mayor inflación en el gobierno de García y, probablemente, en la historia del Perú. Y el shock parecía llegar muy tarde. En todo caso, no pudo controlar la inflación.
Un largo paro en la industria minera contribuyó a que las exportaciones cayeran aún más agravando así el déficit comercial. Las reservas internacionales, por su parte, se aproximaban a cero.
El 22 de noviembre de 1988, García lanzo otro "paquete" con medidas muy similares. Al mismo tiempo, Abel Salinas presentó su renuncia por discrepancias con García.
El aumento del desempleo y la caída drástica de ingresos fue el costo social del desastre económico provocando el surgimiento de un sector informal de proporciones nunca antes vistas. Además, el Estado en bancarrota ya no pudo cumplir con sus obligaciones en materia de asistencia social, educación, salud y administración de justicia.
Los años 1989 y 1990 pueden ser narrados de forma breve, pues no se produjeron cambios sustanciales. La economía se recuperó levemente y las reservas internacionales también. Las importaciones se contrajeron y las exportaciones subieron, sobre todo por el aumento de precio de los productos mineros en el mercado internacional.
Bajo el nuevo Ministro de Economía, César Vásquez Bazán, la inflación cayó, pero no de forma sustancial. La tasa anual de inflación fue de 2000 % en 1989. Los últimos meses de 1989 fueron usados en gastar las magras reservas internacionales para reactivar en algo la economía en vista de las prontas elecciones. Así, en marzo de 1990, las reservas internacionales eran de apenas 190 millones de dólares.
Jonathan Arias Ramirez
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