- La acción militar
- Consecuencias
- Noriega, el mal necesario (1968-1984.
- Los años que vivimos en peligro (1985-1987)
El Tratado Hay-Buneau Varilla en 1903 permitió a EE.UU la construcción, uso y control del Canal de Panamá a perpetuidad. La presencia militar y la intervención en los asuntos internos del país por parte de EE.UU se hizo notoria de ese entonces.
Así apoyó el golpe militar de 1968 encabezado por el mayor Boris Martínez que luego colocó en 1969 a Omar Torrijos en el poder. Sin embargo, en 1977 EE.UU acepta la devolución progresiva del canal a Panamá a través del Tratado Torrijos-Carter. En 1983 llegó al poder el coronel Manuel Antonio Noriega, antiguo colaborador de la CIA, que fue acusado por el gobierno estadounidense de tráfico de drogas y blanqueo de dinero.
Pero estos presuntos delitos eran conocidos con anterioridad y fueron ignorados mientras Noriega servía a los intereses de EE.UU, al extremo de ser felicitado varias veces por la DEA por su apoyo a la lucha de esa agencia estadounidense contra el narcotráfico.
Cuando el gobierno de este país cambió de postura con respecto a Noriega la prensa empezó a tratar el tema: las acusaciones de corrupción y la represión contra la población de su país provocó un sentimiento de rechazo a la figura del dictador por parte de la opinión pública norteamericana, a lo que se unió un proceso judicial por tráfico de drogas.
Comenzaron entonces las presiones para que renunciara a su cargo y sanciones económicas a Panamá; los incidentes entre fuerzas locales y estadounidenses empezaron a ser frecuentes. En 1989 se produjo la anulación por parte de Noriega de las elecciones presidenciales.
Las protestas de la oposición fueron brutalmente reprimidas ante los ojos de la comunidad internacional, al igual que el intento de golpe de estado que tendría lugar más tarde. Esto provocó un clima favorable para la intervención en EE.UU.
Las razones dadas por George H. W. Bush para justificar la invasión fueron:
Proteger la vida de los ciudadanos norteamericanos que residían en Panamá.
Defender la democracia y los derechos humanos en Panamá.
Detener a Noriega para combatir el tráfico de drogas.
Defender el tratado Torrijos-Carter sobre el canal.
Pero contra tales razones, muchas fuentes consideran que el objetivo real del ataque fue destruir las fuerzas panameñas que tendrían que ocuparse en solitario de la vigilancia del canal a partir del 2000, gracias al tratado Torrijos-Carter. Una vez eliminado el ejército local, las tropas norteamericanas se quedarían en la zona y se buscaría un gobierno favorable a la anulación de los tratados que restauraban la soberanía del canal.
La acción militar
La operación (denominada Causa Justa) se inició la madrugada del 20 de diciembre de 1989 con el bombardeo de múltiples instalaciones que tenían como objetivo anular la posible respuesta del ejército panameño; luego llegaría la invasión por parte de unos 26,000 soldados de infantería.
El bombardeo destruiría aeropuertos y bases militares como el Aeropuerto de Punta Paitilla, el Cuartel Central, en el barrio de El Chorrillo, el Cuartel de Tinajitas, el Cuartel de Panamá Viejo, el Cuartel de Los Pumas, la base militar de Río Hato (donde funcionaba el instituto militar Tomás Herrera, que no era en realidad una escuela de formación castrense) o la Base Naval de Coco Solo. EE.UU utilizó un armamento de última generación, como los aviones Stealth F-117 o los helicópteros Apache, contra un ejército muy poco equipado. A pesar de la alta tecnología del armamento norteamericano, se produjeron numerosas muertes civiles al ser alcanzados muchos edificios no militares.
No hubo ninguna declaración de guerra y la acción fue condenada por la Asamblea General de la ONU y por la Organización de Estados Americanos (OEA). La operación duró pocos días ante la superioridad del ejército ocupante y la poca resistencia encontrada. Noriega logró escapar y buscó asilo en la Nunciatura Apostólica; posteriormente se entregaría a las fuerzas de ocupación. Guillermo Endara fue nombrado presidente del país en una base militar de EE.UU durante la operación.
En los días siguientes a la intervención, debido a la ausencia de policía y ante la pasividad de las tropas norteamericanas, se produjeron en varias ciudades saqueos y actos de vandalismo, aumentando las pérdidas materiales.
Según fuentes oficiales, en los enfrentamientos murieron 23 soldados estadounidenses. Las bajas panameñas, militares y civiles, no fueron concretadas. Se habló de varios cientos o varios miles de muertos según la fuente.
Humanas
Algunas fuentes estiman en más de 3,000 los muertos como consecuencia de los bombardeos de El Chorrillo, y que aproximadamente 20 mil personas perdieron sus hogares y nunca fueron compensadas. Las víctimas de esta ofensiva fueron denominadas por el Gobierno estadounidense como "daños colaterales" para evitar que la opinión pública del país se volviera en su contra.
Económicas
La invasión conllevó daños materiales. El barrio de El Chorrillo fue casi destruído en su totalidad. Edificios públicos, escuelas, aeropuertos, viviendas, etc., sufrieron daños. Los saqueos aumentaron las pérdidas económicas que se unían a la situación de crisis que ya sufría el país. El congreso norteamericano no compensó a Panamá por los daños causados, en contra de lo prometido.
Políticas
Noriega fue llevado a EE.UU y condenado a 40 años de prisión. Guillermo Endara, ganador de las elecciones anuladas de mayo 1989, prestó juramento en una base militar estadounidense en la Zona del Canal como presidente en un país con presencia temporal de tropas de ocupación.
Noriega, el mal necesario (1968-1984).
Noriega fue el producto de una junta militar liderada por el General Omar Torrijos que derrocó al gobierno panameño en 1968. Noriega había sido una pieza clave para que Torrijos pudiera sobrevivir a su propio golpe en 1969. Tal lealtad fue recompensada y, finalmente, él llegó a la comandancia de las fuerzas militares de Panamá en 1983.
Poco tiempo después de asumir el mando, influyó en forma ilegal en las elecciones nacionales de 1984, con la intención de reforzar la influencia militar sobre el gobierno panameño. Fue el "ingeniero" de la elección del Presidente Nicolás Barletta, candidato de las fuerzas armadas y considerado personalmente leal a Noriega y entregado a su causa. Algunos observadores creen que Estados Unidos hizo caso omiso del fraude electoral porque permitía el arribo al poder de un gobierno que era favorable a los intereses norteamericanos.
Si bien Panamá tenía un gobierno democráticamente electo, el poder real quedaba en manos de los militares y Noriega estaba a cargo.
El gobierno de los Estados Unidos hacía tiempo que consideraba a Noriega un personaje nefasto entre cuyos excesos se contaban el tráfico de drogas, el lavado de dinero y asesinatos. Aun así, EE.UU. ignoraba sus delitos a fin de asegurar los intereses nacionales que se consideraban más vitales que oficiar de policía ante las prácticas corruptas en Panamá.
La política exterior norteamericana estaba centrada en cambio, en dos amenazas estratégicas que emanaban en la región: la insurgencia inspirada por el comunismo contra gobiernos apoyados por los EE.UU. en América Central y el tráfico de drogas que ya preocupaba profundamente en el orden interno.
Nicaragua y la invasión comunista eran los dos puntos centrales de la política regional estadounidense. Aunque en forma subsidiaria, Estados Unidos reconocía que también tenía intereses críticos para la seguridad en Panamá: el acceso a las bases e instalaciones estadounidenses en Panamá, la implementación de los tratados del Canal de Panamá, el apoyo a los Contras (fuerzas militares anticomunistas) que operaban en Nicaragua y El Salvador y la continuación de las operaciones de inteligencia cuyos objetivos eran Cuba y otros países latinoamericanos.
Se consideraba a Noriega un aliado esencial para proteger esos intereses. Varias agencias de los EE.UU., la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) y posteriormente la Agencia de Control de Drogas (DEA), habían utilizado a Noriega para proteger los intereses estadounidenses.
Los años que vivimos en peligro (1985-1987).
EE.UU. comenzó a tener serios problemas con Noriega en 1985, cuando un respetado oponente político, el Dr. Hugh Spadafora, fue brutalmente torturado y asesinado por la Fuerza de Defensa de Panamá (FDP). Spadafora había hecho extensas y bien fundadas acusaciones sobre la participación de Noriega en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales, que habían atraído importante atención internacional.
La mayoría de los panameños conocían y tenían en alta estima a Spadafora. Cuando se descubrió su asesinato cundió la ira. Cuando el reclamo popular llegó a niveles que no podían ignorarse, Barletta debió ordenar a Noriega renunciar como Comandante de la Fuerza de Defensa de Panamá mientras se investigaba el crimen. Noriega respondió forzando a Barletta a renunciar, reprimiendo todo intento de investigar o hacer público el crimen y llevando a la presidencia a un títere más confiable.
El asesinato de una figura popular opositora a Noriega y la deposición de un presidente electo recibieron, por primera vez en EE.UU., una extensa cobertura periodística. Los medios comenzaron a retratar a Noriega como un dictador corrupto que enviaba drogas a Estados Unidos, protegía a los líderes de los carteles, apoyaba a los terroristas, lavaba dinero ilegal proveniente del tráfico de estupefacientes y reprimía brutalmente la democracia en su país.
Estas acusaciones llevaron a interrogatorios en el Congreso donde se cuestionó al gobierno y en particular a la DEA, quienes debieron defender su continuado, aunque renuente apoyo a Noriega en pro de la defensa de los más grandes intereses de seguridad de los EE.UU. en la región.
El ultraconservador Senador Jesse Helms, quien se había resistido a la devolución del Canal de Panamá, fue particularmente crítico respecto del apoyo del Gobierno a Noriega. Él pensaba que Noriega era demasiado corrupto como para que se le pudiera confiar el Canal de Panamá.
En su carácter de miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Helms trató de liderar un movimiento de mayor dureza hacia Noriega, pero su postura reticente a abandonar el control del canal no permitió que su posición contra Noriega lograra apoyos significativos. El hombre clave del gobierno en América Central, Subsecretario de Estado Elliot Abrams, también logró desactivar muchas de las críticas haciendo resaltar el beneficio de continuar apoyando a Noriega.
El Senador Helms no logró que el público se interesara en la cuestión de Panamá y, al no tener apoyo en el Congreso para su postura anti-Noriega, pronto se esfumaron las críticas a este último.
La prensa, en cambio, comenzó a prestarle mucha atención a Noriega y a su actividad en el tráfico de drogas en 1986.
El New York Times publicó una serie de artículos de investigación en los que se revelaban sus extendidas conexiones con los traficantes y con la CIA. Estas acusaciones pegaron en la conciencia norteamericana que estaba comenzando a darse cuenta de su creciente y serio problema de drogas. Las revelaciones del New York Times provocaron mayor cobertura por parte de otras agencias de noticias, lo que comenzó a elevar el sentimiento anti-Noriega entre el público norteamericano.
Tal preocupación se elevó aun más cuando a principios de 1987, el Coronel Díaz Herrera, segundo en la cadena de mando de Noriega, hizo públicas numerosas acusaciones de corrupción en contra de Noriega, a raíz de que este último se negara a retirarse en 1986 y dejarle las riendas de las FDP, tal como se había acordado con anterioridad.
Sus acusaciones llevaron a grandes manifestaciones del pueblo cuando los panameños salieron a las calles para demostrar su ira contra Noriega y el reinado de brutalidad y corrupción de las FDP durante su liderazgo.
Mientras continuaban las demandas de la salida de Noriega del poder en la primavera de 1987, éste respondió con dureza a la oposición reprimiendo brutalmente las manifestaciones mediante el uso de una fuerza policial anti tumultos y declarando un estado de emergencia que prohibió nuevas demostraciones en su contra.
Mientras la situación en Panamá empeoraba, en junio de 1987 se produjo un cambio de mandos en el Comando Sur (SOUTHCOM) de EE.UU., que tenía su sede en Panamá. El SOUTHCOM era responsable de todos los asuntos militares que afectaban a Panamá. El nuevo comandante, Gral. Frederick F. Woermer, Jr. tenía gran experiencia en asuntos latinoamericanos, hablaba perfecto español, conocía a Noriega y comprendía las cuestiones que estaban en juego en Panamá. En su discurso de asunción de la comandancia del SOUTHCOM dejó en claro que Noriega debía devolver el control del gobierno de Panamá a los civiles. Las palabras del Gral. Woerner desataron la ira de Noriega quien acentuó el maltrato a los soldados estadounidenses y sus mujeres residentes en Panamá. Woerner se dio cuenta rápidamente de que Noriega no se retiraría por propia voluntad y que probablemente se haría necesario utilizar la fuerza. Instruyó a su estado mayor para que comenzara a planificar la intervención militar de los EE.UU.
También el Congreso de los EE.UU. comenzó a interesarse en la cuestión de Panamá a mediados de 1987 cuando las audiencias por la cuestión Irán-Contras revelaron detalles de actividades ilícitas de los EE.UU. en Panamá.
Los representantes se enteraron de que miembros del Consejo Nacional de Seguridad (el Almirante Poindexter y el Teniente Coronel North) habían utilizado a Noriega para evadir las restricciones que el Congreso había impuesto en 1983 a la ayuda a los Contras de Nicaragua. Se había utilizado a Noriega para que el Gobierno comprara y entregara armas a los contras utilizando las ganancias de la droga mediante diferentes esquemas, incluido el transporte y venta de cocaína desde Panamá a los EE.UU.
Estas revelaciones y la continuada cobertura negativa en los medios sobre el propio Noriega obligaron a revisar la política de los EE.UU. en Panamá y llevaron al Senado a promulgar una resolución que exigía a Noriega y sus asesores más importantes a abandonar el poder inmediatamente. Noriega reaccionó con enojo y acusó a los EE.UU. de interferir en los asuntos internos de Panamá e instigó ataques populares a las instalaciones de los EE.UU. y a la misma embajada de los EE.UU. Además, acentuó su represión de las manifestaciones del pueblo y suspendió la libertad de prensa.
Estados Unidos respondió con la suspensión de toda ayuda militar a Panamá y cercenó todos los contactos entre los militares estadounidenses y las FDP. Lo más significativo fue que la CIA cortó todos sus lazos con Noriega interrumpiendo de ese modo una relación que se había prolongado por 20 años.
Para entonces, el gobierno de Reagan había llegado a la conclusión de que Noriega debía ser eliminado. Pero, no había consenso sobre cómo lograr este objetivo. Siempre se supo que el Presidente Reagan era muy renuente a resolver las disputas sobre políticas entre sus asesores importantes, y los medios y la manera en que había que librarse de Noriega no fueron una excepción. El Departamento de Estado, encabezado por Elliot Abrams, y la Plana Mayor del NSC (Consejo de Seguridad Nacional) querían deponer a Noriega inmediatamente y estaban totalmente dispuestos a utilizar toda la presión diplomática posible para arrinconarlo, apoyando un golpe desde dentro de las filas de las FDP para deponerlo.
El Departamento de Defensa y la CIA no apoyaban un derrocamiento rápido de Noriega. No tenían un reemplazante capaz de mantener a las FDP bajo control y al país unido hasta tanto se pudiera elegir un líder democrático. También temían que Noriega reaccionara violentamente a cualquier intento serio de removerlo del poder, lo que pondría en peligro a los cerca de 50.000 norteamericanos que vivían en Panamá.
Ante los ojos del Departamento de Defensa y de la CIA, si bien Noriega tenía sus desventajas, no había alternativas reales que pudieran suplantarlo. Tenían la visión de que los EE.UU. no debían tomar medida alguna hasta tanto los panameños no iniciaran un proceso serio para desplazarlo del poder.
Tampoco los medios norteamericanos en 1987 estaban haciendo ninguna presión en contra de Noriega. Estaban todos concentrados en los interrogatorios del caso Irán-Contra y el papel que los altos funcionarios del gobierno habían tenido en el hecho.
Ante la falta de un neto consenso entre sus asesores principales, el Presidente Reagan fue persuadido para intentar convencer a Noriega de que abandonara el poder. Todo esfuerzo en ese sentido fracasó debido a la falta de un mensaje claro que hiciera comprender a Noriega de que debía retirarse.
No menos de tres emisarios fueron enviados entre fines de 1987 y principios de 1988 pero cada uno de ellos le dio con un mensaje diferente sobre cuándo debía renunciar (y aun si ello era posible). En consecuencia, Noriega recibió la impresión de que no existía consenso en el Gobierno respecto de su partida. Al no haber una decidida intervención estadounidense, Noriega no encontró motivos para abandonar su tan lucrativa situación.
Las opciones se acaban (1988).
La situación del Gobierno de Reagan con respecto a Noriega se tornó aun peor en febrero de 1988, cuando el Departamento de Justicia de los EE.UU. lo acusó por tráfico de drogas y lavado de dinero en Florida. Esas acusaciones lo ligaban directamente con los carteles de la droga que contrabandeaban cocaína a los Estados Unidos.
También ponían al gobierno y a la DEA en una situación embarazosa, por considerar a Noriega como uno de sus mejores recursos en la guerra contra las drogas. Noriega siempre había cumplido con las solicitudes de la DEA y cultivado la imagen de que estaba fuertemente comprometido con la guerra norteamericana contra las drogas, pero se hacía evidente que él había ejercido esta cooperación para su beneficio personal.
Para mayor incomodidad del Gobierno, sin embargo, había una total falta de coordinación entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado y el Gobierno sobre el tema de las condenas. El Departamento de Justicia tiene la cultura de operar en forma independiente y mantenerse apartado de las consideraciones políticas en su esfuerzo por someter a los criminales a la justicia. En consecuencia, ni el Presidente Reagan ni el Secretario de Estado George Schultz habían sido prevenidos por anticipado de que el jefe de un estado soberano iba a ser condenado por el cargo de tráfico de drogas.
Las condenas del Estado de Florida, junto con los fracasados intentos del Gobierno estadounidense de lograr que Noriega renunciara voluntariamente, pusieron en claro que sería necesaria una acción más enérgica para desplazar a Noriega.
El asunto empeoraba porque los índices de aprobación de la gestión Reagan decaían y en julio de 1988 su manejo de la situación de Panamá lo había dejado con menos del 30% de aprobación. Era necesario hacer algo, pero una vez más, la administración estaba dividida en sus opiniones sobre cómo lograr el objetivo.
El Departamento de Estado fue el primero en proponer el uso de las fuerzas militares para deponer a Noriega del poder en Panamá. Elliot Abrams, Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, fue quien diseñó esta política. Abrams era un hombre de la más alta confianza personal del Secretario de Estado George Schultz, pero su estilo abrasivo y arrogante lo hacían antipático a los ojos de todos los demás asesores presidenciales de alto rango. Pero Schultz estaba conforme con dejar que Abrams fijara la política del Departamento de Estado hacia Panamá y Centro América, puesto que su atención estaba centrada en los problemas más apremiantes de la Unión Soviética y Medio Oriente.
La atención de Abrams en Panamá llegó tarde. Inicialmente toda su atención en América Central estaba dominada por Nicaragua y el gobierno Sandinista, que había subido al poder en 1979. Muchos pensaban que Abrams se había obsesionado con deponer al gobierno sandinista. Cuando todas las operaciones ilegales de los EE.UU. en ese país quedaron al descubierto y debieron dejarse sin efecto a raíz del escándalo Irán-Contra, el papel de Abrams fue objeto de críticas muy severas.
Su reputación y credibilidad entre los miembros del Congreso quedaron muy dañadas por la falta de sinceridad durante los interrogatorios y por el apoyo que el Gobierno había prestado a los Contras.
Sus críticos lo acusaban de que su nuevo interés en Panamá y Noriega era sólo un intento de reconstruir su crédito ante el Congreso y otros detractores.
A medida que se reveló la obstinación de Noriega por permanecer en el poder, Abrams se convenció de que el mejor, y quizás único instrumento para desplazarlo de la escena era utilizar el poder militar de Estados Unidos. Él convenció al Secretario Schultz de que la intervención militar era el mejor curso de acción.
El Jefe del Estado Mayor Conjunto (CJCS), Almirante William Crowe, se oponía fuertemente a Abrams y Schultz en el uso de la fuerza militar en Panamá y tenía muy buenas razones para hacerlo:
· Si se implementaban las acciones desde las bases ubicadas en Panamá para derrocar el régimen imperante, se pondrían en riesgo los derechos de los EE.UU. de mantener bases en otros países, con cuyos anfitriones EE.UU. mantenía cuestiones sensibles;
· Había 50.000 estadounidenses viviendo en suelo panameño y todos estarían en riesgo si EE.UU. lanzaba acciones militares;
· El uso de la fuerza militar contra Panamá reforzaría la percepción de abuso del poder "Yanqui" en un momento en que las ideologías comunistas estaban logrando establecer bases en la región.
Había otras razones igualmente poderosas para la resistencia de Crowe: Noriega permitía que EE.UU. usara sus bases en Panamá, para espiar a los países vecinos y entrenar otras fuerzas militares de la región en flagrante violación de los tratados del Canal. Otro líder podía no ser tan pasivo ante tales operaciones.
Cuando el Departamento de Estado y Abrams proponían cualquier forma de intervención militar, Crowe y la Junta de Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas se oponían con detalles de los costos, riesgos y obstáculos inherentes a tal intervención.
Un ejemplo ilustrativo fue una cuestionable estimación de Defensa, la cual mostraba que la evacuación de los no combatientes de Panamá antes de las acciones militares costaría más de U$S 100 millones y demoraría por lo menos 7 meses. La posición de Crowe estaba aún más fortalecida por el reforzamiento del cargo de Jefe de Estado Mayor Conjunto a partir de la Ley Goldwater-Nichols de Reorganización del Departamento de Defensa en 1986.
En virtud de la misma, ahora él era el asesor militar principal del Presidente y ya no tenía que lograr ningún consenso entre los otros jefes de las fuerzas ni del Secretario de Defensa. Crowe tenía fuertes reservas sobre la conveniencia de una participación militar en Panamá y frecuentemente chocaba con Abrams a este respecto. Se dice que lo consideraba "un hombre peligroso que seguía una política riesgosa… un ideólogo fuera de control."
Abrams, a su vez, consideraba que la renuencia de Crowe a utilizar la fuerza militar era "una precaución militar mal aconsejada por la experiencia post Vietnam."
El Gobierno de Reagan se mantuvo dividido durante todo 1988 sobre la cuestión de adoptar o no la opción militar para resolver el problema panameño. El Departamento de Estado, liderado por Elliot Abrams abogaba por al menos el uso limitado de la fuerza para capturar a Noriega y someterlo a la justicia en EE.UU.
El Departamento de Defensa, por su parte, señalaba los problemas prácticos de tales operaciones y planteaba la cuestión de que las FDP podrían responder tomando rehenes norteamericanos para recuperar a Noriega. La CIA también se mostraba renuente a apoyar una operación militar contra Noriega, ya que estaba apenas saliendo de los efectos de la revelación sobre su actuación en el escándalo Irán-Contras.
Su nuevo director no estaba interesado en participar en una acción que podía resultar controvertida y atraer más atención y descrédito hacia la agencia.
La investigación de la Comisión Tower sobre el caso Irán-Contras acababa de emitir su informe, en el que criticaba severamente al Consejo Nacional de Seguridad por violar el proceso normal de toma de decisiones de seguridad de la nación. En consecuencia, Carlucci no tenía disposición a apoyar otra aventura militar en Centroamérica.
Cuando el General Colin Powell reemplazó a Carlucci, que había cruzado el Potomac para convertirse en Secretario de Defensa, el Pentágono se encontró realmente en condiciones de bloquear todo apoyo presidencial a cualquier acción militar en 1988.
Todo deseo de Washington para implementar alguna medida contundente en contra de Noriega se vio atemperado por las elecciones presidenciales de 1988. La administración Republicana necesitaba correr una cortina sobre el problema de Panamá, para que no se convirtiera en un tema de campaña que los Demócratas pudieran utilizar en contra del Vice-Presidente Bush.
Aunque se había descartado la opción militar, el Presidente Reagan reconocía que algo había que hacer con Noriega. Por lo tanto, se autorizaron sanciones económicas en contra de Panamá.
Panamá era altamente sensible a la presión económica de los EE.UU. ya que su economía estaba fuertemente ligada a la de los EE.UU. y utilizaba el dólar norteamericano como moneda. Como no pudo lograr apoyo para emprender acciones militares, el Departamento de Estado abogó por invocar la Ley de Poderes Económicos para Emergencias (IEEPA) para aislar a Panamá.
Bloqueando la transferencia de fondos hacia y desde el país, EE.UU. podía negarle a Noriega el dinero que él necesitaba para pagar a los militares y los empleados públicos, que representaban los últimos vestigios de su poder. Sin ese apoyo, se teorizaba, los mismos panameños obligaría a Noriega a abandonar el poder.
La administración estaba totalmente dividida respecto de si las sanciones económicas debían ser muy severas. El Secretario del Tesoro, James Baker, se oponía abiertamente a las sanciones económicas contra Panamá. Sostenía que aplicar la IEEPA era como "utilizar una bomba atómica para matar una mosca." Su posición estaba influida además por la preocupación por los numerosos banco y empresas norteamericanas que operaban en Panamá y que podrían verse afectados por las sanciones.
Hasta el Secretario de Estado Schultz tenía sus dudas respecto de la eficacia de las sanciones económicas, en vista de que Noriega y sus acólitos obtenían la mayor parte de su dinero en forma ilegal y no dependían de la economía local. El Secretario de Defensa Carlucci sostenía que la IEEPA sólo serviría para galvanizar la resolución de Noriega de mantenerse en el poder. Esta posición era compartida por el General Powell y el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Howard Baker, y ambos proponían acciones menos drásticas.
A pesar de todas las reservas, el Presidente Reagan siguió adelante con las sanciones aunque permitió que se cambiara el plan. Las sanciones se demoraron por los problemas prácticos que la burocracia encontraba para implementar las sanciones económicas a Panamá en forma completa. En primer lugar, estaba la cuestión de cómo se haría para que los varios miles de empleados norteamericanos y panameños del Canal de Panamá recibieran su paga.
Dejar de pagarles implicaría el riesgo de que el canal se cerrara. Además, había oficinas e instalaciones norteamericanas (la embajada y el SOUTHCOM, por ejemplo) que debían pagar las facturas de servicios o cerrarse. Y finalmente, como temía Baker, muchas empresas y bancos norteamericanos comenzaron una campaña para obtener excepciones que los protegieran de las grandes pérdidas que sufrirían, si se aplicaban las sanciones en forma total.
Al final, las sanciones se demoraron más de dos meses y nunca se aplicaron en forma completa debido a que la burocracia no dejaba de lidiar con los numeroso pedidos de excepción. El resultado fue que las sanciones terminaron teniendo un efecto mucho menor que el que pudieron haber tenido.
Al acercarse el final del período Reagan, se determinó que Estados Unidos tenía que esperar que la solución para Panamá se presentara como un levantamiento popular como el que había sacado a Marcos del poder en Filipinas, o un golpe de estado. Algunos abrigaban la esperanza de que fueran las elecciones de 1989 en Panamá las que sacaran a Noriega del poder.
Félix Puga Henríquez