Taller de empleo y población (página 2)

Los actuales trabajadores: ¿futuros jubilados?

En este apartado se analiza la inserción laboral de la población económicamente activa en el momento presente, con la finalidad de indagar su probabilidad de acceder a la jubilación al alcanzar la edad requerida. Para ello, se ha subdividido a la población económicamente activa (PEA) en tres subgrupos en función de su edad y sexo: los que arribarían a la edad jubilatoria en los próximos diez años (hasta 2013), los que lo harían en los cinco años siguientes (hasta 2018) y, finalmente, quienes arribarían a la finalización de sus vidas activas en el quinquenio subsiguiente (hasta 2023).

Cuadro 4. Principales aglomerados urbanos: población económicamente activa que alcanzará la edad jubilatoria hasta 2013, por sexo y categoría ocupacional (%)

Fuente: SIEMPRO, en base a EPH-INDEC (onda mayo de 2003)

Se ha considerado una hipótesis "optimista", según la cual la totalidad de los empleadores (alrededor de 5% de la PEA) y de los profesionales que se desempeñan por cuenta propia (casi 3% de la PEA) realizaran aportes al sistema previsional (en

forma pública o privada) o, al menos, contaran con los recursos necesarios como para autosostenerse al culminar su vida activa. Si a ellos se añaden los asalariados privados registrados en la seguridad social y los asalariados públicos que reciben aportes se llega a aproximadamente 45 de la población económicamente activa, lo que equivale a poco más de la mitad (51,5%) de los ocupados totales. Esto es lo mismo que decir que casi una de cada dos personas económicamente activas no estaba aportando a la seguridad social, ya por estar desocupada o por desempeñarse en forma autónoma o en empleos asalariados no registrados. A estos últimos se añaden las trabajadoras del servicio doméstico (asalariadas y autónomas), los ocupados en programas de empleo y los trabajadores familiares sin remuneración. Es posible, por supuesto, que una parte de estas personas cuenten con aportes de empleos anteriores, sin embargo es muy probable que muchos de ellos no lograrían computar los necesarios para acogerse al régimen previsional, en caso de no modificarse su situación ocupacional en los próximos años.

Cuadro 5. Principales aglomerados urbanos: población económicamente activa que alcanzará la edad jubilatoria entre 2013 y 2018, por sexo y categoría ocupacional (%).

Fuente: SIEMPRO, en base a EPH-INDEC (onda mayo de 2003)

Si se considera a los que arribarán en el quinquenio siguiente – entre 2013 y 2018 – las cifras apenas experimentan mejoras. Casi 48 de los ocupados y 42% de los activos – siempre en la hipótesis optimista – no estaban realizando aportes en mayo de 2003.

Cuadro 6. Principales aglomerados urbanos: población económicamente activa que alcanzará la edad jubilatoria entre 2018 y 2023, por sexo y categoría ocupacional (%).

Fuente: SIEMPRO, en base a EPH-INDEC (onda mayo de 2003)

Por fin, al considerar a la última cohorte (quienes llegarían a la edad de jubilarse entre 2018 y 2023), la situación torna a desmejorar: 45% de la PEA y 51% de los ocupados no aportaban a la seguridad social en mayo de 2003. En realidad, desde una cohorte a otra las diferencias no exceden los márgenes del error de muestreo, por lo que no resultan relevantes. Pero lo que sí debe señalarse es que así como disminuye la edad al momento de la entrevista (es decir, a medida que se avanza en las cohortes), también se reduce significativamente la probabilidad de haber computado, en la vida laboral previa, aportes suficientes como para acceder a la jubilación. Esto se entenderá mejor si se piensa que quien accediera a la edad jubilatoria en 2018 habría nacido en 1953 en caso de ser varón y en 1958 si fuera mujer. En 2003, por lo tanto – en el supuesto óptimo de haber iniciado su vida laboral alrededor de los 20 años, aportando en forma ininterrumpida – sólo nuestro hipotético trabajador de sexo masculino computaría exactamente una treintena de años de aportes, en tanto que su par femenina sólo acreditaría 25 años.

Un ejercicio de prospectiva

En este apartado se realizó un ejercicio de prospectiva, consistente en aplicar a una cohorte constituida por los trabajadores actuales que, por sus edades, debieran acceder al beneficio jubilatorio en el término de las dos próximas décadas (2023), las tasas de mortalidad diferenciales por sexo y edad hasta el cumplimiento de ese término.

Cuadro 7. Principales aglomerados urbanos: población económicamente activa que no efectuaba aportes a la seguridad social en 2003 y alcanzaría la edad jubilatoria hasta 2023, por sexo (proyección).

Fuente: SIEMPRO, en base a EPH-INDEC (onda mayo de 2003) y Programa Nacional de Estadísticas de Salud (Ministerio de Salud).

De resultas de la proyección surge que, si se mantuviera la actual estructura ocupacional, en 2023 habría alrededor de 1.500 mil trabajadores que no habrían podido acceder al beneficio jubilatorio, en caso de que este continuara dependiendo de la cotización previa. Una proyección realizada con la misma metodología permite establecer que el número de los que sí accederían al beneficio alcanzaría a alrededor de 1.950 mil trabajadores. En otros términos, al llegar 1023 algo más de cuatro de cada diez trabajadores que arribarían al final de su vida activa no reunirían los requisitos necesarios para acceder a un haber previsional.

Téngase en cuenta que se está computando sólo a los que en mayo de 2003 estaban en situación de actividad. De hecho, estas cifras no incluyen a los pasivos que no contaban con un beneficio previsional al momento de la entrevista y que, por no estar insertos en el mercado de trabajo, tampoco realizaban aportes a la seguridad social. Si se aplica la misma metodología utilizada en los dos casos anteriores, es posible estimar que para esa misma fecha (2023) subsistirían alrededor de 1.200 mil adultos mayores integrantes de esta cohorte (de los cuales alrededor de 93% serían mujeres). Por supuesto que algunos de ellos podrían contar con la cobertura en calidad de pensionados: se trataría de una proporción difícil de establecer con precisión. Sin embargo puede intentarse un cálculo estimativo, consistente en formular el supuesto de que sólo gozará de ese beneficio una proporción equivalente a la que representan, en mayo de 2003, los potenciales aportantes (asalariados registrados, empleadores y cuentapropistas profesionales) sobre el total de los jefes de hogares conyugales en situación económicamente activa: aproximadamente 46%. Podría, pues, estimarse que el 54% restante de las personas que, estando en situación de inactividad en mayo de 2003, en 2023 hubieran alcanzado la edad jubilatoria, carecerían de cobertura, con lo que se alcanzaría un número aproximado de 640 mil.

Alrededor de 2,1 millones de personas residentes en las principales áreas urbanas carecerían, pues, de cobertura previsional en esa fecha aun distante pero no remota, de mantenerse la actual estructura ocupacional. Esto equivaldría a aproximadamente 1,8 veces el total de población en edad jubilatoria y carente de ingresos previsionales que se registraba en mayo de 2003 en esas mismas áreas.

El sustento del sistema

El último aspecto aquí abordado procura llamar la atención sobre la sustentabilidad del sistema previsional, es decir, la relación entre aportantes y beneficiarios.

Como ya se ha señalado, el sistema de previsión social que estuvo en vigencia durante varias décadas en la Argentina, vinculaba las prestaciones a los aportes realizados durante el desempeño laboral. De modo que los ingresos de las personas que realizaban regularmente estos aportes constituían – en ese sistema – la base contributiva. Estos contribuyentes eran, en primer lugar, quienes se desempeñaban como asalariados registrados: en este caso el empleador estaba obligado a actuar como agente de retención.

En segundo lugar, en un círculo más ancho, quedarían incluidos los trabajadores independientes (empleadores o cuentapropistas) del sector formal, cuyos ingresos les permitían realizar regularmente aportes al sistema. La contribución destinada al sistema previsional representaba el 11% de la masa salarial (de los asalariados registrados) y un porcentaje indeterminado sobre las remuneraciones de los trabajadores independientes del sector formal (puesto que no se puede saber con certeza qué proporción de ellos hacían regularmente sus aportes).

Los procesos de informalización del empleo en general y de precarización del empleo asalariado, sin duda estrecharon la base contributiva del sistema desde la década del ochenta. A ello se sumó, en los años noventa, el desempleo y la fuerte caída en los niveles de remuneración, aún para las posiciones laborales en el sector formal.

A comienzos de la década del noventa, en el marco del nuevo "Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones" (SIJP), este modelo de financiamiento de la previsión social fue parcialmente reemplazado por el régimen denominado de capitalización, por el cual cada trabajador realiza un aporte a una cuenta de ahorro personal durante su vida activa. Este aporte es de once pesos por cada cien de remuneración bruta en el caso de los asalariados, de los cuáles se capitalizan aproximadamente ocho pesos (la diferencia corresponde a comisiones y gastos de la Administradora de Fondos de Jubilación y Pensión). En la modalidad actual, quienes no realizan este aporte estarían fuera del sistema previsional. La masa de aportantes, si se la supone reducida a los asalariados registrados, no excedería de 34% de la PEA y orillaría el 40% de los ocupados totales.

Sin embargo, el nuevo sistema coexiste con el antiguo ("sistema de reparto") en forma residual. La mayor parte de los actuales jubilados y pensionados se acogieron al beneficio dentro de la modalidad anterior, cuyo financiamiento dependía del aporte de los trabajadores activos. Al dejar de destinarse estos aportes a la financiación del sistema (por derivarse a las cuentas de ahorro individuales), éste se vio privado de una fuente sustancial de su financiamiento. A ello se sumaron la reducción de los asalariados registrados sobre el total de la PEA y la disminución de los

aportes patronales. El déficit previsional pasó así a convertirse en un componente significativo del déficit público, que demanda otras fuentes de financiamiento. En el segundo semestre de 1999 las prestaciones de la seguridad social sumaron 4.027 millones de pesos, mientras que las contribuciones no excedieron de 2.500 millones, lo que significó un déficit de 1.500 millones. Las prestaciones por ese concepto cayeron 2,3% entre el segundo trimestre de 1999 e igual período del año anterior pero los ingresos declinaron en casi 12% en el mismo lapso.

La información de ANSeS permite caracterizar la situación del sistema. Hacia octubre de 2000 el nuevo régimen de capitalización captaba, ya, el 80% de los aportantes: sobre alrededor de 10,8 millones, quedaban en el sistema de reparto aproximadamente 2,2 millones. El porcentaje de afiliados al régimen de capitalización aumentaba a 84% entre los asalariados y disminuía a 58% entre los autónomos, quienes – en conjunto – sumaban poco menos de 10% del total. Visto de otro modo, 94% de los aportantes al régimen de capitalización eran trabajadores en relación de dependencia (aportantes forzosos), mientras que esta proporción caía a algo menos de 80% entre los que permanecían en el régimen de reparto. Por otra parte, en este último subsistema permanecían los trabajadores de mayor edad: más de la mitad tenían 50 o más años y 80% habían alcanzado o sobrepasado los 40 años.

Así, la sustentabilidad del sistema, aun para los trabajadores incluidos en las categorías aportantes, plantea la cuestión relativa al financiamiento de los haberes de los actuales beneficiarios y de los que accedan al beneficio jubilatorio a través del viejo sistema. Puede hipotetizarse que este aspecto irá perdiendo incidencia en el largo plazo, debido a la reducción vegetativa de los beneficiarios actuales que accedieron al beneficio bajo la modalidad anterior. Sin embargo, la extensión de la esperanza de vida deja suponer que esta disminución será lenta, mientras que se reducirá más rápidamente el número de aportantes al sistema de reparto (en general, trabajadores antiguos que no pasaron al sistema de ahorro y que irán accediendo al beneficio jubilatorio cuando alcancen la edad necesaria).

Sean cuales fueren las soluciones que puedan contemplarse, a modo de hipótesis puede suponerse que la base contributiva continúe siendo la masa de los ingresos laborales de los asalariados registrados. Al respecto, importa analizar la evolución de esa capacidad en el último decenio.

Primeramente interesa observar la evolución seguida por la relación entre las prestaciones previsionales y la base contributiva en la última década, atento a los procesos ya señalados de deterioro del empleo formal y, en especial, del empleo asalariado registrado.

Cuadro 8. Principales aglomerados urbanos: evolución del porcentaje de jubilados/pensionados y asalariados registrados sobre población total. 1991 – 2003

Si se toman en cuenta las proporciones representadas por los beneficiarios del sistema y por los potenciales contribuyentes sobre el total de la población (Cuadro 32), se advierte una evolución desfavorable. Mientras la proporción de jubilados y pensionados aumenta levemente, decrece la de asalariados registrados (sujetos forzosos de aporte previsional). La relación pasa de 1,9 asalariados "en blanco" por cada jubilado o pensionado en 1991 a 1,6 en el año 2003.

En particular, para el caso del régimen de reparto, información de ANSeS daba cuenta de una disminución de 0,9 aportantes por jubilación y 1,4 aportantes por pensión en 1995, a 0,6 y 0,9, respectivamente, en 1997.

Cuadro 33. Principales aglomerados urbanos: evolución de los ingresos previsionales como porcentaje de los ingresos laborales de los asalariados registrados. 1991 – 2003

La evolución resulta más desfavorable aún si se toma en cuenta la proporción que representan los ingresos previsionales en relación con la masa de retribuciones laborales de los trabajadores formales y los asalariados registrados. Los ingresos previsionales pasan de representar poco más de la cuarta parte a bastante más de un tercio. Esta variación resulta del efecto combinado de la reducción de la proporción de asalariados registrados sobre la PEA y la contracción de sus remuneraciones (proporcionalmente mayor a la experimentada por las jubilaciones y pensiones).

Algunas consideraciones finales

Al tiempo que la estructura demográfica de la Argentina acusa un peso creciente de los adultos mayores (el índice de envejecimiento pasó de 0,42 a 0,48 entre los dos últimos censos), el futuro del sistema de previsión social se presenta particularmente incierto.

Por un lado una alta – y creciente – proporción de quienes se encuentran en la etapa activa no están realizando aportes, ya sea por no estar insertos en el mercado laboral o bien porque lo están en forma intermitente y en posiciones precarias e inestables. La proporción de jubilados y pensionados sobre el total de personas en edad de serlo ha experimentado un retroceso notable, sobre todo entre las franjas de población que han accedido más recientemente a la edad de retiro: por ejemplo, entre los varones de 65 a 69 años esa proporción se redujo de tres cuartas partes a poco más de la mitad entre 1991 y 2001.

Como resultado de estas dos tendencias, si se realiza una proyección manteniendo estable la estructura actual del mercado de trabajo, puede estimarse que la cantidad de adultos mayores privados de cobertura previsional casi se duplicará en el término de dos décadas, superando los dos millones de personas, solamente en las principales áreas urbanas.

Por otra parte, el financiamiento del sistema previsional, bajo el modelo tradicionalmente vigente en nuestro país (es decir, donde son los trabajadores activos quienes sostienen a los pasivos), encuentra crecientes restricciones: la relación entre asalariados formales (aportantes al sistema) y beneficiarios del mismo descendió de 1,9 a 1,6 entre 1991 y 2003, en tanto que los ingresos previsionales, como proporción de los ingresos laborales de los asalariados registrados, pasaron de 26% a 37% en el mismo lapso.

Por lo demás, la reforma del sistema llevada a cabo en los años 90 determinó que más de ocho de cada diez aportantes se encuentren destinando sus contribuciones a alimentar sus propios fondos de retiro, con lo que restaría un remanente muy escaso para financiar los haberes de los actuales pasivos, la mayoría de los cuales accedieron al beneficio durante la vigencia del sistema anterior. Si bien este problema tenderá a atenuarse en el mediano y largo plazo por razones vegetativas, los jubilados y pensionados actuales serán sustituidos por un creciente número de personas que no habrán reunido, durante la etapa activa, los requisitos necesarios para acceder a un beneficio previsional.

Este panorama requiere ser enfrentado con una estrategia múltiple. Por una parte, es imperioso encarar una reforma del sistema previsional que asegure un ingreso mínimo a todos quienes alcancen la edad pasiva, aun cuando no hayan tenido oportunidad de aportar al sistema durante su vida laboral. Al mismo tiempo, resultará necesario implementar una financiación adicional para el sistema previsional, que no podrá depender de la masa salarial de los trabajadores registrados. Por otra parte, y a más largo plazo, será imprescindible avanzar en la regularización del mercado de trabajo: el crecimiento económico actual activa la demanda de empleos, pero es necesario asegurar la calidad de los mismos, tarea en la cual es esencial la presencia y fiscalización del Estado. Al respecto debe tenerse en cuenta que el balance del empleo entre 1990-2000 muestra que de cada 100 nuevos puestos de trabajo creados 87 correspondían a puestos asalariados no protegidos, que por lo tanto, no aportaban a la seguridad social: en este aspecto finca la principal razón de la crisis por la que transita el sistema previsional en la Argentina.

Notas

. Se denomina transición demográfica al proceso por el cual las sociedades evolucionan de niveles altos de natalidad y mortalidad a niveles más bajos de dichas variables.

2. Ver SIEMPRO – INDEC, Estudios N° 28, Hogares particulares con adultos mayores: perfil sociodemográfico, Buenos Aires, 1998.

3. Normalmente se consideran edades potencialmente activas las comprendidas entre 15 y 64 años.

4. A partir de la reforma previsional que constituyó el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, el derecho a pensión se extendió a los cónyuges de sexo masculino en caso de viudez.

5. Se trata de la relación entre la población de 65 y más años y la población menor de quince años.

6. Aunque el incremento de la tasa de actividad femenina es una tendencia de larga data, el aumento más fuerte se verificó en los años 90.

8. La información proviene de la onda de mayo de 23003 de la EPH, para el conjunto de los aglomerados urbanos relevados.

9. En todos los casos, se considera la edad jubilatoria de 60 años para las mujeres y 65 años para los varones, aun cuando existe una tendencia a la eliminación de esta diferencia.

0. En realidad, ello es poco probable si se piensa que entre los empleadores, casi ocho de cada diez eran propietarios de pequeños establecimientos de no más de cinco ocupados.

11. En el sector público se desempeñan trabajadores contratados que no reciben aportes.

2. Menos de 4% de las trabajadoras domésticas que se declaraban asalariadas en mayo de 2003 contaba con aportes previsionales.

3. Es decir, 60 años y más en el caso de las mujeres y 65 años y más en el caso de los varones.

4. No obstante, en estos casos suele ocurrir que la preferencia por la liquidez inmediata impulse a no realizar estos aportes en forma regular. Ello contribuyó no poco al desfinanciamiento del sistema, pero también fue su resultado: la expectativa de recibir un ingreso exiguo e incierto en el futuro, inducía a recurrir a otras formas de previsión (por ejemplo, el ahorro privado).

15. Información de ANSeS da cuenta de que, en 1997, algo más de 2,1 millones de trabajadores autónomos realizaban su aporte al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Un ejercicio realizado con la EPH con expansión al total nacional permitiría estimar el total de trabajadores autónomos (empleadores y cuentapropistas) en alrededor de 3,2 millones . De acuerdo a ello serían aportantes en esa fecha alrededor de dos tercios de los autónomos. El fuerte deterioro experimentado por las remuneraciones – en especial de los trabajadores por cuenta propia – en los últimos años, hace presumir esta proporción se haya reducido.

6. En plena vigencia desde mediados de 1994.

7. Informe Económico N° 30, Segundo trimestre de 1999, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Programación Económica Regional, Subsecretaría de Programación Macroeconómica.

8. ANSES, Informe de la Seguridad Social, Año III. Número 2. Segundo trimestre de 2001.

9. Vale decir, aquellos en situación próxima a cesar de ser contribuyentes para pasar a ser beneficiarios.

20. INDEC, Situación y Evolución Social, Síntesis N° 4, Tomo 2, Buenos Aires, 1998, en base a datos de ANSeS.

2. La esperanza de vida al nacer era 75,7 años para las mujeres y 68,6 para los hombres, para el período 1990/95. Para 1995/2000 habría alcanzado 76.6 y 69,6 respectivamente (INDEC, Anuario Estadístico de la República Argentina, Buenos Aires, 1997).

22. INDEC, Situación y Evolución Social, Síntesis N° 4, Tomo II, Buenos Aires, 1998.

23. El ingreso previsional medio representaba 44% del ingreso medio de los asalariados registrados en octubre de 1991. Esa proporción había aumentado a 61% en mayo de 2003 (Datos de la EPH, para los principales aglomerados urbanos).

Lic. Horacio Chitarroni

Universidad del Salvador – Facultad de Ciencias Sociales

Idicso – Taller de Empleo y Población