Garantizar el acceso a bienes y servicios necesarios
Una Macrofunción del Estado también es proporcionar bienes y servicios que el libre intercambio no puede suministrar, por las mismas limitaciones del mercado interno, pero que se requieren para que el país funcione adecuadamente. Dichos bienes y servicios se podrían encomendar a compañías privadas, pero en la mayoría de casos, ya se ha visto, resulta contraproducente, pues por ejemplo, si una empresa privada se dedicara a la construcción de carreteras, para que éstas generen ganancias, la empresa tendría que cobrar un peaje, el mismo que de por sí ya afectaría notablemente la competitividad del país, pues significaría un "arancel", por explicarlo rápidamente, para el sector comercial que tendría que considerar este costo al establecer el precio de sus productos. Además, ninguna empresa puede invertir la cantidad de dinero necesaria para la construcción de una carretera y conseguir ganancias en plazos de 30, 40 o 50 años; de modo que el monto a pagar por el peaje sería alto; lo que elevaría significativamente el precio de los productos. De modo que en realidad, no es un "buen negocio" construir carreteras. De igual modo sucederá con el servicio de agua potable, desagüe y alcantarillado. En cambio, el Estado, que no tiene fines lucrativos, sí puede invertir grandes cantidades de dinero sin preocuparse por generar ganancias a corto, mediano o a largo plazo; por lo que puede construir carreteras, o realizar el tendido de las redes de alcantarillado; etc., sin que a los usuarios nos genere gasto; aclarando que, por ejemplo, el pago de peaje que hacemos los administrados es para el mantenimiento, necesario, de las carreteras; de igual modo sucede con el agua potable, pues no pagamos por el "agua" en sí, sino por el servicio que nos brinda el Estado de "llevar" el agua hasta nuestros hogares; por lo que su precio es bajo.
Hasta aquí parecería que sólo nos referimos a la corrección de las Fallas de Mercado; pero no es así. Esta Macrofunción del Estado también implica que el Gobierno genere las condiciones necesarias para que se aperturen nuevos espacios para aquellos bienes y servicios que no se producen en el mercado interno ya existente; permitiendo así, que productos de otros países ingresen a nuestro territorio. En nuestro país el ejemplo más claro lo encontramos en la producción tecnológica, la misma que ni siquiera se puede considerar que sea incipiente, sino que peor que eso, simplemente no existe. Sin embargo, no cabe duda que necesitamos de ella, por ende, el Estado Peruano suscribe Tratados con sus pares de otros países para que nuestro mercado interno pueda contar con la tecnología necesaria para el desarrollo de nuestra actividad económica e incluso para que el propio Estado peruano pueda desarrollar sus actividades. Por ejemplo, el Estado peruano invierte gran parte del dinero destinado a la construcción de infraestructura en la compra de las maquinarias (tractores, retroexcavadoras, cargadores frontales, GPS´s, etc.) necesarias para dicho fin. De igual modo, la modernización del Estado, que supone, sobre todo, la tecnificación del recurso humano, también implica la adquisición de tecnología (computadoras, escáneres, fotocopiadoras, etc.) que aceleren o reduzcan significativamente el tiempo en que se realizan los procedimientos administrativos; por lo que, en nuestro caso, el Estado tiene que "conseguirlas" del extranjero.
A. POLÍTICA ECONÓMICA
Como es de suponer, garantizar el acceso a bienes y servicios necesarios requiere de una Política de Estado definida. Al respecto debemos partir por hacer mención de nuestro régimen económico, el mismo que constitucionalmente, se rige por los principios de la Economía Social de Mercado. "Éste es un modelo que combina la competencia, sobre la base de la iniciativa libre de los individuos, con la seguridad social y el progreso social. Reúne las diversas fuerzas individuales y sociales de un país para fomentar la estabilidad y satisfacción en lo social y en lo económico. Para ello, se desarrolla sobre cinco pilares: Fomento de la Iniciativa privada, protección de la propiedad, defensa de la Competencia, implementación de sistemas de responsabilidad individual y reconocimiento de libertades económicas" [24]
Consecuentemente, el Gobierno Peruano tiene como Política de Estado, instituida en el Acuerdo Nacional, la Afirmación de la Economía Social de Mercado[25]y para ello han establecido, entre otros objetivos, que el Estado estimule la inversión privada, nacional y extranjera; procure una simplificación administrativa eficaz y continua que elimine las barreras de acceso y salida al mercado; que provea la infraestructura adecuada; promueva una mayor competencia en los mercados de bienes y servicios, financieros y de capitales; y que promueva el valor agregado de bienes y servicios e incremente las exportaciones, especialmente las no tradicionales.
1. Tratados de Libre Comercio (TLC)
Como ya sabemos, estos convenios internacionales se constituyen como mecanismos legales que permiten el intercambio de bienes y servicios entre dos o más sujetos de derecho internacional, por lo general, Estados. De este modo, se establecen facilidades, sobre todo arancelarias, para que los productos nacionales, de uno y otro Estado suscriptor del tratado, sean exportados al mercado interno de estos mismos.
En el caso del Perú, el Estado ha suscrito, al día de hoy, 32 acuerdos internacionales en materia de Inversiones, incluyendo 3 Tratados de Libre Comercio (USA, Canadá y Singapur) que incluyen capítulos de inversiones; y 29 Convenios Bilaterales de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con países de la Cuenca del Pacífico, Europa y América Latina. Quedando pendiente la ratificación del acuerdo bilateral de promoción y protección recíproca de inversiones suscrito con Japón[26]
2. TLC con Estados Unidos[27]
Definitivamente es el Tratado más cuestionado y mediático que nuestro país haya suscrito, de tal modo que desarrollaremos algunos aspectos de éste a modo de ejemplificar este tipo de convenios.
El Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE.UU. se firmó en Washington D.C. el 12 de abril de 2006; y entró en Vigencia el 1 Febrero 2009. En este acuerdo se negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional y Acceso a Mercados, Textiles y Vestido, Reglas de Origen, Administración Aduanera y Facilitación del Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Defensa Comercial, Contratación Pública, Inversión, Comercio Transfronterizo de Servicios, Servicios financieros, Políticas de Competencia, Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Derechos de Propiedad Intelectual, Laboral, Medio Ambiente, Transparencia, Fortalecimiento de Capacidades Comerciales, Solución de Controversias.
Los principales productos exportados a los EE.UU. son: minerales/metales, textiles, productos pesqueros, petróleo crudo, café, cacao, artesanías, paprika, alcachofa, uva, mango, mandarina, espárragos.
EE.UU. es uno de los principales mercados de destino de exportación de productos Peruanos. Desde el año 1991, mediante la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA – siglas en inglés) el Perú contaba con preferencias arancelarias unilaterales otorgadas por los EE.UU. para el ingreso de ciertas mercancías, la cual estuvo vigente hasta el 2001. Desde el 2002, mediante la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA – siglas en inglés) los EE.UU. otorgan nuevamente preferencias arancelarias, las cuales eran renovadas periódicamente, y que estuvieron vigentes hasta diciembre del 2010.
En este contexto, en el año 2004, previos estudios y coordinaciones de los sectores involucrados, se decide iniciar las negociaciones para un tratado de libre comercio, para proporcionar una apertura comercial integral permanente, el cual, brindaría la estabilidad indispensable para el incremento de inversiones en el sector exportador.
A partir de 2009, el APC vigente entre el Perú y los EE.UU. ha empezado ya a permitirnos potenciar el desarrollo económico del Perú a través del comercio, con expectativas de comercio nunca antes experimentadas, teniendo de forma consolidada un acceso perenne a mercados muy grandes.
CAPITULO V
Las Instituciones Públicas
De todo lo expuesto se puede deducir con suma facilidad que el cumplimiento de las Macrofunciones del Estado involucra la participación activa, directa en unos casos e indirecta en otros, de todas las instituciones estatales de un Estado, y por supuesto, también se requiere de la participación de la sociedad civil, principalmente, organizada.
En este sentido, el Acuerdo Nacional estableció al respecto algunas Políticas de Estado que deben marcar el horizonte de las instituciones públicas tanto del Gobierno Nacional, como de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales. A continuación comentaremos brevemente cada uno de ellos.
A. DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA[28]
Para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú, se debe desarrollar una integral descentralización política, económica y administrativa, transfiriendo progresivamente competencias y recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales con el fin de eliminar el centralismo. Construiremos un sistema de autonomías políticas, económicas y administrativas, basado en la aplicación del principio de subsidiariedad y complementariedad entre los niveles de gobierno nacional, regional y local del Estado, con el fin de fortalecer éstos últimos y propiciar el crecimiento de sus economías.
Con ese objetivo, el Estado, entre otras acciones, apoyará el fortalecimiento administrativo y financiero de los gobiernos regionales y locales; institucionalizará la participación ciudadana en las decisiones políticas, económicas y administrativas; promoverá la eficiencia y transparencia en la regulación y provisión de servicios públicos, así como en el desarrollo de infraestructura en todos los ámbitos territoriales; establecerá una clara delimitación de funciones, competencias y mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno; incorporará los mecanismos necesarios para mejorar la capacidad de gestión, la competencia y la eficiencia de los entes públicos y privados, así como la competitividad de las empresas y las cadenas productivas en los niveles nacional, regional y local; fomentará el acceso al capital en los niveles regional y local, particularmente para la micro, pequeña y mediana empresa.
B. AFIRMACIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, MODERNO Y TRANSPARENTE[29]
Las instituciones estatales deben desenvolverse al servicio de las personas y de sus derechos, promoviendo el desarrollo y buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos; atendiendo las demandas de la población y asegurando su participación en la gestión de políticas públicas y sociales, así como en la regulación de los servicios públicos en los tres niveles de gobierno.
Con este objetivo el Estado incrementará la cobertura, calidad y celeridad de la atención de trámites así como de la provisión y prestación de los servicios públicos, para lo que establecerá y evaluará periódicamente los estándares básicos de los servicios que el Estado garantiza a la población; dará acceso a la información sobre planes, programas, proyectos, presupuestos, operaciones financieras, adquisiciones y gastos públicos proyectados o ejecutados en cada región, departamento, provincia, distrito o instancia de gobierno; pondrá en uso instrumentos de fiscalización ciudadana que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instancias de gobierno; reducirá los costos de acceso a los bienes y servicios públicos; revalorará y fortalecerá la carrera pública promoviendo el ingreso y la permanencia de los servidores que demuestren alta competencia y solvencia moral; entre otras.
C. PROMOCIÓN DE LA ÉTICA Y LA TRANSPARENCIA[30]
La ausencia de la ética y la transparencia en todos los estratos sociales de nuestro país y en todos los niveles de gobierno de nuestro Estado ha institucionalizado la corrupción, y como manifestaciones de ésta, ha proliferado el lavado de dinero, la evasión tributaria, el narcotráfico y el contrabando, principalmente. En este sentido se hace indispensable afirmar, en la sociedad y el Estado, principios éticos y valores sociales que promuevan la vigilancia ciudadana y que produzcan niveles crecientes de paz, transparencia, confianza y efectiva solidaridad.
Con este objetivo, el Estado, enfatizará los principios éticos que refuercen el cumplimiento ciudadano de las normas; velará por el desempeño responsable y transparente de la función pública, promoviendo la vigilancia ciudadana de su gestión y el fortalecimiento y la independencia del Sistema Nacional de Control; desterrará la impunidad, el abuso de poder, la corrupción y el atropello de los derechos, desarrollando una cultura de paz, de valores democráticos y de transparencia que acoja los reclamos genuinos y pacíficos de los distintos sectores de la sociedad; entre otras acciones.
CAPITULO VI
Conclusiones
1. La materialización de las Macrofunciones del Estado involucran necesariamente la institucionalización de Políticas de Estado bien definidas.
2. Las Macrofunciones del Estado se deben desarrollar transversalmente al interior de las instituciones públicas, en los tres niveles de gobierno, y con la colaboración activa de la sociedad civil organizada.
3. Ningún Estado tiene la capacidad suficiente para satisfacer completamente las Macrofunciones que le son inherentes, por lo que la cooperación internacional se torna indispensable e ineludible.
4. Todas las Políticas de Estado que se definen para la satisfacción de las Macrofunciones del Estado requieren de una serie de normas jurídicas que permitan su correcta implementación al interior de las instituciones públicas, que a su vez, también regularán la participación adecuada de la sociedad civil organizada.
5. La Reforma del Estado debe estar dirigida a la modernización de todas sus instituciones, tanto del recurso humano como del recurso material, para que cada vez se atienda con mayor eficiencia y calidad las Macrofunciones del Estado.
CAPITULO VII
Aspectos positivos y negativos
A. ASPECTOS POSITIVOS
1. Conocer las Macrofunciones del Estado nos permite entender la forma en que debe actuar el Gobierno de un país y la forma en que los ciudadanos debemos colaborar con él.
2. Las "31 Políticas de Estado del Acuerdo Nacional" es un documento que se configura con un gran avance en el camino de la reforma del Estado Peruano.
B. ASPECTOS NEGATIVOS
1. El Estado todavía no encuentra la manera de atender oportunamente sus macrofunciones, lo que genera que la sociedad civil organizada, en general, proteste de formas cada vez más violentas.
2. No obstante lo acotado en el numeral anterior, debemos reconocer que la sociedad civil organizada no está colaborando con el Gobierno en la satisfacción de las Macrofunciones del Estado, sino que por el contrario, en muchos casos se constituye como un primer obstáculo.
Autor:
Carlos Adrian Huaman Luis
[1] Sitio Buenas tareas
[2] Un Estado de Derecho es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenadas en torno de una Constitución que organiza y fija límites al gobierno y garantiza los derechos de las personas.
[3] Art. 44, primer párrafo, Constitución Política del Perú.
[4] http://www.acuerdonacional.pe/AN/definicion.html
[5] Cada política de Estado tiene metas, indicadores y propuestas normativas al 2006, 2011, 2016 y 2021, que están trabajados en formatos denominados Matrices.
[6] Fuente: www.rree.gob.pe/portal/pexterior.nsf/
[7] Documento con el que el Estado Peruano, formalmente y ante las Naciones Unidas, rechaza la posición de Chile respecto del límite marítimo que según este último se constituiría en la coordenada 18º21´00” del océano pacífico, pues al respecto, Perú y Chile no han celebrado Tratado alguno que acabe con el conflicto limítrofe.
[8] http://www.rree.gob.pe/portal/pexterior.nsf/
[9] http://www.pnp.gob.pe/inicio.asp
[10] Política de Estado número 27 de las “31 Políticas de Estado del Acuerdo Nacional” (http://www.propuestaciudadana.org.pe/apc-aa/archivos-aa/068d5099c088d67686280321657b29ee/ 31_Pol_ticas_de_estado.pdf)
[11] http://www.rree.gob.pe/portal/Multi.nsf/
[12] Conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención de Ginebra relativa a la Esclavitud, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), Convención internacional para la supresión de la trata de mujeres y niños, Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena; entre otros suscritos por el Perú.
[13] http://www.mininter.gob.pe/userfiles/DS-MIN-004-2011%281%29.pdf; pág. 13.
[14] IDEM, pág. 42.
[15] Traducido del alemán “Die deutsche Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates”
[16] http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Derecho
[17] Dicha forma de gobierno resulta de la incorporación de los principios de “Estado de bienestar” y de “Democracia” en el Estado de Derecho.
[18] http://blog.pucp.edu.pe/blog/derysoc/tag/Estado%20democratico%20de%20derecho.
[19] Vigésimo Octava Política de Estado del Acuerdo Nacional.
[20] http://www.rree.gob.pe/portal/pexterior.nsf/
[21] Trabajo de investigación titulado “Definición de Terrorismo” que fuera entregado a la Oficina de Drogas y Crimen de la ONU en el año 1988.
[22] http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo#Naciones_Unidas
[23] Trigésima Política de Estado del Acuerdo Nacional.
[24] MÜLLER- ARMACK, Alfred. “Economía Social de Mercado”, Economía Social de Mercado: un proyecto económico y político alternativo. Buenos Aires, Ciedla, 1983, p. 25.
[25] Decimo séptima Política de Estado del Acuerdo Nacional.
[26] http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Itemid=100909
[27] http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index
[28] Octava Política de Estado del Acuerdo Nacional.
[29] Vigésimo Cuarta Política de Estado del Acuerdo Nacional.
[30] Vigésimo Sexta Política de Estado del Acuerdo Nacional.
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