Después de haber acabado las negociaciones, en cada uno de los países firmantes se seguirán escuchando a los distintos sectores productores, al Gobierno, a los partidos políticos, a los periodistas y en general al público sobre lo que se mencionaba anteriormente, además de los descontentos y preocupaciones de los representantes de los sectores que resultaron "perdedores" y de los que salen a defender y mostrase satisfechos por lo alcanzado.
De toda la información que se recibe, es posible que se cree confusión o incomprensión sobre el tema. Obviamente, en todas las mesas temáticas, se generaron debates y problemas; pero de todas se destacan las de mayor demora y discusión como fueron: agricultura, textiles, derechos de propiedad, e inversión.
En el caso de la mesa de agricultura, esta siempre fue la más difícil y la última en cerrar. En lo que concierne a lo que ganó y perdió la Comunidad Andina se puede destacar la eliminación de la franja de precios y el mercado abierto y sin restricciones de impuestos.
Conforme al acuerdo con Perú. Según USTR:
"Más de dos terceras partes de las actuales exportaciones agrícolas estadounidenses quedaran exentas de impuestos inmediatamente. Los aranceles de la mayoría de otros productos agrícolas estadounidenses serán retirados progresivamente dentro de 15 años, eliminando así todos los aranceles al cabo de 17 años."[73]
Estados Unidos tenía entre sus objetivos la eliminación de la franja de precios que tiene los andinos y con esto manifestaba su disposición de contemplar otros mecanismos o instrumentos y el tratamiento especial para algunos productos sensibles específicos. Además de esto, plantearon salvaguardias transitorias y no permanentes, como lo solicitaron desde un principio los países andino.
Al eliminar el mecanismo de franja de precios, se estaría renunciando a la política agropecuaria común que tiene establecida la CAN. Con la franja de precios se pretendía asegurar una protección frente a las distorsiones derivadas de una sobreoferta así como de los subsidios que dan los países desarrollados a sus productos agrícolas; este mecanismo se adoptó con el fin de estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos agrícolas, caracterizados por una fluctuación marcada en sus precios internacionales. La entrada de productos en un mercado abierto sin mecanismos estabilizadores representará para la Comunidad Andina un retroceso en la puesta en marcha de la unión aduanera.
De los beneficios que ganó EE.UU. con el TLC es sin duda la entrada al mercado peruano y colombiano de carne de cerdo y de pollo. En el caso de Colombia, para el pollo se otorgó a Estados Unidos un cupo de 26.000 toneladas de los cuartos traseros de pollo, con aumento de 5 por ciento anual. Habrá desgravación a 18 años, con cinco años de gracia. En concordancia con el informe, esto para los representantes del sector es una mala negociación aparte de haberse incumpliendo con el arancel que se había convenido con el gobierno.
Salvo la carne de cerdo, el maíz, el arroz y la leche están incluidos en el sistema andino de franjas de precios, con la desaparición de las protecciones que este mecanismo otorga y la reacción de no aceptar otras propuestas que surtan igual efecto, se propicia la desaparición o deterioro de la producción de maíz, arroz, lácteos y del ganado bovino y porcino con la consecuente pérdida de cientos de miles de empleos y la probabilidad de incrementar los cultivos ilícitos en cientos de miles de hectáreas.
La franja se dirige a cambios de precios en materias primas mundiales. Colombia y Ecuador tienen estos impuestos variables en más de 150 artículos, incluso maíz, arroz, soyas, y leche pulverizada. Los negociadores Andinos han dicho que el mecanismo de franja de precios es necesario para proteger a sus agricultores, y sobre todo a los pequeños agricultores, contra importaciones subsidiadas.
Entonces ¿por qué buscan eliminar este mecanismo? En un análisis económico hecho por el Ministerio de Agricultura de Colombia, se encontró que si las reducciones de tarifa agrícolas del TLC incluyeran la eliminación del mecanismo de franja de precios, los ingresos netos para agricultores Andinos de arroz, maíz, sorgo, soyas, algodón, alubias, y petróleo de palma, se caerían en el 57 por ciento, y el empleo y los salarios en estos sectores se caerían en el 35 por ciento. Esto no estaría demostrando que este mecanismo sí es necesario y que su efectividad en el precio de dichos productos y por lo tanto en el ingreso de los trabajadores dependerán en gran parte a ello.
Conforme al acuerdo con Colombia. Según USTR[74]
Todos los aranceles e impuestos serán inmediatamente eliminados en exportaciones estadounidenses hacia Colombia "de carne bovina de alta calidad, algodón, trigo, comida de soya, frutas y verduras claves incluidas manzanas, peras, melocotones, y cerezas; y muchos productos de alimento tratados incluso patatas fritas y galletas congeladas."
Las exportaciones estadounidenses "de carne de cerdo, carne de vaca, maíz, piratería, arroz, las frutas, las verduras, productos tratados, y productos lácteos." Obtendrán un mayor acceso al mercado colombiano.
Los estadounidenses durante toda la negociación mostraron dureza y pocas intenciones de ceder ante las peticiones hechas por los países andinos. Esto se hizo evidente en el foro realizado por la Cámara de Comercio Colombo Americana en la, su director ejecutivo Joseph Finnin, hizo varios anuncios que de alguna manera muestran la opinión que se tiene desde el otro lado de sobre este tratado: "difícilmente en los temas pendientes los colombianos pueden aspirar a que se les ofrezcan más concesiones. No creemos que los negociadores por parte de Estados Unidos se vayan a mover de donde han estado en las rondas pasadas y es lógico que tampoco los congresistas norteamericanos vayan a dar su brazo a torcer".
Después de cerrar las negociaciones, las manifestaciones de agrado frente a lo acordado por parte de EE.UU. son evidentes pues han entrado a una buena parte del mercado andino que antes no tenían. el Comité Asesor de Política Intergubernamental (IGPAC), que representa la administración municipal y estatal estadounidense en la política comercial del proceso consultivo, elogió el acceso de mercado sustancial de productos agrícolas estadounidenses logrados en el acuerdo con Perú. Estados Unidos no solo ganó un acceso significativo para las exportaciones agrícolas estadounidenses a los mercados de Colombia y Perú, si no también lograron evadir demandas acerca de reducir sus subvenciones agrícolas a cambio del acceso a estos mercados.[75]
Como complemento a las declaraciones de Joseph Stiglitz ganador del Premio Nobel 2001 en economía y antiguo principal economista del Banco Mundial y de el presidente Bill Clinton sobre el daño que le generaría a estos dos países el TLC, los cuales sostienen que, los agricultores y campesinos que pierdan sus empleos, que ven disminuidos sus ingresos de maíz y arroz y otras cosechas legítimas bajan, ellos cambiarán a algo más, y la alternativa más lucrativa es la coca." Stiglitz concluye, "Así habrá más violencia." A este puede agregar lo dicho por un sector de congresistas norteamericanos, en una carta enviada al represente Comercial de EE.UU., Robert Portman. En ella le recuerdan que recuerdan que EE.UU. ha invertido más de 4.000 millones de dólares tratando de acabar con los cultivos ilícitos en ambos países y le piden mejorar el acceso de muchos productos colombianos para poder consolidar tales avances.
Agregan que para lograr dichos avances, las negociaciones deberían ser justas, sin lesionar al agro, pues se acabaría con miles de empleos que genera el sector y que probablemente serían reemplazados por más cultivos ilícitos. Según quienes firman la carta, una industria próspera y que genera empleos hace más factible que se acabe con el tráfico de drogas, que EE.UU. lleva años tratando de frenar.
A esto hay que sumarle la discusión y consecuentemente la reclamación del gobierno boliviano a los gobiernos homólogos de Colombia y Perú de haber afectado el comercio de soya hacía estos dos países. Sus declaraciones sobre el oscuro futuro que le espera a la soya boliviana y a los derivados de la cadena oleaginosa van en contra del TLC firmado específicamente por Colombia, pues considera que éste no tuvo en cuenta los acuerdos logrados entre ambos países y la prioridad hacia la CAN.
El otro lado de la moneda lo dan los ganadores y beneficiados de dichos tratados, pues consideran que el acceso de mercado para muchos productos agrícolas estadounidenses será dividido en fases – por un período de tiempo, permitiendo así un período de ajuste para pequeños agricultores Andinos. Además, el mantenimiento indefinido del mecanismo de franja de precios y protecciones de aranceles similares para agricultores ineficaces sólo retrasaría su tiempo de ventaja con una, economía del siglo veintiuno globalizada y algún día en el futuro causaría un período aún más áspero del ajuste. En cualquier caso, los defensores de los acuerdos en Perú y Colombia creen que las concesiones en la agricultura son absolutamente necesarias para conservar el sector textil y otras industrias de exportación que dependen del acceso de mercado a los Estados Unidos conforme al Acto de Preferencia de Comercio de Andean (ATPA), que debe expirar en el diciembre de 2006.
Autor:
Arturoi Clery
[1] Office of the United States Trade Representative, “USTR Notifies Congress of Intent to Initiate Free Trade Talks with Andean Countries,” (hereinafter, USTR Notifies) November 18, 2003, available at http://www.ustr.gov/Document_Library/Press_Releases/2003/Nov…
[2] Helena Cardenas and Katherine Vyborny, “A Contentious U.S.-Andean Free Trade Agreement,” The Carnegie Endowment for International Peace, November 16, 2005, p.2, available at http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfn?fa=prin..
[3] USTR Notifies, supra.
[4] Cardenas and Vyborny, supra.
[5] See, Karen Hansen-Kuhn, “Andean FTA: Threats to Development,” The Development Group for Alternative Policies (hereinafter Hansen-Kuhn), July 2004, available at www.developmentgap.org.
[6] Traducción realizada por el CADEL
[7] Office of the United States Trade Representative, “USTR Notifies Congress of Intent to Initiate Free Trade Talks with Andean Countries,” (hereinafter, USTR Notifies) November 18, 2003, available at http://www.ustr.gov/Document_Library/Press_Releases/2003/Nov…
[8] Helena Cardenas and Katherine Vyborny, “A Contentious U.S.-Andean Free Trade Agreement,” The Carnegie Endowment for International Peace, November 16, 2005, p.2, available at http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfn?fa=prin..
[9] USTR Notifies, supra.
[10] Cardenas and Vyborny, supra.
[11] See, Karen Hansen-Kuhn, “Andean FTA: Threats to Development,” The Development Group for Alternative Policies (hereinafter Hansen-Kuhn), July 2004, available at www.developmentgap.org.
[12] USTR, “Free Trade with Columbia: Brief Summary of the Agreement,” February 27, 2006, available at http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Andean_FTA.
[13] Id.
[14] Id.
[15] Martin Crutsinger, “White House makes trade deal with Columbia,” Associated Press, February 27,2006, available at http://www.kentucky.com/mld/kentucky/13973877.htm?template=c.
[16] USTR, “Free Trade with Peru: Brief Summary of the U.S.-Peru Trade Promotion Agreement,” December 2005, available at http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Andean_FTA.
[17] Id.
[18] National Pork Producers Council, press release, “NPPC Applauds Completion of Columbian Trade Talks,” February 27, 2006, available at http://www.nppc.org/wm/show.php?id=533&c=1.
[19] M Angeles Villareal, “Andean-US Free Trade Agreement Negotiations,” Congressional Research Service, January 4, 2006. When the full text of the US/Columbia agreement is released, it will be possible to determine the extent to which it curtailed the price-band mechanism.
[20] According to the USTR Agricultural Technical Advisory Committee on Grains, Feed, and Oilseeds, “ the agreement negates the adverse effects of Peruvian policies such as price bands and absorption requirements.” The U.S.-Peru Trade Promotion Agreement: Report of the Agricultural Technical Advisory Committee on Grains, Feed, and Oilseeds, February 15, 2006, p.1, available at http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Andean_FTA.
[21] M Angeles Villareal, “Andean-US Free Trade Agreement Negotiations,” Congressional Research Service, January 4, 2006.
[22] Hansen-Kuhn, supra, (quoting Paola Ramirez Leano, “Tratado de Libre Comercio: Perdidas agricolas de 57% sin franja de precios en TLC,” La Republica (Columbia), 15 July 2004) p.2
[23] Hugh Bronstein, “Columbia must be firm in U.S. trade talks – Stiglitz,” Reuters, October 21, 2004, available at http;//www.globalexchange.org/campaigns/afta/3547.html.
[24] Ver pe de página 6
[25] USTR, “Free Trade with Columbia: Brief Summary of the Agreement,” February 27, 2006, available at http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Andean_FTA. 2 Id.
[26] US/Peru Trade Promotion Agreement, Chapter 16: Intellectual Property Rights (hereinafter US/Peru TPA, Chapter 16), p16-14, available at http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Peru_TPA.
[27] Id. p. 16-15.
[28] Id. p. 16-15.
[29] Id. p16-1.
[30] Id.
[31] Id. p. 16-15; USTR, “Peru TPA Facts,” December 2005, p5; USTR, “Trade Facts: Free Trade with Columbia: Summary of the Agreement,” February 27, 2006, p.4, both documents available at http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Andean_FTA.
[32] According to the text of the US Peru agreement. Id. p. 16-15.
[33] USTR, “Peru TPA Facts,” December 2005, p5; USTR, “Trade Facts: Free Trade with Columbia: Summary of the Agreement,” February 27, 2006, p.4, both documents available at http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Andean_FTA.
[34] US/Peru TPA, pp. 16-15—16-16.
[35] Martin Crutsinger, “White House makes trade deal with Columbia,” Associated Press, February 27,2006, available at http://www.kentucky.com/mld/kentucky/13973877.htm?template=c.
[36] Hansen-Kuhn, supra, p.3.
[37] Martin Vaughan, “Peru’s Acceptance of IP Terms Led To Trade Pact With US,” Intellectual Property watch, available at http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=171&res=1024&print=0.
[38] Ver nota al pie de página Nro. 6
[39] US/Peru Trade Promotion Agreement, Chapter 16: Intellectual Property Rights (hereinafter US/Peru TPA, Chapter 16), p16-14, available at http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Peru_TPA.
[40] Id. p. 16-15.
[41] Id. p. 16-15.
[42] Id. p16-1.
[43] Id.
[44] Según el texto del Acuerdo entre Perú y Estados Unidos. p. 16-15.
[45] Martin Crutsinger, “White House makes trade deal with Columbia,” Associated Press, Febrero 27,2006, disponible en http://www.kentucky.com/mld/kentucky/13973877.htm?template=c.
[46] Martin Vaughan, “Peru’s Acceptance of IP Terms Led To Trade Pact With US,” Intellectual Property watch, disponible en http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=171&res=1024&print=0.
[47] Article 10.7 on expropriation and Appendix 10-B of the Peru agreement, as with the Singapore model, is an improvement on NAFTA’s expropriation article and limits the scope of its coverage to “a tangible or intangible property right or property interest in an investment.” This reflects U.S. constitutional norms in many respects. This improved language is reflected, however, neither in the Peru agreement’s definition of investment nor in article 10.5 on minimum standard of treatment.
[48] See Beer II…….
[49] U.S. constitutional case law construes the analogous Fifth Amendment Takings Clause narrowly. It draws a line that makes it difficult for an investor to successfully claim compensation for a government economic regulation that makes investment less profitable. Lucas v. South Carolina Coastal Council, 505 U.S. 1003 (1992); U.S. courts generally find that government regulation amounts to a compensable “taking” of property only when the regulation eliminates all or substantially all of its economic value. See Lucas at 1019 n.8,(1992) (“It is true that in at least some cases the landowner with 95% loss will get nothing, while the landowner with total loss will recover in full”). See also Zealy v. City of Waukesha, 548 N.W. 2d 528, 531 (Wis. 1996) (“[t]he rule emerging from the opinions of our state courts and the United States Supreme Court is that a regulation must deny the land owner all or substantially all practical uses of a property in order to be considered a taking for which compensation is required.”) The Supreme Court has held that so long as it does not constitute a physical invasion of property, the “mere diminution in the value of property, however serious, is insufficient to demonstrate a taking.” See Concrete Pipe and Products of California, Inc. v. Construction Laborers Pension Trust for Souther California, 508 U.S. 602, 645 (1993). Also in the United States, the courts generally uphold takings claims only with respect to physical or intellectual property. See Lucas, 505 U.S. at 1027-28, (By contrast, NAFTA’s definition of investment is extraordinarily broad, for example, including enterprises or interest in the assets or profits of any enterprise. Any interests resulting in the commitment of constitute an ‘investment.” NAFTA, supra note 2, at art. 1139.)
[50] The recent NAFTA tribunal decision in Methanex v. United States reads the rule relatively narrowly, concluding that:”as a matter of international law, a nondiscriminatory regulation for a public purpose, which is enacted in accordance with due process and which affects…a foreign investor or investment is not deemed expropriatory or compensatory,” unless specific commitments to refrain from regulation were made to the investor. Methanex v. United States,Final Award, part IV, chapter D, paragraph 7 (2005) available at www.naftalaw.com. In sharp contrast, the NAFTA panel in Pope & Talbot said economic regulation, even when it is an exercise of the state’s traditional police powers, can be a prohibited indirect or “creeping” expropriation under customary international law if it is “substantial enough.”1Pope & Talbot v. Canada, Interim Award by Arbital Tribunal, In the Matter of an Arbitration Under Chapter Eleven of The North American Free Trade Agreement, Between Pope & Talbot Inc. and The Government of Canada (April 10, 2001), pp. 33-34, available at <<http://www.naftaclaims.com>>.The Third Restatement of the Foreign Relations Law of the United States strikes a similar note, saying that an action that “unreasonably interferes” with “effective enjoyment” of an alien’s property amounts to an expropriation under international law. Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States §712, comment (g), quoted at 35 in Pope & Talbot, supra at note 135.
[51] For example, when they examine domestic court decisions to determine whether to award compensatory damages to investors for alleged violations of the minimum treatment standard, international tribunals apply a standard of review that provides a limited measure of deference to domestic courts, thereby increasing the risk of conflict. After Loewen and Mondev, it is beyond doubt that federal, state, and local court decisions in the United States are “measures” under international investment agreements, subject to review and potentially leading to the award of money damages. While the standard of review articulated in these two cases shows some deference and according to Loewen requires the exhaustion of domestic remedies, it is clearly more rigorous than the traditional and highly deferential standard of “bad faith and malicious intent.” Without being totally subjective, the standard of review applied in Loewen and Mondev, echoing the Elettronica tribunal’s understanding of a violation of minimum treatment under international law, encompasses “a willful disregard of due process of law…which shocks or at least surprises a sense of judicial propriety.” A simple “surprise to judicial propriety” would seem to be subjective and only moderately deferential, at best. It seems to leave room for unpredictable second-guessing state and federal court decisions, without the need to show intentional wrong-doing.
[52] The Republic of Columbia is currently bound to a bilateral investment treaty with the United States.
[53] The report states: “The Committee notes that unlike several other U.S. investment agreements, the Peru Agreement includes a so-called fork-in-the-road provision, such that investors are precluded from pursuing investor-to-state arbitration pursuant to the agreement’s investment chapter if they have first brought the claim…in a local administrative or court tribunal.” The U.S.-Peru Free Trade agreement: Report of the Industry Trade Advisory Committee on Services and Financial Industries, p.6, available at http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Peru_TPA/Report. Perhaps significantly or perhaps not, the Committee “does not object to the provision in particular…” and is simply concerned that the new language could create confusion for investors. Id.
[54] Also, why at Annex 10-H are U.S. investors (not Peruvian ones) denied a right to bring a Section B claim if they have already gone to a Peruvian administrative tribunal or court?
[55] Given the vague and somewhat circular definition of “investment authorization,” in the Peru investment chapter, one might also want to inquire about the precise meaning of the term in customary international law.
[56] Lingle….
[57] See e.g. Concrete Pipe and Products of Cal. Inc. v. Construction Laborers Pension Fund, 508 U.S. 602, 639 (1993).
[58] NAFTA article 1139.
[59] U.S./Chile Free Trade Agreement article 10:27; U.S./Singapore Free Trade Agreement article 15.1.
[60] See e.g. Concrete Pipe and Products of Cal. Inc. v. Construction Laborers Pension Fund, 508 U.S. 602, 639 (1993).
[61] Ver pie de página 6
[62] El artículo 10,7 en la expropiación y el Apéndice de 10 B del acuerdo de Perú, al igual que con el modelo de Singapur, son una mejora en el artículo de expropiación de NAFTA y limitan el alcance de su alcance a “un derecho palpable o intangible de la propiedad o el interés de la propiedad en un inversión.” Esto refleja los EE.UU. las normas constitucionales en muchos aspectos. Este idioma mejorado se refleja, sin embargo, tampoco en la definición de acuerdo de Perú de la inversión ni en el artículo 10,5 en el estándar mínimo del tratamiento.
[63] See Beer II…….
[64] U.S. constitutional case law construes the analogous Fifth Amendment Takings Clause narrowly. It draws a line that makes it difficult for an investor to successfully claim compensation for a government economic regulation that makes investment less profitable. Lucas v. South Carolina Coastal Council, 505 U.S. 1003 (1992); U.S. courts generally find that government regulation amounts to a compensable “taking” of property only when the regulation eliminates all or substantially all of its economic value. See Lucas at 1019 n.8,(1992) (“It is true that in at least some cases the landowner with 95% loss will get nothing, while the landowner with total loss will recover in full”). See also Zealy v. City of Waukesha, 548 N.W. 2d 528, 531 (Wis. 1996) (“[t]he rule emerging from the opinions of our state courts and the United States Supreme Court is that a regulation must deny the land owner all or substantially all practical uses of a property in order to be considered a taking for which compensation is required.”) The Supreme Court has held that so long as it does not constitute a physical invasion of property, the “mere diminution in the value of property, however serious, is insufficient to demonstrate a taking.” See Concrete Pipe and Products of California, Inc. v. Construction Laborers Pension Trust for Souther California, 508 U.S. 602, 645 (1993). Also in the United States, the courts generally uphold takings claims only with respect to physical or intellectual property. See Lucas, 505 U.S. at 1027-28, (By contrast, NAFTA’s definition of investment is extraordinarily broad, for example, including enterprises or interest in the assets or profits of any enterprise. Any interests resulting in the commitment of constitute an ‘investment.” NAFTA, supra note 2, at art. 1139.)
[65] The recent NAFTA tribunal decision in Methanex v. United States reads the rule relatively narrowly, concluding that:”as a matter of international law, a nondiscriminatory regulation for a public purpose, which is enacted in accordance with due process and which affects…a foreign investor or investment is not deemed expropriatory or compensatory,” unless specific commitments to refrain from regulation were made to the investor. Methanex v. United States,Final Award, part IV, chapter D, paragraph 7 (2005) available at www.naftalaw.com. In sharp contrast, the NAFTA panel in Pope & Talbot said economic regulation, even when it is an exercise of the state’s traditional police powers, can be a prohibited indirect or “creeping” expropriation under customary international law if it is “substantial enough.”1Pope & Talbot v. Canada, Interim Award by Arbital Tribunal, In the Matter of an Arbitration Under Chapter Eleven of The North American Free Trade Agreement, Between Pope & Talbot Inc. and The Government of Canada (April 10, 2001), pp. 33-34, available at <<http://www.naftaclaims.com>>.The Third Restatement of the Foreign Relations Law of the United States strikes a similar note, saying that an action that “unreasonably interferes” with “effective enjoyment” of an alien’s property amounts to an expropriation under international law. Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States §712, comment (g), quoted at 35 in Pope & Talbot, supra at note 135.
[66] The Republic of Columbia is currently bound to a bilateral investment treaty with the United States.
[67] Igualmente, ¿Porque en el Anexo 10H inversionistas de los EEUU (No del Perú), negaron un derecho de traer un reclamo de la Sección B si ellos ya han ido a un tribunal administrativo peruanos? are U.S. investors (not Peruvian ones) denied a right to bring a Section B claim if they have already gone to a Peruvian administrative tribunal or court?
[68] NAFTA artículo 1139.
[69] Los inversionistas extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales.
[70] Presentación en el Seminario “Integración y desarrollo sustentable. La nueva geografía de los recursos, la economía y el poder”, organizado por CLAES – D3E, Montevideo, 14-15 de Julio de 2005. solución de controversias, las empresas de los países firmantes pueden solicitar que un tribunal de arbitramiento internacional sea quien decida, y pueden ir a las cortes del país para solicitar la aplicación de la decisión que tome el tribunal internacional.
[71] Acosta, Alberto Verdades, medias verdades y falsedades del TLC Doce puntos para el debate 21 de marzo del 2006.
[72] Navarro, Chandri Hogan & Hartson (Washington D.C.) Esto incluye, protecciones de debido proceso y el derecho de recibir valor justo de mercado para la propiedad, en caso de una expropiación.
[73] USTR, “Free Trade with Peru: Brief Summary of the U.S.-Peru Trade Promotion Agreement,” December 2005, available at http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Andean_FTA.
[74] USTR, “Free Trade with Columbia: Brief Summary of the Agreement,” February 27, 2006, available at http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Andean_FTA.
[75] M. Angeles Villareal, “Andean-US Free Trade Agreement Negotiations,” Congressional Research Service, January 4, 2006. Cuando el texto del acuerdo entre EE.UU. y Colombia sea publicado, sera posible determinar en cuanto fue reducido el mecanismo de franja de precios.
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