3. El PSOE en el gobierno.
Tras la victoria en las elecciones generales del 28 de octubre de 1882, el primer gobierno socialista –formado el 3 diciembre de 1982- se encontró con una indeseable herencia por parte de UCD. Calvo-Sotelo había incorporado a España en la OTAN con la mayoría de la opinión pública y de los partidos políticos en contra, y sin una definición clara y precisa de la aportación española y de los términos de inserción en la OTAN.
El 8 de diciembre, en una reunión del Consejo Atlántico celebrada en Bruselas, el ministro socialista de Asuntos Exteriores Fernando Morán, anunció a los aliados la intención del nuevo Gobierno de detener la integración de España en la organización militar mientras se realizaba un análisis de los intereses estratégicos de España y se celebraba un referéndum. Mientras tanto España permanecería en la Alianza con la promesa de ser un aliado seguro y fiel. En opinión de Val Cid, en esta postura subyacía un intento de sacar provecho político de la integración en la Alianza, utilizándose como moneda de cambio para la integración en la CEE. Esta postura inicial del Gobierno se ajustaba al compromiso electoral del PSOE y a la voluntad de la sociedad española. Sin embargo, existía una contradicción latente entre su vocación europeísta y sus tendencias neutralistas, contradicción que se vio reflejada en una estrategia política conocida como ambigüedad calculada y que se caracterizó por la alternancia de declaraciones y actos a favor y en contra de la integración militar. Así, mientras por un lado se decidía mantener la presencia militar y diplomática en los comités de la OTAN, por otro se negaba a la nuclearización del territorio español en el Convenio Bilateral con los EEUU. Esta estrategia, que con mayor o menor fortuna dio resultado en política exterior y en las relaciones con la Alianza, causó no obstante enfrentamientos entre la base y la cúpula del partido y disensiones dentro del Gobierno, ocasionadas por diversas corrientes de opinión en cuanto al tema de la permanencia:
- De una parte, el Vicepresidente Alfonso Guerra, diplomáticos como Luis Yánez y ministros como José María Maravall, Ernest Lluch o Javier Solana, estaban dispuestos a abandonar la OTAN y a orientar la política exterior española hacia una línea más neutralista y de cooperación con América Latina y el Tercer Mundo.
- Por otro lado, el Ministro Defensa, Narcís Serra, se mostraba partidario de la permanencia, en función de las ventajas y posibilidades que ello suponía para la industria española y la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Idéntica postura adoptaba el ministro de Economía, Miguel Boyer, que comprendía la contradicción entre una política económica europeísta y otra defensiva de carácter neutral.
- Por último, otros miembros del Gobierno como el ministro Moran intentaron hallar una posición intermedia entre los postulados ideológicos y los intereses de estado.
Lenta y hábilmente el Presidente González fue desmarcándose de la posición inicial de su partido, llegando incluso a manifestar a la prensa que no era antiOTAN, e incluso demostrándolo con las manifestaciones de apoyo en 1983 en la República Federal Alemana al despliegue de los misiles pershing II y cruise. Esta "huida hacia delante" de Felipe González chocaba con la postura de parte del Gobierno, como hemos señalado antes y se encontraría en la base de la tormenta interna que sacudiría al partido años más tarde.
En 1983 el Ministerio de Asuntos Exteriores elaboró un informe sobre la OTAN, boceto del famoso Decálogo de política exterior que González presentó al Congreso de los Diputados un año más tarde. Los puntos recogidos por este informe eran los siguientes:
- Definición precisa de los criterios de no integración en la estructura militar.
- Declaración de no admisión, establecimientos o tránsito de armamento nuclear.
- Mantenimiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, pero con reducción, mediante acuerdo, de la presencia militar en España.
- Declaración a favor de la paz, la distensión y del desarme controlado y verificable.
En 1984, se produjo el definitivo giro atlantista en las manifestaciones de González y del resto de los miembros del Gabinete Socialista. Se sucedieron las declaraciones favorables en TVE y los viajes al extranjero, se puso énfasis en la relación entre la permanencia en la OTAN y la integración en la Comunidad Europea, hasta tal punto que el Ministro de Defensa Serra declaró su confianza en la no celebración del referéndum. Incluso alguien tan opuesto a la Alianza como Alfonso Guerra cambió de opinión y comenzó a apoyar la permanencia. Tras este giro político se encontraba el intento del Gobierno de aprovechar las ventajas que la Alianza ofrecía a los intereses españoles y al proyecto socialista. Los días 23 a 25 de octubre de 1984 se celebró el Debate sobre el Estado de la Nación, en el que se puso de manifiesto el cambio de actitud del Gobierno en el tema de la OTAN. Felipe González expuso su famoso "Decálogo" sobre la política de paz y seguridad, compuesto por los siguientes diez puntos encaminados a la búsqueda del consenso en política exterior:
- Continuidad en la OTAN.
- No integración en la estructura militar.
- Reducción de la presencia norteamericana en España.
- No nuclearización.
- No exclusión de la firma del Tratado de NO proliferación Nuclear.
- Voluntad de participación en la Unión Europea Occidental.
- Recuperación de Gibraltar.
- Candidatura al comité de desarme de la ONU.
- Desarrollo de convenios bilaterales de cooperación defensiva con otros países de la Europa occidental.
- Plan estratégico conjunto.
En su intervención parlamentaria, González expuso las líneas maestras de su política en relación con la Alianza: permanencia vinculada al ingreso en la CEE y a la disminución de la presencia estratégica en España. Propuso igualmente el presidente del Gobierno la celebración de un debate parlamentario sobre el tema con vistas a la consecución de un consenso y la comunicación a la opinión pública de una amplia información que les permitiera decidirse sobre la permanencia de España en la OTAN. Finalmente anunció la celebración de un referéndum sobre la cuestión para principios de 1986. Decidida y clarificada definitivamente su actitud con respecto a la OTAN, González se dedicó hábil y eficazmente a la búsqueda de apoyo para sus tesis, y ningún sitio mejor para ello que el XXX Congreso del PSOE celebrado en diciembre de 1984. Allí defendió la permanencia en la OTAN aludiendo a argumentos tan variados como la memoria histórica del partido que en 1949 había valorado positivamente la creación del Pacto Atlántico, o la crítica al romanticismo e idealismo de la izquierda socialista por su actitud neutralista. De la misma manera, en las conclusiones del Congreso se aportaron una serie de argumentos en apoyo de la permanencia:
- No comprometer el proyecto global de construcción europea en el resto de sus ámbitos (político, económico, etc.).
- No poner en entre dicho nuestra credibilidad exterior.
- La salida de la OTAN provocaría una alteración de los equilibrios establecidos y la fragilidad política de la Alianza.
Evidentemente, esta toma de posición fue apoyada por el Departamento de Estado norteamericano y los países miembros de la OTAN, que acogieron estas medidas con euforia. Sin embargo, durante el año 1985 se produjeron varios hechos que transformaron esta euforia en preocupación. Por un lado se recibieron presiones tanto desde los Estados Unidos como desde el Congreso de la Unión Europea Democristiana. Por otro lado, en España el PCE encabezó una fuerte movilización popular contra la OTAN mediante manifestaciones, declaraciones y actuaciones de las mesas por el referéndum. Estas presiones, tanto exteriores como interiores, volvieron a originar tensiones en el seno del Gobierno que desembocaron en la destitución de Fernando Moran y su sustitución en la cartera de Exteriores por Fernández Ordóñez, de vocación mucho más atlantista que su predecesor. Esta medida, bien recibida por los países de la OTAN supuso una consolidación de la figura de González al frente de la diplomacia española.
4. La campaña del referéndum de la OTAN.
En abril de 1985, y acosado por las presiones externas e internas, González fijó el mes de marzo de 1986 como fecha probable para la celebración del referéndum, aunque sin aclarar su carácter vinculante o consultivo. A partir de ese momento se desató una intensa precampaña que enrareció el ambiente político del país, con la multiplicación de artículos de opinión desde todos los ámbitos de la sociedad española e incluso la denuncia de maniobras para impedir la celebración del referéndum.
El día 2 de noviembre de 1985, es decir cinco meses antes del referéndum, El País publicó un sondeo de Sofemasa que mostraba claramente la actitud de los españoles en cuanto a la celebración del referéndum (un 63% de los españoles deseaban el referéndum), y debió causar gran preocupación en el Gobierno en general y en Felipe González en particular: el 46 % de los encuestados era partidario de la salida, por sólo un 19 % de la permanencia mientras que el porcentaje de indecisos se elevaba al 35 %.
El riesgo de derrota era alto, y el Gobierno se movilizó de cara a la campaña electoral. Como dice irónicamente Aguirre de aquel momento de nuestra historia, "El PSOE, utilizando todos los argumentos –desde las supuestas ventajas tecnológicas hasta la llegada del Pato Donald- tiene sobre sus espaldas la carga de convencer a la opinión pública y cambiar su orientación. Una tarea poco sencilla para un partido que llegó al poder enarbolando la bandera anti-OTAN". Dicha tarea se realizó tanto a nivel institucional como personal. A nivel institucional se tomaron dos medidas de gran importancia. En primer lugar el PSOE elaboró un documento titulado "Propuesta de una política de paz y seguridad", en el que se optaba por la permanencia bajo una serie de condiciones como la no incorporación a la estructura militar, prohibición de instalación, almacenamiento o paso de armamento nuclear por nuestro territorio y reducción de la presencia norteamericana. Por otra parte, y en conexión con lo anterior, a finales de año comenzaba la segunda ronda de negociaciones con los Estados Unidos para la reducción de la presencia militar en España. A nivel personal, destacó el papel de González, que aumentó notablemente su número de apariciones en los medios de comunicación. Como muestra de su estrategia, valgan las declaraciones que realizó a El país el 17 de noviembre de 1985 y que citamos por su importancia en contraste con la postura que había defendido hacía apenas cuatro años:
"Creo que los intereses de España se defienden mejor permaneciendo en la Alianza. Nuestra anterior valoración sobre la Alianza y sobre su funcionamiento no era correcta (…) En la Alianza, de verdad, están los países que tienen mayor ejercicio de la soberanía popular del mundo, mayor nivel de desarrollo económico, de democracia, de libertades y de respeto a los derechos humanos y mayor nivel de paz".
Esta chocante sinceridad del Presidente, en tanto que reconocimiento de sus errores, tendría influencia en el cambio de opinión de gran parte de la sociedad española. Así, declarada públicamente su postura ante la opinión española, González concentró su discurso en tres aspectos convincentes para su electorado:
- El cumplimiento del compromiso del referéndum.
- Las consecuencias negativas que para el Gobierno tendría un resultado negativo.
- Las consecuencias negativas de la salida de la Alianza a nivel internacional: el aislamiento respecto del mundo occidental, el retraso tecnológico, los riesgos impredecibles de una actitud contraria a los bloque militares, o el desprestigio internacional.
Como resultado de los esfuerzos del Gobierno se produjo un giro en la opinión de buena parte de los españoles, giro recogido en una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) en febrero y que mostraba una notable división de la opinión pública (32 % a favor de la permanencia, 32 % en contra y 36 % que no contestaban). Esta división a nivel popular, también se reflejaba entre las distintas fuerzas políticas, como se puso de relieve en el Debate sobre la Política de Paz y Seguridad, celebrado los días 4 y 5 de febrero de 1986 y en el que la oposición rehusó, por distintos motivos, apoyar al Gobierno. El 7 de febrero de 1986 se publica en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 214/1986, por el que se somete a referéndum de la nación la decisión política del Gobierno en relación con la Alianza Atlántica. Resumiendo la postura del Gobierno, se propuso a la opinión pública española que se pronuncie favorablemente a la permanencia en la Alianza y se acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos:
- No incorporación a la estructura militar integrada.
- Prohibición de instalar, almacenar o introducir armamento nuclear en territorio español.
- Reducción progresiva de la presencia militar norteamericana en España.
La pregunta del referéndum quedó formulada de la siguiente manera: "¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?".
5. Opiniones sobre el referéndum.
Un mes antes del referéndum el clima público y político del país se caracterizaba por la confrontación y la diversidad de opiniones. En este sentido, una vez descrita la actitud del Gobierno, vamos a analizar las posturas y reacciones de diversos grupos e instituciones ante la campaña del referéndum, haciendo referencia a los grupos y partidos políticos, los medios de comunicación, la Iglesia y también a las reacciones que provocó en la misma OTAN. Por último, analizaremos la reacción de la sociedad española, lo que nos servirá para explicar los, cuando menos sorprendentes, resultados finales del referéndum.
Las organizaciones antiOTAN. La postura contraria a la permanencia en la OTAN estuvo capitaneada la Plataforma Cívica para la Salida de la OTAN y la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas (CEOP). La postura de las organizaciones antiOTAN se resumen perfectamente en un manifiesto que la CEOP publicó como alternativa al Decálogo de González cuyos principales puntos eran:
- La presencia en la OTAN aumenta el peligro de guerra, reforzando los bloques militares.
- Aumenta el peligro de instalación de armamento nuclear en España.
- Restringe la capacidad de maniobra de España en asuntos internacionales, especialmente en el Tercer Mundo.
- Favorece la industria armamentística en detrimento de otras más necesarias.
- Incrementa los gastos militares.
Las fuerzas políticas.
Entre los partidos políticos hubo diversidad de opiniones y posturas, algunas sorprendentes. Obviaremos en este apartado la evolución de la actitud del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión de Centro Democrático por haber sido abordada ya en este trabajo, centrándonos en los otros dos partidos mayoritarios en España, a saber Partido Comunista de España y Alianza Popular (mas tarde, Coalición Popular). La postura del Partido Comunista (PCE) ha sido siempre claramente antiatlantista, fijándose como metas en política exterior el no alineamiento en bloques militares, el impulso al ingreso en la CEE y el fomento de las relaciones internacionales con el Mediterráneo, el Mundo Árabe y América Latina. Así, ya en la campaña electoral de 1982 se fijó como objetivo básico la convocatoria del referéndum en el plazo de seis meses, junto con otras medidas complementarias como la congelación de las negociaciones para aclarar la situación española en la Organización, la declaración de España como territorio desnuclearizado, la recuperación de la soberanía gibraltareña y la no renovación del Tratado con Estados Unidos.
En 1986, y de cara al referéndum de la OTAN, el Partido Comunista adoptó una postura radicalmente contraria a la permanencia, participando activamente en las movilizaciones de la sociedad española en base a argumentos rescatados de la anterior campaña: denuncia de la política de bloques y del imperialismo yanqui, el aumento del riesgo de guerra y de crisis nucleares en nuestro territorio, la carrera de armamento y sus elevados costes económicos, etc. En este sentido presentó un documento llamado "La paz es posible. Una propuesta de política exterior y de defensa fuera de la OTAN", que propugnaba una alternativa de Defensa Neutral Integrada dentro de un marco global de neutralidad en política exterior. Por su parte, Alianza Popular (AP) siempre había hecho gala de una vocación claramente atlantista. En su programa electoral de 1979, Alianza Popular reclamaba un debate inmediato con el fin de conseguir una inmediata integración en la OTAN como medio de sustituir la relación bilateral existente con los Estados Unidos a la que consideraban impopular. La integración en la Alianza se justificó entonces en base a dos tipos de argumentos. Por un lado argumentos de carácter universal o abstracto como el rechazo del neutralismo y del no alineamiento por ser una opción cara y utópica, la necesidad de pertenencia de España al mundo occidental, y las ventajas de una relación multilateral con la OTAN. Por otro lado se esgrimieron argumentos de carácter más particular o concreto y relacionados con la política interior, entre los que destacaban la mejora y modernización de la Fuerzas Armadas, garantías para una mejor defensa del sistema democrático español, garantías de supervivencia en caso de ataque de la fuerzas del Pacto de Varsovia, posibilidades de resolver el contencioso sobre Gibraltar, y beneficios económicos, científicos, sociales, industriales y tecnológicos.
A partir de 1982, AP es partidaria de la integración completa en la Estructura Militar de la Alianza, dejando en segundo lugar en orden de prioridad la adhesión a la CEE y la resolución del conflicto de Gibraltar. El 11 de diciembre de 1985, a pocos meses del referéndum y ya como Coalición Popular (CP), tras unirse con el Partido Demócrata Popular y el Partido Liberal, esta intención de conseguir la integración total se concreta en una Declaración Conjunta en la que se solicita la cancelación del referéndum aduciendo los intereses partidistas del gobierno del PSOE y las consecuencias negativas para el sistema político español. Se anunciaba que en caso de celebrarse la consulta no participaría en la misma.
Contrariado por las condiciones de la permanencia y por la convocatoria del referéndum, Coalición Popular adoptó una postura abstencionista, recomendando la abstención a sus votantes en una clara intención de perjudicar y castigar al Gobierno, privándole así de un número de votantes importante. Esta actitud fue no sólo poco comprendida por los socialistas, sino ampliamente criticada por sus votantes, los conservadores europeos y representantes de los países miembros de la Alianza. En último lugar, entre los partidos nacionalistas, proatlantista de tradición, predominó la ambigüedad e indefinición. Convergéncia i Unió había presentado en diciembre de 1985 ante el Parlamento una moción a favor de la permanencia de España en la OAN; sin embargo de cara al referéndum dio libertad de voto a sus electores. Por su parte, en el Partido Nacionalista Vasco hubo posturas contrarias como la de Xabier Arzalluz (favorable al sí) y la de Carlos Garaikoetxea (partidario del no).
Los medios de comunicación. Dada la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública nos vamos a detener brevemente en este apartado, analizando la postura de los diferentes medios acerca de tres hechos:
- Las consecuencias políticas del referéndum.
- La adecuación de la convocatoria del referéndum.
- La postura a tomar.
En cuanto a las consecuencias del referéndum existía una opinión generalizada por parte de todos los medios en las repercusiones negativas que tendría para algunas figuras políticas como el Presidente del Gobierno, a causa de sus contradicciones y vaivenes políticos en el tema de la OTAN; pero también en el Presidente de Coalición Popular Manuel Fraga, por su postura abstencionista calificada por la opinión pública como voto de castigo al Gobierno y de poco solidaria por los países miembros de la Alianza. Ante el hecho de la convocatoria del referéndum se pueden distinguir tres actitudes diferenciadas. La clara mayoría de los medios de comunicación, encabezados por los diarios ABC, Ya, La Vanguardia y Diario 16, se mostraron abiertamente en contra. La cadena SER también se manifestó en este sentido aunque más discreta y subliminalmente. Otros diarios mantuvieron una postura ambigua, como El Periódico de Barcelona que lo calificaba de acierto moral, pero de error político. Por último, una minoría se mostró a favor de la celebración del referéndum. En este sentido se manifestaron el diario El País y algunos columnista de la cadena Zeta.
Acerca de la postura a tomar ante el referéndum se produjo una mayor diversidad, pero también algunas coincidencias sorprendentes. La Vanguardia, que había desaconsejado en un principio la celebración del referéndum y mostrado su disgusto por la convocatoria, dio un giro radical y solicitó encarecidamente el voto afirmativo. Por su parte, El País pasó de una actitud neutra ante este tema a adoptar una posición favorable al sí, afirmando que el voto negativo podría suscitar tensiones institucionales. El diario ABC y la revista Época defendieron la abstención, en tanto que los diarios El Periódico y Ya mantuvieron una postura ambigua o intermedia, aunque de distinta forma. Así Ya pareció inclinarse por el voto afirmativo, aunque hizo un llamamiento a la reflexión sobre el sentido del voto en base a las consecuencias del referéndum. El Periódico mostró una actitud más neutra, exponiendo las razones para el sí y para el no, sin pronunciarse salvo en el carácter vinculante del referéndum. Por último, y evidentemente por distintas motivaciones, diarios tan opuestos como El Alcázar y Mundo Obrero defendieron denodadamente el no.
La Iglesia. En cuanto a la Iglesia manifestó sus reparos al referéndum en un comunicado de la Conferencia Episcopal Española. La Iglesia aludía en este sentido a la complejidad que la formulación de la pregunta representaría para muchos españoles, así como a las interpretaciones y valoraciones que el Gobierno pudiera hacer de los resultados y que calificó de dudosas.
Los países aliados. Podemos decir que la reacción de los países aliados ante la convocatoria del referéndum no fue demasiado airada, por ser una medida esperada y que la diplomacia española había dejado clara durante los cuatro años que España llevaba como miembro de la Alianza. Sin embargo, la actitud del Gobierno español al plantear las condiciones de la permanencia creó una imagen de falta de solidaridad en los aliados. Por un lado, la no integración podía suponer para la OTAN que el precedente de Francia de convirtiera en una generalización y alentara a otros miembros a actuar de la misma manera. Por otro, la negativa española al almacenamiento, instalación y sobretodo introducción de armamento nuclear en su territorio era claramente contradictoria con la estrategia de disuasión nuclear de la OTAN. Por último, la reducción de la presencia norteamericana en España iba en contra de la estrategia global de los Estados Unidos en Europa y obligaba a otras naciones a aumentar su aportación a la defensa colectiva.
La opinión pública. Partiendo de la afirmación de que los españoles tradicionalmente hemos mostrado escaso interés en los temas de política exterior y una percepción de los riesgos y necesidades de seguridad distinta de los demás países europeos, lo que sí es cierto es que se produjo un notable cambio de opinión en el tema de la OTAN que condujo a la victoria final del si en las elecciones del 12 de marzo de 1986.
Relacionados con la adhesión/permanencia en la OTAN es necesario analizar una serie de elementos que han caracterizado la percepción social del tema. En primer lugar la reminiscencia del aislacionismo de la Dictadura ha influido sin duda en el escaso interés que las cuestiones de seguridad exterior despiertan entre los españoles. En segundo lugar, existía una percepción de la amenaza soviética distinta de la de los demás miembros de la Alianza basada en la idea de que más que una realidad se trataba de propaganda del régimen de Franco. En tercer lugar la antipatía que gran parte de los españoles sentían por sus Fuerzas Armadas, a la que acusaban de defensoras de la dictadura y entorpecedoras del proceso democrático. Otro aspecto a destacar es nuestra fuerte vocación latinoamericana y árabe que llevó a desarrollar una sensibilidad histórica ante los problemas de estas regiones y un énfasis en las relaciones internacionales con ellas. Por último, el claro sentimiento norteamericano que tuvo su origen en la Guerra de 1898 y que se avivó con el apoyo mostrado por este país a la dictadura del General Franco. En palabras de Luis Yánez "Para los españoles (…) los norteamericanos eran sinónimos de defensores y apuntaladores de la dictadura (…) era difícil presentar a los Estados Unidos como paladín de la libertad y como amigo de España, y al ser el líder hegemónico de la OTAN, tampoco esta organización podía aspirar a tener buena imagen entre nosotros".
Todos estos elementos planearon sobre el proceso de adhesión y permanencia en la OTAN. Valga como ejemplo de ello los siguientes datos: según encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas el número de españoles que se mostraban poco o nada partidarios del ingreso en la OTAN en octubre de 1978 rondaba el 15 %, el 26 % en julio de 1979, el 30 % en julio de 1981 y el 43 % en septiembre de ese mismo año. Y a pesar de ello, se produjo finalmente ese cambio de opinión que antes hemos mencionado. Intentaremos responder en este apartado al porqué de ese giro radical en la opinión española. El debate nacional que se produjo en verano de 1981 cuando el gobierno de UCD decidió formalmente la adhesión a la Alianza, así como la campaña electoral de 1982 habían avivado el sentimiento antiOTAN de la sociedad española, consecuencia de los factores que hemos mencionado con anterioridad. Así, en septiembre de 1981 el número de partidarios de la adhesión alcanzaba las cotas más bajas, apenas un 13 % de la población.
Sin embargo, durante el gobierno del PSOE la opción atlantista fue recuperando gradualmente respaldo popular, animada por la presión gubernamental y por el ingreso en la CEE. A pesar de lo anterior, cinco meses antes del referéndum, el 46 % de los españoles eran partidarios de la no permanencia en la OTAN. ¿A que se debió entonces el triunfo mayoritario del sí el 12 de marzo de 1986? A este respecto se han señalado diversas causas:
- El apoyo recibido por un buen número de votantes de Coalición Popular que contravinieron las recomendaciones (abstención) del partido.
- Ciertos sectores de la izquierda partidarios del no percibieron que una derrota en el referéndum hubiera dañado políticamente al PSOE y supuesto la posibilidad de una derrota posterior en las elecciones generales y, consiguientemente, de un gobierno conservador plagado de figuras procedentes del franquismo.
- El efecto de los sondeos, que pronosticaban un triunfo insalvable del no, y que forzó a un número considerable de votantes que no pensaban votar a acudir a las urnas, cambiando crucialmente el sentido del voto.
- La influencia de los medios de comunicación. En este sentido los partidos de la oposición denunciaron la actitud de TVE a favor del sí, acusándola de oficialista y de haber manipulado sin disimulo la campaña.
- El esfuerzo personal de Felipe González, multiplicando sus apariciones públicas, y la habilidad de su discurso centrado en las consecuencias de una victoria del no, tanto para el Gobierno como para la política exterior española.
El día 12 de marzo se celebró la consulta, obteniéndose contra todos los pronósticos, los siguientes resultados: sobre un número total de 29.025.494 electores, se contabilizaron 17.246.458 (59,42 %) de votos emitidos: 9.054.509 votos a favor (52,49 %), 6.872.421 votos en contra, 1.127.673 votos en blanco (6,53 %) y 191.855 votos nulos (1,11 %). A partir de ese momento, el Gobierno inició un proceso a través del que se fue concretando el modelo de participación español en la Alianza, que se resume en cumplir las condiciones fijadas por el Gobierno para la adhesión y refrendadas en el referéndum, añadiéndole la reivindicación de la soberanía de Gibraltar. Ello no fue óbice para que, ocho días después de celebrada la consulta, España pasara a formar parte como miembro pleno del Grupo de Planes Nucleares y en mayo suscribiera por vez primera los Comunicados del Comité de Planes de Defensa y del Consejo Atlántico.
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Autor:
Juan A. Martínez Sánchez. Licenciado en psicología.
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