- Situación Histórica
- Una participación política excluyente
- El ejercicio del poder
- Conclusiones
- Bibliografía
1. Introducción.
En estos años de paz en la región centroamericana, se puede afirmar que ha entrado en un proceso de recuperación no sólo democrática considerando los años de violencia que vivió, sino también económica. El Estado norteamericano viene impulsando desde hace varios años, un programa de recuperación que ha dado sus primeros frutos; los índices de pobreza y desempleo se han combatido. Programa que lamentablemente no ha sido implementado o renovado para América latina, que tiene más una prioridad de seguridad interna y derechos humanos, lucha contra las drogas y contrabando. Situación que ha acortado la distancia de pobreza entre ambas regiones, en desmedro de la latinoamericana. Centroamérica ha avanzado mucho más en el desarrollo social y económico.
El proceso de violencia vivido por la región por más de 14 años, ha entrado en un proceso de anomia o, más bien de expectativa sobre lo que pasará con los gobiernos democráticamente elegidos. Esto ha facilitado que los diversos gobiernos: Francisco Flores en El Salvador; Enrique Bolaños en Nicaragua puedan desarrollar con factibilidad sus programas económicos neoliberales. Otro punto, y no lo trataré en el presente trabajo, son las vicisitudes en pro y en contra que ha ocasionado la implantación de este programa.
Después de diez años del fin de la guerra en El Salvador la falta de justicia sigue siendo un aspecto muy importante, una traba para el auténtico despegue hacia un verdadero Estado democrático de derecho que pueda ejercer plenamente su autoridad o gobernabilidad. Parece no ser suficientes las grandes inversiones que se han hecho destinadas a crear las condiciones necesarias para contar con una herramienta fuerte, capaz y eficiente, como la reforma a la constitución salvadoreña, con nuevas leyes que permitió desmoronar los antiguos cuerpos de seguridad y se diseñó una concepción totalmente distinta en este ámbito, para que garantice los derechos humanos y la estabilidad del país.
Para la CEPAL, esta década violenta del 80, supuso un retroceso de 20 años en el desarrollo económico y social, y una deuda social acumulada que tardará décadas en solventarse.
Históricamente la región ha tenido una economía muy modesta, debido no sólo a la geografía, sino también a los fenómenos derivados de la división internacional del trabajo. La economía es extremamente vulnerable, con escasos recursos tecnológicos, humanos y naturales limitados, baja productividad y bajo nivel de ingresos, dependencia de la exportación de materias primas. Tampoco la ubicación periférica es la más favorable , existe una propensión en quedar al borde de la agenda política y económica en un mundo progresivamente globalizado. La hiperinfluencia política y económica de agentes externos permitió una penetración y dependencia del exterior, con la omnipresencia de EEUU. Otro factor a considerar es la fuerte preferencia a la concentración altísima del poder dentro de cada país, con una cultura política considerablemente autoritaria, que merced a rasgos oligárquicos y dictatoriales han consentido hablar de un Estado caracterizado por rasgos prepolíticos y una sociedad que presenta una clara anomia social. La polarización extrema y la fractura social, permite hablar de una sociedad de dos prontitudes, que genera a su vez dos ciudadanías: amplios sectores que tienden a la marginación y al empobrecimiento, a la desintegración social y a presentar graves carencias de desarrollo, con un horizonte de creciente violencia e inseguridad urbana y "Somalización" indígena y rural; una pequeña elite oligárquica que constituye más del 2% de la población que abarca casi totalmente los beneficios de las épocas de bonanza económica. Todo ello no es extraño que durante la década de los ochenta la región entrara en una recóndita crisis en los factores políticos y económicos.
Sumado además, que la democracia fue uno de los ingredientes centrales de la reciente etapa revolucionaria; los insurgentes la vieron como una de las dimensiones de su lucha contra dictaduras brutales como el somocismo en Nicaragua, o contra regímenes militares que fomentaban el fraude electoral y la represión como en Guatemala y El Salvador. En cambio, para las elites la democracia estaba duramente amenazada por el reto revolucionario. Por su parte EEUU veía en la democracia una elección de contrapeso a las revoluciones y una herramienta para reducir el vigor de la convocatoria revolucionaria respecto de actores sociales que, sin embargo, se oponían al autoritarismo político de las elites.
El Salvador, se vio sometida durante aproximadamente once años: 1980- 1991 a una cruenta guerra civil. Fundamentada esencialmente por las precarias condiciones económicas de la población rural. La élite que componía el gobierno y la que la sostenía había postergado sistemáticamente las legítimas aspiraciones de un pueblo por unas mejores condiciones de vida.
En este argumento abordaremos principalmente cómo estaban las condiciones del pueblo campesino y sus condiciones de vida, que fue el caldo de cultivo para la germinación de una de las guerrillas más preparadas y violentas de la historia subversiva de América latina, y cómo después ésta no pudo conquistar el ansiado poder, básicamente por errores estratégicos de lucha y la injerencia de EE.UU., en ayuda logística al Ejército salvadoreño.
3. Una participación política excluyente.
Para finales de los 70, El Salvador vivía un orden político claramente excluyente del resto de la población, haciendo que la crisis político económico generara un enfado en casi todas las capas de la nación. Señala Alfredo Rangel "la estructura económica elitista y la expansión de la economía agrícola de exportación empeoraron las condiciones de vida de los campesinos" Sumado a ello el trabajo desarrollado por activistas católicos hacia la masa rural, que más tarde sería retomado por el grupo revolucionario.
Todo esto se incubó en la década del sesenta, en el que no se dio soluciones económicas y sociales que aliviaran las ya deterioradas condiciones de la población, como también la represión política traducida en ausencia de democracia.
Hugh Byrne, señala que esto por si sólo no es suficiente para concurrir en una guerra civil, sino el enfoque que utiliza para estudiar los procesos de insurrección, el diseño y desarrollo de las estrategias adecuadas en los momentos adecuados son los que determinan la viabilidad de una revolución.
La clase dirigente terrateniente, políticamente ultraconservadora, pero económicamente progresiva, no estaba dispuesta a compartir nada de la carga del cambio económico con un campesinado empobrecido y marginado de la expansión de la economía agroexportadora. Economía exportadora que se basaba en la producción de café. La expansión de la producción cafetera forzó a los campesinos a desertar sus tierras para convertirse en jornaleros de tiempo de cosecha, o a trabajar en parcelas pequeñas para mantener cosechas de pancoger.
La élite salvadoreña estaba dividida interiormente, una facción agro-financiera se oponía férreamente a cualquier cambio en el marco de concentración de propiedad de la tierra y los salarios bajos con el fin de conservar la economía de plantación como base de ingresos y ganancias de la sociedad. Otra facción agro-industrial pretendía introducir cambios en el sistema económico y favorecer formas políticas menos autoritarias en el marco de una democracia representativa, aun cuando restringida y limitada. Sin embargo, ambas posiciones concurrieron en torno a los intereses agro-financiera, razón por la cual El Salvador tenía reputación internacional de autoritarismo.
La élite argüía que no había razón para el descontento social porque el producto de la economía cafetalera estaba ampliamente distribuida y era la principal fuente de supervivencia en las áreas rurales; por ello la reformas estructuradas reclamadas sólo impedirían el desarrollo económico, de manera que no había nada que reformar. En este sentido el concepto de democracia de la élite era muy restringido en el cual no cabía la izquierda.
Todo esto nos lleva a pensar que el sistema político salvadoreño estaba determinado por el totalitarismo y la exclusión. Todo intento de participación política de la clase media era sistemáticamente bloqueado, lo que llevó a una polarización extrema y condujo a la guerra civil. El estado tampoco podía hacer mucho, aun cuando quisiera, puesto que era débil, nunca pudo desafiar los intereses de la clase dominante; una división de labores entre las FF.AA., que tenía puestos principales en el gobierno, y la oligarquía que controlaba la economía; una exclusión de las organizaciones políticas independientes que organizaban los intereses de los campesinos; y una baja institucionalización del sistema de partidos y del sistema electoral.
Políticamente el régimen siempre estuvo mantenido por una base de apoyo muy estrecha. En 1972, los militares impidieron el traspaso del poder a una coalición amplia de la socialdemocracia y un partido comunista triunfadores en las elecciones.
Esta polarización extrema y una situación sin salida de la crisis del régimen, explica en gran parte porque en 1980 estalló una verdadera guerra civil de forma de insurgencia guerrillera y la razón del muy alto desarrollo que alcanzó la guerrilla del FMLN en el curso del conflicto.
La gobernabilidad, hoy en día, como lo afirma Edelberto Torres Rivas, "resulta de examinar el viejo problema del orden, el ejercicio del poder estatal cuando las relaciones con la sociedad atraviesan una etapa de crisis". Quiere decir, que también es un problema de eficiencia, de sus resultados. La preocupación es mucho más en esta época de profundas modificaciones históricas en la sociedad de mercado, que necesita de una sociedad civil más independiente del poder estatal y en consecuencia se alteran las relaciones de todos sus diversos componentes, cuyo eje es el Estado.
Por otro lado, la coherencia y la sistematización de la sociedad son el objetivo central del ejercicio del poder. El caos y la inestabilidad son amenazas a la legitimidad de la autoridad. Se afirma que el tema de la ingobernabilidad ha tenido orígenes europeos, propios de las sociedades del capitalismo avanzado, de un ejercicio conservador. Situada en la crisis de los resultados propios de la democracia de masas, en la sobrecarga de demandas y expectativas que ella, al profundizarse, alimenta y que el Estado de bienestar debe enfrentar. Es decir, todo lo que queda sin cumplir en una sociedad democrática, aumenta el estado de desgobierno. Una cultura política que no restringe su participación popular hace que desconfíe de la democracia.
El populismo latinoamericano y centroamericano debe ser anotado como la primera experiencia de gobernabilidad, de participación en el escenario político de masas urbanas recientes, movilizadas sin ninguna experiencia de organización política, ideológicamente ambiguas, electoralmente necesarias. Lo que todavía no tenemos en cuenta es que el problema de la gobernabilidad forma parte del proceso de las consolidaciones democráticas que viene subrayando la paradoja de las insuficiencias de la democracia electoral en relación con la necesidad adicional de un buen gobierno.
La gobernabilidad tal como la entendemos, debe descansar en dos pilares fundamentales, la legitimidad y eficacia. Eficacia en el sentido de su debilidad tanto en la sociedad y en el interior del Estado, puesta en duda sus bondades prácticas, los líderes tradicionales de los viejos partidos parecen no ser ya suficientes. Legitimidad, entendido como eficacia, técnica y administrativamente, honradez pública en el manejo de recursos, sancionar los actos de corrupción.
Para una democracia plena en Centroamérica y América Latina, con estabilidad institucional y participación ciudadana, destinada a resolver los problemas sociales, el profesor Torres Rivas cree que es necesario que los intereses de la sociedad civil estén asegurados, atendidos por el Estado. Para ello los partidos políticos, en una sociedad democrática, son responsables de estas funciones de doble dirección, de expresar las necesidades de toda sociedad en el nivel del poder del Estado y conformar ese poder, dirigiéndolo.
Lamentablemente los partidos centroamericanos no están inmersos en un proceso de modernización y democratización, todavía se ven estructuras centralizadas y autoritarias; por ello el desencanto de la población con los partidos, lo que ha llevado a la desactualización de dirigentes, desideologización, problemas de identificación entre partidos y cúpulas, y la incomunicación, como también la impunidad de dirigentes que cometieron delitos contra la hacienda pública (caso Nicaragua).
Los sistemas administrativos, institucionales y las mediaciones partidarias tradicionales quedaron debilitadas con la crisis del orden autoritario; pero lo que realmente entró en crisis en estos años fue la matriz socioeconómica tradicional que los cobijó, es decir la sociedad con un mercado agrario exportador y uno industrial volcado hacia adentro y un Estado promotor que suplió la ausencia del sector empresarial vigoroso. Debe entenderse que los partidos políticos no sólo son intermediarios entre la ciudadanía y el poder estatal, sino otorgan a éstos dirección y contenido, legitiman el poder del Estado y otorgan sentido al orden público; sirven para canalizar y representar demandas y conflictos originados en la sociedad civil y dar respuestas, un flujo constante de la sociedad civil hacia lo estatal-político y viceversa.
La gobernabilidad centroamericana, también pasa por conseguir su autonomía y reducir su vulnerabilidad externa, lo que va a llevarlos a la gestación de un verdadero espacio democrático, que ofrece grandes posibilidades para superar la exclusión social, económica, étnica, el rechazo endémico de las elites oligárquicas y tecnocráticas a la cultura campesina
Carlos Sojo señala que la gobernabilidad puede ser la resultante de las modalidades de ejercicio del poder político en un determinado régimen; sin embargo, para él no existe necesariamente una relación de dependencia entre gobernabilidad y democracia, puesto que se han visto situaciones de gobernabilidad en regímenes autoritarios.
La sociedad centroamericana está claramente consciente que después de tantos años de guerra, por un lado sus expectativas están centradas en la de la justicia y la del crecimiento. Justicia entendido como las reformas sociales que les permitan justificar la larga espera por la respuesta del Estado a las necesidades de salud, educación, cultura y recreación de importantes segmentos de la población. La finalización de la guerra se ha convertido en el punto de partida para el avance de los intereses sociales y el relanzamiento de las actividades económicas y, en menor medida, con un programa progresivo de democratización.
En este sentido las políticas gubernamentales han enfilado sus propuestas en el desarrollo de procesos de negociación para los conflictos armados, la generalización y profundización de políticas mercado-dirigidas complementadas con instrumentos de compensación tanto social como económica, y el desarrollo de mecanismos de concertación económico social con el fin de establecer acuerdos básicos y disminuir resistencias.
Sin embargo, a pesar de estos indicios alentadores, la participación electoral en el Salvador se ha ido lentamente recuperando. "Desde 1994 a febrero del 2000 se han celebrado cuatro procesos electorales (1994,1997, 1999 y 2000) de un ausentismo que tiene como causa la apatía y el desinterés de la población por todo aquello que huele a política" de que nada sirve votar porque todo seguirá igual o peor, porque todos los partidos son iguales. Para contrarrestar esto, los gobiernos de posguerra se deben empeñar en afirmar no solamente el cumplimiento de los acuerdos de paz de 1992, como la base necesaria para una verdadera transformación social, política y económica, lo que de alguna forma indicará que los años de guerra no fueron vanos, con los miles de muertos, lisiados y desaparecidos, las migraciones masivas hacia dentro y fuera del país.
En estos regímenes democráticos, recientemente constituidos, debemos advertir que la política informal de la que padecen y la practican, orientada de acuerdo a los viejos esquemas, como los "debajo de la mesa", etc., un hiper-presidencialismo y la continuidad de imposiciones autoritarias, "que puede llegar a transformarse en un problema de la gobernabilidad, situación en la cual se ponen en entredicho todos los esquemas, los procesos e instituciones que en base a su interconexión y compatibilización logran edificar condiciones que favorecen la legitimidad, la representatividad y la participación en el ejercicio de la gestión política (Alcántara, 1994). El tema de la gobernabilidad se encuentra entonces en el centro de los procesos políticos y de los ejes centrales de enlace entre sociedad, sistema político y estado. Por lo tanto es allí donde se concretiza la forma específica en la cual el estado se relaciona con el ciudadano, es decir, las "arenas" en las cuales se genera el tipo de integración y cohesión de una sociedad concreta"
En este sentido para poder garantizar la gobernabilidad democrática, es de vital importancia la ampliación de la ciudadanía, sobre todo la clandestina que ejercen los pueblos indígenas, que no sólo implica el incluirlos en las garantías constitucionales ciudadanas, sino también elementos sustantivos de la ciudadanía social, en el patrimonio histórico-cultural o ambiental.
Si queremos ser optimistas y situarnos en escenarios de gobernabilidad en los años futuros, debemos considerar tres aspectos: el sistema de partidos, la intermediación política y social, y la acción y la calidad de la sociedad civil, como también el nivel de estabilidad económica. Las democratizaciones, no tan recientes pero de expectativas todavía nuevas, debe ser satisfecha con esquemas de asistencia social, estabilidad económica, justicia e igualdad ante la ley, mayor participación política y eliminar los sectarismos.
Quizás no sea un indicio que se deba resaltar, considerando que la violencia puede volver; pero el hecho se ha dado y significa que es un paso hacia la democratización y pacificación dentro de un marco de mayor gobernabilidad para la región; en este sentido los militares son los que más se desacreditaron y han reducido su cuerpo de oficiales y suboficiales. En Nicaragua hasta un 15%, un 50% en El Salvador y un 33% en Guatemala. También la oligarquía, dueños de la tierra han experimentado drásticas reformas y los que estaban en política se han descompuesto o la muerte política.
Como lo dije en la introducción, hay un importante proceso de desarrollo democrático, las elecciones libres se han sucedido unas tras otras sin ningún imprevisto que considerar, competencia partidaria y activación de la sociedad civil. Este clima favorece especialmente a los partidos de derecha: ARENA, que vienen ganando todas las elecciones.
Se puede afirmar que en Centroamérica, luego de todos estos años de conflicto y de acuerdo de paz, se ha completado la fase de la transición a la democracia, es decir, hacia un régimen político-institucional, lo que no quiere decir que estén dadas las condiciones para una gobernabilidad democrática que garantice los derechos de los ciudadanos.
Entre 1981 y 1999, en Centroamérica, Belice y Panamá se han realizado 56 procesos electorales, con un promedio de casi 3 elecciones por año, correspondiendo a cada país un promedio de 8 elecciones (11 en El Salvador y 5 en Nicaragua) todo esto nos indica el restablecimiento del sistema democrático electoral.
Precisamente para no volver a espectar una involución de la autoridad y por ende de la gobernabilidad es fundamental que los partidos políticos refuercen sus programas y su presencia ante la sociedad, que se elimine los esquemas personalistas. La inclinación de la población hacia estilos de "mano dura" son elementos de la cultura política tradicional, eliminar la polarización o fragmentación, lo que de alguna forma es causa y consecuencia de la volatilidad electoral. Que la intermediación social sea efectiva, para compartir espacios con actores de la sociedad civil y los grupos de interés. Asimismo, otro elemento de la democracia y la gobernabilidad, es que los espacios públicos sean autónomos: una acción y calidad de la sociedad civil.
Bogotá, 3 de Junio de 2002
1. Edelberto Torres Rivas. "Centroamerica, revoluciones sin cambio revolucionario" en Revista Nueva Sociedad N° 150. Noviembre de 1997.
2. Carlos Sojo. "Democratización, Gobernabilidad y Actores políticos en el proceso de Integración Regional" en Estudios Internacionales. Vol. 7 N° 13.
3. Revista Estudios Centroamericanos de la Universidad "José Simeón Cañas". Números 615, 616, 617, 619, 623, 624, 625,629, 631, 633, 635, y 636.
4. Ricardo Córdova Macías y otros autores. Pasos Hacía una nueva Convivencia: Democracia y participación en Centroamérica.
Instituto de estudios Iberoamericanos. El Salvador 2000.
Autor:
Iván Rodríguez Alegre