Riquezas en el subsuelo peruano y el crecimiento económico

• Introducción
• Antecedentes de la propiedad en el Perú
• Los conflictos sociales en el Perú
• Recomendaciones

Introducción

El presente ensayo se refiere al tema del régimen de división irracional de la propiedad que tiene nuestra nación, debido a todas las constituciones que hemos tenido, en las cuales señalaban y señalan que la propiedad de los recursos naturales son patrimonio de la nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento, conforme señala en su artículo 66 de nuestra actual constitución, asimismo el actual Código Civil en el Perú, en su artículo 954º establece que: "La propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales, los yacimientos y restos arqueológicos, ni otros bienes regidos por leyes especiales".

La Defensoría del Pueblo registró en Enero 2006, 75 conflictos sociales y en Enero 2015, 210, ello resulta alarmante, de sobremanera, pues el nivel de conflictividad prácticamente se ha triplicado. La causa de la mayoría de estos conflictos, tiene su origen en temas socio ambientales, pero en la raíz de estos, a mi parecer, se oculta un sentimiento de rechazo por el despojo de recursos naturales y tierra (propiedad del suelo y subsuelo), los cuales son factores fundamentales de la organización económica rural del país. Esta es la percepción de los comuneros rurales, de que el Estado, arbitrariamente los despoja de la propiedad de sus tierras, sin negociar adecuadamente las condiciones y sin haberles consultado sobre sus derechos e intereses. Condiciones referidas a la retribución por la explotación de los recursos que contienen sus tierras y del manejo sostenible y ambientalmente tolerable de los mismos, particularmente del agua. Si las personas poseedoras de la tierra, de manera individual o a través de sus organizaciones comunales hubieran participado en la negociación, asegurando beneficios y comprometiendo obligaciones, muy probablemente nada de esto estaría sucediendo, sin embargo no negociaron nada, por una sencilla razón: el Estado administra y dispone soberanamente, a nombre de la nación, de los recursos naturales y del subsuelo, con fines no siempre muy santos.

La abundancia de conflictos sociales en el Perú, muchos tienen su origen en el sistema de propiedad y remontándonos en la historia podemos señalar que su origen está en la época de la conquista española, de estos territorios americanos. Es vital el conocer los verdaderos y profundos móviles que originan los conflictos sociales en nuestro país, ya que estos están frenando el ritmo de crecimiento económico, que habíamos alcanzado pocos años atrás. Estos conflictos pueden estar en dos estadios, unos latentes y otros manifiestos, teniendo cada uno de ellos sus propias particularidades.

Para realizar este ensayo he volcado mi experiencia de haber sido oficial del Ejército del Perú, lo cual me permitió conocer realidades de nuestro ámbito rural, haber trabajado como Jefe del único Batallón de Inteligencia del Ejército (antes Servicio de Inteligencia del Ejército) lugar desde el cual se estudian y analizan los conflictos sociales a nivel nacional que puedan constituir una amenaza al régimen democrático, haber realizado una maestría en Gestión Pública en la Universidad ESAN, donde también se estudian estos conflictos sociales, haber realizado el Curso Superior de Inteligencia Estratégica en la Escuela Nacional de Inteligencia en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), donde obviamente se estudian estos conflictos y también con la experiencia adquirida de desempeñarme como docente de post grado del Curso Sistema Nacional de Bienes del Estado en la Universidad nacional Pedro Ruiz Gallo.

DESARROLLO

Antecedentes de la propiedad en el Perú

Podríamos empezar este ensayo planteándonos la siguiente interrogante: ¿Cuál es la diferencia entre una persona que tiene en su subsuelo petróleo en Estados Unidos y una persona que encuentra petróleo en Perú? La respuesta es que la persona que encontró petróleo en su subsuelo en Estados Unidos es realmente muy afortunado y en el Perú es un desafortunado. En el Perú esto quiere decir que eres propietario de tu subsuelo cuando no encierra riquezas y cuando si existen riquezas estas son de propiedad del estado y este procede a confiscar la propiedad, no teniendo el propietario, sea persona natural o jurídica (comunidad campesina) ninguna retribución directa, tan solo una retribución indirecta a través de las regalías mineras administradas por el gobierno regional y local, resulta una tanto mejor que hace pocos años atrás, pero aún es limitado el acceso a los beneficios, como es el caso del afortunado propietario de los Estados Unidos.

En épocas del Imperio de los Incas, las tierras eran distribuidas en tres clases: las tierras del Sol, las tierras del Inca y las tierras del pueblo o de los ayllus: Las Tierras del Sol: eran aquellas destinadas al sustento de los miembros del culto y para la obtención de ofrendas a los dioses en los días festivos. Las Tierras del Inca: eran aquellas destinadas al sostenimiento de la nobleza imperial y del ejército. Los excedentes de la producción de las tierras del Inca conformaban las reservas nacionales, con las que se atendía a la población en caso de desastres naturales o para el abastecimiento del ejército en casos de guerras. Las Tierras del Pueblo: no hay duda que en el reparto de la tierra se daba preferencia a la comunidad o al ayllu. Cada individuo recibía una parcela de tierra o tupu, es decir la superficie necesaria para el sostén de una familia de modo que nadie padeciera hambre ni penuria. Esta extensión podía variar de acuerdo a la mayor o menor fertilidad del suelo, el clima y la región. A un varón le correspondía un tupu y a cada mujer medio tupu. La diferencia radicaba en que el varón, por las tareas pesadas que cotidianamente realizaba, desplegaba mayor energía.

La propiedad se fue predominantemente estatal, considerando las del Inca y del Sol como tales, pero hubo cierto vestigio de propiedad privada de grandes latifundios, que estaban en manos de ciertos nobles que pertenecían a las panacas incas y de algunos reyes de reinos sometidos al incanato. No hubo propiedad colectiva. El Ayllu no era dueño de la tierra, el Estado le concedía esta para que lo posea o usufructúe, pero se la podía quitar. Podemos deducir que las tierras del Imperio Inca distribuidas entre los ayllus pero sin derecho a propiedad, pueden ser el más remoto antecedente del problema de la propiedad en el Perú.

Durante la colonia una de las grandes preocupaciones de los conquistadores españoles, fue la de poseer extensas tierras en el territorio conquistado para así obtener mayores ventajas económicas y un mayor prestigio social. Extensas propiedades que de no incluir dentro de ellas a una gran cantidad de mano de obra indígena que la trabajase carecían de valor. La tenencia de tierras en la época colonial quedó distribuida de la siguiente manera: Tierras realengas (pertenecientes al Rey, al Estado), Gran propiedad territorial como las Haciendas, mediana y pequeña propiedad pertenecientes a criollos, españoles y mestizos, propiedad indígena consistentes en pequeñas parcelas individuales, cuya producción agrícola y agropecuaria apenas alcanzaba para su auto subsistencia y el de su familia y propiedad indígena comunal, tierras que eran trabajadas colectivamente para poder obtener la producción y rentas necesarias para poder pagar el tributo. Esta tipología de propiedad aplicada en la colonia agravo la propiedad en el futuro Perú, debido a que no se asentaron en el ámbito rural escrituras públicas de propiedad y las delimitaciones correspondientes, manejándose esta situación de manera muy informal.

Durante la vida republicana se continuó con el sistema colonial hasta el año 1969, en el cual el gobierno militar presidido por el General Velasco promulgó la ley de la reforma agraria, la cual expropio de sus tierras a los terratenientes para transferirlas a las Cooperativas de producción constituidas por los campesinos, siendo el resultado negativo de esta reforma ya que contrajo la producción agrícola del país y generó una política de irrespeto a la propiedad privada, pero sirvió como amortiguador a los reclamos sociales, constituyéndose en uno de los pilares de la derrota de los movimientos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA, ya que estas organizaciones no tenían nada importante que ofrecer al campesino, porque este ya era propietario de la tierra.

Desde la década de 1930 se inicia en el Perú el reclamo de la propiedad de la tierra para los trabajadores, basados en ideologías marxistas y socialistas; acrecentándose con el paso de las décadas este anhelo de los más pobres y explotados del país, pasando aproximadamente 4 décadas para que un gobierno militar tomara semejante decisión de justicia social para unos y de injusticia para otros

Los conflictos sociales en el Perú

Estudios recientes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han permitido conocer que Perú, Bolivia y Argentina  son los países con mayor incidencia de conflictos en América Latina (superior a los 200) y sin embargo, en el caso de Perú, no son los más violentos y radicales. Asimismo han puesto en evidencia algunas características comunes en toda la región: la debilidad institucional del Estado, también con variantes, la desigualdad social, la fragmentación de los movimientos y protestas sociales, sus orígenes diversos que van hasta casos de protesta ante determinada normatividad como la denominada ley pulpin o ley de régimen laboral juvenil. En el caso del Perú, con una endeble institucionalidad estatal y con una precariedad orgánica de la mayoría de los partidos políticos, se han tenido protestas sociales en dispersas y divididas a lo largo del país, varias de corta duración y objetivos precisos; otras más sostenidas y de mayor aliento. Estas inicialmente obedecieron a problemas derivados de la gestión de los gobiernos locales; y posteriormente, la mayoría de conflictos se desencadenaron en torno a la mediana y gran minería. Lo cual se relaciona a la llegada de grandes inversiones (nacionales y extranjeras) atraídas por las nuevas reglas de juego establecidas en el país a partir de los años noventa y más tarde por el boom de los precios de los comodities.

Además la conflictividad social del país incluye casos de la minería informal e ilegal, hoy uno de los conflictos más complejos y extendidos por todo el Perú; así como a la exploración y explotación de hidrocarburos, principalmente ubicados en la Amazonía, donde la incursión de las empresas en territorios donde habitan pueblos indígenas ha desatado una serie de tensiones sociales. Es también significativo el número de conflictos por demarcación territorial, entendibles en un país donde alrededor del 90% de sus distritos y provincias no tienen límites definidos después de casi 200 años de vida republicana, y en donde muchos de ellos se han "reactivado" ante la presencia de industrias extractivas y problemas de larga data como el acceso a los recursos hídricos y a la distribución de las rentas derivadas de la minería. Todos ellos plantean demandas de distinto contenido y suponen desafíos que el Estado peruano debe afrontar a fin de garantizar la gobernabilidad democrática, los derechos ciudadanos, la inversión y el desarrollo inclusivo.

La Defensoría del Pueblo lleva un registro y control estadístico de los conflictos sociales en el Perú desde el año 2004, sin embargo he preferido seleccionar a partir del tercer año, ósea el 2006 debido a que en todo proceso existe una fase inicial de aprendizaje que puede distorsionar los análisis correspondientes, seguidamente mostrare un cuadro resumen de los informes de la Defensoría del Pueblo del 2006 a la fecha:

Las comunidades campesinas y nativas ante la legislación peruana que les reconoce ser dueños del suelo y no de las riquezas del subsuelo les resulta ilógico, abusivo y contra la propia naturaleza de la propiedad, agravado con la expropiación de su suelo y un pago indemnizatorio irrisorio normalmente después de varios años. Es en este sentido que se organizan y protestan en contra de las empresas privadas que pretenden invertir a través del estado en sus territorios, conociéndose además de los intereses de las autoridades nacionales, regionales y a veces hasta locales de hacer lobby por estas empresas con fines nada santos y luego muchos de estos salen a la luz, en casos donde se negocian corruptamente la futura explotación de estos recursos naturales.

Además en muchos casos tienen cosechas pero no certificados de propiedad, tienen negocios pero no escrituras de constitución ni acciones que les permitan financiar sus empresas, que se mantienen en el mundo de la informalidad. El laureado economista peruano Hernando de Soto ya señalaba en su obra "El otro Sendero", publicada en 1986, que al Perú lo aquejaban tres problemas de informalidad principalmente como el Comercio Ambulatorio, el Transporte Informal y la Vivienda Informal, señalando tangencialmente el problema de la propiedad rural y haciendo hincapié en el problema de la vivienda urbana.

El problema ambulatorio caótico de Lima fue solucionado en gran medida por el señor Alcalde de Lima Alberto Andrade en la década de los 90, reubicando a los ambulantes en grandes mercados apropiados denominados como polvos azules, polvos de Higuereta, polvos rosados, etc; y en lo referente al problema de la vivienda urbana el entonces presidente de la década de los 90 el Ingeniero Alberto Fujimori, con el asesoramiento del economista De Soto logra solucionar en gran medida este problema, quedando pendientes en la actualidad el problema del transporte caótico informal y el problema de la propiedad rural. Así como en su momento el problema latente por décadas de la propiedad agraria, llevó a que la reforma se realizara en forma poco técnica y bajo un régimen dictatorial, hoy en día es menester que se haga frente a la problemática de la propiedad rural limitativa y amputada, mediante un cambio en la legislación con el fin de impulsar el crecimiento económico y los pobladores rurales sientan que la justicia social los alcanza a ellos.

Recomendaciones

Mi propuesta radica en realizar un cambio del sistema de propiedad limitativo y mutilado, por un sistema de propiedad general que nos ayude a superar muchos de los conflictos sociales actuales, esto obliga a tener una concepción integral de propiedad, que solucione la dialéctica entre propiedad del suelo y del subsuelo desde un punto de vista limitativo y desde un punto de vista general. Para lo cual es necesario se modifique el artículo 66 de nuestra actual constitución y el artículo 954 de nuestro Código Civil, en el sentido de que se pueda solucionar estructuralmente el problema del alto índice de conflictos sociales y contribuir al aumento del crecimiento económico, requisito indispensable para mejorar nuestra situación de mejora social.

Esta propuesta, surge a la luz del estudio de la problemática de propiedad y por las limitaciones impuestas por la normatividad constitucional y legal fundadas en el concepto mutilante de la propiedad del subsuelo, concepto que cada vez con mayor frecuencia se descubre en la raíz de la mayoría de los problema sociales existentes, pues estos se relacionan con el dominio del suelo y del subsuelo, de una u otra forma y sus consecuentes derechos para el aprovechamiento de los beneficios económicos que ellos generan.

Asimismo pareciera que nos hubiéramos estancado en el tiempo y que estuviéramos sintiendo una parálisis, la cual no está permitiendo que ingresen nuevas y más inversiones para la explotación de recursos naturales, debido a la inacción del estado al respecto, pareciera más por intereses subalternos que por cuestión de incapacidad. Imaginemos por unos momentos que nuestros comuneros propietarios de suelos y de las riquezas que subyacen en los subsuelos pudieran disponer de estas riquezas, ofertándolas a grandes empresas privadas (lógicamente tendrían que pagar los impuestos correspondientes que se tendrían que normar), de seguro que serían los más interesados de que todos los proyectos mineros y de hidrocarburos pendientes y obstruidos, se realizarían de inmediato y todas las ONGs ambientalistas y en muchos casos antisistema no tendrían cabida en este nuevo escenario.

Autor:

Jaime Martin Murguía Marañón