Dice Chomsky (político norteamericano) que una de las estrategias de la prensa sipiana (impresa, radial, televisada) es tratar a sus públicos como si fueran criaturas de 8 años o menos. ¿El propósito?:llegar a sus perceptores con facilidad, de manera que, mediante un lenguaje, unos signos y unas actitudes poco menos que para "retrasados mentales" convencer a sus públicos que lo que dicen, muestran y aseveran, es la única verdad en la que hay que creer.
En este sentido, el principal editorial de El Comercio repite lo que se dice y se asegura sin descanso: que para combatir la inseguridad social "solo hay que endurecer las leyes penales"; y que el único culpable de que haya llegado a los extremos actuales, la delincuencia, organizada o no, es el gobierno tal y cual. Argumentan que la disposición constitucional de que si a un detenido, por cualquier delito, no le dictan sentencia, en un año calendario, pues este sindicado tiene derecho a salir en libertad inmediatamente es una puerta de salida de la delincuencia a seguir cometiendo fechorías.
Y vaya que, durante la vigencia de esta disposición legal (que fue dictada hace años, porque era clamoroso el caso de detenidos que estaban en la cárcel no solo meses sino años, aunque podía tratarse de inocentes) los abogados defensores, los fiscales y los jueces, mediante dilatorias y argucias, permitieron que sindicados de delitos mayores o menores, salgan, por miles, de la cárcel; y se burlen así de la justicia y de la sana razón.
En otras palabras; el remedio fue peor que la enfermedad. Por defender un derecho ciudadano (el de la libertad, mientras no haya sentencia en firme) se vulneró otro derecho aún más sensible: el de que las víctimas o la familia de las víctimas o la sociedad en su conjunto, vean salir en libertad a los acusados de un asesinato, un asalto, una violación, etc.
Sin duda, la inseguridad social que se vive en estos tiempos se ha incrementado y "se ha perfeccionado" en la medida en que ha aumentado proporcionalmente la desocupación, la insalubridad, los sueldos de hambre, las inequidades, la pobreza cuando no la miseria, la corrupción. Y nadie duda que en esta materia (de la corrupción) los sectores judiciales baten todos los records, al punto que todos dudan de todos; aunque si se les pregunta que, si alguna vez han cogido alguna coima o se han prestado para alguna corruptela, todos dirán que nunca y que son honrados a carta cabal. Pregunten ustedes a los detenidos de un centro de detención si son inocentes o víctimas; y todos, dirán que si, que están ahí porque el fiscal hijo de tal no creyó en su inocencia o porque no tuvieron plata para pagar al juez y/o al amanuense.
¿Entonces? Hace rato largo también que desde distintos sectores sociales se viene exigiendo a los poderes públicos que se vaya a una reforma de fondo del poder judicial; y al decir reforma de fondo, se está comprendiendo una actualización y simplificación de las leyes vigentes de manera que ni un fiscal ni un juez puedan interpretarlas a su antojo; una suerte de auditorías imprevistas a los fiscales y jueces, una penalización mas rigurosa contra fiscales y jueces que se encuentren culpables de actos dolosos o inmorales; una legislación penal ciertamente rehabilitadora del delincuente, etc. Es decir, un cambio total del sistema y no un parche para pasar el mal momento. Y este cambio no puede ser de la noche a la mañana sino un proceso de años. Solo entonces, tendrá sentido la llamada autonomía de la función judicial.
Para la prensa sipiana, lo único que hace falta es endurecer las penas (la pena máxima en el Ecuador es de 25 años; hasta hace poco, era de 16; y no hay acumulación de penas) y reformar la disposición constitucional de la libertad, si no hay sentencia en un año. ¿No es eso tratar a los públicos perceptores como niños de escuela? Desde luego, los sectores que así lo pregonan saben muy bien que no es así. Pero, consigna es consigna; y si pueden endosarle al gobierno una supuesta falta de acción para por lo menos "atenuar" la inseguridad ciudadana, qué mejor.
En cuanto a que el Gobierno Correa solo busca abarcar todo el poder del Estado para reinar a su antojo en el país, pues también tiene sus bemoles.
La dimensión de la "sospecha" sipiana tiene que ver con un hecho histórico cierto: que desde la revolución francesa (o liberal) no ha habido país en el mundo que observe, ciento por ciento, la famosa división de poderes. Solo señalaremos que los países de régimen parlamentario (la mayoría de los europeos) de hecho y de derecho, establecen que el poder legislativo está sobre el ejecutivo; y entre los dos, gobiernan y disponen de la función judicial. ¿No es cierto? Entonces, de qué división de poderes hablan si aquello nunca funcionó a cabalidad.
En cuanto a que se persigue una acumulación de poderes, pues francamente tampoco entiendo. Los sipianos y sus seguidores (que los hay) dicen y sostienen que el único poder democrático es el que proviene de las urnas. En ninguna parte de la doctrina se establece que, para que haya el tal balance de poderes, si un gobierno es conservador, automáticamente, la legislatura debe ser de mayoría liberal; o que conservadores y liberales deben delegar en el espíritu santo la necesidad de nombrar jueces y de regular la función judicial. ¿No es verdad que si el PSOE gana unas elecciones en España, tiene derecho a gobernar y a nombrar jueces y ver por la calidad de vida de todos los españoles así sean del PP (franquistas) o de la Izquierda Unida? (antiguo partido comunista)
Si en Venezuela, el ahora Partido Socialista Unificado, cuyo líder máximo es Hugo Chávez Frías, gana y gana elecciones democráticas y representativas, tiene derecho a gobernar Venezuela, con esa orientación, así le disguste al Tío Sam y a las hijastras, las hermanas teresas latinoamericanas. Si un líder socialcristiano o demócrata cristiano habría logrado ganar limpiamente el ejecutivo y el legislativo, ¿no es cierto que aquello se habría considerado muy democrático? Al expresidente Rodrigo Borja Cevallos (social demócrata) se le critica porque en la primeros dos años de su gobierno (1988-1992) en que tenía mayoría parlamentaria, no impuso su programa de gobierno, en especial, la transformación integral del poder judicial y del régimen penitenciario. ¿Y no fue un gobierno evidentemente autócrata (el de León Febreros Cordero) el que impidió a sangre y fuego que se posesione una corte jurisdiccional nombrada por el Congreso de mayoría oposicionista?
Lo que no recuerdan los ideólogos de la oposición es que la tarea de reformar a fondo el poder judicial ha estado, desde hace años, en manos del llamado Consejo de Judicatura, un organismo constitucional que hizo nada por cambiar la podrida estructura judicial. Quedó comprobado y demostrado que encargar una transformación completa de un organismo a los mismos actores de una tragedia es como pedirle peras al olmo Simple y llanamente, eso no es posible. Solo un proceso revolucionario y un poder honesto y fuerte es capaz de cambiar a fondo lo que haya que cambiar; y a mandar a la casa o a la cárcel, a quienes "hayan hecho méritos" para ello.
Pero la reforma judicial es una tarea pendiente de los poderes públicos y privados; una exigencia nacional, no de ahora sino de ayer, de anteayer. Y si el Consejo de la Judicatura no pudo cumplir, en años, con esta tarea; entonces ¡quién carajo hace tal reforma! Podía sugerirse que el pueblo cristiano, siguiendo las enseñanzas de su maestro, vaya a los juzgados y a las cortes y saque a patadas a todos los judiciales, sean o no corruptos. Por suerte para ellos, al Presidente Correa y su movimiento Alianza País, se les ha ocurrido plantear una alternativa civilizada: que lo que no ha podido hacer el Consejo de la Judicatura lo haga, en 18 meses, una comisión tripartita (un delegado del ejecutivo, otro del legislativo y un tercero del propio judicial); y sea esta comisión la que inicie la añorada y motivada reforma, como un proceso que ya no admite postergaciones y que puede durar mucho tiempo.
En un estado de derecho, o de izquierdo, si un organismo no cumple con sus funciones esenciales y acusa un avanzado estado de postración y .de parálisis, lo lógico e impositivo es que hay que buscar alternativas para que pueda darse esta transformación judicial. Y si esta posibilidad es sometida al pronunciamiento ciudadano, mediante una consulta popular-referéndum, lo elemental es que se espere ese pronunciamiento. Lo contrario es totalmente antidemocrático ¿o no?
¿Por qué la oposición sipiana y sus ideólogos se adelantan al pronunciamiento ciudadano y acusan al Presidente Correa de afanes "autocráticos, antidemocráticos" si aún los y las ciudadanas no se pronuncian? ¿No es antidemocrático y hasta insolente anticiparse a ese criterio? Ya que es sabido en el mundo entero que el único soberano es el ciudadano y las ciudadanas; y que de su voluntad depende el que una disposición legal o constitucional sea ratificada, reformada o anulada.
Yo dudo que los sipianos opositores ignoren este y otros principios universales. Lo que si dudo es que ahora, que hemos caminado una década del siglo 21, los públicos perceptores de la gran prensa (impresa, radial y televisiva) les crean y voten nulo o por los nos respectivos. Es que, según lo dijo hace siglos el filósofo de esquina: se puede engañar a un pueblo, una vez; se puede engañarlo diez, cien veces; pero nunca toda la vida.
La Consulta Popular que desea realizar el Presidente Rafael Correa Delgado sería el tercer llamado a las urnas desde Enero del 2007, la mayor razón según el Presidente de la República para hacer esta consulta es el aumento significativo de la delincuencia que ha vivido el país en los últimos meses. El presidente debe saber explicar al pueblo ecuatoriano cuales son los motivos principales que lo llevan a realizar la consulta debido a que existen algunos conflictos entre ciudadanos que no están de acuerdo con que se realice dicha consulta.
Son 10 preguntas las que se realizaran en la consulta Popular, en cada una ira un contenido refiriéndose al tema, la primera y segunda pregunta trata de la seguridad ciudadana para ver si se caduca la prisión preventiva a los detenidos asalto, o muertes, y solo se aplique para los delitos leves, de estar de acuerdo la ciudadanía con esta pregunta talvez se mejore la seguridad, debido a que las personas que tengan más delitos o hayan sido detenidos en varias ocasiones, no salgan en libertad pronto sino que paguen por el delito cometido.
Las siguientes preguntas son para combatir la corrupción en los puestos públicos, y se preguntara si el enriquecimiento ilícito sea un delito, para así evitar que las personas que ocupan cargos públicos o privados roben dinero a instituciones privadas o agencias. También en la Consulta Popular se pone en riesgo la corrida de toros que se realizan en Quito, debido a que en la Consulta consta una pregunta que dice: "¿Está usted de acuerdo en prohibir, en su respectiva jurisdicción cantonal, los espectáculos públicos donde se mate animales?". Además también se preguntara si la ciudadanía está de acuerdo con que se cree un organismo que regule la transmisión en los canales de televisión y radio para así difundir contenidos de calidad. Aunque en una de las preguntas también se preocupa por los trabajadores para que las empresas que trabajan en relación de dependencia obligatoriamente afilien a sus trabajadores a Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de no cumplir con esto será considerado un delito.
RECOMENDACIONES
Comunicar a la ciudadanía con claridad de que se trata la nueva Consulta Popular impuesta por el Gobierno, dar a conocer cuáles son las preguntas y como deberían ser contestadas para que no surjan conflictos al momento de las votaciones, esto también ayudara a ver cuáles son los beneficios que tendremos como ciudadanos al votar a favor o en contra de cada una de las preguntas.
Colaborar con la ciudadanía sobre todo con las personas mayores de edad a que comprendan cada una de las preguntas formuladas en la consulta, y así tener la seguridad de que ellos sufraguen conscientemente y teniendo en cuenta las ventajas o desventajas al momento de dar su voto para beneficio del país.
Conversar con los organismos que están en contra de alguna de las preguntas formuladas, para llegar a un consenso que beneficie a ambas partes, debido a que algunas personas y organismos piensan que en el Ecuador se está constituyendo una dictadura civil disfrazada de democracia, para esto se debe conversar y así evitar esta clase de comentarios, además se debe ser claro con los resultados para evitar conflictos con la ciudadanía y ser claros y específicos con los resultados obtenidos.
Autor:
Arturo Clery
FECHA: 26 de Enero de 2011
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