Ecuador y la accesibilidad de personas con discapacidad al espacio público

Marco institucional

LA CARTA MUNDIAL POR EL DERECHO A LA CIUDAD

La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2005), define a la ciudad como "…toda metrópoli, urbe, villa o poblado que esté organizado institucionalmente como unidad local de gobierno de carácter municipal o metropolitano. Incluye tanto el espacio urbano como el entorno rural o semirural que forma parte de su territorio"; pero también la define "como espacio político del conjunto de instituciones y actores que intervienen en su gestión, como son las autoridades gubernamentales, los cuerpos legislativo y judicial, las instancias de participación social institucionalizada, los movimientos y organizaciones sociales y la comunidad en general."… "Se consideran ciudadanos(as) a todas las personas que habitan de forma permanente o transitoria en las ciudades."

La misma carta en el artículo II de Principios y fundamentos estratégicos del derecho a la ciudad, numeral 4, establece la protección especial de grupos y personas en situación de vulnerabilidad: "4.1 Los grupos y personas en situación vulnerable tienen derecho a medidas especiales de protección e integración… de acceso a los servicios esenciales y de no-discriminación. .."; y, determina que "4.2 las ciudades, mediante políticas de afirmación positiva de los grupos vulnerables, deben suprimir los obstáculos de orden político, económico, social y cultural que limiten la libertad, equidad e igualdad de los(as) ciudadanos(as) "

Respecto al derecho al transporte público y la movilidad urbana en el artículo XIII establece que "3. Las ciudades deben promover la remoción de barreras arquitectónicas, la implantación de los equipamientos necesarios en el sistema de movilidad y circulación y la adaptación de todas las edificaciones públicas o de uso público y los locales de trabajo y esparcimiento para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad."

La constitución, el plan del buen vivir y el COOTAD

En el Ecuador el derecho a la ciudad es reconocido en la Constitución que en el artículo 31 establece el derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos bajo los principios de sustentabilidad, justicia social… El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 señala que "el Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad; y, su segundo objetivo es "auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad" cuyo "…desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, educación, protección social, atención especializada y protección especial." , desafío en el que se integra el espacio urbano el cual se debe "2.6. Garantizar la protección especial universal y de calidad, durante el ciclo de vida, a personas en situación de vulneración de derechos". Todas las instituciones públicas de gobierno deben ser parte de un "… Sistema Integral de Protección Especial… que garantice la prevención, protección, atención, acogida, reparación y restitución de los derechos de las personas…..con pertinencia cultural y enfoques de género, discapacidad y generacional."

En el Ecuador, la población con varios tipos de capacidades diferenciadas es de 816.156 personas, el 5% del total, pero hay que reflexionar que la discapacidad no solo se relaciona con limitaciones físicas, sicológicas o funcionales, sino que también tiene que ver, por ejemplo, con la edad, limitaciones por accidentes, condiciones negativas de salud y desarrollo integral especialmente en niños menores de 5 años, entre otras.

El territorio local municipal, es particularmente importante para lograr la inclusión por ser un espacio de cercanía cotidiana y hábitat principal de las personas. Al 2010, en el mundo, el 50,6% de la población viven en áreas urbanas, en América latina, este porcentaje llegará al 79,4% al 2010 Fuente UN-Hábitat, 2008:12; y, en Ecuador en al 62.8%[1]

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 para el Buen Vivir define como objetivo tres "mejorar la calidad de vida de la población propiciando… condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e incluyente" para lo cual se impulsará "(literal b)…. desde los gobiernos autónomos descentralizados el adecuado y eficiente ordenamiento territorial, la planificación y consolidación equilibrada de las ciudades…" ; y, se promoverá "(literal j)… nuevos modelos urbanísticos y de asentamientos humanos ecológicos, con principios de sostenibilidad y sustentabilidad, como modelos de urbanización planificada y ordenada y garantes de calidad de vida."

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización en el artículo 54 establece (Artículo 54) que las Municipalidades deben "b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; g) Implementar los sistemas de protección integral del cantón a grupos de atención prioritaria, cuyas carencias deben ser atendidas con al menos 10% de los ingresos no tributarios.(Artículo 249). Para la inclusión de los grupos vulnerables las Municipalidades deben establecer el Consejo cantonal para la protección de derechos (Artículo 598) cuyas atribuciones se refieren a la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección de derechos, articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad.

El mismo COOTAD permite a las Municipalidades mediante las competencias exclusivas, garantizar el derecho de inclusión porque son responsables, junto con los otros niveles de gobierno, de planificar el desarrollo cantonal y de formular el ordenamiento territorial con el fin de regular y controlar el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad, principio este último que engloba a las personas discapacitadas. Así mismo la competencia de tránsito habilita a las Municipalidades planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial, es decir asegurando el derecho a la movilidad dentro del territorio cantonal. Otras competencias, en las cuales los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, pueden adoptar estrategias son la de Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; de Planificar, construir y mantener … los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo; y, la competencia concurrente de gestión de riesgos.

Ejes rectores de la ciudad incluyente

Los ejes que enmarcan la responsabilidad política de los Alcaldes para propiciar que la urbanización responda a políticas públicas incluyentes y equitativas que tomen en cuenta las necesidades y demandas de los ciudadanos son: la consolidación de la ciudadanía activa y la democratización de los procesos estratégicos, estos ejes permitirían formar un derecho colectivo co-responsable con la ciudad. Enrique Ortiz (2008:267

Quito, luego de un intenso trabajo participativo, elaboró políticas dirigidas al desarrollo urbano en su integralidad, tomando en cuenta no solo la necesidad de establecer viviendas sino de construir un entorno que favorezca el desarrollo humano. En cuanto a las discapacidades estas políticas enfocaron el derecho ciudadano a un "hábitat integral, a la vivienda digna, al desarrollo comunitario integral, a la sostenibilidad ambiental, al espacio público, a la cultura y la recreación…"[2]

La ciudad de Esmeraldas, en su Agenda Local 2, establece que los planes de acción deben tener efectos tangibles para las comunidades y, fundamentalmente, para las poblaciones más vulnerables." Dimensiones del hábitat popular latinoamericano.- FLACSO et. al. Quito, 2012

Cuenca por su parte en su proyecto de revitalización del Centro Histórico comprendió que las lógicas de intervención deben responder a todas las personas y que "los proyectos no sólo deben resolver lo físico, lo que se ve, sino también lo social."[3]

Las municipalidades y la accesibilidad de las personas con discapacidad a los espacios urbanos

Desde el punto de vista jurídico el espacio público es regulado por las Municipalidades, son las únicas que tienen la facultad de regular el uso del suelo y por la misma razón, la responsabilidad de garantizar a todos la accesibilidad de la infraestructura que se emplaza en él. Su rol es de dotar al espacio público de funcionalidad, orden y calidad de vida.

Desde la perspectiva de la discapacidad se debe considerar al espacio público en dos dimensiones: el territorio amplio y complejo de la ciudad y la dimensión local, el barrio o comunidad.[4]

El reto por tanto es construir estrategias que permitan el mejoramiento del uso del espacio público por parte de los discapacitados, tanto en su vida cotidiana como en los espacios de vinculación con la sociedad en general. Se debe pensar en "espacios públicos que en su diseño, construcción y gestión tomen en cuenta las demandas de los actores involucrados, y respondan a los nuevos desafíos de la vida urbana, entre otros: más inclusión, más seguridad."[5]

"A escala de la ciudad, los elementos centrales que condicionan el uso del espacio público urbano son los grandes ejes o avenidas, las grandes plazas y los parques urbanos." Estos elementos son vitales para favorecer la movilidad e integración social de las personas discapacitadas.

"A escala local, los espacios públicos, plazas, calles, pasajes y esquinas, multicanchas, zona de juegos, entre otros, constituyen los lugares cotidianos de construcción de la identidad y al mismo tiempo un lugar de aprendizaje de la sociabilidad. Un espacio público de calidad, es un mecanismo esencial para que los barrios cumplan su función iniciática de socialización de niños y adolescentes y de colectivos marginados o considerados de "riesgo".[6]

Hay que reconocer que las personas discapacitadas son un grupo claramente desfavorecido en estos sentidos.

En conclusión, el gran reto es que las ciudades proporcionen a sus ciudadanos-habitantes una accesibilidad integral que permite que "… cualquier usuario pueda acceder, utilizar y entender cualquier parte del entorno con tanta independencia como sea posible y pueda disfrutar participando en la construcción de nuestra sociedad en todo tipo de actividades económicas, sociales, culturales, de ocio, turísticas y recreativas."[7] El espacio urbano debería satisfacer las expectativas y necesidades del conjunto de ciudadanos, sin que nadie pueda sentirse discriminado por no poder utilizar este espacio en condiciones de igualdad.

"El buen diseño capacita, y el mal diseño Discapacita", (Declaración de Estocolmo.) 

Principales requerimientos de accesibilidad en el entorno urbano

Elementos de política pública para ciudades incluyentes

• Mayor equidad en el acceso e integración de individuos y colectivos diversos hacia la cohesión social, en el uso y aprovechamiento de los espacios públicos.

• La promoción del acceso a espacios públicos para todo sector de la sociedad civil, en función de las diferentes escalas y jerarquías de asentamientos humanos: cabeceras nacional, provinciales, cantonales, parroquiales, barrios; recintos, comunas, donde se desarrolle los estándares urbanísticos, de hábitat y disfrute de los derechos constitucionales vigentes

• El fortalecimiento del sentido de pertenencia mediante el uso intensivo de los espacios públicos por parte de la ciudadanía

• Consolidar los procedimientos participativos locales, que involucren a los diversos actores: públicos, sociales y privados en la planificación, construcción, mantenimiento y gestión uso de los espacios públicos, según tipo y escala.

• Dotación de servicios, transporte, equipamiento.

Avance de acciones municipales y de la AME

Desde el año 2007 149 municipalidades han desarrollado proyectos en beneficio de las personas con discapacidad sobre "eliminación de barreras urbanísticas y arquitectónicas e implementación de unidades básicas de rehabilitación funcional, los cuales han mejorado la movilidad de las personas con discapacidad en espacios urbanos y arquitectónicos así como han beneficiado la salud de personas con discapacidad mediante la rehabilitación funcional mejorando no solo su condición física sino su calidad de vida.

Las municipalidades y la inclusión. Una responsabilidad ciudadana

"El fortalecimiento de una cultura de participación, información y ciudadanía debe llevar a cambios de actitudes personales e institucionales que creen espacios de concertación en búsqueda de mejorar la calidad de vida con equidad."[8] siendo estos mismos grupos prioritarios los que mediante el derecho a la participación (Artículo 303) deben intervenir en la toma de decisiones relacionadas con sus derechos.

Para la implementación de la inclusión ciudadana las Municipalidades deben establecer Consejo cantonal para la protección de derechos (Artículo 598) cuyas atribuciones se refieren a la formulación, trasversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección de derechos, articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Además, se debe estimular la participación activa de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas en la planificación y la implementación de las políticas de accesibilidad de la ciudad.

Bibliografía

• 1. Villacís B., Carrillo D. País atrevido: la nueva cara sociodemográfica del Ecuador. Edición especial revista Analítica. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Quito – Ecuador. 2012.

• 2. FLACSO et. al. Dimensiones del hábitat popular latinoamericano. Quito, Ecuador 2012

• 3. Segovia ,Olga. Experiencias emblemáticas para la superación de la pobreza y precariedad urbana: espacio público: documento de proyecto. Naciones Unidas. Santiago de Chile, diciembre del 2005.

• 4. Vicepresidencia de la República del Ecuador. Guía Técnica de accesibilidad al medio físico. Quito, Ecuador, 2009.

• 5. AME. Sistematización de los talleres accesibilidad en la planificación territorial. Quito, Ecuador. 2010

Autor:

Martha Segura

[1] Villacís B., Carrillo D. País atrevido: la nueva cara sociodemográfica del Ecuador. Ed. especial Revista Analítica. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Quito – Ecuador. 2012.

[2] FLACSO et. al. Dimensiones del hábitat popular latinoamericano. Quito, Ecuador 2012

[3] FLACSO et. al. Dimensiones del hábitat popular latinoamericano. Quito, Ecuador 2012

[4] Segovia, Olga. Experiencias emblemáticas para la superación de la pobreza y precariedad urbana: espacio público: documento de proyecto. Naciones Unidas. Chile, Santiago de Chile, diciembre del 2005.

[5] idem

[6] Segovia, Olga. Experiencias emblemáticas para la superación de la pobreza y precariedad urbana: espacio público: documento de proyecto. Naciones Unidas. Santiago de Chile, diciembre del 2005.

[7] Vicepresidencia de la República del Ecuador. Guía Técnica de accesibilidad al medio físico. Quito, Ecuador, 2009.

[8] AME. Sistematización de los talleres accesibilidad en la planificación territorial. Quito, Ecuador.2010