En las actuales sociedades capitalistas productoras de masas, principalmente en las periféricas, los paradigmas jurídicos están en crisis dada su ineficacia e insuficiencia[1]
Son múltiples los sectores de la sociedad donde no existe oferta alguna para la solución de conflictos. A la sazón, la impunidad se extiende desde la victimización individual, hasta la victimización de grandes colectivos[2]Esto pone en tela de juicio la el sentido y la validez del derecho en ausencia de eficacia. De acuerdo con la postura kelseniana podría decirse que "una norma que no alcanza cierto grado de eficacia, no es considerada como una norma jurídica válida… un mínimo de la llamada efectividad es una condición de su validez"[3]
Colombia se caracteriza por una suerte de procesos de victimización llevados a cabo sobre bloques enteros de la población vulnerable; en efecto, son diversos los sectores donde las normas ni se conocen, ni tienen cabida, y si se conocen de nada sirve porque no son eficaces.
Estos eventos de violencia sobre pueblos enteros se encuentran asociados con procesos de expropiación y desplazamiento, problema agudo en la medida en que los vulnerados no gozan de la universalidad como sujetos de derecho.
Los eventos contra la población abundan donde el Estado no hace, o hace poca presencia, o donde funcionarios del mismo se conducen delictivamente. Las causas más comunes de tales fenómenos se relacionan con la expansión de sectores capitalistas.
En estas dinámicas se verifica la acción violenta de actores armados que al servicio de las clases dominantes, asesinan y desplazan la población rural, un proceso de génesis ilegal que a través de argucias de sórdida invectiva sirviéndose del aparato estatal, del jurídico y de actores armados legales, se va trastocando en la posesión legal de las tierras expropiadas y en la apropiación de subsidios no remunerables, a favor de reducidos sectores privilegiados asociados con las clases dominantes.
Aún la violación de derechos, el pueblo colombiano poco aboga por sus víctimas, ¿cómo habría de enfrentarse a un aparato armado ilegal con asesinos a sueldo, a un aparato armado legal que produce falsos positivos, a una estructura política corrupta y a una práctica de justicia que es servil a patrones específicos de modelos de dominación[4]
Si consideramos que un sistema social se constituye por "un orden normativo que regula el comportamiento humano en cuanto está en relación inmediata o mediata con otros hombres"[5], entonces se puede afirmar que en los sectores de Colombia donde las leyes colombianas no son tenidas en cuenta, nos hallamos ante un caso de disolución del sistema social previsto por las autoridades centrales y en presencia de una situación de caos, o un sistema social ajeno regulado por normas impuestas por actores armados.
En Colombia un alto número de la población es victimada y sometida a delitos de toda índole. Los individuos que constituyen dicha población no son sujetos de derecho en igualdad. Estos eventos se presentan principalmente en los sectores donde no hace, o hace poca presencia el Estado, o donde funcionarios del estado se inmiscuyen delictivamente. En estos lugares se presenta un escenario de pluralismo jurídico y en muchos casos una juridicidad caótica cuando los actores armados se enfrentan unos con otros. Uno de los casos de alto impacto social se relaciona con la expropiación de tierras y el desplazamiento. Las causas más comunes que determinan tales fenómenos remiten al deseo de expansión de sectores capitalistas mediante el cultivo de palma africana. En estas dinámicas, es frecuente encontrarse con la acción de paramilitares que al servicio de las clases dominantes del sector político, del sector económico, o de la mezcla de ambos sectores, asesinan y desplazan la población rural con el objeto de apropiarse de las tierras que estos tienen en posesión y emplearlas para el cultivo de palma africana. En tal caso el orden jurídico del que se supone debe determinar "de manera exhaustiva las condiciones bajo las cuales ciertos individuos deben ejercer la coacción física"[6], cumple apenas una función declarativa, pero no efectivamente reguladora.
Al tenor de estos procesos es usual encontrar que mediante toda suerte de argucias los nuevos propietarios terminan siendo los tenedores legales de dichos predios y realizando actividades de explotación que implican daño ecológico en los sectores expropiados, sin que las autoridades de protección ambiental hagan mayor cosa para frenar dichas actividades.
De lo anterior se sigue que la pretensión de seguridad colectiva que supone una mínima medida de protección contra el recurso de la fuerza de actores distintos a los facultados legalmente, es meramente intencional, evento que tiene ocurrencia en vista que el orden jurídico no ha logrado el monopolio de la coacción[7]
En varias ocasiones el Estado se presenta como un comité de asuntos privados de la clase en el poder, una clase primordialmente económica que se sirve de la manipulación del aparato legal, de los cargos políticos, e incluso de fuertes estructuras armadas ilegales. La dinámica en la que se involucra la clase política y los paramilitares, es básicamente la siguiente: empresas multinacionales, o empresas nacionales muestran interés por algunas zonas de Colombia propicias para el cultivo de palma aceitera de la cual se extrae entre otros productos alcohol carburante. Como estas zonas están habitadas por indígenas, afrodescendientes y campesinos con baja disposición a retirarse de su entorno, se pone en marcha la acción paramilitar, que asesina, atemoriza y desplaza a la población, bajo coordinación, patrocinio o permisibilidad de las más altas esferas políticas, económicas y sociales. Se trata de un ejercicio de poder, legítimo en la lógica del victimario, pero ilegítimo e ilegal para las víctimas. A continuación el ejército, como actor armado legal, interviene recuperando estos territorios; pero no es esta una acción a sangre y fuego[8]sino más bien una concertación entre las partes, que ya tantas veces han trabajado en coordinación, para dar paso al Estado en la tutela de estos territorios. Se trata ahora de una acción ilegítima para el pueblo colombiano, pero legalizada.
Teniendo el Estado el control de estos territorios, asigna la responsabilidad al ministerio de agricultura para que los devuelva o reasigne a los desplazados que siguen vivos, para tal efecto el ministerio exige pruebas a los aspirantes a la devolución o a la reasignación, de su relación con la propiedad o prueba de propiedad de dichos terrenos. Como los desplazados suelen no tener las pruebas requeridas y además como con ellos se mezclan actores no víctimas que aprovechan el entramado para resultar beneficiados, el ministerio se enfrenta la dificultad de asignación legal; no obstante, ya todo estaba calculado, por ello exige a los interesados, asociarse legalmente y presentar proyectos para aplicar a estas tierras. Como resultado el menor número de la población victimada obtiene aprobación para su proyecto, en contraste con familias ricas del sector o de otros sectores que terminan con estas tierras en su poder. En este punto se estaría hablando de ilegítima para las víctimas, pero legal. Como culminación de esta maniobra inverosímil, Agroingreso Seguro del Ministerio de Agricultura, se presenta favoreciendo proyectos para riego y drenaje, mediante la asignación de recursos no remunerables, abiertos a toda la comunidad que trabaje en el campo. El caso real es que el 80% de estos recursos quedó en manos de familias poderosas y en mínima medida de quienes realmente los necesitan.
A continuación analicemos un caso concreto que da cuenta de una modalidad similar a la antes mencionada: En 2009 en el sur de Bolívar 123 familias, fueron desalojadas por la fuerza pública de Las Pavas, una finca de 3.000 hectáreas. La petición de desalojo la hicieron dos de las empresas de la familia Dávila Abondano. Es la tercera vez que son sacados de esas tierras, la primera vez fueron expulsado por el bloque central de las AUC, luego por Jesús Emilio Escobar tío del narcotraficante Pablo Escobar, y luego por la familia referida. Los campesinos llevaban trabajando esta tierra durante más de 13 años. Cuando el propietario la abandonó tras la muerte de su sobrino en 1993, ellos la ocuparon para sembrar cacao, maíz y algodón. En 2006 el Incoder inició un proceso de extinción de dominio para repartir la finca entre sus ocupantes. Sobre esta premisa los campesinos solicitaron un préstamo al Banco Agrario por 234 millones de pesos para sembrar cacao. A finales del año apareció el dueño original y los sacó a la fuerza, para vender la tierra en 2007 al grupo Daabon. En 2008 Incoder dio curso al proceso de extinción de modo que los campesinos retornaron al lugar, para luego ser expulsados por la fuerza pública. El grupo mencionado demandó en 2008 a los campesinos por ocupación de hecho, en respuesta estos interpusieron una acción de tutela fallada a su favor en 2009; sin embargo, el inspector de la zona ordenó el desalojo, haciendo caso omiso de la decisión judicial. El grupo Daabon sostiene que compró el predio en ley, ya que en la Oficina de Instrumentos Públicos y Privados, Las Pavas no figuraba con reserva alguna en vista que el Incoder nunca notificó el proceso. La Asociación de Cacaoteros de Buenos Aires, a la que pertenecen los desalojados, argumenta que desde 2006 el Incoder verificó que las familias trabajaban ese predio e inició el proceso de extinción.
El caso ha sido denunciado por lo cual varias agencias internacionales le hacen el seguimiento, siendo actualmente llevado por abogados en forma gratuita porque los campesinos no tienen cómo pagarles. Los campesinos están de nuevo sin tierra para trabajar y Las Pavas en poder de las empresas de la familia Dávila Abondano, la misma que Recibió en 2008 subsidios no reembolsables por más de 2.200 millones de pesos para riego y drenaje del programa Agro Ingreso Seguro del Ministerio de Agricultura en el departamento de La Guajira, y 372 millones de pesos de la línea de crédito Incentivo a la Capitalización Rural, ICR, de Finagro para otro proyecto de una de sus empresas. "Las 123 familias desalojadas no entienden por qué el Estado no les tiende la mano, mientras sí lo hace, y en forma generosa, con una familia poderosa, cabeza de un grupo que mueve 120 millones de dólares al año"[9], lo único cierto como reconocen entidades internacionales es que los derechos fundamentales de los campesinos fueron violados.
Pero no sólo esto, el daño ecológico en Las Pavas es inmenso, varias hectáreas de tierra han sido quemadas y otras devastadas por la siembra de palma africana, los humedales, clave para la vida silvestre, la pesquería y el abastecimiento de agua, se están viendo afectados. La empresa palmera viene haciendo canales para secar los humedales y ganar más terreno para la siembra de palma. Esto es sumamente preocupante si se tiene en cuenta que la ONU, aunado a la declaración de la crisis alimentaria prevista para 2012, recomendó un incremento de la producción en el agro del 70%, de allí se esperaría que le gobierno hiciera lo propio; no obstante, este, en vez de tomar las medidas indicadas para favorecer la nación, permite el cultivo de palma africana destinado a la obtención de biocombustible para máquinas, en vez de incentivar el cultivo para alimentación humana.
Representa un importante número la población que en Colombia vive sin las garantías jurídicas quedando a merced de innumerables formas de violencia física, simbólica y sin el derecho a tener derechos, "condenados a la marginalidad socioeconómica, por tanto al hambre, al trabajo muchas veces esclavo"[10]. Esto significa que, sino en la plenitud del territorio, al menos sí, en diversos sectores, las normas son carentes de validez por cuanto no presentan mínimos de efectividad.
A la par se puede considerar que el sistema social considerado desde la perspectiva kelseniana[11]como un orden normativo de regulación del comportamiento humano, se presenta en disolución respecto de lo que prevé el sistema jurídico central; en sustitución, encontramos un escenario de caos, o un sistema social ajeno al legal, impuesto mediante la coerción de actores violentos.
Esta falta de acceso a la justicia de las víctimas colombianas, se comprende toda vez que el monopolio de la coacción no está en manos de la comunidad jurídica[12]
En la ocasión en que los demandantes de justicia tienen acceso a su oferta, se encuentra con que esta es una justicia de clase y que aspectos como igualdad ante la ley, certeza y seguridad jurídica[13]no se cumplen. Se esperaría de la ley que unificara y tratara a todos por igual, si es que el poder deviene desde arriba pero se legitima desde abajo; sin embargo, como se ve en la etapa final del caso tratado, se administra justicia pero no se hace justicia, el reparto social del castigo[14]continúa siendo inequitativo.
A los campesinos del caso específico les correspondió desplazarse, pero a la familia Dávila aún no se le asigna efectiva responsabilidad social. En cuanto al Estado y su ministerio, a la fecha no hay respuestas satisfactorias, pero es claro que el ministro de la época salió impune y con ganas de hacerse presidente.
En estas macrovictimizaciones por abuso del poder, el pueblo colombiano, debería abogar por los derechos de las víctimas desde una perspectiva constitucional. Aún así los intentos son reducidos, entre otras cosas porque es difícil enfrentarse a un aparato armado ilegal con asesinos a sueldo, a una estructura política corrupta y a una práctica de justicia servil a las relaciones de poder.
El estado parece más bien un comité de asuntos de la clase dominante, como lo evidencian las asignaciones de subsidios de A.I.S.[15], estos terminaron en manos de un puñado de familias que bien supieron parcelar sus tierras entre familiares y secuaces para recibir tantos subsidios como tantas parcelaciones hicieron; es decir, se valieron del aparato político y del aparato legal para llevar a cabo sus fines. Los subsidios no fueron dirigidos a "compensar el daño infligido a las víctimas sino a financiar familias que tradicionalmente han ostentado la propiedad de latifundios que se mantienen ricas con la ayuda del Estado".
Es nefasto para la credibilidad en el gobierno y en sus instituciones que semejante volumen de recursos termine en manos de tan pocos y tan poderosos, cuando uno de los objetivos era "devolver equidad al campo", de todos modos esto se ajusta a la lógica del gobierno anterior que consolidó la más vasta contrarreforma agraria de la historia del país, aún cuando hay cuatro millones de desplazados y más de medio millón de hectáreas arrebatadas o abandonadas.
Autor:
Fayver Carrillo
[1] Souza. El Uso alternativo del poder. P?g. 333
[2] Ese proceso se concibe como macrovictimizaci?n
[3] Hans Kelsen. Teor?a Pura del Derecho. Editorial Porr?a. P?g. 24
[4] Souza. El uso alternativo del poder. P?g. 285
[5] Hans Kelsen. Teor?a Pura del Derecho. Editorial Porr?a. P?g. 24
[6] Hans Kelsen. Teor?a Pura del Derecho. Editorial Porr?a. P?g. 50
[7] Hans Kelsen. Teor?a Pura del Derecho. Editorial Porr?a. P?g. 50
[8] Ver video Minga Inter?tnica cap. IX
[9] Cambio 16 . 2009 p?g.
[10] Souza. El uso alternativo del poder. P?g. 308. Nota 608 de Faria. 308
[11] Hans Kelsen. Teor?a Pura del Derecho. Editorial Porr?a. P?g. 24
[12] Hans Kelsen. Teor?a Pura del Derecho. Editorial Porr?a. P?g. 49
[13] Souza. El uso alternativo del poder. P?g. 285
[14] Foucault. Sujeto derecho y poder P?g. 115
[15] Agro Ingreso Seguro