Perspectivas teóricas de la participación
Participación y ciudadanía
Las perspectivas teóricas que plantea la participación a través de la experiencia del PP son sumamente alentadoras. La ampliación de la democracia representativa, donde el ciudadano es objeto de la política, hacia una democracia participativa, en la cual el ciudadano se convierte en sujeto activo de la política, implica una profunda resignificación del rol del Estado y del ciudadano, y sobre todo de la relación entre ambos.
En oposición al ciudadano apático, desencantado de la política y de las instituciones representativas, desinformado, individualista, objeto pasivo de la política, en definitiva, del tipo de ciudadano alentado por (y funcional a) la perspectiva neoliberal, la participación fomenta una ciudadanía de mejor calidad, que exige del sujeto un rol activo y solidario, generando conciencia sobre su entorno y sus posibilidades reales de transformación y, más importante aún, brindando la posibilidad al ciudadano de tener un acceso más democrático a la información.
Este es un punto crucial. En un contexto en el que se registra una marcada concentración de los medios de comunicación, donde las decisiones informativas son, en la inmensa mayoría de los casos, coherentes con el modelo de acumulación hegemónico durante las últimas décadas, la manipulación de la opinión pública por parte de estos conglomerados contribuye a disminuir aún más la calidad de las democracias latinoamericanas.
El PP es un elemento que promueve y estimula la creación de una opinión pública independiente. La participación a través del PP genera un espacio público no estatal que limita las estructuras clientelistas y permite el control del Estado por parte del ciudadano, cuya participación ya no se limita al voto cada cuatro años, sino que se realiza continuamente.
La participación contribuye también a rearticular el tejido social, desintegrado luego de varias décadas de exclusión neoliberal, mediante la confluencia de los ciudadanos en un espacio de debate y discusión, generando nuevos y novedosos lazos sociales entre ellos.
Participación y Estado
Hasta aquí hemos prestado particular atención al papel ciudadano en la participación, sin embargo nuestro análisis sería estéril si no tuviésemos en cuenta cuál debería ser el rol del Estado en este proceso.
En este sentido, la promoción es el concepto central a tener en cuenta. El Estado debe incentivar a la participación. Ningún proyecto de socialización de poder por parte del Estado puede llegar a buen puerto sin una participación activa por parte del mismo. Esto significa que el Estado debe asumir un compromiso serio de delegación decisoria, lo cual no significa que deba dirigir el proceso participativo, sino coordinarlo y darle sentido.
Por otra parte, corresponde al Estado la tarea de descentralizar, de efectivamente ceder poder de decisión y en este sentido existen dos caminos de descentralización que se corresponden con dos ideologías claramente diferenciadas. El primer camino consiste en delegar en instancias administrativas de menor jerarquía. El segundo camino, hasta ahora poco transitado, consiste en descentralizar el poder, no en instituciones estatales inferiores, sino en la misma sociedad, es decir socializar el poder. Por lo general son la izquierda y el progresismo quienes suelen llevar a cabo este tipo de proyectos, correspondiéndose con una visión socialdemócrata.
Ciudadanía y Estado
El PP implica compromisos tanto por parte del ciudadano como por parte del Estado. Por parte del ciudadano, porque se requiere de él una fuerte voluntad de participar seriamente en la elaboración de las prioridades del presupuesto. Por parte del Estado, porque es éste el que en definitiva ejecuta las decisiones emanadas de la ciudadanía a través del PP. La relación entre ambos es simbiótica. Lo novedoso en esta nueva forma de relación es el control directo del ciudadano en la ejecución de sus mandatos.
De esta manera se democratiza la relación entre el ciudadano común y el Estado resignificando lo que se entiende habitualmente como "cosa pública", no ya entendida como un área de influencia exclusivamente estatal, sino como un lugar de encuentro entre ambos en donde el poder de decisión está en manos del ciudadano. El PP es una apuesta fuerte a la horizontalidad que trunca la lógica verticalista de la perspectiva neoliberal.
Posibilidades prácticas de la participación
La experiencia de Porto Alegre
La aplicación del Presupuesto Participativo en Porto Alegre, en el año 1989, responde a un proyecto de partido de larga data, a saber, la promesa del Partido de los Trabajadores (en adelante PT) de llevarlo a cabo en cuanto llegasen al poder y con la clara intención de aprovechar todas sus potencialidades.
Está claro que surgieron dificultades en la aplicación del PP, sería ingenuo esperar que llevar adelante una experiencia novedosa por primera vez sea un camino fácil. Pero el PT tenía (y tiene) un profundo compromiso con este proyecto que ha hecho que a pesar de las dificultades no lo descartara y saldara cuestiones de fondo, como la coherencia ideológica, que lo han puesto en una posición ventajosa para llevar a cabo exitosamente esta propuesta. Cabe preguntarse que sucederá con el PP en Porto Alegre luego de que el PT ha perdido este histórico municipio en las elecciones de 2004, sin embargo especular sobre ello no es la intención de este trabajo.
La experiencia de Buenos Aires
Antes de analizar la corta experiencia que tiene el PP en la Ciudad de Buenos Aires es preciso echar una mirada hacia 1996, año en que se reunió la Convención Constituyente. La Constitución de la Ciudad fue el resultado de un equilibro de poder entre la UCR y el Frepaso tendiente al progresismo, lo cual dio como resultado la moderna Constitución de la que dispone hoy nuestra Ciudad.
En su artículo 52° establece el carácter participativo de todo el presupuesto, a la vez que difiere al legislador la tarea de "fijar los procedimientos de consulta sobre las prioridades de asignación de recursos".
Durante años, desde la sanción de la Constitución el artículo 52º no se tuvo en cuenta por diversos motivos; la alianza progresista dio, de la mano del luego presidente Fernando de la Rúa, un giro a la derecha y ello generó que de la alianza progresista que redactó la Constitución sólo uno de los convencionales llegara a ser miembro de la legislatura. Desde entonces no hubo voluntad política de poner en marcha el PP porque jamas fue bandera enarbolada por partido alguno, ni por el progresismo porteño ni mucho menos por la UCR más conservadora. No había ninguna razón política inmediata para llevar adelante este proyecto y de hecho nada se hizo, demostrando la pobre calidad de nuestra clase política.
Los Ejecutivos que desfilaron por la gobernación se sumieron en la desidia, al menos en lo que respecta al PP, y a pesar de las ¨buenas¨ intenciones de los legisladores socialistas como Roy Cortina, el Legislativo aún no ha podido sancionar ninguna ley que lo reglamente. En otras palabras, el gobierno nunca ha estado dispuesto a perder el control de la ejecución del presupuesto.
La puesta en marcha de este mecanismo en la Ciudad de Buenos Aires, tuvo lugar en un momento de fuerte deslegitimación del sistema político y de las instituciones representativas. Después de la crisis de diciembre de 2001, el Ejecutivo se vio obligado a revivir la letra muerta de la Constitución impelido por la urgencia que planteaba dicha crisis. Sin embargo el Gobierno no aprovechó esta oportunidad para saldar la deuda con la ciudadanía por la baja calidad de la representación y, más en general, de la democracia.
Tampoco era de esperarse que lo hiciera, en realidad es una manifestación de la perversa coherencia que han venido mostrando los sucesivos gobiernos durante los últimos años en lo que se refiere a participación ciudadana.
Sin embargo, no toda la responsabilidad del estado actual de la cuestión recae en el Gobierno. La importancia asignada por los medios de comunicación al PP ha sido prácticamente nula. La deuda que las autoridades mantienen con respecto al PP no ha sido nunca un tema en la agenda mediática. De la misma manera, también es cierto que existen funcionarios que se esfuerzan genuinamente en concretar esta experiencia, pero que no cuentan con el apoyo político necesario para llevarlo a cabo ni con los recursos que dicho apoyo implicaría.
Durante el transcurso de 2004 han participado efectivamente de la experiencia participativa que brinda el PP alrededor de 5000 personas durante los plenarios de cierre de las asambleas barriales refrendando, a través del voto, las prioridades seleccionadas en instancias anteriores. Si se tiene en cuenta la escasa promoción del Estado, podríamos decir que la experiencia, en términos de participación, ha sido todo un éxito. Sin embargo, en términos absolutos el nivel de participación ha sido realmente muy bajo. En cuanto a la cantidad de dinero comprometido, a ser ejecutado en 2005, se han asignado 16 millones de pesos. Esta cantidad es claramente insuficiente y creemos que puede frustrar las expectativas de los ciudadanos con intención de participar en las asambleas.
A modo de advertencia, debe destacarse que las asambleas han sido penetradas por partidos políticos, más concretamente por dirigentes que buscan relegitimarse a través de los cargos que pone el PP a disposición de la ciudadanía. Esto disminuye la calidad del debate y puede limitar las posibilidades que plantea el PP en términos de ampliación de la ciudadanía.
A modo de conclusión
Actualmente sólo alrededor del 0,004% del presupuesto de la Ciudad es participativo. Hay 8 proyectos de ley sobre PP actualmente en discusión en la Comisión de Descentralización y Participación de la Legislatura, pero aún no hay ninguna ley sancionada. Como el artículo 52º de la Constitución de nuestra Ciudad establece el carácter participativo de todo el presupuesto, podemos concluir tristemente que desde su sanción hasta la fecha dicho artículo ha sido letra muerta. Nosotros atribuimos eso a la falta de voluntad política y a la desidia de nuestros representantes, que no han sabido, ni querido aprovechar la herramienta que nuestra Constitución les brinda (aunque la experiencia brasileña nos muestra que no es necesario que el PP tenga rango constitucional).
Siendo el rol del Estado fundamental a la hora de dar forma al PP, las perspectivas de realización del mismo en la Ciudad de Buenos Aires son sombrías en tanto y en cuanto no cambie la actitud de quienes actualmente ocupan cargos representativos, léase Jefe de Gobierno y Legisladores.
Creemos que el aumento de la proporción del presupuesto participativo es una asignatura pendiente que no debe resolverse asignando las migajas del extraordinario superávit fiscal para el 2005, sino planteando seriamente en la agenda política la cuestión de obedecer lo establecido en la Constitución en cuanto a que todo el presupuesto debe ser participativo y, más en general, replantear el rol del Estado para que esta experiencia participativa tenga éxito.
Matias Fernández –
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