Consideraciones sobre la Deuda Pública y el destino del excedente fiscal de la Argentina

I – ¿Cuánto se debe y a quién? ¿Cuál es el estado de la deuda?

II – Evolución reciente del stock de deuda y los pagos

III – ¿Mayor recaudación para satisfacer a los acreedores?

IV – El proyecto alternativo sigue ausente

I ¿Cuánto se debe y a quién? ¿Cuál es el estado de la deuda?

El monto total de la Deuda Pública de la Argentina alcanza al 31/12/2003 una cifra de 178.821 millones de dólares (Cuadro 1). Ese monto incluye atrasos por 28.015 millones de dólares. Se estima el PBI local en unos 140.000 millones de dólares, lo que hace que la deuda represente el 128% del producto. A fines de la convertibilidad la relación era aproximadamente del 50%. En una hipótesis aventurada, en que los acreedores en default aceptaran la quita ofrecida por el gobierno y en plena negociación, el monto final de deuda será cercano al del PBI. Si la deuda pública era un problema serio al momento de la crisis, mayor lo será, más allá del arreglo que las autoridades proponen para su reestructuración.

La deuda es impagable y todo intento de cancelación, aún parcial, o de tirar la pelota hacia delante, posterga la satisfacción de necesidades sociales extendidas. El ofrecimiento recientemente elevado a los acreedores incluye bonos con cancelaciones que se proyectan hacia el año 2045, con vencimientos de capital en la próxima década. Aunque en el corto plazo la exigencia solo sea de intereses, los nuevos bonos se incluirán en el mercado de oferta y demanda de títulos que agrega instrumentos para la especulación a favor de aquellos con suficiente capacidad de aguantar hasta los vencimientos. Es una forma de reproducir una economía de la especulación a la que tanto se condena desde el discurso oficial por la producción.

Una parte de esa deuda se está pagando regularmente. Debe destacarse en ese sentido, el arreglo con el FMI en setiembre de 2003, mediante el cual se acordó el reconocimiento del 100% de la deuda bilateral y multilateral. Otra parte la constituyen los bonos otorgados a bancos y ahorristas en compensación parcial por las demandas derivadas de las restricciones financieras que se instalaron desde noviembre de 2001 y a posteriori (corralito, corralón). Esos títulos incluyeron una quita sobre el monto total como consecuencia del establecimiento de una paridad cambiaria menor a la del mercado. Los bonos se entregaron a una paridad de 1.40 + el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), representando actualmente un valor aproximado de un dólar equivalente a dos pesos.

Debe recordarse que la cotización del dólar osciló desde Junio 2002 en su techo de 3.90 hasta los actuales 2.90 (junio 2004), con pisos transitorios de 2.75 en algún momento del lapso mencionado. Ambos conceptos totalizan una cifra cercana a los 75.000 millones de dólares. Es la parte de la deuda cuyos intereses se pagan regularmente. El supuesto gubernamental pasa por la capacidad de renegociar recurrentemente el capital de esa deuda y por lo tanto remitirse a cancelar sólo los intereses. Sin ese supuesto será imposible para el país hacer sostenible el cumplimiento de esas obligaciones. Por ahora, el supuesto se sostiene por el acuerdo con el FMI hasta el 2007, siempre y cuando Argentina cumpla las condicionalidades establecidas.

La otra parte de la deuda es aquella que subsiste en cesación de pagos, luego de haber sido declarada a fines de 2001. Son aproximadamente 103.000 millones de dólares, incluidos los intereses impagos y corresponde al monto que en estos momentos negocia el gobierno argentino con los respectivos tenedores de bonos. Se estima que casi la mitad de esos títulos están en manos de argentinos y un poco menos de la mitad de ese valor se encuentra en las carteras de las Administradoras de Fondos de Pensión y Jubilación (AFJP). Se trata de los aportes de los trabajadores que en los últimos 10 años han aportado al régimen previsional de capitalización. Por ello, los fondos ahorrados por los trabajadores e invertidos en bonos de la deuda pública se encuentran en default y ante la inminencia de una importante quita. La propuesta gubernamental reconoce un canje por nuevos títulos que totalizan aproximadamente unos 43.000 millones de dólares. De ese modo la quita a valor nominal alcanzaría un 60% y se estima como una de las mayores en la historia de las renegociaciones de la deuda pública de los países.

En resumen, una parte de la deuda está regularizada y otra en cesación de pagos. A unos se les reconoce el 100% y a otros se les propone una importante quita de deuda. Queda claro que los organismos internacionales han resultado favorecidos al momento de la renegociación.

CUADRO 1

Deuda Total del Sector Público al 31/12/2003. Por instrumento y tipo de plazo. (Millones de dólares)

Fuente:

Secretaría de Finanzas

*Resulta de sumar (1)+(2)+(3)

II Evolución reciente del stock de deuda y los pagos

Si analizamos la evolución del stock de deuda a través del tiempo (Cuadro II) podemos verificar que la deuda pública creció en los dos años siguientes a la salida de la convertibilidad en unos 40.000 millones de dólares, que esencialmente se debe a la forma adoptada para superar la crisis bancaria antes comentada. Las diferencias de valores en el Cuadro I y II está motivada en fuentes oficiales diferentes, ambas del Ministerio de Economía y que pueden verificarse en el sitio de internet citado al pie de cada cuadro.

Esta evolución del stock de la deuda pone de manifiesto la continuidad de un problema serio que condiciona la perspectiva de la Argentina. Es cierto que si se avanza en la renegociación, podrá registrarse un monto inferior una vez finalizada la negociación, pero la experiencia de años anteriores nos indica que las quitas tienen efectos transitorios. El asunto es que la deuda subsiste y aún disminuyendo la carga de los pagos al comienzo, luego se reanuda con mayor fuerza haciendo insostenible su repago.

CUADRO II

Evolución de la Deuda pública

Millones de dólares

Fuente: www.mecon.gov.ar

En ese sentido puede analizarse el Cuadro III donde se puede apreciar la sustancial baja de los pagos de intereses luego de declarada la cesación de pagos. En efecto, si en 2001 se pagaron intereses por 10.175 millones de dólares, en los dos años siguientes los pagos suponen un ahorro de 3.300 millones de dólares promedio por año. Ese menor destino de fondos para cancelación de deuda ha servido para reorientar el gasto público en el periodo a los efectos de descomprimir la conflictividad social fuertemente instalada durante el 2001 y buena parte del 2002 y aún del 2003. Durante el 2004 se ha incorporado el acuerdo con el FMI que implica un incremento de los fondos destinados a la cancelación de la deuda respecto de los años previos. La subsistencia del default permite que no se prevean pagos a los acreedores en cesación de pagos, pero la situación se modifica en la perspectiva de los próximos años. Por un lado el FMI presiona para incrementar los pagos y los acreedores ya lograron que se incluyeran los atrasos de intereses en el monto a renegociar. Era algo no incluido en la oferta de setiembre de 2003 en Dubai.

CUADRO III

Intereses pagados

Millones de dólares

Fuente: www.mecon.gov.ar

Pese a la disminución de los pagos, en el Cuadro IV puede constatarse el fuerte condicionante de la deuda en relación con la capacidad de crear riqueza del país (PBI). Si se analizan cuidadosamente los guarismos nos encontramos que los menores índices se presentan en 1993 y 1994, los dos primeros años posteriores al arreglo derivado del Plan Brady, suscripto por la Argentina en 1992 y que representó una quita de intereses y una refinanciación del capital. En efecto, ya en 1995 la incidencia de los servicios sobre el PBI se acrecienta y más aún a continuación de 1999, ya en plena recesión. El máximo valor se alcanzó en 2001 con 5,31% sobre el PBI, No había pasado una década desde la reestructuración de la deuda que fuera planteada por la dupla Menem – Cavallo como la definitiva.

En 2002, la incidencia es elevada pese a que buena parte de la deuda estaba en cesación de pagos. Si bien son cifras preliminares, el volumen de los pagos realizados durante el 2003 y lo que va del 2004 nos hacen pensar que una parte elevada de la riqueza socialmente generada en el país por año (PBI) está comprometida en los pagos a los acreedores de la deuda pública. Aún con la quita prevista se comprometen recursos ingentes de la riqueza socialmente generada en el país. Además, es sabido que el capitalismo funciona en base a ciclos que incluyen momentos de ascenso y de baja y por lo tanto no es previsible que la economía crezca invariablemente a tasas elevadas como las registradas en 2003 (8,8%) o el previsto para 2004 que puede llegar según las versiones más optimistas a 7 ú 8%. Sin recuperar lo perdido en la recesión 1998-2002, constituyen valores interesantes, los que se comprometen en la medida que vayan pasando los años de gracia para el pago de las deudas reestructuradas.

CUADRO IV

Servicios de la Deuda pública

Como % del PBI

Fuente: www.mecon.gov.ar

*Cifras provisorias

III ¿Mayor recaudación para satisfacer a los acreedores?

Esos mayores compromisos se sustentan con recaudación fiscal, ya que la Argentina está en general fuera del mercado internacional de créditos, aún cuando recientemente el BID anunciara la disponibilidad de préstamos por 5.000 millones de dólares para los próximos años.

La recaudación (Cuadro V y VI) viene mejorando notablemente si consideramos el punto bajo de partida a la salida de la convertibilidad. Desde el piso de los 50.476 millones de pesos recaudados en el 2002, el primer año de la crisis pos convertibilidad, la recaudación se extendió a los 72.275 millones de pesos en 2003.Se estiman en 95.000 millones lo que pueda recaudarse en 2004 si se mantienen los niveles de recuperación económica efectivizados en el primer semestre de 2004. El Ministerio de Economía anunció recientemente el destino del excedente fiscal y se destaca dos cuestiones. Una remite a la sospecha de que se ocultan excedentes para utilizarlos discrecionalmente. La otra alude al destino del excedente en subsidios a las empresas (crisis energética), muy por encima del gasto social compensatorio a sectores empobrecidos.

CUADRO V

Recursos tributarios totales

Millones de pesos. Fuente: www.mecon.gov.ar *Estimación sobre recaudación a Mayo 2004

CUADRO VI

Recaudación DGI, Aduana y Seguridad Social/04

Millones de pesos

Fuente: www.mecon.gov.ar

Esa mayor recaudación y el mantenimiento de importantes restricciones al gasto público han posibilitado los primeros superávit primarios positivos (excedente antes del pago de intereses de la deuda pública), tal como pueden apreciarse en los Cuadros VII y VIII. Es cierto que una parte de la mayor recaudación ha tenido destino en la recomposición de los ingresos de una parte de los sectores más empobrecidos, tales como los subsidios de Plan Jefes y Jefas, los incrementos de las jubilaciones y pensiones menores a $240 y que están programada elevar para los que estén por debajo de los $280 entre setiembre y diciembre próximo. También y recientemente a los trabajadores del Estado que perciben ingresos por debajo de los $1.000 y a los docentes universitarios. Es necesario considerar esas situaciones al mismo tiempo que debe reconocerse que buena parte de los ingresos de los trabajadores estatales y los pasivos han mantenido congelados sus ingresos. Situación similar ha ocurrido con diversas partidas del presupuesto público.

Con ello queremos significar que la mayor recaudación ha tenido un destino de ahorro para servir los intereses de la deuda pública comprometida con los acreedores privilegiados. Ese fue el acuerdo con el FMI al establecerse que el superávit primario debiera alcanzar el 3% del PBI para el 2004. Para un PBI estimado en 140.000 millones de dólares, el compromiso asumido alcanza los 4.200 millones de dólares, que a una tasa de cambio cercana a los $3 representan unos 12.500 millones de pesos. El superávit primario que estimamos para el presente año rondará los 16.000 millones de pesos (Cuadro VIII) y eso habilita la disputa por ese excedente.

En primer lugar lo reclaman los acreedores y por eso gestionan vía FMI un incremento del superávit primario para el próximo año y los siguientes.

También lo demandan distintos sectores del poder económico. Los bancos no abandonan sus reclamos por mayores compensaciones ante los amparos pagados en divisas. Las privatizadas piden incrementos de tarifas o subsidios, tal como ocurrió con las empresas ante la crisis energética. Los exportadores exigen la eliminación de las retenciones y el excedente fiscal es su mejor argumento. Cuentan para ello con el compromiso asumido por el gobierno con el FMI, al establecer que se trataban de impuestos distorsivos y que resultaba conveniente su eliminación. Hay que tener en cuenta que las retenciones son un mecanismo de redistribución de la riqueza apropiada por los exportadores ante la ventaja comparativa derivada de la devaluación en 2002.

Es cierto que la sociedad empobrecida también pelea por los recursos fiscales y se expresa en el conflicto de los trabajadores estatales en casi todas las provincias y ante el Estado nacional. Se manifiesta en la continuidad de la resistencia piquetera, aún cuando se discuten las formas de la protesta de los desocupados. Se encuentra en las peticiones de pequeños y medianos productores y empresarios por modificaciones en el régimen tributario y el acceso a crédito en condiciones que aseguren la rentabilidad de esos emprendimientos.

CUADRO VII

Resultado global del Sector público no financiero

Millones de pesos.

Fuente: www.mecon.gov.ar

CUADRO VIII

Resultado primario total (con privatizaciones)

Millones de pesos

Fuente: www.mecon.gov.ar

*Estimación propia

Ése es el marco de la discusión por la coparticipación federal. El Estado nacional fue restringiendo progresivamente en años flacos de recesión la cuota parte de los estados provinciales. El sentido principal de la estrategia apuntaba a resolver los pagos de la deuda pública en manos de la Nación. En la crisis del 2001 se asumió la deuda de las provincias contra los fondos coparticipables y el Estado nacional pasó a actuar como el garante del ajuste en cada provincia. La Nación es a las provincias, lo que el FMI es al país. Por eso ahora quiere legalizarlo con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Ningún Estado provincial podrá endeudarse más allá de ciertos límites, ni gastar más de lo permitido por unas pautas de austeridad y ajuste perpetuo que privilegia la estabilidad por encima de la satisfacción de las necesidades sociales. ¿Es acaso posible satisfacer necesidades desde otra lógica que la estabilización demandada por los poderosos? Es sin duda una ecuación política, donde la variable determinante será la voluntad social mayoritaria por construir otra lógica de organización de la economía. Es más, si alguna vez fue posible pensar en esos términos, la convergencia de excedente fiscal y restauración de la capacidad de acumular reservas internacionales (Cuadro IX), expresa condiciones favorables en la coyuntura para encaminar un nuevo rumbo de política económica.

CUADRO IX

Reservas líquidas del B.C.R.A.

Millones de dólares

Fuente: www.mecon.gov.ar

*Estimación propia

IV – El proyecto alternativo sigue ausente

Se debate la coparticipación federal de impuestos y la sensación es que se trata de una discusión por recursos para mantener el orden vigente. Según la Constitución Nacional, el régimen de coparticipación debió haberse resuelto en 1996. Ha pasado mucho tiempo y la pelea es por quien maneja los recursos fiscales. Falta en el país instalar un proyecto que favorezca la satisfacción de necesidades extendidas. Todas las consultas realizadas ponen en primer lugar de la demanda social por seguridad y empleo.

No hay dudas que la inseguridad se deriva del deterioro de las condiciones de vida de buena parte de la sociedad y del parasitismo de sectores que encuentran su modo de vida en el saqueo y la criminalidad. La corrupción estatal y la complicidad policial con la burocracia política son el vínculo estrecho entre secuestros, asesinatos, tráfico de droga, armas o personas, lavado de dinero, contrabando y todas las formas de los ilícitos de un circuito capitalista de apropiación de la renta socialmente generada.

El flagelo del desempleo es consecuencia directa de un orden buscado con la flexibilidad y la precariedad derivada de las reformas laborales y las modificaciones en el régimen de acumulación de capitales. Fue la apertura irrestricta de la economía la que produjo un claro subsidio hacia la producción externa con los consecuentes despidos de los trabajadores de la industria y todos los servicios que atendía al sector fabril. Es la misma apertura que entregó las empresas públicas y canjeó empleo por indemnizaciones que se volatilizaron junto a remiserías, taxis, verdulerías, lavaderos de autos, video clubes o toda forma de emprendimiento salvador para una gigantesca masa de desocupados que hoy vende su fuerza de trabajo en las peores condiciones laborales y salariales.

Remite asimismo a la libre circulación de los capitales, que ha generado fuga de divisas y especulación interna en los mercados de valores y financiero. Es la causa de la extranjerización de la banca y la radicación de recursos locales en activos reales y financieros externos. Es la causa del endeudamiento externo y el condicionante de las políticas soberanas, tal como hoy pretenden sellarse con los acuerdos de libre comercio que se negocian con EEUU (ALCA) o con la Unión Europea. Aunque se vistan de discusiones regionales abordadas desde el MERCOSUR, constituyen ambos mecanismos de subordinación de la soberanía a las necesidades del imperialismo y las clases dominantes locales.

Argentina tiene condiciones estructurales y coyunturales para encarar un proyecto alternativo. El gobierno nacional ha convocado a reconstruir el capitalismo nacional y ello supone la existencia de un bloque social dirigido por la burguesía nacional y que organice los recursos y el potencial humano existente. Es necesario discutir teóricamente la posibilidad del propósito, e incluso la pertinencia de acudir a una categoría social que marcha a contramano de la globalización y de los acuerdos que a diario acometen las autoridades con el poder económico transnacional y local actuante en el país.

Al mismo tiempo, queremos destacar la oportunidad histórica que devino de la crisis en 2001 y que aún hoy, pese a la retomada de iniciativa política y económica de la derecha y el mundo de los negocios, subsisten potencialidades para encaminar un proyecto alternativo. Ello supone la construcción de un bloque social y político que articule a la mayoría afectada por la crisis y que proponga resolver las necesidades de los trabajadores y con ellos, la de la mayoría de la población que organiza su destino con las mejores condiciones de vida de la población trabajadora. Ese bloque no existe aunque sean vastos los sectores que luchan y traban acuerdos por un presente diferente. Es lo que faltó en 2001 y es lo que sigue estando ausente ahora.

Julio C. Gambina (*)

* Profesor de Economía Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Director del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina, CEFJA, adherido al Instituto de Estudios de la CTA..