El principio de control y la nueva institucionalidad pública chilena

1. Resumen
3. Formulación de la Temática y/o Problema
4. Delimitación del Problema
5. Hipótesis de Trabajo
6. Metodología de Trabajo
7. Desarrollo
8. Conclusión
9. Comentarios finales
10. Bibliografía

RESUMEN

El trabajo consistirá en una contextualización del Principio del Control desarrollado por el Prof. Enrique Silva Cimma y el Prof. Jorge Reyes Riveros, en el proceso de reforma que lleva adelante el Estado Chileno, específicamente sobre la institucionalidad pública de transparencia y profesionalización de la función pública, con el objetivo de establecer los alcances y utilidad del Principio de Control en el nuevo escenario, determinar las eventuales limitaciones de ese principio frente a los fenómenos de corrupción contemporáneos y mundiales y proponer algunos indicios de deficiencias de la institucionalidad pública y social frente a los complejos problemas que enfrenta el Estado actual como, por ejemplo, la corrupción de sus agentes. La reflexión sobre estos temas es gravitante en tanto un Estado deslegitimado resulta ineficiente a la hora de convocar a los ciudadanos para la necesaria retroalimentación y corrección de sus políticas públicas, requisitos indispensables de los estados en el mundo y de cualquier tipo de política pro transparencia. El Principio de Control dentro del Derecho Público es esencial en un Estado Democrático, el que debe transformase en un herramienta pronta de gestión para los cargos de la Alta Dirección Pública que se origina en la "Ley del Nuevo Trato".

INTRODUCCIÓN

Los procesos de reforma del Estado en Chile han obedecido a criterios de racionalidad económica, racionalidad que permite una mejor toma de decisiones en la búsqueda de la maximización de los beneficios fiscales a los ciudadanos. Un Estado que se desempeña de manera ágil, atento a las demandas ciudadanas, a la creación de nuevos negocios en el seno del propio sector privado y, paradojalmente también, a una mayor legitimación de su intervención en vistas a robustecer aún más el papel del Estado dentro de los parámetros de la racionalidad económica. Podemos convenir en que el tamaño del Estado actualmente no es el del antiguo "Estado de Bienestar" chileno anterior al "Golpe Militar" de 1973. En efecto, las reformas estructurales llevadas adelante durante el Gobierno Militar y que traspasaron la propiedad pública al sector privado, que reformaron la estructura tributaria de Chile al introducir el mercado en nuestro sistema de Seguridad Social, son ejemplos de una transformación sin parangones en nuestra historia. Esa fue la herencia del Gobierno Militar a los gobiernos democráticos, que continuaron imprimiéndole a la administración del estado la racionalidad económica ya asentada en Chile con el Gobierno autoritario, buscando profundizar los criterios de mercado en la gestión pública, aplicar los avances de la ciencia administrativa al aparato público, avanzar aún más en el principio de subsidiariedad y legitimar la acción del mercado como motor de la economía. Todo ello en la legitimidad que otorga un Gobierno Democrático.

Las políticas de los gobiernos de la concertación apuntan en ese sentido, es decir, el principal generador de riqueza debe ser el mercado el que, por su mayor eficiencia distribuye de mejor manera los recursos. Tanto así, que nuestro país es un aplicado alumno del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de todos los organismos que producen criterios de eficiencia en las administraciones de los estados en el mundo (O.C.D.E., por ejemplo). Nuestro manejo de las finanzas públicas son un ejemplo de eficiencia y sanidad fiscal; nuestra institucionalidad económica y jurídica favorece como nunca antes la inversión y los nuevos negocios, tanto para capitales extranjeros como chilenos; nunca antes el Estado chileno había confiado tanto en el sector privado para la producción de bienes (seguridad social, salud, infraestructura de todo orden, educación, comunicación, energía, etc.).

En ese contexto, el Principio Jurídico del Control, sustentado, aplicado e institucionalizado en el antiguo Estado de Bienestar chileno, se enfrenta, por decirlo de una manera gráfica, a las mil cabezas del mercado, caracterizado éste último por su neutralidad valórica, cuya racionalidad de maximización del lucro puede hacer que fenómenos como el de la corrupción, que es un fenómeno mundial además, permee la estructura de nuestro Estado, generando ineficiencia, arbitrariedad, irracionalidad y su desligitimización ciudadana. ¿Qué puede hacer el derecho público en este contexto?, ¿existen herramientas jurídicas que podemos usar para mejorar la eficiencia de nuestro estado?, ¿qué es lo que la Gerencia Pública puede aportar al nuevo estado chileno en base al Principio de Control?

Sin dudas, un Estado eficiente no solamente en lo económico sino además en lo que respecta a sus políticas de transparencia, involucrando al ciudadano común en sus cuentas públicas y en el desarrollo de su gestión, es un Estado fuerte, creíble, convocante y legitimado, finalmente, mejor capacitado para llevar adelante su tarea de Bien Común.

1.- Formulación de la Temática y/o Problema:

El Concepto del Principio de Control Público se concibió fundamentalmente para evitar la arbitrariedad de los agentes del Estado que so pretexto de la concreción del Bien Común "avasallen las normas y cometan actos arbitrarios que provoquen perjuicio e indefensión a los particulares". El Estado chileno en la actualidad se encuentra sometido a fenómenos en extremo complejos, donde la neutralidad valórica del mercado que domina sin contrapeso, producto del término de las ideologías, inunda los límites del Estado desde la instrumentalidad económica del mercado, en una dialéctica que ha dado origen en algunos casos, y lamentablemente, a fenómenos de corrupción de los agentes estatales, generando un vacío de comprensión por parte del Principio de Control de los fenómenos mundiales de Globalización económica del poscapitalismo, muy distintos al de la mera arbitrariedad de los agentes estatales. Sin embargo, la creación de una nueva institucionalidad pro transparencia y probidad de la administración pública en Chile ofrece un escenario amplio para el desarrollo del Principio de Control en manos de la Alta Dirección Pública y, de la misma manera, colaboran en ese sentido, los cuerpos legales complementarios de probidad e información pública.

2.- Delimitación del Problema:

El trabajo se circunscribirá a una visión del Principio de Control como legado liberal moderno, una breve caracterización del periodo moderno (plena vigencia del proyecto racional), descripción de la posmodernidad orientada a comprender el nuevo contexto del Estado y la contextualización del Principio de Control en los nuevos tiempos, una descripción de las políticas de mejoramiento de la gestión pública y sus características principales y la forma en que se vincula la nueva institucionalidad jurídica con el Principio de Control.

3.- Hipótesis de Trabajo:

El Estado chileno en la actualidad se encuentra sometido a la neutralidad valórica del mercado que domina sin contrapeso e inunda sus límites desde la instrumentalidad económica del mercado, en una dialéctica que ha dado origen a una relación aún difusa, generando un vacío de comprensión por parte del Principio de Control de los fenómenos mundiales de Globalización económica del poscapitalismo, muy distintos al de la mera arbitrariedad de los agentes estatales.

La creación de una nueva institucionalidad pro transparencia y probidad de la administración pública en Chile ofrece un escenario amplio para el desarrollo del Principio de Control en manos de la Alta Dirección Pública y, de la misma manera, colaboran en ese sentido, los cuerpos legales complementarios de probidad e información pública.