Esos datos son los que hasta ayer le entregó el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, en lo que refiere a la investigación interna de la sublevación policial.
Sobre los policías castigados con arrestos menores, de entre uno y cuatro días, el Ministro señaló que la sanción no implica la salida de la institución, aunque reconoció que una medida de arresto afecta a la proyección de la carrera. "Tener una sanción disciplinaria afecta la carrera policial, pero existe la posibilidad de que con una conducta ejemplar, con un trabajo adecuado pueda recuperar esos puntos perdidos en su carrera y no tener una afectación futura en sus ascensos".
El proceso abierto al otro grupo de agentes sí podría implicar la salida del uniformado de las filas policiales. Actualmente los procesados en este caso fueron puestos en disponibilidad, mientras duran las investigaciones. En un mes más, Asuntos Internos y los uniformados señalados deberán presentar sus pruebas de cargo y descargo dentro del proceso administrativo.
Baja inmediata.
En el caso de que los agentes no comprueben su inocencia, lo que procederá será la baja inmediata. "Los tiempos procesales en un caso de mala conducta profesional son mínimo dos meses, si va rápido el trámite. Esos son procesos que están en curso para 120 policías", explicó Jalkh, al tiempo que apuntó que el coronel César Carrión, ex director del Hospital de la Policía y quien fue cuestionado por el presidente Rafael Correa por desmentir su versión, consta en esta lista.
A decir de Jalkh, quienes han sido sancionados de forma disciplinaria con arresto por faltas leves o graves son personas que no se encuentran dentro de los organizadores.Pero señaló que dentro de los 120 procesos por mala conducta están agentes que tienen "más relación con la organización y agitación violenta ocurrida el 30 de septiembre".
El fiscal distrital de Pichincha, Marco Freire, informó que la institución ya ha solicitado a Asuntos Internos y a Inteligencia Policial que remita todas las personas identificadas científica y pericialmente para empezar a vincularlas en las diversas instrucciones abiertas.
Más sancionados
Otros 42 gendarmes son juzgados en el cantón Durán, entre ellos, 13 altos oficiales, por bloquear el puente de la Unidad Nacional, que une Guayaquil con Durán, lo cual provocó caos e incluso robos, informó anoche Ecuavisa.
La cúpula policial informó que en total 345 uniformados en Guayas están bajo investigación, detalló Ecuavisa.
GAP: Otra investigación
Circula nuevo pasquín
El ministro Gustavo Jalkh dijo que los volantes atribuidos al Grupo Armado Policial (GAP) se analizan con ayuda de la Fiscalía y la Policía internacional. Un nuevo pasquín exige $ 3.500 a negocios y personas de Esmeraldas para su tarea de "desaparecer a delincuentes", una "colaboración para mantenernos, ya que estamos cansados del sistema y del Gobierno". Se cree que grupos delincuenciales buscan aprovecharse del momento.
Jueves 11 de noviembre del 2010
El 30-S dejó además sanciones para 21 burócratas de tres ministerios
QUITO. Cientos de personas acudieron a la Plaza Grande para apoyar al presidente Rafael Correa luego de los hechos del 30-S.
Relacionadas
Empleados de tres instituciones del Estado enfrentan sumarios administrativos por paralizar la atención al público el 30 de septiembre, día de la sublevación policial. Ellos pertenecen a los ministerios de Inclusión Social (MIES), Obras Públicas y de Educación.
En el caso del MIES se notificó con la apertura de sumarios a 15 personas, de un listado de 26 que fueron observadas por paralizar el servicio ese día. A ellas se las acusa de quemar neumáticos en la vía pública, cortar el servicio de energía eléctrica e impedir el trabajo del resto de funcionarios, y de suspender la atención al público. Esto último lo prohíbe la Constitución de la República.
El presidente de la Asociación de Empleados del MIES, Marco Rivera, quien también está sumariado, contó que el 30 de septiembre los trabajadores estaban reunidos en el auditorio de la institución para analizar la Ley de Servicio Público, aprobada el día anterior.
Al lugar llegó la ministra del ramo, Ximena Ponce, y les ordenó acudir a la Plaza Grande para apoyar al mandatario Rafael Correa, quien permanecía en un hospital y había sufrido agresiones físicas.
El dirigente comentó que la asamblea sindical no aprobó ese pedido, pero que algunos colegas acudieron al llamado. Relató que el grupo que decidió quedarse en el Ministerio quemó llantas "para pedir que vuelva la democracia a la institución y a nuestro país". Y agregó: "Nosotros no participamos en actos vandálicos… Se sanciona a los que nos quedamos en la institución y no a los que salieron hacia la Plaza Grande (a respaldar al Jefe de Estado)", cuestionó Rivera.
Por eso denunció que este sumario administrativo es una retaliación en su contra, no solo por su postura contra la Ley de Servicio Público sino por los constantes pedidos de que se paguen los retroactivos de los fondos de reserva y sus reclamos por la falta de participación en la reestructuración de la Secretaría de Estado.
En la misma situación se encuentran cuatro trabajadores del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP), que según Patricio Ibarra, presidente de la Asociación de Empleados, se encuentran en la etapa de presentación de pruebas de descargo.
Contó que el día de la revuelta policial se invitó, a eso de las 10:20, a que la gente acuda a una marcha a respaldar al Presidente. "Un grupo asistió a la Plaza Grande, el otro se fue a la Mariana de Jesús y otro grupo nos quedamos aquí. En algún instante se quemó una o dos llantas", narró el dirigente.
Explicó que la suspensión del servicio fue ordenada por "la autoridad", aunque no quiso especificar a quién se refería.
Ibarra dijo que ese día tenían previsto asistir en la tarde a la Asamblea Nacional, pues se iba a realizar una reconsideración de la Ley de Servicio Público.
Adicionalmente, en el Ministerio de Educación se abrieron dos sumarios administrativos.Según una dirigente de esa cartera de Estado, que prefirió la reserva de su nombre, se los acusa porque aparecen en unas filmaciones de las cámaras de seguridad del Ministerio en momentos en que se informaba a los funcionarios sobre la disposición verbal de que regresen a sus casas, debido a la conmoción que vivía el país.
"No estaban participando en ninguna acción proselitista, pero se las acusa de paralizar la atención al público". Para la dirigente se busca sancionar a los empleados por una disposición del presidente Correa
Detalles: Sector pública.
Más sanciones
En otras entidades se analiza la apertura de nuevos sumarios administrativos, ese es el caso de la Dirección de Aviación Civil. Los funcionarios explicaron que aún no se los notifica.
EmpleadosSegún la Asociación de Empleados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en esa secretaría de Estado existen 600 trabajadores, sin tomar en cuenta personal contratado. En el MIES existen 700 empleados en planta central y a nivel nacional son 1.200. En el caso del Ministerio de Educación son aproximadamente 746 empleados y 170 personas a contrato.
ServicioEn los ministerios existe preocupación por la forma en la que se aplicará la disposición de la Ley de Servicio Público de jubilar a aquellas personas que sobrepasen los 70 años de edad.
Fecha de Publicación: 2010-11-14
Correa se reunirá cada semana con secretario de Inteligencia tras sublevación
El presidente Rafael Correa informó que mantendrá reuniones semanales de trabajo con el secretario de Inteligencia, Homero Arellano, tras el levantamiento policial del pasado 30 de septiembre, que el Gobierno interpretó como un intento de golpe de Estado.
El presidente Rafael Correa saluda a sus simpatizantes en Guayaquil
"Se sacan experiencias a partir del 30 de septiembre. Somos gente que aprendemos, sobre todo, de las experiencias negativas. Cada semana tengo media hora de reunión", dijo Correa en su informe semanal de labores, emitido desde la ciudad costera de Guayaquil. Indicó que en la cita, Arellano le informa "de los problemas, los conflictos potenciales, etcétera".
El 30 de septiembre, decenas de policías de tropa protestaron por la eliminación de incentivos profesionales y Correa, que acudió a explicar la ley al lugar donde se manifestaban, tuvo que ser atendido en un hospital debido a agresiones y a los efectos de gases lacrimógenos. En ese hospital, el gobernante ecuatoriano quedó atrapado durante unas nueve horas por policías sublevados. Tras la jornada del 30 de septiembre, el Gobierno reconoció fallos en el sistema de Inteligencia.
Fecha de Publicación: 2010-11-14
Correa y Ponce decidieron rescate militar del 30-S
El ministro de Defensa, Javier Ponce dijo que la orden de rescatar militarmente al presidente Rafael Correa, del Hospital de la Policía Nacional el pasado 30 de septiembre durante la sublevación, salió del mando político.
"Era una decisión entre el presidente y el ministro de Defensa" que luego fue comunicada al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, informó Ponce en declaraciones a diario El Universo.
Así manifestó Ponce, a su salida de la Fiscalía a donde acudió a rendir su versión sobre los hechos del 30 de septiembre pasado, día de la sublevación policial.
La comparecencia del funcionario se dio la tarde del viernes y se extendió por aproximadamente dos horas. Sus declaraciones se dieron a puerta cerrada.Respecto del listado de las personas que habrían participado en la protesta militar el 30-S, que es solicitado por la Fiscalía, el funcionario manifestó que apenas concluyan los procesos disciplinarios internos habrá las condiciones para entregar esa información.
El Ministro dijo que hay que establecer diferencias entre lo que ocurrió con un pequeño sector militar y la Policía (en el Regimiento Quito), aunque no descartó que si hubiera motivos penales se actuará con la Fiscalía.
Todos los ecuatorianos, nos hemos dado cuenta, que el frágil estado ecuatoriano, sin mayor cultura política, ni consistencia democrática, es incapaz de resistir movimientos de inestabilidad política como la del pasado 30 de septiembre del 2010.
La primera conclusión de esta reflexión es que sin duda hemos vivido un nuevo episodio, que se ha labrado y crecido a través de la acción intrigante de grupos mafiosos en la institución policial. De forma que la ley de servicio público fue un pretexto buscado para lanzar a la policía en contra de la Constitución y del gobierno.
Por ello, no se puede descartar que se pretenda generar nuevos momentos de conmoción política para romper el orden democrático constituido. Hay que estar preparando para prevenir y enfrentar otros hechos de esta naturaleza.
La segunda conclusión es la urgente necesidad de desmantelar las redes mafiosas enquistadas en la policía y en otras instituciones del Estado conformadas al calor del apoyo de los programas de asistencia y colaboración en seguridad estadounidenses o de cualquier otro gobierno.
Además se torna urgente fortalecer al movimiento político gobernante para que pueda superar sus límites electoralistas actuales y se proyecte como un partido transformador capaz de concitar el apoyo popular a las propuestas y políticas gubernamentales, sin dejar atrás la incorporaron a la rebelión grupos de estudiantes universitarios y secundarios ligados al MPD, así como también unos cuantos grupos de trabajadores estatales y servidores públicos y varios miembros del movimiento Pachakutik.
Debe llevarse a cabo y con energía las recomendaciones del informe de la Comisión de investigación sobre la infiltración de organismos de seguridad extranjeros en la policía, FFAA y otros organismos estatales. La necesaria investigación y purga sobre los responsables de los sucesos del 30 de septiembre no puede quedarse únicamente en los autores materiales, sino que hay que llegar hasta los autores intelectuales.
Deberán hacer esfuerzos por restablecer el diálogo con los sectores sociales en el proceso de producción de la política pública, tanto a nivel del ejecutivo como de la Asamblea Nacional y las demás funciones estatales. Temas como la Ley de aguas y el Código de la Producción, entre otros, deberán ser tratados de manera que se alcance la mayor aceptación posible. Hay que hacer esfuerzos por desvanecer los nudos conflictivos y restablecer una alianza estratégica con los movimientos sociales con quienes han existido fricciones.
Después de la sublevación, la Policía deberá trabaja más en varios frentes para recuperar la imagen y la confianza ciudadana. Además prever incluso el asesoramiento de Colombia y Chile. Mientras, se investiga a quienes instigaron a la revuelta.
Esta Información fue tomada de los siguientes diarios:
Correa afirma estar secuestrado y que no dialogará
Correa: Me tienen prácticamente secuestrado
Correa cedió y acordó mantener beneficios de Policía
Canciller Patiño herido en la cabeza por policías sublevados
Presidente desafía a cientos de policías sublevados: "Mátenme si tienen valor"
Correa está atrapado en un hospital de la policía, rodeado de sublevado
El ex presidente Gutiérrez pide la disolución de la Asamblea
Rafael Correa fue rescatado por los militares y llegó a Carondelet
Correa no cede ante policías que protestan y bloq. Pistas
Presidente llega a regimiento donde protestan cientos d pol.
Seis muertos y decenas de heridos dejó jornada de ayer
El tiempo demostrará si Correa se fortaleció
El rescate del Presidente tuvo en vilo a 72 pacientes Hosp.Pol
Fiscalía pide a prensa vídeos y fotografías del 30 de septiembre
Correa: ONU será bienvenida para investigar la sublevación.
Correa insiste no habrá impunidad en levantamiento policial.
El jefe militar de Ecuador insta a policías a deponer su actitud
Correa se reunirá cada semana con secretario de Inteligencia
Correa y Ponce decidieron rescate militar del 30-S
30-S redujo la confianza de la ciudadanía en la Policía
30-S en CNN: ¿Sublevación o golpe a nuestra TV?
En hechos del 30-S todo era dudable"
El 30-S al momento deja 600 uniformados sancionados
El 30-S dejó además sanciones para 21 burócratas de 3 ministerios
Autor:
Cepeda Chele Jessenia
Collins Ventura Nathyn
Pozo Núñez Verónica
Reyes Pincay Paola
Soriano Hermenejildo César
Soriano Panimboza Juan
Enviado por:
Arturoi Clery
Año: 2/2 Ingeniería en Marketing
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