El Caracazo

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Introducción

El "Caracazo", fue una revuelta popular tuvo lugar en el año 1.989. Las causas que lo determinaron tenían que ver con la aplicación de una receta de tendencia neoliberal, cuya punta de lanza fue precisamente el aumento de la gasolina. Se debe notar que "ni el gobierno, ni el parlamento, ni los partidos políticos, tomaron en cuenta el fenómeno en sus verdaderas magnitudes". Hubo una especie de modus operandi por parte del establecimiento que consistió en hacer todo lo necesario por placar en el menor tiempo posible la revuelta popular.

En todo ello el Estado venezolano, a través del ejecutivo, tuvo un rol primordial, pues el entonces presidente de turno Carlos Andrés Pérez desplegó un desproporcionado poder represivo – militar y policial – que dejó miles de muertos. No cabe duda que, contrariamente a cuanto suele pensarse, la fractura no se dio sólo a nivel del gobierno de la época, sino más bien y sobre todo en el Estado y la percepción que los venezolanos tenían del mismo.

El Caracazo

Fue una serie de fuertes protestas y disturbios durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que comenzó el día 27 de febrero y terminó el día 28 de febrero de 1989 en la ciudad de Caracas, e iniciados realmente en la ciudad de Guarenas, cerca de Caracas. El nombre proviene de Caracas, la ciudad donde acontecieron parte de los hechos, recordando a otro

hecho violento ocurrido en Colombia el 9 de abril de 1948; el Bogotazo. La masacre ocurrió el día 28 de febrero cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana (PM), Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) salieron a las calles a controlar la situación. Aunque las cifras oficiales reportan 300 muertos y más de un millar de heridos, algunos reportes extraoficiales hablan de 3500 personas fallecidas.

Antecedentes

La economía venezolana cayó a partir del endeudamiento que generó el país después del "boom" petrolero en los 70. A partir de ese momento, comenzó una caída paulatina a medida que el Estado venezolano aumentaba su recaudación y gastos. Esto causó una devaluación de la moneda en 1983. A partir de entonces las políticas económicas de los gobiernos de Luís Herrera Campíns y Jaime Lusinchi no fueron capaces de frenar las espirales inflacionarias, generando desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional. Algunas de las políticas que emplearon estos gobernantes fueron controles de cambio a través de RECADI (Luis Herrera Campins) y un control de precios (Jaime Lusinchi), medidas que devinieron en corrupción administrativa y mercados negros de divisas y bienes. Estas situaciones incrementaron la desinversión privada, generando una escasez gradual.

En 1988 resulta electo Carlos Andrés Pérez en los comicios del 4 de diciembre con 3.879.024 votos (52, 91% de los sufragantes), hasta esa fecha, el mayor número de votos en términos absolutos y hasta la actualidad el mayor apoyo a un candidato presidencial respecto al total de votantes inscritos.

Con este gran respaldo popular el gobierno de Pérez buscó dar un cambio al liberar la economía, a través de un programa de ajustes macroeconómicos promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que se le llamó "Paquete Económico", concebido para generar cambios sustanciales en la economía del país. Se anunciaron medidas de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual en plazos breves. El paquete comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Sin embargo, la liberación de precios y la eliminación del control de cambio generó un reajuste sumamente brusco para las personas de menores ingresos.

Las Principales Medidas Anunciadas Fueron:

• Someterse a un programa bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional con el fin de obtener aproximadamente 4500 millones de dólares en los 3 años siguientes.

• Liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%.

• Unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial.

• Determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante.

• Liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica.

• Anuncio del incremento no inmediato, sino gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico.

• Aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina.

• Aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%.

• Aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo.

• Eliminación progresiva de los aranceles a la importación.

• Reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto territorial bruto.

• Congelación de cargos en la administración pública.

A solo pocas semanas de asumir el gobierno el entonces presidente Pérez, se decide poner en práctica de manera inmediata el paquete de ajuste y de medidas económicas, financieras y fiscales. El 26 de febrero el ministerio de Energía y Minas anuncia el alza en 30% de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público urbano e inter-urbano también en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%.

Las medidas económicas y sociales impuestas por el gobierno y la creciente tasa de pobreza, originaron la masacre y la ola de violencia llamada como el "Caracazo".

Protestas y saqueos

Las protestas se iniciaron en Guarenas (ciudad ubicada a 15 km al este de Caracas), la mañana del 27 de febrero de 1989, también se desatan los saqueos y la violencia en Caracas, la gente de escasos recursos de la capital, en zonas populares como Catia, El Valle, Coche y Antímano, toman el control de las calles. Los canales de televisión transmitían en vivo los hechos, al principio en los sectores populares había protestas pacíficas, pero ante el descontrol y la ineficacia de los cuerpos de seguridad, se producen más enfrentamientos, motines y protestas, cada vez tornándose de forma más violenta.

En horas de la tarde, había problemas en casi todos los barrios y urbanizaciones de Caracas, los comercios habían cerrado y el transporte público no prestaba servicio.

En los días siguientes, los medios de comunicación mostraron imágenes que permitieron ver la magnitud de los saqueos. Durante muchos meses se discutió cómo pudo acontecer algo tan violento en Venezuela.

Protestas violentas también se originaron en otras ciudades como La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana.

Desbordado por los saqueos, el Gobierno declaró el toque de queda, militarizó las ciudades principales y aplastó las protestas con violencia desmesurada. En la ciudad de Caracas se activó el "Plan Ávila", el cual confería al Ejército la custodia de la ciudad, habilitándolos para el uso de armas de guerra al momento de contener las manifestaciones. Algunos utilizaron armas de fuego para defenderse o atacar a los militares, pero las muertes de policías y militares fueron incomparables con las muertes de civiles.

Hay un número de muertos, calculado según las fuentes, entre 73 y 100 muertos, enormes pérdidas materiales y miles de heridos. Fuentes extraoficiales señalaron que el número de muertos fueron de 400. La represión fue especialmente dura en los barrios pobres de la capital.

El poder ejecutivo suspendió las garantías constitucionales. Durante varios días la ciudad vivió sumida en el caos, las restricciones, la escasez de alimentos, la militarización, los allanamientos, la persecución política y el asesinato de personas inocentes.

Consecuencias

La consecuencia evidente del Caracazo fue la inestabilidad política. El programa de gobierno fue modificado durante el mismo año tras los hechos. El 7 de marzo se decreta la liberación de precios. Se acelera el proceso de descentralización con la primera elección directa de Gobernadores y Alcaldes celebrada en diciembre de 1989. En 1992 se producen dos intentos de golpe de estado, uno en febrero y otro en noviembre.

La creciente desaprobación de la gestión del Presidente Pérez, la ruptura con el partido Acción Democrática, la falta de nuevos liderazgos, tuvo como consecuencia que el paquete de medidas aplicado en forma atenuada fuera rechazado. En marzo de 1993 el Presidente Carlos Andrés Pérez es acusado de corrupción y apartado del cargo, asumiendo la Presidencia por decisión del Congreso Nacional (Actual Asamblea Nacional) Ramón J. Velásquez, quien es sucedido por Rafael Caldera tras la convocatoria electoral de 1994. Hugo Chávez, uno de los organizadores de la primera intentona golpista de 1992, es declarado culpable de dirigir la rebelión militar, siendo encarcelado y luego Sobreseído por el Presidente Rafael Caldera, tras lo cual gana las elecciones presidenciales celebradas en 1998.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la actuación del gobierno. El Estado se comprometió a indemnizar a las víctimas, hecho cumplido parcialmente en el año 2004 con aquellas víctimas representadas por la organización de derechos humanos Cofavic.3 Sin embargo, a finales de 2006 el gobierno del Presidente Hugo Chávez, a través del Ministerio del Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.4

En 2005 se estrenó en los cines venezolanos "El Caracazo", una película dirigida por Román Chalbaud, cuyo argumento está basado en los sucesos del mismo.

Cifras

Muertes: Según la cifra oficial emanada por el gobierno de CAP, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, estos números de víctimas quedaron desvirtuados por la posterior aparición de fosas comunes como La Peste, en el Cementerio General del Sur, donde aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial. "Nunca pudo conocerse la cifra exacta de civiles muertos en estos sucesos", según se cita en el portal del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989.

En esta organización no gubernamental sólo se reunieron 42 familiares de fallecidos y desaparecidos y otras tres víctimas que quedaron incapacitadas, no obstante, la cantidad de civiles masacrados el 27 de febrero y los días posteriores es difícil de calcular. De hecho, se habla de entre 2.000 y 3.000 personas asesinadas, aunque el entonces ministro Ítalo del Valle Alliegro contaba poco más de 300. En el libro Desaparición Forzada, sus autores, Yahvé Álvarez y Oscar Battaglini, señalan que las acciones por parte del gobierno de CAP el 27 de febrero alcanzan proporciones que las acercan al más brutal genocidio de la historia venezolana. Un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 10 años después de la masacre al pueblo venezolano, ordenó al Estado venezolano indemnizar a los familiares de 45 personas asesinadas durante la revuelta social, todas representadas por Cofavic.

Todavía no se conoce el número exacto de muertos, heridos y desaparecidos en esos día de febrero y marzo de 1989. Aunque los hechos ocurrieron mucho antes de su mandato, el Gobierno del presidente Hugo Chávez reconoció la responsabilidad del Estado venezolano y en el año 2006, a través de su Ministerio de Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.

Pérdidas Materiales: Negocios asegurados en Caracas: Bs. 3.073.862.416,03. Negocios no asegurados en Caracas: Se estiman más de 3 mil millones de Bolívares.

Locales Saqueados en Caracas: 900 Bodegas, 131 Abastos, 95 Ferreterías, 62 Papelerías, 850 Negocios de Mercancía en General.

Incendios en Caracas: 154

Personajes

Carlos Andrés Pérez, Presidente de Venezuela por Acción Democrática (febrero de 1989 – mayo de 1993), Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, gobernante durante los hechos.
Gral. de División (Ej) Italo del Valle Alliegro, Ministro de la Defensa. Citado en calidad de Imputado por el Ministerio público para el 22 de junio de 2009.
Gral. de División (Ej) José María Troconis Peraza Comandante del Ejército (junio de 1988 – junio de 1989)
Alejandro Izaguirre Angeli,, Ministro de Relaciones Interiores
Virgilio Ávila Vivas, Gobernador del Distrito Federal (2 de febrero de 1989 – enero de 1992) designado por el presidente Pérez.
Gral. Manuel Antonio Gil, Comando Estratégico del Ejército
Gral. Manuel Heinz Azpúrua, para el momento de los hechos, era Jefe del Comando Estratégico del Ejército, posteriormente fue Director de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). Imputado por el Ministerio Público el mes de junio de 2009.
Gral. (GN) Freddy Maya Cardona, Comandante del Regional 5 de la Guardia Nacional.
Reinaldo Figueredo Planchart, Ministro de la Secretaría de la Presidencia.
Gral. Oscar González Beltrán, jefe de la Casa Militar.
Miguel Rodríguez Fandeo, Ministro de Cordiplan (Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia), responsable de la planificación económica.

Conclusión

En cuanto al "Caracazo" fue producto del incumplimiento de las promesas electorales, la corrupción, deterioro de condiciones de vida de los sectores populares al implantar una serie de medidas económicas sin tomar en consideración la realidad de estos, sino simplemente realizar un gobierno con prácticas neoliberales tales como en el segundo mandato de ese entonces el presidente Carlos Andrés Pérez, esta práctica condujo a la frustración en varios sectores de la población.