1. El contexto exterior de la economía andaluza
2. Veinte años de distribución de la renta en Andalucía
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Aunque las X Jornadas de Estudios Andaluces están dedicadas a analizar el periodo estatutario de las Comunidades Autónomas, he creído conveniente remontarme unos años atrás para poder disfrutar de una perspectiva más larga a la hora de evaluar someramente la evolución de nuestra economía desde el punto de vista de la distribución de la renta.
Contemplar desde una visión macroscópica la evolución económica de Andalucía en los últimos veinte años permite detectar lo que sin duda podría parecer a simple vista una enorme paradoja.
Es evidente que en este periodo la sociedad andaluza ha protagonizado una transformación sustancial. La dotación de infraestructuras se ha multiplicado de manera espectacular; cualesquiera que sean los índices de bienestar social que se tomen como referencia (vivienda, analfabetismo, educación, pobreza,…) indican claramente que se ha producido una mejora incuestionable en todos ellos, sin perjuicio, no obstante, de que aún queden demasiadas bolsas de malestar social.
Sin embargo, si se contempla la evolución de las tasas de crecimiento de la economía andaluza (Gráfico n1 1) no queda más remedio que constatar que la marcha de nuestra economía describe una larga onda de depresión económica, en relación con los ritmos de alto crecimiento que correspondieron a las décadas anteriores.
Efectivamente, al periodo de impulso previo (1955-1964) siguió otro (1964-1973) de fortísima expansión con una tasa medial anual de crecimiento del PIBcf en términos reales del 6,7 por cien. A partir de este año, la economía andaluza no llegaría nunca a alcanzar los niveles de máximo crecimiento anteriores. Ni tan siquiera en los años gloriosos, pero cortos, de la segunda mitad de los ochenta, cuando los políticos más optimistas, pero también más desacertados, auguraban una gloria sin precedentes para nuestra economía, se lograría superar las tasas alcanzadas en la década expansiva de los sesenta. Por el contrario, a la fugaz expansión siguió la sima más profunda del crecimiento económico andaluz. No puede decirse, pues, que el repunte de 1985-1990 cambiara radicalmente la tónica de depresión. Más bien, que la naturaleza efímera de los factores que lo desencadenaron fue el anticipo de una crisis de extraordinaria envergadura.
En términos históricos, los únicos válidos para evaluar un periodo tan largo, y tomando como referencia las tasas de crecimiento del PIB que los economistas más convencionales demandan utilizar para caracterizar la evolución económica, no queda más remedio que reconocer, por lo tanto, que la economía andaluza ha transcurrido en los últimos veinte años por una senda de depresión económica, entendida ésta como un largo periodo en el que, bajo ningún aspecto, se ha logrado superar el ritmo de crecimiento de periodos expansivos anteriores.
No comparto la idea ampliamente extendida de que la tasa de crecimiento del PIB sea una buena expresión de lo que realmente sucede en las economías, y me parece que lo sucedido en Andalucía viene a corroborar lo que he mantenido en otros lugares. Pero creo que la evolución que acabo de mencionar fuerza a reconocer que, por las razones que más abajo trataré de explicar, las políticas llevadas a cabo en los últimos años, y que con tanto ahínco defienden los economistas ortodoxos, no han sido capaces ni de lograr crecimiento económico mayor que en épocas anteriores, ni, en su coherente consecuencia, la falsamente pretendida más eficiente asignación de recursos que teóricamente le sirve de impulso.
Si se aceptan estas dos grandes circunstancias de partida (mejora en las expresiones inmediatas de bienestar social y, al mismo tiempo, dinámica depresiva) queda expuesta la paradoja a la que hice referencia al inicio. En mi opinión, ésta sólo puede resolverse si se tienen en cuenta principalmente dos grandes procesos que de manera solapada han determinado la evolución de nuestra economía. Por un lado, la consolidación, a lo largo de todo este periodo, del Estado de Bienestar en España que, aunque con retraso, ha permitido disfrutar de niveles de protección social y suministro de bienes públicos en manera suficiente como para permitir la históricamente necesaria mejora en los indicadores de bienestar social. Por otro lado, y con efectos contrarios, la generalización -también de forma predominante a lo largo de los años ochenta- de las políticas neoliberales encaminadas fundamental y decididamente a modificar la pauta de distribución de la renta que había venido favoreciendo a los ingresos del trabajo en la onda larga de crecimiento económico de los años sesenta.
1. El contexto exterior de la economía andaluza
Como no puede ser de otra manera, la economía andaluza responde, con ligeras diferencia en el momento temporal, a las grandes líneas que marcan la evolución de los sistemas económicos en los que está integrada.
De hecho, el Gráfico n1 1 podía ser perfectamente, con mínimas diferencias, el de cualquier país de la OCDE, de España o de las economías occidentales en conjunto en ese mismo periodo.
A lo largo de los años sesenta se larva una profunda quiebra en el modelo de crecimiento que había sido propio de las economías occidentales después de la II Guerra Mundial y que abrió un larga época de crecimiento y bienestar, "treinta años gloriosos" marcados por el pleno empleo, por el funcionamiento a todo ritmo de los aparatos productivos, por la protección social generalizada, el consenso social y los altos beneficios que, junto a las ganacias permanentes de productividad, permitieron subidas salariales así mismo continuadas.
En España esta fase gloriosa del capitalismo fue aún más intensa gracias a que la falta de libertades públicas permitía organizar la actividad productividad sin concesiones, y porque el sentido corporativista del Estado predominante garantizaba un compromiso mucho más explícito de la actividad pública con los intereses económicos en juego. La válvula de la emigración, además, hacía posible que se evitaran tensiones en los mercados laborales propias de otros países de nuestro entorno.
Sin embargo, la saturación de los mercados, el agotamiento de la antigua base tecnológica, el endeudamiento generalizado, la progresiva ineficacia de las políticas de demanda para hacer frente a estos problemas de oferta sin crear graves tensiones distributivas y la crispación social paulatinamente generada a medida que el desempleo iba en aumento, dieron lugar a una crisis económica generalizada a lo largo de los años setenta.
Como siempre sucede, ante aquella situación se debatía un profundo conflicto distributivo (a lo largo de los años setenta la participación de las rentas del trabajo en el total de la Renta Interior andaluza alcanzan, como en todo el mundo occidental, máximos históricos) que necesariamente derivaría en estrategias de los diferentes actores sociales encaminadas a mejorar sus opciones a disfrutar de los ingresos que se generan en las economías.
La estrategia finalmente triunfante tuvo su expresión política en el neoliberalismo que bajo experiencias concretas dispares, y con independencia de la retórica con que suele envolverse, ha sido capaz de llevar a cabo un cambio radical en la pauta distributiva al mismo tiempo que realizaba el necesario "ajuste" para hacer frente al agotamiento del modelo de crecimiento expansivo de la época anterior.
Los tres grandes pilares de esta estrategia han sido los siguientes.
En primer lugar, la incorporación de una nueva base tecnológica, basada ahora en las tecnologías de la información, que ha permitido hacer versátiles los procesos productivos de manera que sea posible generalizar la competencia a través de la variedad, necesaria en situación de mercados saturados. Además, gracias también a esta nueva base técnica, se ha podido generalizar una nueva organización del trabajo para recobrar la productividad y desmovilizar las respuestas organizadas de la clase trabajadora, lo que lleva consigo una menor necesidad de este factor productivo, con el consiguiente aumento generalizado del desempleo.
La mucha mayor movilidad que en todos los sentidos proporcionan las nuevas tecnologías de la información permite disminuir los obstáculos físicos a los intercambios, instaurándose entonces un marco mucho más amplio (aunque también más voraz para las propias empresas) de competencia a escala planetaria.
En segundo lugar, las nuevas formas de regulación macroeconómica orientadas, fundamentalmente, a sustituir el gobierno de la economía a través de la demanda por políticas sin connotaciones distributivas explícitas, como la política monetaria. Esta alcanza a tener un enorme protagonismo ya que, además de ello, permite regular sin interferencias el ámbito de la circulación financiera, convertido ahora en un lugar privilegiado de ganancia gracias a la hipertrofia de los flujos monetarios.
Finalmente, nada de ello hubiera sido posible sin una profundísima alteración de los valores sociales predominantes. De la asimilación del bienestar social como ideal colectivo necesariamente habría de pasarse a conformar una mentalidad ciudadana basada en la individualidad y en el posibilismo, no sólo porque es de esta forma como se garantiza la posibilidad de dar salida a la producción diferenciada en mercados saturados, sino, además, porque cuando el desempleo y la frustración se generalizan, la única manera de evitar la deslegitimación ciudadana del sistema es conseguir que cada individuo perciba su situación como algo propio y desvinculado del colectivo que en realidad lo envuelve.
Globalmente, todo ello se ha concretado en políticas gubernamentales encaminadas no a disminuir su incidencia -como suele afirmarse sin rigor- sino a modificar el sentido, la ética, de su presencia en la actividad social y económica y, más concretamente, en un verdadero asalto aún no concluído al Estado de Bienestar para establecer (a través de políticas fiscales, de reforma laboral, monetarias, etc.) las condiciones que hicieran posible dar la vuelta a la pauta distributiva del sistema.
Como dije anteriormente, la política neoliberal que ha desarrollado estas estrategias no sólo no ha sido capaz de devolver a las economías la tónica de crecimiento de etapas anteriores, sino que además ha traído consigo la inestabilidad financiera permanente, la destrucción de tejido productivo provocado por un clima de competencia exacerbada, el paro generalizado y la precariedad en el empleo y el salario y, en general, un creciente malestar social.
Como veremos inmediatamente, Andalucía -como España- no han sido ajenas a estos procesos. Nuestros gobernantes, a fuer de conversos, no dudaron en desplazarse de las vanguardias más revolucionarias a los cómodos asientos donde se llevaba a cabo el festín neoliberal, cuidándose de que el posible frío de su mala conciencia se diluyera en la hoguera de las vanidades que ha dado calor a tantos corruptos.
Sin embargo, el secular atraso de nuestra sociedad y el que un Estado autoritario como el franquista hubiera podido impulsar el crecimiento económico al socaire de la expansión internacional sin necesidad de homologar al mismo tiempo los niveles de bienestar social, originaba una cuenta pendiente, tanto en España como en Andalucía.
No sabemos qué hubiera sucedido si el ajuste neoliberal de la economía española se hubiera llevado a cabo con gobiernos totalmente desprovistos del barniz socialdemócrata, aunque cabe pensar que la consolidación del Estado del Bienestar resultaba, en cualquier caso, un objetivo irrenunciable incluso desde el punto de vista de llevar a cabo dicho ajuste. Lo cierto, sin embargo, es que esta exigencia (o, si se quiere, la opción explícita del Gobierno de Felipe González por combinar la estrategia neoliberal con la reformista del bienestar) ha provocado que el ajuste de la economía española, y con ella la de la andaluza, se haya producido en términos contradictorios.
Por un lado, se han introducido las reformas que han permitido reorientar la pauta distributiva, hasta el punto de que la participación de los salarios en la renta nacional haya disminuido de manera continuada, y modificar el sistema productivo para que nuestra economía se insertase en el marco global de la competencia, con las secuelas consiguientes de destrucción de tejido productivo, paro y precarización.
Pero, al mismo tiempo, se han llevado a cabo amplísimos programas de gasto público social (lógicamente cada vez más en cuestión) necesarios para consolidar el Estado de Bienestar, y a diferencia de los sucedido en otros países de nuestro entorno.
Gracias a ello, las consecuencias del ajuste neoliberal en nuestra economía no están siendo tan duras desde el punto de vista del bienestar, pero han provocado un problema añadido de déficit público difícilmente resoluble en el futuro si no es despojando a la sociedad española, o muy especialmente a la andaluza que padecería estos problemas de manera agudizada, de la cobertura protectora del gasto social.
Ésta es la tensión inherente a la economía andaluza de los últimos veinte años. Después de un largo periodo de crecimiento intensivo pero completamente desarticulado, la crisis del modelo de crecimiento lleva a una depresión profunda que sólo tiene como excepción un periodo efímero que más bien habría que valorar como una oportunidad de cambio claramente desaprovechada.
2. Veinte años de distribución de la renta en Andalucía
El proceso al que acabo de hacer referencia se manifiesta de manera especialmente relevante cuando se analizan los cambios operados en la distribución funcional de la renta en Andalucía durante los últimos veinte años. De estos datos se deduce que las rentas del trabajo han sufrido un descenso significativo respecto a 1975. Mucho más si se tiene en cuenta, en primer lugar, que a partir de 1991 se produjo un descenso aún mayor como consecuencia del aumento del desempleo asociado a la crisis de los primeros años noventa y, en segundo lugar, que la recuperación que se manifiesta en los datos del Cuadro n11 en 1991 se debe fundamentalmente al incremento de las cotizaciones sociales
Este proceso es explicable por la confluencia de dos factores principales a lo largo de estos años.
Por un lado, la disminución neta en el número de empleos. Mientras que en 1975 en Andalucía había en torno a 1.850.200 personas ocupadas, veinte años después sólo están ocupadas 1.719.600. Y ello, a pesar de que la población total ha aumentado en algo más de 1.100.000 personas. Esto es lo que da lugar a que en 1975 el porcentaje de ocupados sobre el total de la población fuese del 30,24 por cien y en 1995 tan sólo el 24,33 por cien.
Por otro lado, el incremento muy importante que se produce en el empleo y la retribución global en los servicios, quizá la nota más destacada de la evolución de las rentas del trabajo en Andalucía durante estos años.
Confirmando que la terciarización de la economía no responde a un auténtico proceso de modernización y progreso, resulta, por el contrario, que el mayor protagonismo del trabajo en el sector terciario indica un deterioro progresivo en la capacidad de generación endógena de rentas en Andalucía y una pérdida global de productividad.
En el año 1975, para obtener un 1 por cien de la renta interior andaluza eran necesarios 1,09 empleos por cuenta ajena en el sector servicios. En 1995, para alcanzar ese porcentaje de rentas, se necesitaba crear 1,28 empleos.
Por el contrario, para obtener ese mismo 1 por cien de la renta interior total, en 1975 se precisaban 1,41 empleos por cuenta ajena en el sector industrial. En 1995, tan sólo 0,73.
Ello es bien elocuente de lo arriba señalado. Lejos de responder a un proceso de modernización, la evolución de las remuneraciones en el trabajo por cuenta ajena en el sector servicios muestra que éste se ha desarrollado por una clara senda
de precarización salarial y de pérdida de productividad. En este sentido, la economía andaluza no ha sido ajena al proceso general provocado por las políticas neoliberales que han convertido la generación de puestos de trabajo en la proliferación de un auténtico ejército de mal pagados empleos vinculados a los servicios personales de todo tipo.
Caso contrario es el referente al empleo industrial. Mientras que la población ocupada por cuenta ajena en la industria disminuyó un 53 por cien en los veinte años, su participación en la renta total sólo lo hizo en un 16 por cien. Esto viene a confirmar una vez más la necesidad de articular el proceso de crecimiento en torno a una base industrial sólida y arraigada, objetivo, sin embargo, que lejos de conseguirse más bien se aleja en el panorama actual de nuestra economía, asolada por un proceso de desmantelamiento del que ahora no puedo ocuparme aquí.
Otras alteraciones en el peso específico de cada componente de la renta interior alumbran cambios significativos operados en la economía andaluza.
En 1975, el empleo no asalariado representaba el 25,26 por cien del total de empleos, de tal manera que para generar un 1 por cien de la renta interior se precisaban 1,16 empleos de este tipo.
Sin embargo, en 1991 representaban el 20,04 del total de empleos y para generar ese mismo 1 por cien de renta interior eran suficientes 0,82 empleos.
Dicho de otra manera, mientras que el empleo no asalariado disminuía un 15 por cien sobre el total de empleos, su participación en el total de la renta interior andaluza aumentó un 13 por cien.
Por su parte, las rentas correspondientes a profesionales liberales y servicios muestran también un cambio significativo. Mientras que en 1975 para obtener un 1 por cien de la renta interior se precisaban 0,7 empleos, en 1991 sólo eran necesarios 0,49 de esta naturaleza.
Finalmente, las rentas correspondientes a otros empresarios y trabajadores independientes se modifican en el mismo sentido. Frente a 1,18 empleos necesarios para generar un 1 por cien de la renta interior en 1975, en 1991 este porcentaje se generaba con 0,58 empleos.
Todos estos cambios en las remuneraciones globales indican que es fuera del trabajo asalariado donde se genera mayor productividad y retribuciones por empleo más elevadas. Pero este es un fenómeno que, a pesar de su apariencia positiva, debe matizarse teniendo en cuenta, por un lado, que el gran cambio se produce principalmente en las remuneraciones correspondientes a empresarios y trabajadores independientes, que suelen ser el destino de los empleados despedidos en el trabajo asalariado y con peores condiciones sociales y laborales; y, por otro lado, que el volumen relativo total de estas rentas (18,7 por cien de la renta total en 1991) es muy reducido respecto al correspondiente a las rentas del trabajo (61,82 por cien en este mismo año).
Respecto a las rentas del capital, es apreciable un ligero aumento a lo largo de los años considerados, con algunos aspectos significativos.
Durante el periodo en que en todo el mundo occidental se lleva a cabo una profunda reestructuración productiva (1975-1990) el ahorro empresarial andaluz no ha hecho más que bajar, al mismo tiempo que aumentaban los intereses y dividendos. Sólo entre 1989 y 1991 (y a falta de saber lo ocurrido en el periodo posterior) se observa una recuperación de los beneficios retenidos por las empresas, pero alcanzando un nivel (2,73 por cien de la renta total) netamente inferior al que existía en 1971 (4,33 por cien).
En relación con la participación de las rentas generadas en Andalucía en el total de la renta interior de España, no puede decirse que se haya producido una mejora sustancial del peso específico de nuestra economía .
La renta interior neta de Andalucía representaba en 1.975 el 12,20 por cien de la renta interior española. En 1991 este porcentaje había subido al 12,37. Según los datos proporcionados por la FIES, la participación de Andalucía en el PIB de España habría aumentado también entre 1991 y 1994, al pasar del 12,83 por cien al 12,83 por cien. Sin embargo, según esta fuente, la participación del PIB per capita de Andalucía ha bajado ligeramente (del 71,86 por cien en 1991 al 71,67 por cien en 1994).
En cualquier caso, el nivel de participación alcanzado no supera el conseguido en el año 1973.
Especialmente significativo resulta la enorme disminución del peso relativo de los beneficios retenidos por sociedades y empresas andaluzas en relación con el total nacional, pues pasa de ser el 9,51 por cien en 1975 al 5,64 por cien en 1991, lo que sin duda muestra una vez más la menor capacidad de capitalización con que las empresas andaluzas hacen frente al proceso productivo, y que es un evidente síntoma de debilidad financiera y competitiva.
El Cuadro n1 3, en el que se proporcionan datos relativos al ingreso per capita de las provincias andaluzas y de Andalucía en general respecto a la media nacional, confirma que en los últimos veinte años ha disminuido de manera muy importante la capacidad relativa para generar rentas endógenas por parte de nuestra economía y, además, que esta capacidad es muy desigual si se atiende a la situación de las diferentes provincias, expresión todo ello de la desarticulación productiva, de la asimetría y de la falta de integración de la economía andaluza. La contrapartida a esta evolución negativa de los ingresos endógenos per capita la pone la evolución de la Renta Familiar Disponible per capita (Cuadro n1 4).
Como puede comprobarse fácilmente, a lo largo de este largo periodo se produce una mejora apenas significativa de la participación relativa de la RFD andaluza en el total nacional (pasa del 13,26 por cien en 1.975 al 13,97 por cien en 1.991) o en la RFDpc de Andalucía respecto a la media nacional (77,63 por cien y 78,06 por cien, respectivamente). Pero en ninguno de ambos casos se alcanza el nivel que había correspondido a 1.973.
Pero lo que sigue siendo un fenómeno singularmente significativo de la renta de las familias andaluzas es que a lo largo de todos estos años se ha fortalecido el proceso de dependencia respecto de los ingresos que no son generados endógenamente por su estructura productiva (Gráfico n1 4).
La proporción que representan las rentas indirectas (transferencias exteriores o prestaciones sociales) sobre el total de la RFD no ha dejado prácticamente de aumentar a lo largo de estos años, lo que significa, sencillamente, que las familias andaluzas dependen ahora, más que al inicio del periodo considerado, del subsidio público de cualquier naturaleza.
Lo curioso, sin embargo, es que, al mismo tiempo que se produce el fenómeno anterior, las prestaciones sociales (componente fundamental de las rentas indirectas) tienden a disminuir su participación en el total nacional. El Gráfico n1 5 muestra claramente esta tónica, así como el espectacular incremento que se produce, precisamente, en el periodo de alto crecimiento económico de Andalucía en la segunda mitad de los años ochenta, lo que advierte de la singular naturaleza de los factores que lo desencadenaron.
Se confirma, pues, que la mejor posición de la Renta familiar andaluza es un fenómeno más bien aparente, consecuencia básicamente de la función de colchón que desarrolla los impuestos o las cotizaciones sociales en periodos de crisis.
3¿ Cuánto podrá durar el crecimiento subsidiado?.
El propósito de esta intervención ha sido poner una vez más de evidencia que la economía andaluza manifiesta graves carencias, intrínsecas a su estructura productiva dependiente y desarticulada, a la hora de generar ingresos endógenos suficientes para garantizar el bienestar de su población.
Como se puede comprobar, lejos de darse un proceso regenerativo, en la economía andaluza se manifiesta una inercia ya demasiado larga que termina por dejarla postrada ante el subsidio y la prestación social.
Es cierto que ello viene garantizando ciertos niveles de bienestar social e incluso una profunda transformación en las infraestructuras o dotación de bienes colectivos, pero -como en cierta medida también sucede en el conjunto nacional- con un elevadísimo coste en términos de endeudamiento público.
La aplicación de las políticas de corte neoliberal, la sujeción irreflexiva de la política económica a los criterios nominalistas de la convergencia europea y su pérdida progresiva de capacidad de maniobra, vienen implicando una pérdida fundamental de tejido productivo que, sobre todo en economías ya de por sí debilitadas como la andaluza, comportan unos efectos añadidos quizá insoportables a medio plazo en términos de empleo y generación de riqueza.
La perdurabilidad de las políticas neoliberales llevará irremisiblemente consigo una tendencia a sufragar en menor medida el bienestar colectivo, para seguir fortaleciendo la redistribución a favor del capital, como viene sucediendo. Las nuevas condiciones de la Unión Europea, y la menor disponibilidad de recursos públicos que ocasionará el intento de asumir la convergencia europea, provocarán que en un futuro más bien cercano los espacios económicos más dependientes de la subsidiación vean disminuir muy sustancialmente éste estímulo externo de su crecimiento. A medio plazo, éste no podrá mantenerse ni tan siquiera en las débiles condiciones actuales.
En consecuencia, para alterar la onda larga depresiva de la economía andaluza es necesario modificar de manera sustancial los parámetros generales en donde ahora se incardinan los motores del crecimiento económico. Recuperar tejido productivo y evitar el desmantelamiento de las fuentes de creación de la riqueza real son las condiciones que pueden promover efectivamente la creación del empleo necesario para que la economía andaluza disponga de estímulos endógenos suficientes para proporcionar bienestar a sus ciudadanos. Eso requiere que Andalucía mire hacia sí misma recobrando todas sus energías, pero dado el contexto supraregional que ahora le viene dado será preciso también que se invierta la tónica predominante en el proceso de integración europea, pues mientras éste se asiente preferentemente en el privilegio de la moneda y en la convergencia nominal, serán los espacios más débiles, como Andalucía, quienes sufran con más daño la destrucción de empleo, la multiplicación de los desequilibrios y la mengua del gasto social que necesariamente conforman el horizonte neoliberal.
Juan Torres López
juantorres[arroba]uma.es