Educación y cultura en el Perú, todo sobre cifras: ¿Un país sin futuro?

2. La cultura científica como derecho universal
3. Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto al cumplimiento del Perú de los artículos 13°, 14° y 15° del pacto
4. Conclusiones
5. Bibliografía

I. INTRODUCCIÓN.

"El derecho de toda persona a la educación… a la enseñanza obligatoria y gratuita para todos… a participar en la vida cultural y gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones" (Artículo 13° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Art. 6º Constitución Política del Estado del Perú – 1993).

No sería forzado decir que en un diagnóstico de este tipo subyace la noción de que la educación no es un derecho sino una necesidad de segundo orden, por tanto diferible, cuando no, un bien de tipo suntuario.

El presupuesto público asignado para el Sector Educación, no es elaborado a partir de sus necesidades, puesto que los organismos locales y regionales del sistema dependen administrativamente de las Comisiones Transitorias de Administración Regional, a su vez dependientes del Ministerio de la Presidencia, el que finalmente lo sustenta ante los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas. En buena cuenta, a lo largo del régimen fujimorista quien ha decidido sobre el presupuesto educativo ha sido el Ministerio de Economía, no a partir de las necesidades concretas y con criterio educativo, sino a partir de las disponibilidades de la caja fiscal y las decisiones políticas del más alto nivel.

En el año 1999, el presupuesto del sector ascendió a la suma de 4,456 millones de nuevos soles, equivalentes a US $ 1,414 millones, aproximadamente. Se programó para el año 2000 un total de 5,010 millones de nuevos soles, alrededor de US $ 1,391 millones, en tanto que para el 2001 se programó un presupuestó de 1,916 millones de nuevos soles o US $ 535 millones, gravísimo recorte que explicó por la recesión y la disminución de los ingresos tributarios del Fisco y que habla de las verdaderas prioridades del régimen. Compárese esta cifra con las dedicadas a Defensa (US $ 861 millones) y a la Policía (US $ 742), a las que prácticamente no se les recortó nada.

Tomando como base a las Encuestas Nacionales de Niveles de Vida realizadas en 1 994 y 1 997 se puede apreciar que mientras el gasto estatal en educación creció en 7.1%, el gasto de las familias se incrementó en 31.5%. Debido a la escasa contribución del Estado, las familias aportan el 41% de los gastos de la educación pública (principalmente en textos, uniformes, pasajes, refrigerios, etc.). Como porcentaje del PBI, el gasto de las familias peruanas en educación es mayor que el de las de los países desarrollados.

En un mundo cambiante y que ingresa en una nueva fase histórica, el aprendizaje de nociones de matemáticas, de lenguas y ciencias naturales y sociales resulta insuficiente. No basta con que los Estados cumplan con brindar la educación básica, sino que deben asegurar que ella sea de buena calidad como garantía para el desarrollo integral de la persona.

Obviamente, con esos niveles de inversión en educación, la calidad de la educación que están recibiendo los niños, adolescentes y jóvenes peruanos es muy baja. Los factores que provocan la baja calidad de la educación se hallan tanto dentro del sistema educativo tales como un magisterio mal pagado, autoritario y desmotivado; contenidos desfasados frente a los desafíos de la realidad; carencia de materiales educativos de calidad; metodologías obsoletas. Fuera de él: niños desnutridos o maltratados, padres desmotivados, sociedad y mercado que no dan cabida a los más educados.

Uno de los factores que incide en la baja de la calidad de los resultados del aprendizaje es, sin lugar a dudas, el maltrato gubernamental a los maestros, uno de los ejes del proceso educativo. El 80% del magisterio pertenece a la educación pública y sus remuneraciones están consignadas en la Ley del presupuesto anual. El bajo gasto público en educación, a pesar de la alta tasa de matrícula, se obtiene gracias a los bajos sueldos de los maestros y escasos gas tos en textos y materiales. El sueldo más alto no llega a los US $ 250 mensuales, es decir equivale entre la mitad y la cuarta parte de los de otros países de similar desarrollo (BM 1999), y con muy poca diferencia entre los niveles.

El resultado está a la vista: más del 43% de los maestros no han recibido formación pedagógica y más de la mitad admite que debe completar sus ingresos con otras ocupaciones remuneradas, lo que implica de falta de dedicación a la enseñanza. Los ascensos de niveles y categorías para los maestros fueron suspendidos en 1991, incumpliéndose la Ley del Profesorado promulgada en 1984. La política educativa del régimen ha congelado los sueldos de los maestros, actores básicos en el proceso educativo.

El sueldo de un maestro en 1993 era -en promedio- de 187 nuevos soles, los cuales, debido a descuentos por seguro y pensiones se convertían en 162 nuevos soles, equivalentes a US $ 90. Esto significaba que, en relación con el sueldo real de 1980, el de 1993 era apenas una séptima parte. Cuatro años después, el valor promedio de las remuneraciones de los docentes estatales se estimó en 635 soles mensuales (US $ 238) cifra que, si bien constituye una radical mejora respecto al primer lustro, aún está por debajo del promedio de las décadas de los años 60 y 70 y, aun cuando –respecto a los maestros de los países del Primer Mundo– los maestros peruanos atienden mayor número de alumnos per cápita.

El modelo tradicional de educación basada en una metodología de transmisión de conocimientos y contenidos, sin considerar el desarrollo de destrezas y habilidades ha entrado en crisis. Los conocimientos que brinda la escuela se han vuelto poco útiles para entender los vertiginosos cambios del mundo actual, más aún en el caso de las áreas rurales, en las que los contenidos del programa curricular tienen escasa relación con su entorno.

La educación ha estado orientada a asegurar en los alumnos el manejo de una cierta cantidad de conocimientos que les son transmitidos en forma rutinaria y vertical, sin que se tomen en cuenta las habilidades y destrezas adquiridas en el proceso de socialización, abriéndose así una brecha entre escuela y mundo real, cada cual con su tabla de valores.

Los maestros con que cuenta el sistema han sido formados en la metodología tradicional, del que sabe y repite un discurso para que luego los alumnos sean capaces a su vez de repetirlo, en un proceso donde más interesa la disciplina que el desarrollo de las habilidades del alumno. En las áreas rurales, la mayor parte de los maestros sólo cuentan con educación secundaria sin haber tenido una formación pedagógica. Muchos de ellos tuvieron una educación escolar deficiente y portan carencias afectivas, intelectuales y prejuicios sociales que se transmiten luego en las aulas.

Las bajas remuneraciones a los docentes de la escuela pública atentan contra una mínima capacitación por cuenta propia; antes bien, son motivo para que se dediquen a otras actividades complementarias.

La cobertura de matrícula, es decir la asistencia de los niños de 6 a 15 años a la escuela es ampliamente mayoritaria, superior al 90%. Esa situación ya se registraba desde mediados de los 80. El nivel de educación inicial se brinda en cunas y jardines a niños menores de 5 años y en los programas no escolarizados de educación inicial (PRONOEI). Sólo el 20% de los niños pequeños recibe algún tipo de educación inicial, de los cuales el 78% está en programas del sector público y el resto en el privado (INEI 1997). En cuanto a la situación de la población menor de 6 años: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares de 1997, un 53.3% asistía a un centro educativo en el área urbana, mientras que sólo el 38.9% lo hacía en las áreas rurales. El nivel primario atiende al 88% de niños entre 6 y 11 años en programas públicos, escolarizados y no escolarizados, mientras que el 12% restante acude a escuelas privadas. Los niveles de cobertura alcanzan el 86.1% de la población nacional en el rango de 6 a 14 años, con trece departamentos por debajo de la media, sobre todo en sierra y selva. El 83% de los estudiantes de nivel secundario es atendido en colegios públicos mientras el 17% acude a colegios privados. En las áreas rurales no asiste a la escuela el 24.4% de las adolescentes. En el rango entre 12 y 19 años, la tasa de asistencia es de 49% en las áreas rurales y de 78% en las urbanas. Las situaciones extremas a nivel departamental están en San Martín (32.4%) con doce puntos por debajo del promedio nacional. En 1997, el 66% de la población universitaria asistió a universidades estatales mientras que el 33% a las de carácter privado.

Según la Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida ENNIV 2000 el analfabetismo se redujo tanto en términos porcentuales como absolutos de 8.9% en 1997 a 7.3% en el 2000, aunque es del 15.7% en el campo. Sin embargo, en el mes de diciembre, la nueva ministra de Promoción de la Mujer, ha señalado que el Programa de Alfabetización a cargo del PROMUDEH fue utilizado como una agencia proselitista del gobierno fujimorista, de manera que sus estadísticas no podían ser confiables.

Los niveles de escolaridad han aumentado como lógica consecuencia de la expansión de la cobertura y se tiene un promedio de estudios de 7.7 años para los mayores de 15 años. Pero, mientras los que viven en Lima tienen 9.8 años; los de Arequipa 9.0, Ica y Tacna; 8.3, en el otro extremo, quienes viven en Amazonas tienen 5.1; en Ayacucho, 5.0; en Cajamarca y Apurímac, 4.6 y los de Huancavelica sólo 4.3 años de estudios.

Otra de las manifestaciones de la baja calidad de la educación actual son los problemas del atraso y la deserción de los educandos. Los estudiantes tienen un marcado índice de atraso en los grados de estudio que cursan respecto de la edad normativamente correspondiente. Eso se debe en parte al ingreso tardío, a la alta repitencia y por último, al retiro temporal. El 53.9% de niñas ingresan a la escuela en una edad superior a la normativa (6 años). Pero el atraso se incrementa con los años: el 72% en segundo grado, el 77% en tercer grado y el 88.% en cuarto grado de primaria.

El 9.6% de los estudiantes que cursan educación primaria abandona el colegio cada año por diversas circunstancias, pero en el caso de las niñas del campo el porcentaje se eleva al 15%. En los departamentos de mayor pobreza la cifra es más alta que el promedio nacional: Amazonas 15.2% y Cajamarca 15.0%. En secundaria, la tasa de deserción aumenta hasta alcanzar el 18.6%. El departamento con mayor deserción en el nivel secundario es San Martín con 31.9%, seguido de Madre de Dios (28.6%), Tumbes (27.3%), Ucayali (26.9%) y Amazonas (26.1%); aunque las estadísticas oficiales no permiten verificar si esos estudiantes migran a otros departamentos donde completan su educación.

El 11% de los niños en pobreza extrema no acude a ningún centro educativo, elevándose el porcentaje en el caso de la selva rural a 27%. Es verdad que la pobreza rural y su exigencia de contar con los hijos menores como fuerza de trabajo es una constante universal, pero también es cierto que a mediados de siglo hubo en el Perú una gran presión social en el campo por alcanzar la educación pues no sólo se la veía como vehículo de movilización social sino que era atractiva en sí misma. A fines del siglo, sin embargo, el atraso y la deserción escolares tienen también su causa en las bajas expectativas de los padres de familia respecto al logro de sus hijos que «no aprenden cosas prácticas», es decir, que les son útiles para desenvolverse con éxito en un mundo lleno de desafíos.

También constituyen una forma de recusación a una vieja concepción de la escuela como homogeneizadora de conocimientos abstractos y centrados en el pasado, como de actitudes y comportamientos, que choca con las expectativas de niños y adolescentes que han cambiado por lo que ven a través de los medios de comunicación en un mundo que día a día empequeñece. No es sólo que la educación ha perdido su atractivo como medio de ascenso para los adolescentes que observan el desempleo y el subempleo como horizonte, aun para los egresados universitarios, sino que los maestros, poco capacitados y educados en el autoritarismo, son incapaces de estimular para el autoaprendizaje y el descubrimiento, cuando ellos mismos tienen escasas motivaciones.

La repetición es de 21.8% en promedio de la primaria. ("Agenda abierta para la educación de las niñas rurales" Montero, Carmen y Tovar, Teresa 1999. CARE Perú, IEP, Foro Educativo). Esta variable tiene un alto grado de relación con la zona geográfica: en Lima la repetición afecta al 16.7%, al 23.5% en otras áreas urbanas y al 35% de la población escolar del campo. Esto revela una relación inversa con el nivel de ingresos de las familias.

En nuestro país pareciera existir un consenso entre intelectuales, clase política y empresarios: el Perú no necesita de investigación científica y tecnológica propias, dado su retraso en el concierto mundial y dado el proceso de mundialización; de lo que se trata es de preparar buenos operadores o aplicadores de los avances científicos y de las nuevas tecnologías.

Ese supuesto consenso ha olvidado que la investigación científica es una necesidad que surge de la realidad física y biológica peculiar de nuestra patria. "No sería necesaria ninguna observación, además de esta, en apoyo de la proposición de que nuestro país requiere de un importante desarrollo científico y tecnológico propios", dice el físico Benjamín Marticorena, profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, y añade: "La propuesta de políticas de ciencia y tecnología para el Perú y el compromiso de realizarlas, sólo pueden partir de la certidumbre, por parte de las autoridades y agentes sociales interesados, que ellas son la plataforma más segura y sostenible para el desarrollo económico, social y cultural de la Nación".

Los antiguos peruanos, gracias a sus habilidades tecnológicas, desarrollaron la agricultura más importante del mundo conocido a comienzos del siglo XVI; y tuvieron su propio camino tecnológico en la metalurgia del oro y la plata, así como en las construcciones megalíticas y en el descubrimiento de los principios activos terapéuticos de una inmensa variedad de plantas. La difusión internacional de las bondades de la "uña de gato" descubiertas por el pueblo asháninka desde tiempos inmemoriales, es el último ejemplo.

Durante más de un siglo los peruanos hemos estado convencidos del aserto de Raimondi: "el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro", es decir, sus riquezas naturales y en especial minerales son inagotables. Ha pasado más de un siglo y la mitad de los peruanos sigue viviendo en la miseria. Justamente, en tiempos de Raimondi, la explotación del caucho y su traslado a la península malaya por los ingleses en la era del imperialismo, mostraron que el desarrollo económico no depende exclusivamente de la cantidad de recursos y de su aprovechamiento (la tecnología) sino de factores políticos. Vivimos en un mundo con relaciones de poder en el cual, quienes lo controlan son los que, en última instancia, definen los caminos del desarrollo económico social con ritmo propio o dependiente de otros centros de decisión. Nuestros gobernantes optaron por no organizar la industrialización y han elegido hasta hoy no preparar a los peruanos para entrar a la era de la Información.

Al comienzo del siglo XXI, el desarrollo de una educación profundamente humanista y científica se presenta como la más sólida garantía de construcción social y, en esa medida, como un derecho fundamental de las personas. La educación en ciencias naturales, ciencias sociales y humanas, la investigación y sus aplicaciones en la economía, son un derecho universal sin las que no es posible pensar en el mejoramiento de la vida humana hoy. Lo opuesto a ello es resignarse a ver que nuestra riqueza germoplasmática siga saliendo al extranjero, que nuestros científicos continúen migrando, que persistamos en depender de los alimentos importados, que la implantación abrupta de nuevas tecnologías siga causando desarreglos sociales o que lo más avanzado de la tecnología de las comunicaciones e informaciones sea puesto al servicio de grupos minúsculos de poder, para el control de los ciudadanos, tal como ha sido la reciente gestión de Vladimiro Montesinos al mando del Servicio de Inteligencia Nacional.