Desde la lectura de los artículos periodísticos y haciendo una interpretación de lo planteado por Bernardo Kliksberg ( 1) comenzaré haciendo referencia a ANTONIO GRAMSCHI al comparar al Estado y la Sociedad civil conformada por Oriente Medio y Occidente decía: " En Oriente el Estado lo era todo, la sociedad civil era primordial; en Occidente había una relación adecuada entre el Estado y la Sociedad civil y cuando el Estado temblaba se descubría de inmediato la robusta estructura de la Sociedad civil".
En América Latina hay una ausencia de esas robustas estructuras de una sociedad civil que desde sus orígenes tuvo al Estado como articulador económico, social y político.
Estas ausencias han hecho que exista una credibilidad casi nula de las dirigencias debido a la falta de valores de quienes gobiernan.
Su enfoque aborda un Estado neoliberal, entendiéndose como un sistema económico que reivindica el MERCADO por sobre las demás instituciones.
El neoliberalismo está relacionado no sólo con lo político o económico sino con lo ètico-antropològico. El ser humano es un buscador de sus propios intereses como sujeto competitivo por naturaleza. Competencia que pueda ejercerse dentro de un ámbito que garantice libertad y seguridad que le corresponde al Estado garantizarlo.
En esta posición pueden observarse criterios que corresponden a diferentes contextos: socio-económicos, jurídicos, filosóficos, ideológicos, éticos y culturales.
En algunos sectores existe la creencia de que vincular ética y economía enriquecerá el debate sobre el desarrollo y permitirá llegar a políticas más apropiadas.
En la actualidad la creciente demanda social por mejores condiciones de vida incluye la necesidad de preservar el ambiente. Si lo que se trata es de implementar un desarrollo sustentable y por consiguiente nuevos modelos de organización social elevando los índices de "competitividad" el Estado debe hacerse presente.
Es indispensable encontrar estrategias en el desarrollo local que involucre a diferentes actores sociales-públicos y/o privados-, su cultura y recursos locales disponibles , buscar soluciones diseñando un proyecto colectivo que permita mejorar la calidad de vida. Las alternativas requieren para su concreción de un cambio en las actitudes de los actores intervinientes.
Si nos posicionamos en la relación que existe entre lo que se dice y lo que se hace no està dentro de lo políticamente correcto porque existe una brecha entre la pobreza y la desigualdad que muestran la falta de valores èticos: desnutrición, falta de servicios, analfabetismo, deterioro de la familia generando violencia y abandono.
Otra problemática que se le suma es la falta de credibilidad ya no sólo en la diregencia política sino también en empresarios, representantes gremiales, académicos y todo lo relacionado al sector privado. La falta de participación ciudadana bloquea el avance de una sociedad más comprometida, un ejemplo del aquí y ahora es la indiferencia ante la problemática ambiental en donde Estado-Sociedad no están comprometidos con políticas protectoras y reguladoras que comprometerán a las futuras generaciones.
Elevar la competitividad depende de valores, factores, estrategias y de un Estado organizado para la reinserción activa y equitativa en el Mercado mundial. El desarrollo sustentable no se refiere a frenar el desarrollo económico sino de que crezca con responsabilidad sin perjudicar al ambiente y a los sujetos que en èl viven. Esto supone un cambio en el modelo de las actitudes de los agentes sociales en la articulación sociedad-naturaleza .
En este presente al Estado le compete entre otras funciones, potenciar el cambio de una cultura ecológica que se caracteriza por costumbres contaminantes en donde existe una comunidad pasiva que no reclama y no se moviliza por la defensa del ambiente y de la calidad de vida.
Es importante hacer el paradigma del "Public Choice" o neopositivismo que insiste en la importancia de la medición de los hechos, aporta un conocimiento científico objetivo y útil; un saber especializado que ayude a la toma de decisiones y/o legitimizaciones en materia de políticas públicas.
La teoría de la elección u opción pública (Public choice theory), trata de ligar la economía con la política a través del Estado, entendido como la suma de voluntades individuales, para saber cuáles son los factores que determinan la definición de las políticas que elige el Estado entre las diferentes opciones posibles. Se divide en Elección Pública Positiva que estudia las decisiones colectivas o públicas de los agentes políticos, y en Economía Política Constitucional que pretende desarrollar un marco institucional que aminore el poder político frente a la sociedad civil.
La teoría parte del individualismo metodológico, sostiene la premisa de que el comportamiento de los burócratas y políticos es maximizador del presupuesto público principalmente en busca de cumplir sus propios intereses y que sólo después buscarán el bienestar social ( a esta situación se refiere Bernardo Kliksberg). Además estudia las elecciones fuera del mercado, es decir, elecciones como proceso social que involucra a los individuos independientemente de su voluntad para tomar decisiones colectivas y públicas.
En general, ejercita los "fallos del gobierno" como una respuesta ante quienes sostienen que el gobierno debe intervenir ante los denominados fallos de mercado; así postula que la evidencia científica señalaría al gobierno -y no al mercado- como el ente que debe ser limitado o reducido por el bienestar de la sociedad.
El economista James M. Buchanan (2) descubrió que era posible la aplicación y la extensión de la teoría económica a las opciones políticas y gubernamentales; encontrando además que era posible extender dicha teoría a las decisiones de los ciudadanos para hacer posible la elección entre las diversas opciones existentes en el mercado político. Dicho descubrimiento le valió el premio Nobel de economía en 1986.
Además, y como resultado del análisis antes precisado, Buchanan determinó que las decisiones políticas, aquellas realizadas por los estamentos del Estado encargados del manejo estatal, necesariamente generan costos a los particulares y a la sociedad en su conjunto. Asimismo, las decisiones políticas no le cuestan al Estado como tal, sino a todos los que se encuentran bajo el dominio de dicho estado. El costo de la toma de decisión se convertía entonces en un factor que influye decididamente en la eficiencia y los efectos de la decisión política.
Como resultado de la constatación referida en los párrafos anteriores, y dado que los Estados administran bienes y fondos, los cuales por definición son públicos, el pueblo debería tener la posibilidad de recurrir a mecanismos previstos por la ley y de obligatorio cumplimiento, que le permitan controlar e intervenir en las decisiones de los actores públicos.
La teoría resulta importante para comprender diversos fenómenos políticos y jurídicos que se dan en la realidad. Así mismo, permite entender la razón por la cual las normas jurídicas constitucionales deben elaborarse de tal forma que permitan un adecuado control del comportamiento del Estado por parte del electorado y además permite entender también por qué dicho control resulta indispensable.
En este orden de ideas, son las constituciones de los Estados las encargadas de hacer posible dicho control. Ello, que también parece una verdad evidente, no se ha tenido en cuenta en la mayoría de los países en los cuales existe una norma constitucional más o menos coherente. Y es que en realidad lejos de configurar – y/o de regular adecuadamente – mecanismos de fiscalización entre electores y gobiernos, las constituciones políticas de las diversas naciones elaboran únicamente controles al interior del Estado, amparados en el concepto de separación de poderes.
Una vez aplicado el análisis económico al comportamiento del funcionario público, debemos concluir necesariamente que éste, como ser racional, busca maximizar la utilidad de su cargo, es decir, obtener el máximo provecho del mismo. Y, como resultado de ello cuando el funcionario es un político con un cargo importante, éste va a buscar crear las condiciones adecuadas para poder ser reelegido, así como procurar elevar la cuota de poder de la que goza. Como evidente consecuencia de ello, debemos deducir que el Estado tiende necesariamente a elevar el poder material del que goza. Resulta entonces una utopía considerar que el Estado, podrá controlarse a sí mismo de manera espontánea, aunque existan en su interior mecanismos de fiscalización entre los órganos que lo componen.
Este nuevo marco institucional o neoinstitucionalismo no adopta el juzgamiento sino que trata de conciliar las doctrinas socio-estado céntricas, entendiendo que las fuerzas sociales interactúan dentro del "espacio" del Estado elaborando posturas autónomas y/o superpuestas a partir de incorporar al análisis de los espacios institucionales en la formulación de la políticas públicas.
Por otro lado Guy Sorman (3) parte del interrogante desde què tienen en común el socialismo de los países del este y el socialismo francés: una idéntica pretensión de encarnar lo verdadero y lo justo de conocer el sentido de la historia y còmo dirigirla por lo que la derecha en este caso debería renovarse a través de un liberalismo doctrinario y decidido.
Sorman que proviene del "socialismo contemporáneo" defiende y difunde sus principios de la derecha liberal. Tambièn caracteriza al pensamiento de la izquierda al de los ecologistas y al de los opositores a la globalización aduciendo que la comunidad en su mayoría ha empeorado cualquier problema que se haya propuesto solucionar. Insiste en la falta de alternativas al modelo "liberal humanista".
Su perspectiva es un Estado socio-cèntrico representado por modelos funcionalistas y marxistas o neomarxistas.
El modelo funcionalista parte del supuesto de que las políticas pùblicas son producto de lo que sucede en la sociedad donde el Estado no tiene capacidad de decisión.
La perspectiva socio-céntrica entra en crisis en los años '70 cuando el Estado de Bienestar se resquebraja. En los años transcurridos desde el 45 al ´68, el Estado es relegado como concepto explicativo para el análisis de las políticas públicas. En los 70, cuando la crisis impregna a los países capitalistas, el Estado vuelve a ser puesto en el análisis de los teóricos de la política, vuelve a cobrar fuerza en tanto la relación economía y política no puede ser pensada sin reintroducir al Estado en los estudios. La perspectiva estadocéntrica comienza a partir de entonces a ganar terreno entendiendo que la política económica no es fundamentalmente producto de las decisiones de los grupos sociales de interés como sostenían los modelos socio-centristas. Por el contrario, concibe al Estado (como aparato) con posibilidad de acción y decisión más autónomas.
En algunos casos, el hecho de radicalizar esta postura podría conducir a las llamadas tecnocracias donde un grupo de tecnócratas fijan objetivos independientemente de lo que demande la clase la política o la ciudadanía. Los expertos estarían por sobre los intereses sectoriales. Se reconoce así un rol sustantivo al Estado en términos de políticas públicas. Pero el producto es fruto de los expertos que conforman el aparato estatal, con sus discursos universalizantes portando un saber técnico exento de presiones o demandas sociales donde las agendas de gobierno se escinden de las agendas públicas: "autonomías insuladas" en el lenguaje de Peter Evans (4).
Peter Evans se ha cuestionado también acerca de las razones de que los asiáticos obtuvieran resultados exitosos en las industrializaciones emprendidas y llegado el momento de los ajustes éstos no fueran vividos dramáticamente. El analista del enfoque interactivo entiende que la clave del éxito se ha obtenido en base a "autonomías enraizadas" que el autor define como "coherencia interna y conectividad externa" a partir de un Estado (con burocracias eficaces, capacitadas para operar en redes dinámicas) capaz de guiar y de imbricarse armoniosamente con los grupos económicos capaces de inversión. De esta manera rescata al Estado como agente en la decisión de las políticas públicas, agente relegado en las teorías socio-céntricas que le conceden escaso margen de decisión . Pero de éstas extrae, que las instituciones que afectan al Estado reciben la influencia de la sociedad relegadas en el análisis por las perspectivas estado-centristas. Rescata además, las burocracias "meritocráticas" weberianas ya que para la implementación de las políticas públicas como para la "coherencia interna" resultan indispensables. Pero estas agencias del Estado no deciden por si solas como en las "autonomías insuladas", sino que sus acciones se enlazan con los agentes sociales.
Guy Sorman también se refiere a los valores, pero en contraposición a Bernanrdo Kliksberg sostiene que los mismos en este caso, no le corresponde al Estado el papel de defenderlos aunque a través de las palabras del filòsofo inglès Isaiah Berlin concluye: "Cultivar las ideas a pesar de sus limitaciones" respondiendo a manera de pregunta que esta frase es una buena definición delo que debería ser una derecha liberal pero que solo _nada menos le agregarìa_ falta encontrar a los hombres capaces de asumir esas ideas.-
Notas
1- Kliksberg, Bernardo: fuente diario La Naciòn, lunes 12 de febrero de 2001.
2- Buchanan, James M (1983), traducido al español en EUMED "La perspectiva de elecciones pùblicas", Ensayos sobre economía política.
3- Sorman, Guy: fuente diario La Naciòn, sábado 26 de mayo de 1990
4- Evans, Peter, El Estado como problema y como solución. Desarrollo económico Volumen 35, Nº 140 (enero-marzo 1996).
Autor:
Elvira Carmen Gómez.