Los recursos naturales y energéticos en el departamento del Meta, Colombia (página 2)
Enviado por JOSE ORLANDO MELO NARANJO
En primer lugar, el interés público no es algo perceptible, pues las empresas multinacionales y nacionales son las que se lucran, pero los ciudadanos del Meta no reciben beneficios sociales y económicos en materia de regalías. En segundo lugar, el tema de la propiedad privada garantiza que los grandes monopolios sean lo que se adueñen del negocio. Tambien expresa la ley:
"Artículo 13. Utilidad pública. En desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política, declárase de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases" 11. (Congreso de Colombia. Ley 685 de 2001)
En este sentido, la utilidad pública podría verse reflejada en los ingresos e impuestos que recibe el gobierno central y descentralizado, pero el interés social no es tan evidente, pues quienes padecen los estragos ambientales y de contaminación son los ciudadanos del Meta, pero los privilegios sociales parece ser algo meramente teórico.
Posteriormente se postula otra arbitrariedad:
Artículo 31. "En todo caso, los estudios geológico-mineros y la iniciación de los respectivos proyectos no podrán tardar más de dos (2) años" 11.
(Congreso de Colombia. Ley 685 de 2001)
11 Congreso de la Republica. Ley 685 de 2001. Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. Colombia.
Estos estudios geológico-mineros no los realizan académicos ambientales e ingenieros que puedan dictaminar algo que valla en contra de la explotación y extracción minera, si no que los hacen personas afines a los intereses de las compañías, y que necesitan se aprueben las licencias por encima de los daños ambientales a futuro. Otro de los puntos que demuestra la explotación indiscriminada es la forma en la cual las concesiones pueden durar por más de veinte años, a tal punto que al culminar la licencia solo quedaran ruinas en los terrenos que antes fueron grandes ecosistemas. A saber:
Artículo 70. Duración total. El contrato de concesión se pactará por el término que solicite el proponente y hasta por un máximo de treinta (30) años. Dicha duración se contará desde la fecha de inscripción del contrato en el Registro Minero Nacional 11. (Congreso de Colombia. Ley 685 de 2001)
Es decir, actualmente no existen los recursos científicos y tecnológicos que permitan recuperar, y restaurar aquellos lugares que son explotados por la minería legal o ilegal, mucho menos si esta se ejerce por treinta años. Tambien puede observarse otro punto bastante alarmante:
El capítulo número XXII es una completa reforma tributaria a favor de aquellas transnacionales, el articulo 227 logra bajar las regalías de empresas que operan en propiedad privada del subsuelo con 4 objetivos: (1) Quitar las minas del sur de Bolívar a sus reales propietarios y darlas a la Anglogold asociada con operadores Canadienses, (2) Bajar las regalías del 15 al 04% a operadores Canadienses del Cerrejon zona media (3) apoderarse de las minas de Marmato y (4) quitarle la Frontino Gold Mines a los trabajadores para transferirla a la Canadiense Gran Colombia Gold-Medoro Resources-Pacific Rubiales Zandor Capital 12. (Ramírez, 2015, p. 8)
En síntesis, el Estado colombiano está ofertando de manera arbitraria sus recursos naturales y energéticos, los cuales son finitos y no renovables.
12 Francisco Ramírez. (2015). El contexto "legal" del saqueo del recurso minero-energético. Universidad Pontificia Javeriana. Cali, Colombia.
La Alta Gerencia en Economía Publica para la responsabilidad social empresarial
Es importante tener presente que la Alta Gerencia en Economía Publica es una de las propuestas académicas que ha realizado la Escuela Superior de Administración Publica, y que tiene como finalidad la formación profunda en el campo de la Economía Pública con énfasis en una dimensión técnica que optimice la consecución, distribución, el registro y el control en el marco de los principios éticos inherentes a la finalidad social del Estado. Por otra parte, la responsabilidad social empresarial (RSE), es un régimen jurídico y constitucional que condiciona a las medianas y grandes compañías a preocuparse por el impacto social y ambiental que pueden generar, ya sea desde su sistema de producción, como tambien; por una inversión de tipo monetario en las comunidades en las cuales operan. Es decir, deben ser capaces de reducir la contaminación ambiental y visual, así mismo: invertir recursos en las comunidades en donde operan, como es el caso de la construcción de parques, canchas de futbol, baloncesto, arreglo de vías cercanas, patrocinio a ferias empresariales de tipo comunitario, etc. de ahí, que pueda estar orientada por la dirección estratégica de la Alta Gerencia en Economía Pública. A fin de cumplir cuatro principios básicos:
1. Aprovechar el comportamiento público responsable como ventaja competitiva. (Enfoque instrumental). 2. Fortalecer el poder de la corporación en la sociedad y su uso responsable en la política. (Enfoque político). 3. Alinear la organización pública con las demandas de sus stakeholders. (Enfoque de grupos de interés).
4. Desarrollar la responsabilidad ética de las organizaciones públicas frente a la sociedad. (Enfoque ético) 13. (Cueto, 2016, p. 1)
Dichos principios son importantes para poder cumplir con la finalidad social del Estado; el diseño de políticas públicas de calidad.
Al mismo tiempo, la Alta Gerencia en Economía Pública, propone criterios de tipo administrativo que permitirán fomentar e implementar la responsabilidad social empresarial en el departamento del Meta, con el propósito de reducir la problemática económica y social que fue abordada en páginas anteriores. A saber:
El Criterio 1, liderazgo, para el modelo de las buenas prácticas de gobernanza pública el desarrollo y ejercicio de una orientación estratégica (al considerar el establecimiento de una misión y visión claras) y el establecimiento de una sana postura ética "los líderes deben desarrollar como modelo de referencia, los valores, los principios éticos y responsabilidades públicas que apoyan la cultura organizativa" 13. (Cueto, 2016, p. 2)
En ese orden de ideas, la Alta Gerencia en Economía Pública ayudaría a la potenciación de una cultura organizacional en las gobernaciones del Meta, y esta, conllevar a una responsabilidad social empresarial tanto en el sector público como privado, ya que se trata de un asunto de interés general. A esto se suma lo siguiente:
El Criterio 2, aborda también el compromiso público con los grupos de interés, "la organización debe lograr identificar, comprender y anticipar sus necesidades y expectativas más inmediatas, analizar los datos relativos a cuestiones sociales, medioambientales, seguridad y legales, a corto y largo plazo". (Cueto, 2016, p. 2)
Por ejemplo, la administración pública en el Meta, puede asumir el reto de dialogar con las compañías que ejercen la explotación minera y energética, para que inviertan recursos económicos en las zonas de extracción, a fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes en materia de empleo, educación y cultura. Este tipo de estrategias, pueden ser manejadas con la defensoría del pueblo y entidades competentes para garantizar la legalidad de los procesos.
Por ende, para lograr estos objetivos es fundamental que las gobernaciones del departamento del Meta, planteen a las empresas y compañías de minas e hidrocarburos las siguientes preguntas.
¿Mi organización tiene un compromiso voluntario y explícito de responsabilidad corporativa pública (RCP) con sus grupos de interés, más allá de la legalidad?
¿Las actividades que realiza mi organización, están relacionadas con la RSE, contribuyen a la sostenibilidad económica propia y de su entorno? (ej. control económico, transparencia, inversión responsable? ¿Las actividades que realiza mi organización, relacionadas con la RCP, contribuyen a la sostenibilidad social propia y de su entorno? (ej. empleabilidad, clima laboral, sentido de pertenencia, productividad en el trabajo, salud laboral? – (Cueto, 2016, p. 3)
Dado que, es fundamental desde Alta Gerencia en Economía Pública, que si las empresas afectan de manera directa o indirecta el entorno, así mismo, inviertan recursos financieros para mejorar la calidad de vida de los civiles que habitan las zonas o territorios en donde están intervienen.
En síntesis, el departamento del Meta necesita de gerentes en Economía Pública, que asuman el reto de la transformación socioeconómica.
El departamento del Meta es un lugar geográfico de Colombia, altamente privilegiado, ya que en este sitio se encuentra diversos ríos, canteras, minas, y suelos que permiten la explotación o extracción de recursos naturales y energéticos que constituyen un pilar de la economía nacional. Sin embargo, desde el año 1980 a 2015, se presenta la problemática económica de las regalías que percibe el departamento, pero no la población civil. Sino que por el contrario, esta última ha recibido el abandono y la indiferencia de las distintas administraciones. Por ello, es fundamental que a partir del año 2016 se considere la necesidad puntual de implementar la Alta Gerencia en Economía Publica, para gestionar las finanzas en pro del beneficio común.
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Autor:
Daiana Alejandra Gantiva Sanclemente
Enviado por:
Jose Orlando Melo Naranjo
ASESOR INTELECTUAL NO ASOCIADO A LA ESCUELA SUPERIOR – ESAP
Investigador de la Universidad Autónoma e Independiente de México
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP FACULTAD DE POSGRADOS
ESPECIALIZACIÓN ALTA GERENCIA EN ECONOMÍA PÚBLICA BOGOTÁ – COLOMBIA
2016
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