Violencia y poder: Una resignificación de los términos a través de un estudio de caso

"El poder y la violencia son opuestos, donde uno domina absolutamente falta el otro. La violencia aparece donde el poder está en peligro pero, confiada en su propio impulso acaba por hacer desaparecer al poder".

Hannah Arendt[1]

La ciencia política y en general las ciencias sociales, tienen como uno de sus soportes epistemológicos la producción de teorías y la formulación de conceptos, con la meta de explicar y comprender, con la mayor objetividad y eficacia las realidades que estudia. En este estado de cosas, la aportación de Hannah Arendt y Martín Hopenhayn es de gran utilidad para entender el acontecer de las diversas coyunturas en el ámbito específico de la participación política en Colombia, pues su esfuerzo por separar y llenar de atributos los conceptos de poder, violencia, hegemonía y contrahegemonía serán los elementos brújula, que orientaran la estructura del presente breve ensayo[2]

El escrito se compone de dos estadios pilares de análisis: el primero (I) pretende generar de manera somera un vínculo entre las nociones de poder, violencia y participación desde el aporte conceptual de Arendt y el conflicto entre comunidades indígenas nasa versus el gobierno colombiano por el incumplimiento de los acuerdos del Nilo, en la administración de Álvaro Uribe Vélez[3]El principal recurso en términos de material empírico en este caso, será lo descrito en el documental "robatierra". El desarrollo de este apartado se realizará sobre dos coordenadas específicas, por un lado se analizarán las relaciones entre gobierno y comunidades indígenas y segundo, se reflexionará a cerca de las dinámicas internas de las propias comunidades. Como segundo pilar (II), se traerá a colación los enfoques de hegemonía y contrahegemonía de Hopenhayn para demostrar lo oportuno de su aplicación en la realidad que se pretende estudiar. Por último se cerrará con algunas consideraciones retomando la importancia de los conceptos para análisis más concretos en la politología y sobre la realidad de la participación política en Colombia.

Las antinomias entre el poder y la violencia

De las diferencias conceptuales propuestas por Arendt, a las semejanzas en términos de aplicación al conflicto entre el gobierno Uribe y comunidades indígenas:

Arendt es enfática en realizar una diferencia radical entre los conceptos de poder y violencia, pues describe las ambigüedades a las que se ha llegado por mirarlos como iguales. Esta autora define al poder como la capacidad de actuar a través de la concertación, su principal validez se soporta sobre el conjunto, sobre las agrupaciones, nunca, sobre el individuo. En últimas, el poder de una persona, es su capacidad de actuar a través de las demás, siempre y cuando, por parte de las agrupaciones haya un reconocimiento y legitimidad de ese ente que lidera. Por otro lado la violencia es netamente un insumo propio de la instrumentalización. Esta es alusiva a la potencia, a la intensión de imponerse a través de la instauración de la fuerza en un choque de grupos sociales o individuos[4]De la mano de estos dos conceptos centrales, aparecen las definiciones de potencia, fuerza y autoridad, las cuales equívocamente han sido instaladas también como sinonimias entre sí. La fuerza es simplemente la cantidad de energía que se imprime en un acto, mientras que la autoridad es el suceso de lograr obediencia a través de la persuasión.

Con esta carga conceptual clara, la tesis central de Arendt gira en torno a los antagonismos que pueden existir entre los dos términos en el momento que se conjugan, pues en sus argumentos, se evidencia cierto escozor a la idea de utilizar la violencia como mecanismo único y exagerado para el mantenimiento del poder, de hecho, dentro de su escrito afirma: "La violencia puede siempre destruir al poder; del cañón de un arma brotan las órdenes más eficaces que determinan la más instantánea y perfecta obediencia. Lo que nunca podrá brotar de ahí es el poder[5]En este orden de ideas, la violencia como instrumento del poder es útil cuando el primero ha perdido su efecto a gran escala, por lo tanto, es utilizado como componente emergente para lograr la estabilidad del sistema político que está en riesgo. El hecho de que la violencia de los gobiernos equivalga a obediencia forzada por parte de la sociedad, no significa que sea un régimen legítimo, pues la persuasión es mucho más eficaz, que la imposición de normas y valores a través de métodos coactivos.

Así pues, el poder independiente de la estructura represora que se valga, se debe soportar para ser efectivo en el trabajo y el actuar mancomunado, en la organización y en la distribución, además, la legitimidad tiene un rol protagónico, pues no es necesaria solamente del conjunto de la sociedad, sino dentro de las mismas fuerzas militares, que se suponen son las que concentran la violencia y la operativizan dentro de los Estados. Con estos parámetros, se puede conjugar el poder en relación directa con la autoridad, pues la legitimidad es el principal insumo de ambos, mientras que la violencia se puede mezclar con la fuerza y la potencia[6]

Ahora bien, llevando estos conceptos a la realidad del conflicto entre las comunidades Nasa y el gobierno de Álvaro Uribe, se pueden sacar algunas conjeturas en las cuales se argumenten las coincidencias entre la teoría y la práctica. Uno de los principales elementos, es el de la utilización de la violencia por parte del gobierno como mecanismo para el mantenimiento de su poder, acontecimientos como el de "la masacre del Nilo" en donde se arremete en contra de una comunidad para despojarlos del territorio en el cual estaban acentuados, es una muestra del carácter despótico de la utilización del poder, y si se quiere, un aglutinamiento entre los efectos de ambos.

A partir de este hecho, durante los 8 años de la administración Uribe, se generaron diversas disputas en donde el realismo político fue el paradigma imperante de resolución de conflictos por parte del gobierno. La utilización reiterada de la violencia, ahogando cualquier esperanza de negociación dialogada, lo que logró, fue generar un efecto contraproducente para el gobierno, pues a medida que se iban tomando medidas cada vez más arbitrarias, se iban teniendo como respuestas de los grupos indígenas, acciones que lo deslegitimaban como ente superior, equiparando así, las fuerzas de las dos organizaciones a través de un mismo método violento.

El uso exagerando de la violencia por parte del gobierno, no sólo de carácter físico sino también simbólico, valiéndose de medios de comunicación a su servicio, que vinculaban a las comunidades indígenas con organizaciones de carácter "narcoterrorista" fueron diluyendo a sobremanera el poder visto como autoridad legítima del gobierno por parte de las comunidades. De esta forma, ante la imposibilidad de la negociación, las comunidades se ven sometidas a optar por la resistencia armada obligaría, esta termina siendo el único mecanismo eficaz a merced de su objetivo que es la protección de territorios ancestrales. Es necesario hacer hincapié en que estos piensan ser utilizados por los grandes empresarios avalados por el gobierno, para explotación de biocombustibles a través del monocultivo de la caña de azúcar.

En este orden de ideas, en el momento en que se parangona las aproximación teórica de Arendt y la realidad de los pueblos indígenas, se tiene como principal elemento resultante, la disminución del poder del gobierno por utilizar a la violencia como mecanismo único para mantenerse, así, a pesar del miedo que puede generar las muertes, los heridos, los daños materiales y las lágrimas de las madres desconsoladas; el accionar de estos grupos disidentes va a fortalecerse en mayor valía, pues no se está atacando de raíz el interés que motiva el accionar, simplemente se quiere eliminar al enemigo a través del desgaste y del predominio del más fuerte. Este tipo de conductas de los gobiernos, es una viva muestra de una concepción de la política corporativa en donde lo público es visto como un instrumento para satisfacer intereses privados[7]

Como valor agregado, dentro de las comunidades se generaron facciones en torno a la utilidad de la violencia como insumo de acción colectiva, pues en últimas se cayó en un dilema de paradigmas de resolución de conflictos[8]Una de las facciones consideraba a la violencia como recurso legítimo y eficaz para la defensa de la tierra, por otro lado, existía otra de corte no violento, en la cual se buscaban resultados a través del simbolismo, la protesta y la movilización social. Esa misma confusión de términos, de la que el gobierno era promotor, estaba permeando la estructura interna de las comunidades indígenas, en la cual se miraba a la violencia como principal elemento para imponer un criterio, una necesidad y/o una demanda social.

Retomando lo dicho, la diferenciación conceptual de Hannah Arendt es de gran peso para entender la realidad descrita, pues es la ejecución de la violencia para el mantenimiento de un poder ilegitimo, equiparando a relaciones simétricas elementos completamente diferentes, este error de los gobiernos, que no solamente se comente en este caso, si no en la cotidianidad del accionar público, genera desmanes de gran valía a la gestión pública, las políticas sociales y la participación política, pues relegan todos estos campos públicos a intereses corporativos impuestos por la fuerza.

Las matrices hegemónicas y contrahegemónicas de participación: el crecimiento económico neoliberal versus la supervivencia de las culturas indígenas contemporáneas

Desde la visión de Hopenhayn, se pueden clasificar dos escuelas de participación que son antagónicas entre sí, por una parte, se instala la noción hegemónica, esta se caracteriza por ser el modelo dominante en la forma de determinar y definir la intervención del colectivo en las decisiones públicas. Su principal soporte está en la base del postulado que promueve a la participación desde una escala de arriba hacia abajo, es decir que las instituciones fijan los mecanismos sobre los cuales el conjunto de la población va a ejercer su legítimo derecho a participar. Por otra parte, están las visiones contrahegemónicas, que como es fácilmente deducible, terminan siendo las nociones disidentes a las primeras, tratando así, de mitigar todos los vacíos que se desprenden de los modelos de la escuela tradicional.

El enfoque hegemónico de participación, posee tres vertientes en donde se explica la relación entre instituciones y sociedad civil. El primero de ellos es el iluminista – modernizador, este está arraigado a raíces fuertemente institucionalistas, en el cual, la educación del individuo posee un rol fundamental. El carácter de esta pedagogía impartida por parte de las instituciones públicas al conjunto de la población civil, tiene por objeto la preparación de cada individuo para la integración a una "gran empresa societal para el progreso". Una de las principales críticas de esta pretensión, es la impartición de un modelo educativo fuertemente homogeneizador, en donde el individuo carece de toda crítica, pues se promueven las posturas en pro del beneficio de las élites en el poder. En esta misma línea, entra en el escenario la corriente nacionalista – populista. Su principal semejanza con el iluminismo es que tiende a manejar un discurso paradójico, pues por un lado está promoviendo la participación y la inclusión y por el otro está relegando a las agrupaciones que no se acogen a la postura nacional unánime promovida por el líder. De esta manera, se mutila la individualidad a cambio de un consenso conjunto, que en la mayoría de los casos es impuesto. Por último, está el énfasis neoliberal, en el cual el mercado es el regulador de todos los actos de la vida social de los individuos. En este orden, la participación está supeditada a la ética utilitarista en donde el único objetivo, es el máximo beneficio personal. De esa manera, la política se relega dejando al mercado como ente protagónico[9]

Por otro lado, las nociones contrahegemónicas se sustentan como contrapeso a estas corrientes. Circunstancias como la relegación y la exclusión de las minorías, generan la organización de movimientos disidentes de los sistemas socioeconómicos y políticos imperantes. Distintas características son insignias de estas nuevas agrupaciones. El autor en cuestión, nomina las siguientes: "los discursos utópicos de los nuevos movimientos sociales abrigan valores contrahegemónicos: exaltación de la diversidad de identidades y formas de organización, valoración de la autonomía, la participación y la creatividad; énfasis en la cultura de lo cotidiano, sospecha frente al triunfalismo tecnológico; y promoción de transformaciones orientadas de abajo hacia arriba y de lo local a lo global"[10]. En este estado de cosas, se genera así desde la academia una disputa entre paradigmas de participación, en los cuales entran en confrontación distintas nociones de cómo se deben operativizar estos mecanismos. El enfoque hegemónico promueve la participación difundida por las instituciones a la sociedad, mientras que el enfoque contrahegemónico reivindica a los colectivos por encima de las agrupaciones jurídico –administrativas del Estado.

Con este breve paneo teórico esbozado, es menester pasar a la confrontación con la realidad estudiada. El conflicto entre el gobierno – Uribe y las comunidades indígenas Nasa, evidencian las discrepancia entre una noción que apela al carácter neoliberal por parte del gobierno, versus una resistencia contrahegemónico de las comunidades a este modelo socioeconómico.

El principal objeto material de lucha, en últimas el interés, es la tierra. La detonante del litigio es la visión que se tiene de esta y la utilización que se le quiere dar a la misma. El gobierno que está impulsado bajo las lógicas del mercado, tiene como principal objetivo el crecimiento económico de las élites que se van a beneficiar con el monocultivo de caña de azúcar, y por ende como consecuencia, la comercialización de biocombustibles. Los indígenas por su parte, buscan poseer tierras que consideran herencia ancestral, y la principal utilidad que le piensan dar a esta, es la de su aprovechamiento a través de la agricultura, actividad per se ejecutada para subsistir.

De esta manera, la discrepancia se suscita en el choque que se dan entre dos visiones distintas de participación, es decir, por un lado el gobierno pretende generar inclusión de arriba hacia abajo, imponiendo y supeditando a grupos disidentes a decisiones arbitrarias y corporativas, mientras que los indígenas los hacen de abajo hacia arriba, mostrando a través de la protesta sus demandas de ellos como colectivo pertenecientes a la población civil. Lo descrito se gráfica de la siguiente manera:

Así pues, a grosso modo se puede concluir en este apartado, que el litigio desde la noción de Hopenhayn se puede explicar entre las discrepancias existentes entre las distintas visiones de participación que tienen ambos actores.

Consideraciones finales

De lo escrito, se pueden determinar dos conclusiones centrales: I) la primera es de carácter metodológico. Es de gran importancia el correcto uso de los conceptos en ciencia política. Una carga considerable de connotación de los términos tal como es ejecutada por Hannah Arendt, es de gran valía para entender y explicar las realidades a las que se aproxima el estudioso de la política, pues nutre de objetividad a una ciencia social que tiende a darle pluralidad de sentido a los conceptos que emplea, este breve escrito se preocupó, por materializar dicho postulado.

II) La segunda es de carácter empírico. Esta se sostiene sobre la base del argumento de que las instituciones políticas en un primer momento utilizan la violencia para forzar la obediencia, en contextos donde está en jaque su poder. Como valor agregado, el paradigma que marca su accionar es de carácter hegemónico neoliberal, por lo tanto, la participación, la política, la pluralidad y la cultura, son solo brazos de la institución macro y madre de todo: el mercado. En este orden de ideas, el hablar de participación política, es un asunto bastante difuso de ser tratado en la realidad.

De lo anterior, es oportuno preguntarse, ¿cuál debe ser el accionar que deben ejecutar las minorías en Colombia para poder lograr una participación real? Entre las posibles respuestas pueden girar opciones como la educación para el empoderamiento, el incremento de los grupos de presión y una sociedad civil más dinámica. El presente breve escrito, trato a través de un corto estudio de caso, evaluar la presencia de participación política en nuestro país, la tarea ahora es proponer como sacarla de la teoría a la realidad.

Bibliografía

ARENDT, Hannah, Sobre la violencia. En: Crisis de la república. España. 1969.

FARRE, SERGI. Gestión de conflictos. Un enfoque socioafectivo. Ariel. Barcelona. 2004.

HOPENHAYN, Martín. La participación y sus motivos. Revista voces.

MAQUIAVELO, Nicolás. El príncipe. Ediciones universales. Bogotá. 2001.

MARTÍNEZ, M., & Salazar, M. (Dirección). (2009). Robatierra [Película].

PARSONS, Wayne. "Políticas públicas: una introducción a la teoría y a la práctica del análisis de políticas públicas". Traducción de Atenea Acevedo. México: FLACSO. Sede Académica de México, 2007.

SARTORI, Giovanni & MORLINO Leonardo. La comparación en las ciencias sociales. Alianza editorial. Madrid. 1999.

Autor:

Javier Alexander Molina Correa

[1] ARENDT, Hannah, Sobre la violencia. En: Crisis de la república. España. 1969.

[2] Sobre la relevancia de la utilización de los conceptos en ciencia política, es menester citar al siempre clásico Giovanni Sartori, y su aporte a través de lo que él denomina como la escala de abstracción, en esta, el plantea los elementos de denotación y connotación de los conceptos. Es muy importante para evitar el estiramiento conceptual y por ende, la ambigüedad y la aplicación de términos en contextos erróneos, llenar cada uno de estos, de la suficiente cantidad de características y atributos, que lo especifiquen, para que no se vuelva así de uso común, perdiendo con este acto, su razón de si, y su capacidad explicativa. Para profundizar en lo anterior véase en: SARTORI, Giovanni & MORLINO Leonardo. La comparación en las ciencias sociales. Alianza editorial. Madrid. 1999.

[3] Los acuerdos del Nilo, son posteriores a la masacre del Nilo o de caloto, esta última se gestó en el año 1991, en donde la fuerza pública arremete en contra de la comunidad para despojarlos de un territorio del cual ellos se habían apoderado. Este accionar de los grupos indígenas, tenía como principal soporte el incumplimiento de los acuerdos, en los cuales el gobierno no otorgo el reconocimiento ni los territorios físicos que las comunidades reclamaban.

[4] ARENDT, Op cit. Pp. 146 – 148.

[5] Ibíd. Pp.155.

[6] El tema de la legitimidad ha sido blanco de escrito de diversos autores clásicos y contemporáneos. Dos de los más importantes son Maquiavelo y Weber, el primero hacía alusión a una necesidad del príncipe no solo de ser temido, objetivo que se lograba a través de la violencia, sino también de ser amado, por lo tanto, la violencia no es el único mecanismo, es solo uno de tantos, el príncipe necesita valerse de diversas estrategias que le permitan hacer que el pueblo se apegue a él, lo necesite, conciba en su imaginario, que el trasegar de los asuntos públicos no es posible sin la presencia de su príncipe. Por su parte Weber, considera la legitimidad como el soporte del éxito de cualquier tipo de dominación, ya sea carismática, racional o tradicional. Véase en: MAQUIAVELO, Nicolás. El príncipe. Ediciones universales. Bogotá. 2001.

[7] Sobre esto último el aporte de Parsons es grosso modo iluminador: “Los procesos de negociación e implementación que forman parte nodal de las modalidades corporativistas de formulación de políticas se caracterizan por la imposición arbitraria de políticas estatales a través de organizaciones de intereses, sin ningún tipo de negociación previa” El neocorporativismo como enfoque para las políticas públicas es desarrollado en: PARSONS, Wayne. “Políticas públicas: una introducción a la teoría y a la práctica del análisis de políticas públicas”. Traducción de Atenea Acevedo. México: FLACSO. Sede Académica de México, 2007.

[8] La teoría de resolución de conflictos, propone cinco paradigmas para construir paz, estos son: el realismo político, el derecho, la no violencia, la resolución de conflictos y la transformación de conflictos. En el caso específico de las comunidades Nasa, el dilema giraba en torno a la utilización de dos paradigmas distintos, por un lado había una facción inclinada hacia el realismo político (búsqueda de la solución a través de la preponderancia del actor más fuerte, a través de una confrontación física) y una no violenta (búsqueda de la transformación de ambos actores a través de la utilización de mecanismos simbólicos); de esta manera desde las dinámicas de las acciones colectivas, se evidencia de fondo el debate por la escogencia de una forma determinada. Para profundizar en teoría de conflictos ir a: FARRE, SERGI. Gestión de conflictos. Un enfoque socioafectivo. Ariel. Barcelona. 2004.

[9] Lo anterior se desprende de: HOPENHAYN, Martín. La participación y sus motivos. Revista voces. Pp. 48 – 52.

[10] Ibíd. Pp. 54.