Estructura económico – social de Venezuela

Indice1. Introducción 2. Perspectiva para una salida a la crisis social y económica de Venezuela 3. La crisis fiscal y financiera en Venezuela 4. Programas de ajuste a la economía y sus efectos sociales 5. El papel del estado en el desarrollo económico 6. Desarrollo y planificación económico en Venezuela 7. Venezuela y su política económica 8. Una política social para el desarrollo 9. Los grandes desequilibrios ambientales y la destrucción de ecosistemas naturales 10. Los medios de comunicación de masas y el deterioro social en Venezuela 11. Conclusiones 12. Bibliografía y Material de Investigación

1. Introducción

No cabe duda que la política económica es el argumento fundamental del Estado para justificar la función reguladora y estabilizadora que este cumple en las naciones que poseen economías modernas; fijando las políticas impositivas, monetarias y cambiarias, así como diseñando las reglas del juego; permitiendo que el mercado actúe libremente pero respetando estas reglas. Es la intención de este material representar de la forma más sencilla posible lo que representa la política fiscal, económica, social la cual comprende la función impositiva y reguladora del estado en las economías modernas; y especialmente nos referiremos a la política fiscal aplicada en Venezuela. Durante los períodos de bonanza petrolera que vivía el país y hasta la llegada del viernes negro, la costumbre por parte de los gobiernos; era tener un enorme gasto público producto de un abultado número de subsidios y regalías; y una política de endeudamiento demasiado arriesgada, y como los ingresos por concepto de exportaciones petroleras eran suficientes para cubrir el gasto público, realmente no se desarrollo nunca una política económica y menos una política tributaria eficiente y adaptada a la realidad del país y modernizada. La modernización llegó muy tarde, hace apenas unos 15 o 20 años los instrumentos fiscales utilizados en las políticas económicas eran pocos, mal implantados y muy difíciles de controlar, obteniéndose una gran pérdida por los altos niveles de evasión fiscal que se presentaban.

Se ha intentado aplicar serias medidas en materia económica pero han perdido efecto; primero por falta de continuidad en las políticas aplicadas, es decir, muchas veces dentro de un mismo periodo gubernamental hemos visto cambios en las políticas aplicadas, y apenas toman control los nuevos gobiernos inmediatamente son cambiados los planes económicos, con esto solo se logra un sistema inestable que no es capaz de asimilar un lineamiento cuando se le impone una nueva dirección. En Venezuela, la posibilidad de un Estado como el que tuvimos en las últimas décadas ya no es viable, por la sencilla razón de que el país no se puede permitir ese lujo. La sinceración de la economía es y seguirá siendo la única salida. Las políticas económicas que caracterizaron la política económica venezolana entre 1974 y 1994 arrojaron una hiperinflación alimentada por un drástico y continuado deterioro en el valor de nuestro signo monetario.

2. Perspectiva para una salida a la crisis social y económica de Venezuela

Disminución de la Calificación de Venezuela al profundizarse la crisis Económica y política: la Perspectiva es Negativa La perspectiva de las calificaciones en moneda extranjera continúa siendo negativa. La disminución de calificación refleja el empeoramiento y el tenso estancamiento político y la profundización de la crisis económica. La fuerte desconfianza que existe entre el gobierno, impide una solución a la crisis de gobernabilidad, habiendo resultado en una contracción interanual del 9,9% en el segundo trimestre de 2002 afirmó un analista de Standard & Poor's Bruno Boccara. A pesar de los elevados precios del petróleo, el desempleo y la inflación están incrementándose, reflejando la falta de efectividad de las políticas económicas del gobierno.

Aunque la depreciación de casi un 100% del peso bolivariano con respecto al dólar estadounidense en un año contribuyó significativamente a reducir el déficit fiscal Standard & Poor's espera que el déficit del presupuesto del gobierno central ascienda a 1,1% del PIB para el año 2002 el gobierno se encuentra enfrentando agudas dificultades en su autofinanciamiento, como queda reflejado en su intención de modificar las reglamentaciones de redistribución de las ganancias del Banco Central de Venezuela. Standard & Poor's considera que el servicio de deuda para lo que resta del año puede cubrirse vendiendo los activos líquidos del sector público. Será difícil cumplir con los pagos de capital e intereses que vencen en el año 2003, debido fundamentalmente a que los vencimientos de los bonos denominados en pesos bolivarianos. Los mercados de capitales externos continúan cerrados a la deuda de Venezuela, y los bancos locales se han mostrado renuentes a renovar los préstamos existentes aun a elevadas tasas de interés. Las calificaciones de Venezuela se encuentran limitadas por Serias limitaciones de financiamiento. Los recursos del FIEM, contrariamente a lo que se esperaría de un fondo de estabilización de petróleo, se han agotado a pesar de que los precios del petróleo son elevados. La administración de la crisis de liquidez durante el año 2003 presentará desafíos significativos.

3. La crisis fiscal y financiera en Venezuela

La política fiscal es el conjunto de medidas e instrumentos que toma el estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización de la función del sector público. Se produce un cambio en la política fiscal, cuando el Estado cambia sus programas de gasto o cuando altera sus tipos impositivos. El propósito de la política fiscal es darle mayor estabilidad al sistema económico, al mismo tiempo que se trata de conseguir el objetivo de ocupación plena. Como hemos dicho anteriormente la Política Fiscal tiene 2 componentes, el gasto público y los ingresos públicos.

Política Fiscal Actual El actual gobierno venezolano, según su propuesta económica propone una reducción del gasto público, y una modificación al tratar de reducir el gasto corriente, a través de reestructuraciones en todos los organismos oficiales para hacerlos más eficientes y menos costosos, y por su parte aumentar el gasto de capital, para crear la infraestructura necesaria para comenzar la reactivación económica. El presupuesto fiscal del año 2000, tiene un nivel de gasto total acordado de Bs. 17.878 Millardos, equivalente al 24,2% del PIB, aumentando su nivel en 1,5 puntos del PIB con respecto al presupuesto de 1999. En referencia a la clasificación económica del gasto, el mismo presenta una orientación que está en sintonía con los lineamientos estratégicos de este Programa Económico. Los gastos corrientes se ubican en monto de Bs. 12.718 Millardos, equivalentes al 17,3% del PIB, creciendo en tan sólo 0,3 puntos del PIB con respecto al año precedente. Los de capital, se sitúan en Bs. 2.967 Millardos, equivalentes al 4,0% del PIB, superando en más de 1,1 puntos del PIB al gasto presupuestado del año 1999, y por último, las aplicaciones financieras, dentro de las cuales se encuentran la amortización de préstamos, alcanzan un monto de Bs. 2.192 Millardos, equivalentes al 3% del PIB, presentando una variación con respecto al año pasado de 0,1 puntos del PIB.

Por otra parte, en materia de gestión tributaria propone una reestructuración del actual Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), para aumentar la recaudación y evitar la evasión de impuestos. Así como la aplicación de una serie de instrumentos de recaudación que permitan reducir el déficit fiscal. En este sentido, el presupuesto fiscal para el año 2000, fija como meta en los ingresos ordinarios de origen no petrolero un monto de Bs. 8.561 Millardos, equivalente al 47,8% del total de ingresos, mejorando su participación en 5,7 puntos porcentuales con respecto al nivel alcanzado en 1999. Los ingresos fiscales originados por la actividad petrolera, excluyendo las transferencias al Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), se estiman en Bs. 4.211 Millardos, equivalentes al 23,6% del total de ingresos fiscales.

Instrumentos Fiscales Los economistas de finanzas públicas consideran que el sector público tiene tres ramas de actividades o tres funciones principales: La función de estabilización y crecimiento, que se interesa en mantener el balance macroeconómico a fin de prevenir tanto grandes inclinaciones en el empleo y la actividad económica y severos ataques de inflación, así como asegurar una adecuada tasa de crecimiento económico. La función de distribución, que se refiere a la adecuada distribución de la renta entre los diversos grupos de la economía. La función de asignación, que se relaciona con la eficiente asignación de recursos en toda la economía. Cada una de estas funciones representa no solamente un objetivo legítimo de política gubernamental sino también un importante aspecto de desarrollo económico.

Las tres metas del sistema tributario señaladas anteriormente, con frecuencia están en conflicto, particularmente cuando se deben mantener los ingresos globales, forzando así a los formuladores de políticas a escoger entre las mismas al tomar sus decisiones de política tributaria. Más importante en ese respecto, es el conflicto entre un sistema tributario eficiente o uno que interfiere menos con el comportamiento económico y crean un menor impacto sobre las decisiones para trabajar o ahorrar o invertir, y un sistema tributario de distribución deseable o uno que logre mejor los objetivos de equidad de la sociedad.

Los impuestos a las ventas se perciben con efectos contrarios. Un IVA, que se aplica de manera uniforme a todas las formas de consumo puede tener una puntuación alta en lo que respecta a la asignación pero una baja calificación en lo que respecta a distribución, ya que afectaría más fuertemente a las personas y familias de bajos recursos.

 En caso de incumplimiento, factores tales como la oportunidad de evadir impuestos, las ganancias de la evasión tributaria, los riesgos de detección, y las sanciones aplicadas, se detecta que pueden variar de un impuesto a otro.

Los formuladores de políticas generalmente recurren a dos tipos de acciones al tratar de manejar el problema de conflictos entre las metas. En primer lugar, pueden escoger una mezcla de impuestos. Segundo pueden adoptar disposiciones particulares dentro de la estructura de cada tipo de impuestos en un intento por resolver los conflictos de metas.

Los economistas generalmente dividen los impuestos entre directos e indirectos. Las diferencia entre los dos es que los impuestos directos se recaudan de las personas que se presumen deben pagar el impuesto, mientras que los impuestos indirectos se presume sean transferidos a los consumidores. Aunque los principios detrás de estas tres funciones del sistema tributario puedan servir de base al debate de política en los países en desarrollo, una consideración adicional, menos frecuentemente reconocida, también explica el patrón de tributación directa e indirecta observado en la práctica. Esta consideración adicional es la facilidad de administración de cada impuesto y el grado de cumplimiento de cada uno. La importancia de los impuestos indirectos en los países de rentas bajas se debe en gran medida a aspectos de administración y cumplimientos tributarios. El impuesto sobre la renta, es mucho más difícil de administrar debido a que el impuesto no puede ser recaudado a través de controles físicos. La única excepción es la renta sujeta a impuesto mediante retención, pero aun en este caso las autoridades tienen que supervisar a los agentes de retención para garantizar la transferencia al gobierno de los impuestos retenidos.

Instrumentos Fiscales Utilizados en Venezuela El sistema impositivo venezolano muestra una marcada dependencia con respecto al petróleo. Tal afirmación se hace evidente al constatar que los ingresos petroleros en 1989 representaban un 60% de los ingresos fiscales totales. El impuesto sobre la renta aplicada a personas naturales apenas contribuye con un 2.5% de lo recaudado, mientras que otros impuestos como los que pechan a licores, cigarrillos, fósforos, sucesiones etc., apenas aportan un 2% de lo recaudado. Actualmente en el país se aplican los siguientes impuestos (no petroleros). IVA (Impuesto al Valor Agregado) IDB (Impuesto al Débito Bancario) (De aplicación temporal) ISLR (Impuesto sobre la renta) IAE (Impuesto a los Activos Empresariales) IAEA (Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas) ISDRC (Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Ramos Conexos) TF (Timbres Fiscales) ISCMT (Impuesto Sobre Cigarrillos y Manufactura de Tabaco) EORNF (Estatuto Orgánico de la Renta Nacional Fósforos).

El crecimiento del sector público y los grandes desequilibrios sectoriales En Venezuela, el sector público ha incrementado su participación en el empleo sostenidamente, pasando de representar el 32% de los ocupados en 1978 a 52% de los ocupados en 1999 (cifras OCEI). Este incremento del sector publico reviste una gran importancia puesto que existe una incidencia de pobreza del sector informal notablemente superior a la del sector formal (Riutort, 1999). Algunos de los factores que han producido una contracción relativa en el empleo formal se mantendrán en el futuro, debido a los patrones de especialización derivados de la globalización y el cambio tecnológico, que impulsan la expansión de actividades capital y energía – intensivas en nuestro país.

Dada esta estructura, es muy poco factible que el sector formal pueda absorber la oferta de mano de obra a una tasa acelerada, aunque se expanda en forma importante. Una de las prescripciones de política para reducir la pobreza derivadas de la visión tradicional de los mercados de trabajo, compatible con la leyenda negra sobre la informalidad, es incrementar el empleo formal a toda costa.

Según la visión compatible con la leyenda dorada, el sector informal puede alcanzar una productividad importante, por lo que debemos preguntarnos cuál es el costo de semejantes políticas de empleo formal. Una parte de los trabajadores que conforman actualmente el sector publico probablemente se encuentra en su mejor alternativa de ingresos y trabajando bajo un esquema de organización eficiente y adaptable. La tendencia mundial hacia la reducción del tamaño de las empresas y el aumento de la sub-contratación también afecta la estructura del empleo en nuestro país. En consecuencia, intentar reducir la informalidad no parece suficiente desde el punto de vista de la reducción de la pobreza. Adicionalmente, es necesario entender la lógica del sector informal y preguntarnos cómo pueden mejorar las condiciones de vida dentro del mismo. Al investigar los factores que determinan la remuneración de los "informales" se encuentra que los trabajadores informales hombres, con mayor experiencia y escolaridad, urbanos y cuyas actividades se encuentren en sectores de intermediación y minería, tienen significativamente mayores ingresos que el resto. En comparación al sector formal, el sector informal remunera más la experiencia y menos la escolaridad y posee brechas de género más acentuadas. Los incrementos en la productividad informal se traducen en un mejor desempeño de las microempresas informales y en mejores remuneraciones para los trabajadores informales. Por otra parte, algunas microempresas informales de alto desempeño tienden a formalizarse paulatinamente. La escolaridad incrementa las remuneraciones informales significativamente, aunada a ciertos niveles de experiencia.

Las diferencias marcadas ente los ingresos de los patronos públicos y el resto de los trabajadores informales pueden estar asociadas al acceso al capital, que es el factor más escaso en el sector informal. En consecuencia, los programas de microcrédito pueden tener un impacto positivo sobre la productividad e ingresos en el sector informal por dos vías: incrementando la productividad promedio de las microempresas y generando una movilidad de trabajadores empleados y por cuenta propia hacia ser dueños de una microempresa. RANKING SECTORIAL RESULTADOS 2002

Es de gran importancia destacar que este desempleo ha provocado el desencadenamiento de un problema socioeconómico en el país, en donde está presente una de modalidades de la informalidad de la economía, como lo es Buhonerismo en ciudades de mayor desarrollo urbanístico del país; que es un tipo de actividad de venta al mayor o al detal de diversos bienes en plena vía pública o en ciertos espacios urbanos destinados a tal fin, tanto de manera ambulante, como establecimientos improvisados, sin el cumplimiento de los requisitos legales que el ejercicio de la actividad comercial requiere de acuerdo a las ordenanzas y leyes municipales, lo cual genera un verdadero problema a las ciudades y al país en general, porque da lugar a un deterioro urbanístico, a una inadecuada organización espacial, deficiente funcionamiento espacial, congestionamiento peatonal y vehicular, efectos ambientales y de salud pública, entre otros efectos perjudiciales para el desarrollo y avance de la economía de Venezuela.

4. Programas de ajuste a la economía y sus efectos sociales

A partir de 1983, Venezuela implementó dos programas de ajustes que crearon un nuevo entorno para la agricultura venezolana. Durante el período 1983-1988, se instrumentó un programa de ajuste de orientación heterodoxa, basado en el control de precios, de las tasas de interés y del tipo de cambio, restricciones al comercio exterior, incremento del gasto público agrícola, de los subsidios a los productores y otras medidas. Como resultado, la economía y el sector agrícola crecieron, pero a un alto costo ya que se generaron desequilibrios de orden macroeconómico. Luego, a comienzos de 1989 el gobierno aplicó un programa de ajuste de corte ortodoxo.

Ajuste macroeconómico De acuerdo con Norton (1993), el proceso de ajuste macroeconómico implica la aplicación de instrumentos de política económica que se utilizan para corregir dos desequilibrios económicos básicos: a) déficit persistentes en la balanza de pagos que conduce eventualmente a una carga de deuda externa imposible de atender y b) déficit fiscal persistente que tiende a crear presiones inflacionarias y origina un círculo vicioso de incertidumbre respecto a las políticas macroeconómicas, distorsiones en la asignación de recursos y desestímulos para la inversión productiva.

Políticas de ajuste Las políticas de ajuste macroeconómico se refieren a los instrumentos que tienen por objetivo reducir los desequilibrios básicos de la economía, en las cuentas externas, en el uso de los recursos internos y al mismo tiempo tratan de cambiar la estructura de los incentivos y de las instituciones (Gutiérrez, 1995). Cuando los programas de ajuste se orientan a corregir los desequilibrios internos y de la balanza de pagos, se habla de políticas de estabilización. Estas tratan de mejorar en el corto plazo la balanza de pagos a través de una reducción de la demanda agregada. Cuando las políticas dirigen sus intereses a la realización de cambios en las instituciones, en la estructura de los incentivos y en el proceso de asignación de recursos se habla de políticas de ajuste estructural (Cornia, 1987; World Bank, 1989).

Las políticas de ajuste se pueden clasificar en ortodoxas y heterodoxas. Las primeras se fundamentan en el enfoque monetario de la balanza de pagos, liberación de los mercados de bienes y financieros y reducción del papel del Estado como productor y regulador de la economía. De otro lado, para los autores antes mencionados, los programas heterodoxos son aquellos que utilizan la intervención directa en la fijación de salarios y precios en combinación con medidas monetarias y fiscales convencionales. Los ajustes presupuestarios y la política monetaria restrictiva son insuficientes para detener el crecimiento de los precios y por lo tanto, los controles de salarios y precios juegan un importante papel en el logro de la estabilización. Suponen que además que usar sólo medidas ortodoxas generan una recesión necesaria. En este trabajo se parte del supuesto teórico según el cual las políticas de ajuste al afectar el tipo de cambio, liberar el comercio exterior, aplicar la reforma comercial agrícola y otras variables de política económica, generan cambios en los precios relativos de los bienes y servicios de toda la economía. En particular aquellos relacionados con la producción de papa (precio relativo del producto, de los insumos y de los factores de producción utilizados).

De acuerdo con la teoría microeconómica de la producción , el cambio en los precios del bien a producir y en los precios de los insumos utilizados genera efectos sobre las proporciones en que los factores son usados y combinados para producir ese bien. Esto se debe a que el productor racional para poder maximizar beneficios o minimizar costos y obtener un cierto nivel de producción, al cambiar los precios de los insumos variables deberá utilizar en una mayor proporción aquellos insumos que son más baratos. A partir de esto vale hacerse una pregunta bien interesante como es: ¿Se diría que Venezuela ha sido consistente con las reformas? Se puede decir que somos un ejemplo típico de inconsistencia. En el caso de Venezuela, muchas de estas reformas arrancan a finales de los años 80, pero ¿que ha ocurrido? Que la reforma nunca madura. El caso más emblemático ocurrió con el SENIAT, que empezó con muy buen pie.

La inconsistencia ha sido la trama de nuestra participación en los programas de ajustes. Cuando otros países han obtenido logros concretos, vale hacerse una pregunta más ¿qué percepción se pueden tener los organismos multilaterales de Venezuela? Se dice que un sentimiento de frustración, porque han apoyado algunas de estas iniciativas durante un lapso en el cual se cumplen las metas, aunque luego se retrasa y se vuelven a negociar con un nuevo Gobierno. En el caso de Venezuela, en los últimos 15 años ha sido muy difícil articular una comprensión clara de qué es lo que se requiere para seguir adelante. Una parte fundamental son estos elementos básicos –eficiencia en el gasto y reformas institucionales para que funcione la economía. Más allá del debate sobre si el programa es de corte neoliberal o no, hay que advertir que una economía funciona cuando está ordenada, y eso pasa por una política fiscal clara, un presupuesto que se respete y en el que, además, funcionen los mecanismos de contrapeso; por ejemplo, las comisiones de finanzas del Poder Legislativo, que en un sistema democrático ejercen su papel de control y revisión sobre el manejo de la política económica.

5. El papel del estado en el desarrollo económico

A partir del análisis de la experiencia de los países que han alcanzado el éxito industrial, se desprende que el Estado juega un papel decisivo en el proceso de industrialización, aportando el entorno adecuado y las bases apropiadas para el desarrollo de empresas privadas competitivas. Para ello, el país debe tener claridad en relación a la posición que ocupa en la curva de aprendizaje y a los objetivos y estrategias a seguir a fin de pasar a un nivel más avanzado de desarrollo y de ser posible, saltar etapas dentro del proceso. La intervención del Estado resulta decisiva. El Estado debe aportar el entorno apropiado y la base apropiada para el desarrollo de empresas privadas vigorosas y competitivas. Asimismo, el estado debe fomentar la formación de personal de alto nivel (licenciatura y hasta doctorado). Además, el Estado debe incentivar deliberadamente en ciertos campos específicos relacionados con sectores objetivos de la economía. Para poder hacer esto hay que desarrollar la investigación básica académica (universitaria). Si lo hace en los primeros niveles de desarrollo industrial, mejor; las tradiciones de buena investigación no se construyen de un día para otro, esta tarea puede llevar varias décadas y debe estar preparada para el momento que el país necesite desarrollar su potencial innovador. Como vimos más arriba, alcance otras etapas de desarrollo distinto a la que se encuentra.

En las distintas etapas de desarrollo es importante la elección de las industrias fundamentales para que actúen a manera de detonante. Ello también tiene que ver con la elección de la tecnología; más concretamente con el énfasis que se haga en I & D a nivel local. El criterio más recomendable es el de escoger aquella área en la cual un determinado país posee ventajas comparativas. Estas ventajas se pueden y deben convertir, por supuesto, en ventajas competitivas dinámicas. En el caso de los países industrializados, que se han analizado (en particular, Estados Unidos, Reino Unido y Francia), la demanda del sector militar actuó como detonante del desarrollo del nuevo tipo de empresa. Esto fue así hasta el punto de llegar a modificar, en el caso americano, el mapa industrial.

Los países de la región poseen muy variados detonantes. Se puede mencionar a manera de ilustración: la extensa zona amazónica, común a nueve países sudamericanos. Esta zona dispone de un acervo de recursos y posibilidades que en si misma es suficiente para desarrollar múltiples posibilidades industriales de nuevo tipo. Entre ellas la biotecnología o la farmacología molecular, se pueden indicar sólo a título de ejemplo. De igual manera, cada país en concreto sabe cuales son sus potencialidades y en tal sentido puede, debe y tiene que actuar. El último aspecto a considerar es la cuestión del tiempo. Ya en las lecciones de los países industrializados, se ha señalado la importancia de la perspectiva a largo plazo. La construcción de conglomerados de empresas de base tecnológica no es una política cuyos resultados se puedan medir tras un corto lapso. Si se alcanza el éxito será algo que habrá que medir después de varias décadas. Se necesita un compromiso a largo plazo por parte de los gobiernos. Esta acción debe ser considerada de la misma forma que lo son otros elementos de una estrategia de desarrollo como la educación y la investigación científica con las cuales está íntimamente ligadas. Esto debe ser comprendido tanto por el sector público como por el sector privado. Debe quedar también claro que no se considera al Estado como una entidad monolítica. De ninguna manera lo es. Dentro de esta denominación se encuentran diferentes niveles que pueden comportarse de forma diferente. Esto debe ser considerado en el momento de establecer una política que pretenda estimular la creación de parques industriales de este tipo. Por ello debe tomarse en consideración las distintas instancias del Estado incluyendo en ellas a las universidades y a los institutos de investigación.

Como se ha señalado, en las experiencias de larga data en los países industrializados, los impulsos al nuevo tipo de empresa vinieron, en lo fundamental, del sector militar. La defensa nacional, o la competencia espacial en unos casos, han jugado un papel muy importante en el desarrollo de muchas innovaciones en el pasado reciente. No obstante, no se puede pretender que este se convierta en el aliciente en los países de la región. Al menos no es un caso generalizable, aunque este factor juegue un papel importante en algún país en concreto. Los alicientes pueden provenir del interés nacional en cada caso. Así, los países que participan en el mercado mundial suministrando energía (fósil, como el petróleo) y cuyas economías se basan en esta capacidad deben desarrollar sus capacidades industriales, por ejemplo, en dos vertientes: una, aguas abajo en términos del desarrollo industrial pasando a la petroquímica y a la industria química orgánica; y dos, en el desarrollo de capacidades en el campo de las energías alternas, desarrollando actividades de I & D, con el fin de mantenerse competitivos.

Se necesita mucho tiempo para que un conglomerado de empresas de base tecnológica alcance un relativo éxito. Se alude a períodos mucho más largos de los que se está acostumbrado a considerar tanto en el plano empresarial como en el político. Hay que proceder con estos proyectos como cuando se cuida a un recién nacido en estado delicado. Por ello el término incubadora no es del todo desacertado. Señala el cuidado que por un largo lapso hay que tener con este tipo de programa. Es por ello que la tentación inmobiliaria es uno de los peligros que afrontan este tipo de desarrollo. Se debe, por tanto, preservar los objetivos del programa a como dé lugar a lo largo de su ejecución. Por último, pero no por ello menos importante, se debe evitar caer en el pesimismo ante el eventual fracaso de un proyecto en particular. Se puede afirmar que en ellos no puede estar presente semejante situación. Cualquiera sea el resultado siempre será mejor que la parálisis o no tener nada. Este tipo de emprendimiento siempre deja un fruto, tanto en lo material (unas instalaciones o unas empresas que sí prosperaron) como en lo intelectual (una capacidad fortalecida de pensar en problemas desde una universidad).