4. La Actividad Industrial
La dinámica industrial como fundamento de las principales transformaciones socio-espaciales.- No se puede cuestionar el decisivo papel desempeñado por la industria como uno de los factores primordiales en la transformación de la sociedad y territorios españoles. Pues, aunque ciertamente, el peso comparativo de la actividad industrial aperezaca ensombrecido en nuestros días por el sector tericiario, no cabe duda que los impulsos provocados por la industria han repercutido de forma muy directa en la movilidad de la población y en el crecimiento urbano.
Las discontinuidades en el proceso de industralización.- Pero, para captar el verdadero alcance de estas repercusiones, parece oportuno centrar inicialmente el interés en la trayectoria del proceso de industralización y en la serie de incidencias, estructurales y espaciales, a que ha dado lugar. Para ello, hay que remitirse a los hechos que identifican la expansión industrial de España como un fenómeno directamente asociado a los rasgos de un modelo de crecimiento, cuya característica esencial está en la dificultad de continuar el desarrollo de la industria de acuerdo con los parámetros dominantes en las países que asumen con notorio protagonismo y anticipación los principios impulsores de la Revolución Industrial. Las conclusiones extraídas a este respecto son ejemplos del auténtico significado de una estrategia históricamente articulada en torno a dos ejes primordiales: primero, el afianzamiento de su condición de país exportador de recursos mineros no transformados, canalizados hacia el exterior bajo el control y supervisión de toda una legión de compañias extranjeras; y, segundo, la persistencia de un comportamiento que adopta instrumentos de protección arancelaria, encaminados a restringir, y en ocasiones anular, los efectos de la competencia, entendidos siempre como contraproducentes. Ambos ejes, unidos a los poderosos intereses, internos y externos, que generan, se solapan en el tiempo hasta dar lugar a una dinámica industrializadora escasamente amistosa a las innovaciones y a la puesta en práctica de decisiones favorables al incremento de la competitividad, y en exceso supeditada a los altibajos de las uniones, justificando así una trayectoria discontinua, que va a condicionar muy seriamente las posibilidades de un crecimiento fabril autónomo. De esta forma aparecen bien diferenciadas las grandes etapas de la industrialización española, y que se definen en cuatro fases con características propias. La primera de ellas se identifica con la materialización de las iniciativas empresiariales llevadas a cabo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando, asentadas sobre los beneficios que aporta la extracción minera, hacen acto de presencia los proyectos navales y siderúrgicos implantados en la ría del Nervión, donde precisamente acabarán poniéndose en práctica las primeras experiencias empresiariales modernas. Paralelamente, la consolidación del entorno barcelonés como el otro de los más destacados focos industriales del país es conveniente con las nuevas normas impuestas por la actividad transformadora textil enraizado en la manufactura regional. Bajo la rígida protección arancelaria, la personalidad de los núcleos textiles catalanes no cesa de fortalecerse, al tiempo que crea un excelente marco de confianza para el desencadenamiento de fuerzas que tienden a la diversificación de la producción hasta culminar en una oferta sectorial muy conectada con las exigencias de la demanda interna. Y va a ser también la aparición de una unión tan positiva como la surgida a raíz de la primera guerra mundial el factor de estímulo para la existencia de otro episodio floreciente que, aunque corto y manteniendo invariables las reglas que hasta entonces sustentaban la evolución de la industria, haga posible la reafirmación de las localizaciones ya robustecidas y la tímida aparición de otras nuevas, más puntuales, que hacen reflejar los efectos de imitación y difusión provocados por los focos robustecidos.Bruscamente interrumpida esta dinámica por la guerra civil, el periodo postbélico coincide con el inicio de una segunda etapa, cuyas características esenciales responden a las ideas del modelo de autosuficiencia proclamado. Bajo la rigidez de sus planteamientos, la política de sustitución de importaciones se ve reflejada a través de la proliferación de proyectos individuales, arropados en los requerimientos potenciales del mercado y muy dispersos en el espacio, y, sobre todo, la creación del Instituto Nacional de Industria, concebido para la promoción de un poderoso y estratégico sector público, cuyas implicaciones van a ser decisivas en la configuración posterior de la realidad industrial española. Con todo, el sistema productivo no tardará en manifestar las deficiencias derivadas de un funcionamiento erróneo, necesitado de un marco de actuación mejor para la puesta en práctica de las iniciativas que la permitan consolidarse realmente como el motor primordial del desarrollo económico. De ahí el importante y decisivo cambio llevado a cabo a finales de los cincuenta con la puesta en práctica del Plan de Estabilización y de todo el complejo normativo que, asociado al plan mencionado, permitirá cimentar los pilares del crecimiento industrial contemporáneo. Las normas que lo inspiran son muy conocidas y no dejan de obedecer en esencia a un denominador común: la necesidad de crear vías de apertura al exterior, capaces de posibilitar no sólo la liberación de las posibilidades existentes, sino también la asimilación de las ventajas que proporcioman los pocesos de internacionalización, con el propósito de poner fin a las estrecheces de una ideal estrictamente nacionalista del capitalismo industrial. La batería de instrumentos adoptados aparecen claramente apuntados hacia el cumplimiento de esta finalidad, tratando de unir medidas típicas (Planes de Desarrollo, Acción Concertada, Ley de Industrias de interés preferente), que en el espacio se reflejan en la puesta en marcha de los Polos de Desarrollo y de los polígonos industriales, y otras orientadas a los principios de apertura al exterior, entre los que destaca por encima de todas la Ley de Inversiones Extranjeras, de carácter liberalizador, y gracias a la cual se consolida uno de los más esenciales y decisivos factores del avance de la producción. Sin embargo, y pese a los avances logrados, el funcionamiento del sistema industrial acusará enseguida los síntomas de una clara dualidad entre las estructuras vinculadas a la promoción nacional y las que lo están internacionalmente. La persistencia de muchas malformaciones estructurales del pasado y el impacto provocado por la crisis sobre los sectores más débiles del entramado productivo obligan, aunque tardíamente, a poner en práctica los mecanismos típicos de la política de reconversión, ya realizada con anterioridad en otros países europeos, y las bases de los objetivos reindustrializadores, con las que asentar los cimientos de la homologación industrial requerida por la integración comunitaria.
De este modo, la Ley 27/1984, de 26 de julio, que establece las líneas maestras del proceso de ajuste, la delimitación de las Zonas de Urgente Reindustrialización -más tarde consideradas en algunos casos como Zonas Industriales en Declive- lógicamente selectivas a favor de los espacios más duramente afectados, y la Ley de 1985 sobre la liberalización de las inversiones extranjeras, constituyen, en esencia los principales catalizadores en torno a los cuales se sitúa la última de las etapas en que, hasta nuestras días, se basa la dinámica industrial de España. Una etapa inmersa en un marco de creciente internacionalización de los intercambios de todo tipo, que operan como factor de estímulo primordial de las tendencias distribuidoras, encaminadas al desarrollo de la competitividad y al perfeccionamiento de los sistemas de distribución, a que se ha de ajustar la lógica de la empresa de forma tan urgente. Lógicamente el resultado de todo este proceso se manifiesta en la construcción de un sistema industrial complejo carecterizado por la existencia de profundas disarmonías, bien perceptibles en el comportamiento de sus estructuras de producción y en las repercusiones desencadenadas sobre el espacio. El reajuste de las estructuras de producción y sus repercusiones espaciales.- Desde el punto de vista productivo, los aspectos más importantes se relacionan con el progresivo afianzamiento de los grandes grupos empresariales. La evolución del sistema empresarial traduce síntomas evidentes de readaptación, asociados a tres líneas de actuación estratégica perfectamente definidas, a partir de las cuales es posible entender el sentido de la marcada relación jerárquica que la caracteriza. La primera de ellas es el indiscutible liderazgo adquirido en el ranking empresarial por la gran firma de titularidad privada y, dentro de ella, por el conjunto de sociedades al amparo de la inversión extranjera, que ha suplantado claramente el protagonismo del capital nacional como elemento básico de dinamización industrial, hasta relegarlo a un segundo plano. Y es que el peso poseído por las firmas transnacionales en el panorama manufacturero parece fuera de toda duda, sobre todo cuando se comprueba su destacada posición en el grupo de las empresas más relevantes que operan en el país, hasta el punto de representar la fracción mayoritaria en las variables económicas (facturación, beneficios, cashflow, I+D) habitualmente consideradas para identificar la fortaleza de una empresa industrial. En este sentido, el lugar superior que la firma multinacional ocupa en sectores claves de producción (automóvil, alimentario, químico, electrónica), donde aparecen representados los nombres y logotipos más emblemáticos a escala mundial, es una prueba del estrecho grado de unión existente entre el dinamismo industrial español y la dinámica que le imprimen los grandes grupos de entidad externa. No menor interés tienen, en segundo lugar, las dificultades en que se encuentra la trayectoria del Instituto Nacional de Industria, forzado a la aplicación de una política de replanteamiento de la empresa pública, que permita moderar su crónica situación deficitaria y garantizar a la vez la competitividad del holding, de acuerdo con las normas que le impone el marco comunitario y las relaciones de competencia con el sector privado. Sólo así cabe entender los esfuerzos realizados a favor del despliegue de programas de integración en sectores estratégicos (creación del grupo Repsol), de la puesta en práctica de planes de futuro y viabilidad aplicados a compañías en situación crítica (Hunosa), de la materialización de proyectos privatizadores (Seat, Enasa, Ateinsa, Imepiel, entre otros muchos) y de la cotización en el mercado bursátil de las sociedades más saneadas y con espectativas de rentabilidad ampliamente reconocidos (Ence, Endesa). En la base de esta clasificación conviene hacer referencia, por último, al papel desempeñado por las empresas de pequeña y mediana dimensión, que constituyen un conjunto fabril cuantitativamente importante, ya sea por su importancia numérica (cerca de las nueve décimas partes de las instalaciones) o por su papel en la captación del empleo industrial, del que absorben un porcentaje próximo al 60%. Aparecen, sin embargo, como categoría actualmente muy heterogénea en la existen situaciones muy diferentes. Ya que si, por un lado, en su valoración siguen ocupando una posición relevante las iniciativas promovidas de acuerdo con los patrones clásicos, no hay que olvidar el alcance de las realizaciones llevadas a cabo en un marco nuevo y con pautas de actuación distintas a las de antaño. Se trata de una nueva generación de PME, que desde el origen se muestran como unidades flexibles, tecnológicamente avanzadas y tendentes a alcanzar altas cotas de competitividad y distribución productiva, desde su nacimiento como empresas subcontratantes hasta su identificación como instalaciones orientadas a segmentos de mediana y alta densidad tecnológica, sin olvidar la indiscutible importancia que en España adquiere, bien bajo la iniciativa privada bien como trabajo asociado, ese variado conjunto de factorías unidas a la revalorización industrial del potencial interior, de gran tradición en muchas regiones y afianzado como el mecanismo básico en que se apoyan los agentes de impulsión fabril en las áreas rurales. Evidentemente, la relación por sectores muestra con nitidez el sentido jerárquico de la estructura de empresas. Aquí, la posición de supremacía de la gran empresa, con gran protagonismo de las transnacionales, y los efectos de reajuste provocados por la reconversión han operado de catalizador para favorecer la estructuración de una secuencia productiva claramente liderada por los fabricados en los que aquéllas cobran una dimensión más poderosa, en perjuicio de actividades que, como la siderurgia y la construcción naval, tanta relevancia tuvieron en la etapa previa a la crisis. Es esta la razón que explica la impotancia poseída por la trilogía –alimentación, química y metalurgia de transformación y montaje- que se sitúa en un primer plano por sus niveles de productividad y proyección comercial a gran escala. Con todo, su hegemonía no llega a ensombrecer por completo el significado de las producciones –madera, textil, piel, etc.- en las que la empresa de reducido tamaño y origen local posee una dimensión primordial. No podemos olvidar en este análisis la valoración de los cambios ocurridos en el sector energético, dadas sus estrechas vinculaciones con la industria -responsable del 45% de la demanda de la energía final- y su sujeción a las pautas de comportamiento de la industria. Un sector cuya problemática principal está en la necesidad de asumir de forma normal el espectacular incremento de la demanda, superior al del PIB, con el fin de moderar las crónicas relaciones de dependencia exterior, que derivan de la subordinación excesiva de las importaciones de crudos de petróleo, sobre los que descansaba, antes de la crisis, cerca del 70% de la producción de energía primaria. A pesar de su aplicación tardía, los Planes Energéticos Nacionales constituyen a partir de 1975 el primer intento serio de abordar el tratamiento del sector. En líneas generales sus objetivos hacen hincapié en la disminución gradual de la hegemonía del petróleo y de la propia racionalización del sector, a través de la creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos, la extinción del régimen de monopolio que poseía Campsa y la constitución del grupo Repsol, como una figura típica de integración sectorial, abierta al capital privado; la recuperación de la minería del carbón, a fin de potenciar su uso termoeléctrico y la viabilidad de las empresas fuertemente deficitarias (Hunosa); el afianzamiento del gas natural, pretendido con la Empresa Nacional del Gas y la puesta en práctica de una extensa red de gasoducción; y la posibildad de reforzar la importancia de las energías renovables, intensificando el uso potencial hidroeléctrico aún subutilizado, y abriendo nuevos caminos a otras fuentes alternartivas (eólica y solar, fundamentalmente). Pero si estas líneas de actuación parecen claras en todos los Planes, las indefiniciones se ven a la hora de estimar las perspectivas de la energía de fisión nucear, en la que, disponiendo de una dotación equivalente al 30% de la potencia instalada, no resulta fácil diferenciar entre las posiciones que la favorecen y las que quieren su paralización. Si tales son las líneas maestras que sustentan las diferentes estrategias sectoriales, es preciso tener en cuenta las grandes remodelaciones de la organización de los espacios industriales españoles, provocando en el territorio situaciones muy contrastadas, debido a la desigual capacidad que unos y otros presentan para la captación de las iniciativas con mayor poder de impacto. Haciendo una valoración global de los fenómenos que más claramente ejemplifican, desde el punto de vista geográfico, las diferencias desencadenadas por la industria, es necesario una ordenación de los espacios industriales en cuatro grandes conjuntos, cada uno de los cuales posee rasgos específicos, relacionados con sus respectivas capacidades potenciales de crecimiento y por el tipo de empresa dominante. En la cúspide de la serie se sitúan los grandes focos industriales de Madrid y Barcelona que, aún afectadas por la crisis e incluidas en el rango de Zonas de Urgente Reindustrialización, han logado sobreponerse con amplitud a los efectos de la recesión para afianzar un elevado poder de atracción inversora, que al tiempo que recompone los tejidos fabriles tradicionales estimula las producciones y, gracias a ello, la implantación de alta tecnología, al amparo de un entorno mejorado por la disponibilidad de una excelente dotación al servicio de la empresa. La hegemonía adquirida por ambas ciudades en el entramado industrial español ha eclipsado en gran medida la personalidad que en otro tiempo singularizaba a las regiones industrializadas del Norte. La inestabilidad derivada de la crisis, ha contribuído al debilitamiento generalizado del espacio cantábrico y de Galicia, apenas neutralizado por los numerosos programas de recuperación de que han sido objetos. Hasta tal punto es así que las realizaciones tan sólo poseen una dimensión puntual, muy localizada, y en ningún caso han sido suficientes para absorber el fuerte excedente laboral provocado por la regularización de las plantillas. Y es que, si en España la llamada "crisis del eje atlántico Europeo" se muestra clara, también nuestro país acusa de forma importante los síntomas de la progresión industrial en que se halla la fachada mediterránea, convertida -sobre todo en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia- en uno de los escenarios más privilegiados para llevar a cabo grandes proyectos. Proyectos que, sin embargo, se superponen a una dotación manufacturera heredada, en estrecha unión con la promoción local, centrada en la utilización de recursos propios y con formas de gestión técnicas y comerciales singulares. Y por lo que respecta al resto del país -regiones del interior, Andalucía y Canarias- la industria manifiesta los caracteres asociados a un crecimiento tardío, que en ningún caso consigue robustecer notoriamente el peso comparativo de esta actividad en el cómputo de todas sus actividades. La razón se encuentra, ante todo, en el hecho de tratarse de espacios o débilmente industrializados (Extremadura, La Rioja, Castilla-La Mancha y Canarias) o bien sujetos a procesos de crecimiento de carácter puntual que, han seleccionado determinadas enclaves urbanos (como sucede en Sevilla, Cádiz, Zaragoza, Valladolid y Burgos por citar los casos más representativos), dotados de una excelente situación y buenas condiciones de accesibilidad, lo que les permite reafirmar su capacidad polarizadora en sus respectivos entornos regionales, donde la industria posee, en cambio, una presencia más bien aislada, con frecuencia supeditada a la entidad que le procuran los establecimientos locales o regionales.
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