Políticas progresivas y regresivas de seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana comprende políticas que deben propender a proteger los derechos y la convivencia pacífica. Por políticas públicas de seguridad se pueden entender las actividades planificadas, dirigidas o coordinadas por el Estado para identificar la problemática delictiva y para adoptar medidas tendentes a minimizar los efectos de la criminalidad, estas políticas de seguridad pueden ser progresivas y regresivas. Las más humanizadas son las progresivas, es por eso que su uso prevalece en los países democráticos.

Desarrollo

En primer lugar, las políticas de seguridad regresivas comprenden la acción de contener, detener, castigar y perseguir actuaciones políticas o sociales desde el poder político hacia un individuo o grupo. La regresión niega e impide el ejercicio de los derechos civiles y de libertad política: expresión, reunión, manifestación, asociación, sindicación que suelen considerarse propias de los sistemas democráticos.

Por su parte las políticas de seguridad progresivas son todas aquellas normas que en seguridad social funcionan como servicio público para el desarrollo de los derechos sociales especialmente para las poblaciones menos favorecidas.

Es decir, las características de una política regresiva en materia de seguridad ciudadana reproducen el orden social injusto y de relaciones dentro de una sociedad, que victimizan a nuestro pueblo. Por el contrario, una política progresiva, pone al ser humano como principio y fin de todo razonamiento político y nos permite garantizar la seguridad integral y los Derechos Humanos.

Por lo tanto, las ideales son las progresivas, para que una política de seguridad sea progresista debe plantearse para actuar tanto sobre el delito como sobre sus causas, incluyendo y protegiendo a los más pobres, a través de políticas que garanticen la dignidad y respeto de los derechos humanos:

1) Lograr la inclusión social de las grandes mayorías. Sólo será posible reducir el delito y la pobreza si se actúa sobre los factores estructurales que los generan, promoviendo la inclusión y la justicia social, la reconstitución de tejido social en las comunidades populares, garantizando a todos sus derechos y dignidad. Más que el derecho a la seguridad, se trata de ofrecer la seguridad de los derechos.

2) Proteger a todos, especialmente a los más pobres. La seguridad y la inseguridad se distribuyen desigualmente según la clase social: los sectores populares están más desprotegidos, y enfrentan mayor cantidad de riesgos. Una política democrática de seguridad "socializaría" la seguridad, protegiendo a los que son más vulnerables: los pobres, las mujeres, los niños, los jóvenes.

3) Garantizar los derechos y la dignidad. La mejor política de seguridad es la que garantiza los derechos de los ciudadanos, pues el delito común y la violación de los derechos con que se les pretende enfrentar tienen una misma naturaleza. Por otra parte, las actuaciones que vulneran los derechos terminan por producir más delito, pues pierden legitimidad y cualquier efecto disuasivo. Por lo general, las medidas que pretenden "mano dura" contra el delito, aumentando la violencia policial o llenando las cárceles de manera indiscriminada, terminan por producir más delitos, más violencia y reproducen la división de clases y la injusticia social. La "mano dura" siempre recae en los más pobres.

4) Construir la convivencia y la solidaridad. El delito disuelve los vínculos sociales, atenta contra la convivencia y la solidaridad, y promueve la intolerancia. A la vez, la ruptura de los vínculos sociales, la ausencia de solidaridad y la intolerancia, producen e incrementan el delito. Sólo será posible la seguridad si sustituimos el egoísmo por la solidaridad. Esta política va dirigida a desvanecer las odiosas diferencias sociales, promover una cultura de la solidaridad, recuperar el encuentro y la convivencia ciudadadana.

5) Devolverle al pueblo su lugar como sujeto en la historia. La comunidad tiene un rol fundamental en la seguridad, ya que el delito es expresión de una relación política que le niega el poder a las mayorías populares. El delito, sobre todo en sus formas más violentas, es una forma de ejercer el poder por aquellos que no lo tienen, generalmente contra otros tan desposeídos como ellos. Por otro lado, las comunidades que se miran sin poder, sin capacidad para regular y dirigir su propio destino, son las comunidades en que prolifera el delito.

Las políticas regresivas están prohibidas en naciones democráticas, ya que esto representa un componente esencial de la garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y dentro de ellos los derechos de seguridad social. En términos generales, es posible afirmar que la prohibición de las políticas regresivas constituyen una de las diversas manifestaciones de la perspectiva social e igualitaria de los derechos fundamentales.

Como el país puede enfrentar dificultades, que pueden hacer imposible el mantenimiento de un grado de protección que había sido alcanzado, es obvio que la prohibición de las políticas regresivas no puede ser absoluta sino que debe ser entendida como una prohibición prima facie. Esto significa que una política regresiva debe presumirse en principio inconstitucional, pero puede ser justificable, y por ello está sometido a un control judicial más severo. Para que pueda ser constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social.

Políticas progresivas y regresivas de seguridad ciudadana en Venezuela

Las políticas de seguridad de Venezuela son progresivas, estas medidas son necesarias para controlar la delincuencia, las opciones sociales genéricas, como mejoramiento familiar y fortalecimiento de la educación, predominan entre la población de más alto nivel socioeconómico, mientras el mejoramiento del empleo predomina entre los más pobres. Si bien medidas de regresión son sugeridas por todos los sectores sociales, los de más alto nivel socioeconómico parecen inclinarse por aquéllas más moderadas, que guardan relación con la efectividad del sistema de justicia dentro del marco de su operación ordinaria, mientras los más pobres parecen inclinarse por aquéllas más extremas, como permitir la pena de muerte, restringir las garantías constitucionales y militarizar la lucha contra la delincuencia

Las políticas requieren ocuparse, por una parte de la reducción de la desigualdad social y el incremento del empleo, y por la otra, del fortalecimiento de la policía, en particular, de su sistema de coordinación e inteligencia, para lo cual se contaría con participación ciudadana. A pesar que la familia, la escuela y los medios de comunicación son mencionados dentro del concepto más general de "seguridad permanente", no hay nada dentro de las estrategias y las políticas específicas que tomen en cuenta estas instancias dentro de un modelo preventivo se encuentran centradas en el incremento de la presencia policial ostensiva como elemento disuasivo, con lo cual pareciera estarse enfatizando el segundo término de la ecuación preventiva: la presencia policial.

Los planes de desarme son una política centrada a corto plazo en un control estricto centrado en el decomiso de armas de porte cotidiano por parte de la policía, evitando su reciclaje, puede significar una reducción significativa de los episodios de violencia extrema. Y a mediano plazo, en la distinción entre porte (no permitido) y tenencia (admisible en la residencia, bajo ciertas condiciones) que puede favorecer la restricción de la circulación cotidiana de armas de fuego sin crear mayores resistencias en cuanto a la disposición de armas para la defensa personal. Una política sensata debería apuntar a la supresión del porte cotidiano de armas entre todos los particulares, al registro de seriales y balístico de las armas orgánicas de los funcionarios autorizados, y a la destrucción rápida de las armas ilegítimamente portadas o detentadas. Si bien puede haber un subregistro en la información que suministra la gente sobre las armas que declara tener para defenderse, la consistente baja proporción de personas que reporta tenerlas sugiere que los particulares no ven como la opción más ventajosa armarse

para enfrentar la delincuencia.

Dentro del marco de propuestas de políticas públicas para el control de la criminalidad y la violencia, el nuevo modelo policial propuesto en el Decreto Ley sobre Policía Nacional y Servicio Policial apunta en este sentido, y dado que la policía es una instancia fundamental para la seguridad ciudadana, su aplicación y consolidación en el tiempo podría contribuir con ello, siempre que se respeten los principios de transparencia, coparticipación y consenso informado.

También predomina una campaña de control funcional, mediante protocolos de reporte de episodios que incluyen cualquier uso del arma de fuego y supervisión diaria y concentrada, todo esto ha contribuido a la reducción de la participación funcional en actividades delictivas. A mediano plazo, estos procedimientos pueden consolidarse para desarrollar una cultura de operación policial controlada y a fomentar buenas prácticas policiales como medidas complementarias a las sanciones más graves de retiro y enjuiciamiento penal. Los datos recabados hasta ahora no sugieren que la gente quiera prescindir de la policía, sino que desea contar con una policía más efectiva, menos maltratadora y más supervisada para adecuar su desempeño a la tutela de los derechos de los ciudadanos.

Se ha observado también un mejoramiento de los procedimientos de registro y comunicación de información entre diversos tribunales y la policía, en cuanto a sujetos solicitados, beneficios otorgados y cumplimiento o no de las obligaciones impuestas, lo cual puede contribuir a la aprehensión y reclusión de quienes violan las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas medidas cautelares sustitutivas o beneficios en el cumplimiento de las penas. A mediano plazo, una revisión de la superposición de beneficios y de la expansión de las causas para reducir el monto de la pena efectivamente cumplida, incluyendo los casos de los adolescentes sancionados por la jurisdicción especial, puede contribuir a la certeza y prontitud en la aplicación de sanciones, reduciendo los márgenes de impunidad. Esto debería ir acompañado de una diversificación de las sanciones penales, del mejoramiento de las condiciones de reclusión y diversificación de los centros de detención y de la restricción de las penas de prisión para los hechos más graves, violentos y de reincidencia comprobada.

Finalmente, la intervención en familia y escuela, la supervisión primaria, en cuanto a los niños y

adolescentes, es fundamental en el proceso de socialización. Uno de los rasgos actuales es la pérdida de autoridad de padres y maestros para orientar y contener a los jóvenes durante los periodos que permanecen, al menos desde el punto de vista formal, bajo su custodia y supervisión. Por lo tanto, se han desarrollado campañas intensas para reducir conflictos interpersonales como consecuencia de conductas como extorsión, promiscuidad y porte de armas en el ambiente escolar, que pueden escalar hasta confrontaciones fatales fuera del recinto escolar. A mediano plazo sería útil reforzar la autoridad de los maestros para que mediante la disciplina y el respeto procuren condiciones más apropiadas para la escolaridad, desestimulando la deserción y el vandalismo.

Propuestas para enfrentar la criminalidad

– Promover programas dirigidos a jóvenes de sectores populares urbanos, que insistan en su reconocimiento y valoración. La inclusión no es sólo asunto de ingresos y ayudas económicas, sin reivindicar el papel de los jóvenes como actores, darle un lugar en la ciudad

– Desarmar la sociedad. Es necesario desestimular el uso de armas de fuego por civiles. La alta disponibilidad y circulación de armas de fuego, muchas de origen legal, son factor decisivo en el crecimiento de la violencia.

– Generar mecanismos para la resolución de conflictos. Buena parte de la violencia proviene de conflictos interpersonales no resueltos a tiempo.

– Enfrentar la impunidad. Más que hacer más severas las penas, crear más cárceles o fomentar la violencia policial, medidas que deslegitiman la acción frente al delito o incrementan la violencia y violación de derechos humanos, se debe garantizar el efectivo funcionamiento de las agencias penales (policía, fiscalía, tribunales) para que se castigue de manera pronta y cierta a los responsables de delitos.

– Poner cerca del ciudadano a las agencias encargadas de su seguridad. La policía deber ser entendida como servicio público, próximo al ciudadano, en el territorio en que éste vive. Esquemas como la policía de proximidad, policía comunitaria o policía comunal, en que la policía, sin perder su carácter profesional, se localiza en la comunidad, rinde cuentas y planifica programas de seguridad con los vecinos, reportan a la vez seguridad y participación".

Conclusión

Las políticas de seguridad ideales son las progresivas ya que constituyen un plan de acción para afrontar riesgos de seguridad, y ayuda al mantenimiento de cierto nivel de seguridad de un país. Por lo tanto, es imprescindible construir un modelo de seguridad ciudadana progresivo desde la perspectiva socialista, teniendo como referencia el antagonismo entre capitalismo y el socialismo, la democracia representativa y la democracia protagónica que establece la Constitución.

Bibliografía

Gabaldón L. (2008). Seguridad Ciudadana y Políticas Públicas en Venezuela

Antillano A (2009). Claves para una política progresista de seguridad ciudadana.

Autor:

Ada Palencia