Pero, una hipótesis telón de fondo sobre un diagnóstico de base para una cierta opción de de reforma estructural del Estado en Colombia quedó recogida así en "Atisbos analíticos" No 27 (3): No se trata de continuar espantando incautos con una visión apocalíptica del Estado a partir de nociones como "Estado paria" o "Estado colapsado"; en definitiva éste es un Estado real, altamente "efectivizado" por los dispositivos de un clientelismo reproductor de la corrupción, pero en la más aguda crisis estructural de múltiples y variados rostros; la crisis de autoridad, sobre la que Uribe descarga todo el problema, va más allá de la aplicación o no aplicación de la ley; se vincula, más bien, a la elevada eficacia social práctica de una vigorosa para-institucionalidad normativa "de hecho" que, al margen del derecho positivo colombiano, regula las relaciones cotidianas de la ciudadanía. Para rastrear la validez empírica de esta hipótesis basta examinar el Informe de "El Tiempo" titulado "Colombia Enferma" en el que, al presentar los resultados de una Encuesta sobre corrupción, soborno, falsificación y piratería, señala que, en el autoimaginario colectivo ciudadano, 7.85 de cada diez colombianos son corruptos( a lo mejor sin darnos cuenta, de corrupción, en alguna forma, untados estamos todos) alcanzando la cifra a 9.42 para los funcionarios públicos y a 8.56 para los privados.(4). En segundo lugar, para comprender la naturaleza y alcances de la crisis del Estado no se podrá enflaquecer la precariedad de su legitimidad social ligada al sesenta por ciento de colombianos que desfallecen entre la pobreza y la miseria para configurar así el grave problema de la exclusión social; en tercer lugar, la exclusión política, alimentada por un bipartidismo coercitivamente impuesto desde el Estado, así como a partir de las prácticas de los propios partidos tradicionales, ha sido una nota estructural y funcional central del régimen político del país, que, en cualquier sociedad democrática, es el puente casi natural entre la Sociedad y el Estado. De la crisis estructural funcional del Estado también hace parte el enorme deterioro de su poder socioterritorial, ligado a las dinámicas de la guerra interna, problema que el actual gobierno, para saltarse el pereque de reformas socioestructurales más o menos de fondo, ha decidido abordar por la vía de la radicalización de la guerra por fuera de un cálculo racional, serio y sistemático sobre sus tiempos, costos económicos y nuevas consecuencias perversas sobre la sociedad a la que con benevolencia se le pretende brindar seguridad sicosocial. Interesante la advertencia que, al respecto, le acaba de formular al gobierno de Uribe, una ONG norteamericana cercana, si no estoy mal, a intelectuales y académicos pro-republicanos (para que no se asusten los uribistas despistados en Estados Unidos también existen ONGS y hasta democráticas y hasta cercanas a la defensa de los derechos humanos) : pese a que el presidente ha devuelto, ha escrito "Diálogo interamericano", la esperanza a muchos colombianos y que sus estrategias muestran ya algunos resultados positivos, "los riesgos que enfrenta en los meses por venir son enormes. Aún con el apoyo financiero de Estados Unidos el Estado podría no retomar ni mantener una ventaja militar frente a las guerrillas. Y si lo hace podría infligir daño suficiente como para minar el respaldo público", así como para socavar su gobernabilidad hacia el futuro; el mayor cierre cotidiano de las oportunidades para la negociación, la universalización del desplazamiento forzado y de la violación de los derechos humanos constituyen situaciones que " si el gobierno no enfrenta con agresividad podrían justificar una condena internacional", se precisa en ese Informe entre cuyas firmas se destaca la de Fernando Enrique Cardoso, expresidente del Brasil.(5). Finalmente, habría que agregar que también hacen parte de la crisis estructural del Estado, por una parte, su asumpción práctica patrimonialista y rentística por parte de poderosos intereses privados y corporativos como si fuese un enorme latifundio donde cada quien reclama su mayor o menor parcela y, por la otra, la baja capacidad de gestión comunitaria de su aparato institucional, lo que no se puede asimilar a ausencia de un Estado comunitario. Todos estos rostros, perversamente críticos, del actual Estado, excepción quizás hecha de su fractura socioterritorial, con seguridad que tenderán a agigantarse vía una salida guerrerista del conflicto armado.
Como nada hay simple en el universo humano, máxime cuando de una realidad altamente compleja como la del Estado se trata, un diagnóstico sobre éste que, como el de Uribe viabiliza, como solución pobre y encerrada, la combinatoria "aplicación efectiva de la ley y eficacia de los fusiles" para rescatar la plena soberanía interna estatal, necesariamente constituye un diagnóstico unidimensional, que convertirá en unípeda, y por lo tanto en frágil y vulnerable, toda propuesta de reforma estatal que sobre él se monte.
Constituye el anterior un primer nivel de necesaria contextualización de toda propuesta de reforma política orientada a producir cambios en las formas actuales del Estado y del régimen político colombiano.
En general, muy distanciados se encuentran los neoinstitucionalistas criollos del paradigma neoinstitucional diferenciado de Joseph Stiglitz, por ejemplo, a quien la legítima preocupación teórica y práctica por la eficacia y la efectividad de las instituciones, las políticas y estatales incluidas, no lo ha conducido al anarquismo antiestatal de derecha. Por el contrario, dentro de su enfoque el Estado cabe no sólo con una función instrumental, la de regular el mercado corrigiendo sus fallas, si no, además, como un valor institucional en sí mismo capaz de actuar en zonas estratégicas de la vida social y del comercio exterior. En el equipo de gobierno, cercanos a un neoinstitucionalismo duro han estado el asesor Hommes, el fallecido Juan Luis Londoño, así como el otro Londoño, el neogrecocaldense, quienes, con énfasis distintos, han tenido como ideal político la autodireccionalidad del mercado, el paradigma de los derechos de propiedad, la trascendencia de los costos de transacción, así como la racionalidad de los agentes sociales. A Uribe, en cambio, la dosis vaga de Estado comunitario, noción todavía vagarosa, que le busca inyectar al mercado, lo ha desplazado a un neoliberalismo, más bien, moderado. D e todas maneras, los Cien puntos, laico cristianos, de Uribe en alguna forma se encuentran cercanos, o, por lo menos, influenciados por un neoinstitucionalismo de inspiración neoliberal-comunitarista estatal .
La propuesta originaria de Uribe era la de sacar avante, vía referendo, una reforma política orientada a enfrentar y combatir la corrupción y la politiquería. No se podrá decir que su propuesta era demagógica por estar orientada simplemente a cosechar votos; no, el combate contra la corrupción hace parte intrínseca del enfoque neoinstitucional. Al margen de la cuestión ética o del enfoque de la corrupción como un asalto abierto a las posibilidades de inversión social (el corrupto público le arrebata al pobre el pan de la boca y al niño de la barriada lo deja sin desayuno, cuadernos ni colores, por lo que merece ser, para usar el lenguaje de la guerra, civilmente "fusilado"), para el neoinstitucionalsmo la corrupción eleva los costos de transacción reduciendo los niveles de ganancias y de utilidades de los empresarios inhibiendo así las posibilidades de inversión productiva. Entones un Estado sin corruptos más que un asunto ético es una cuestión de estética productiva.
En sus contenidos originarios el proyecto de referendo de Uribe no estaba orientado a producir cambios drásticos en las formas del Estado ni en las del régimen político siquiera; para reformar el primero, desde un enfoque unidimensionalmente cuantitativista y fiscalista ( fusionar instituciones y reducir nómina) había solicitado facultades extraordinarias al Congreso. En cuanto al segundo, sin inducir todavía cambios drásticos en él, la intención primaria era la de la higienización ética y técnica de las costumbres políticas. Problemas centrales como el de su efectiva y radical democratización orientada a prevenir y enfrentar la crisis de representación característica del bipartidismo, no constituían su preocupación central; tampoco lo eran ni la de cerrar todo espacio político al para-militarismo en cuanto nota históricamente estructural- funcional del régimen político colombiano ni la reforma del actual ordenamiento territorial, base central de los poderes institucionales y parainstitucionales que viabilizan y operacionalizan la politiquería ni la de generar dispositivos concretos que inhibieran las clientelistas ingerencias recíprocas Ejecutivo-Congreso nacional. Esto no obstante, la propuesta originaria era refrescante, y por esa vía también generó votación importante, pues se trataba de colocarle importantes talanqueras a los politiqueros corruptos. Entonces, una cosa fue el proyecto de referendo de Uribe en su pureza originaria, con revocatoria y disminución del sueldo de concejales y diputados en un cincuenta por ciento y con congreso unicameral y con drástica reducción del número de curules y otra cosa es la ley de referendo sin todo eso y con muchas cosas más y más fuertes asociadas a una "mejor y más cualificada" posibilidad de reproducción de la politiquería y la corrupción. Por una parte, le creó sujeto histórico protagónico en la masa crítica de burocracia estatal de elección popular interesada en permanecer en sus cargos por un año más; y por la otra, refinó el dispositivo de neoauxilios parlamentarios al asociarlo al imaginario colectivo de que "efectivamente se está participando" por el mero hecho de hablar de participación ciudadana y comunitaria al margen de las condiciones concretas dentro las que ésta se produce. De ahora en adelante los congresistas ya no tendrían que luchar denodadamente en el interior del propio Congreso por alinearse dentro de una relación de fuerzas funcional a la apropiación personal de una "buena cuota presupuestal"; no, les bastará convertir en "Comunidad democráticamente participante" lo que no es más que la masa discriminada de electores cautivos encarcelados ahora en un local del municipio o del departamento o la nación hasta que definan mecánicamente una asignación clientelista del respectivo presupuesto municipal, departamental o nacional. Entonces, en adelante, el congreso ya no será el "malo" de la milimetría presupuestal, pues, argumentarán, ," fue eso lo que recomendó la Comunidad en la más amplia Asamblea democrática de que se tenga memoria en la historia de mi pueblo".
En mi concepto Uribe ya no tendrá que jugarse a fondo para sacar avante un referendo orientado a higienizar las costumbres políticas; ya se jugó y perdió la partida. Ha sido ésta su primera y gran derrota. Su propuesta originaria quedó engullida por las fauces voraces de los poderes institucionales y para-institucionales reales que en Colombia viabilizan y posibilitan cotidianamente la universalización de las prácticas corruptas y politiqueras. Qué enormes y vigorosos son en este país los poderes establecidos y para-establecidos para viabilizar la corrupción, que hasta lograron arrinconar a un presidente metido hasta los tuétanos en el corazón y, hasta hace poco también, en la chequera de los colombianos!!! Como lo ha reiterado Jaime Castro "del referendo para la reforma política" pasamos "al plebiscito para el ajuste fiscal" (6); en coherencia con las exigencias y premuras de una reguerra que en muy poco tiempo se engullirá, incalculables ya, billonadas del presupuesto nacional, con seguridad que Uribe y su Equipo se la jugarán por las implicaciones fiscales del referendo. Por eso éste para el presidente Uribe continúa siendo, como lo manifestó en sus ya cablegráficas y puntualistas entrevistas (7) el Plan A-B-C Y D. Si en algún momento desiste del referendo, lo dudará tanto como remover al ideológicamente funcional Londoño, ya tiene previstas las vías para generar nuevos recursos para la guerra.
1. Morin, Edgar. "Una Concepción reformada de la Sociología" , en, Sociología, Tecnos, Mdrid, 2000, p.18.
2. Vélez, Humberto. "Economía neoinstitucional,construcción y de-construcción de instituciones y Ley 100", CID, Universidad Nacional de Colombia, 2002.
3. "Atisbos Analíticos No 27, Cali, enero de 2003.
4. Los Informes de El Tiempo se dieron así: Corrupción, 26 de enero de 2003; Soborno, 27 de enero de 2003; Falsificación, enero 28 de 2003; Piratería, 29 de enero de 2003; Editorial, 30 de enero de 2003
5. "El Tiempo", 1 de marzo de 2003.
6. Castro Jaime."El Referendo que no fue", en, El Tiempo, Lecturas Dominicales,domingo 2 de marzo de 2003.
Autor:
Humberto Vélez Ramírez
ECOPAIS, Fundación EstadoComunidadyPais
Programa de Estudio políticos y de Resolución de Conflictos, Instituto de Educación, Universidd del VALLE
| Página siguiente |